Ceuta tardaría casi cuatro años en reubicar a los 2.600 menores migrantes si las comunidades no la ayudan

Ceuta se encuentra desde hace un mes en una situación límite por la entrada masiva de migrantes del pasado 31 de julio. De los 5.000 que continúan en la ciudad autónoma, más de 2.600 son menores (1.478 ya filiados y una estimación de otros 1.200 todavía en la calle), según los últimos datos compartidos por la ministra de Infancia, Sira Rego. Ceuta, con capacidad para acoger a 29 menores, no puede asumir esa presión. De ahí la necesidad de trasladarlos a otros recursos de acogida en otras comunidades mientras se resuelve individualmente si pueden regresar con sus familias o deben permanecer en España.  

Sin embargo, no todas las comunidades están a favor de estos traslados. Por ello, el año pasado el Gobierno puso en marcha el Real Decreto 2/2025, con el que se creó el mecanismo obligatorio de reubicación entre comunidades cuando existe una contingencia migratoria extraordinaria. Desde el 29 de agosto de 2025 esta contingencia está activa en Ceuta, Melilla y Canarias, y comenzó el proceso de reubicación.

Ceuta ha trasladado ya a 720 menores desde esa fecha al resto de comunidades, según indican fuentes del Ministerio de Infancia. Eso significa que durante este primer año se han realizado, de media, 60 traslados al mes. 

Teniendo en cuenta el ritmo al que se han llevado a cabo estos traslados, solo para trasladar a los 2.678 menores que entraron el 31 de julio en Ceuta harían falta tres años y nueve meses si se utiliza únicamente la vía ordinaria prevista en el real decreto. Según indican desde Infancia, esta es una de las principales razones por las que han pedido “solidaridad” a las comunidades para abrir otras vías de traslado más rápidas.

Entre ellas se encuentran los acuerdos entre Ceuta y asociaciones de infancia, mediante los que el Ministerio ya ha planteado la posibilidad de trasladar a las primeras 500 niñas; los acuerdos bilaterales entre territorios; y el acogimiento familiar, sobre el que la ministra ha destacado que hay muchas familias interesadas y que es necesario estudiar cómo llevarlo a cabo. 

El debate político

Aunque son varias las comunidades que se han mostrado abiertas a explorar estas nuevas vías, según ha confirmado la propia ministra, no ha querido precisar de cuáles se trata para mantener la discreción hasta que finalice el proceso. Otras, sin embargo, rechazaron los traslados desde el primer momento. Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox tiene las competencias en materia de infancia, se negaron a participar en la Conferencia de Infancia del 27 de agosto y enviaron una carta en la que rechazaban cualquier tipo de reparto. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Baleares, también se han mostrado en contra.

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Esta misma polémica se ha colado este lunes en la comparecencia de Sira Rego en el Congreso de los Diputados, donde PP y Vox han sido los únicos partidos que han rechazado frontalmente los traslados, aunque eso suponga ir en contra de la ley. La ministra ha defendido que la postura del Gobierno es conseguir que estos menores puedan volver con sus familias, pero siempre que el retorno sea posible, responda al interés superior del menor y se complete el proceso que marca la normativa.

Según la legislación española, para decidir si un menor debe ser devuelto a su familia, debe seguirse primero un procedimiento individualizado que incluye informes de la Fiscalía de Menores, de los servicios sociales y del país de origen sobre la situación de su familia. Se trata de un proceso largo, como ha explicado Rego, de ahí la necesidad de trasladar a estos menores a otras comunidades como medida para aliviar la situación de Ceuta y proporcionar a estos niños y niñas un lugar seguro donde permanecer.

Sin embargo, por mucho que muestren su rechazo, las comunidades no pueden frenar los traslados que se realicen al amparo del real decreto, ya que son de obligado cumplimiento. El problema reside en el tiempo necesario para completarlos: más de tres años sin que Ceuta pueda recuperar la normalidad supondría una situación insostenible tanto para sus ciudadanos como para los menores migrantes.