PP y Vox rechazan las vías del Gobierno para reubicar a los menores migrantes de Ceuta

En Ceuta se encuentran actualmente unos 1.500 menores migrantes que ya están filiados, de los cuales 700 son niñas y hay un claro predominio de los menores de 13 años, según los datos compartidos este jueves por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Son 1.500 menores que ya se encuentran inmersos en los primeros pasos del proceso que debe determinar si su futuro pasa por quedarse en España o volver a su país de origen con sus familias.

Desde el Gobierno indican que su prioridad es que estos menores puedan regresar con sus familias, pero esta no siempre es una posibilidad y para ello hay que estudiar primero si ese retorno es realmente seguro. Para ello se abre un proceso en el que participan la Fiscalía de Menores y diferentes servicios de protección del menor. Este proceso tiene que incluir un informe del país de origen para conocer la situación de su familia y finaliza con una audiencia con el propio menor en la que puede expresar sus preferencias.

“No es algo sencillo”, ha señalado la ministra Rego y, sobre todo, es un proceso largo. Al tener Ceuta tan solo 29 plazas ordinarias para acoger menores, surge la necesidad del traslado de estos niños y niñas a otros territorios, para poder mantenerlos en una situación segura y controlada mientras se llevan a cabo todos los trámites.

Aquí entra en juego el Real Decreto 2/2025, que establece que, en casos de “contingencia migratoria extraordinaria”, como la que está ocurriendo en Ceuta, los menores pueden ser trasladados a centros de otras comunidades autónomas para que asuman la tutela y se pueda reducir la presión sobre el territorio de origen. 

Aunque un poco más ágil, este proceso también requiere de una serie de pasos, como la elaboración de un informe individualizado y la decisión del Ministerio de Infancia sobre qué comunidad autónoma debe acoger al menor, por lo que, en situaciones de extrema gravedad como la actual crisis humanitaria, surge la necesidad de abrir nuevas vías.

La ministra de Infancia ha pedido a las comunidades autónomas “solidaridad” en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves para recurrir a estas nuevas vías que permitirían trasladar a los menores más rápidamente y sacarlos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en Ceuta, además de liberar a la ciudad autónoma de gran parte de la presión que se vive en sus calles. 

A la reunión no han acudido Aragón, Castilla y León y Extremadura. Los tres territorios, en los que las competencias sobre la infancia están en manos de Vox, enviaron una carta indicando que estaban en contra de los 25 millones de euros a Ceuta que se han aprobado y de “cualquier pretensión de reparto” de menores. Añadían que impugnarán judicialmente los traslados que no terminen en un retorno a Marruecos. 

Del resto de comunidades que han acudido, Galicia asegura estar dispuesta a acoger menores, pero reclama que el Estado asuma el coste y que exista una planificación previa. Euskadi también mantiene su disposición a colaborar, aunque reclama conocer antes la situación individual de los menores y recuerda que todavía no ha recibido una petición formal. Navarra se ha ofrecido directamente a acoger menores y ha planteado estudiar convenios bilaterales con Ceuta y acogimientos familiares. Baleares, por su parte, apoyó los fondos pero descarta acoger nuevos menores por falta de capacidad. Castilla-La Mancha advierte de que su sistema está ya sobreocupado y reclama más recursos.

Madrid anunció su participación a la reunión a última hora, pero lo ha hecho rechazando que se aborde el reparto y mantiene que los menores deben ser devueltos con sus familias. Por su parte, la Junta de Extremadura ha pedido celeridad a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que inicie y resuelva de manera "inmediata" los expedientes individualizados de devolución de los menores migrantes que permanecen en Ceuta, con el fin de no "perjudicar" el interés superior del menor y el de sus padres.

Los acuerdos entre comunidades

La primera opción son los convenios que puede firmar Ceuta con entidades en defensa de los menores para que sean estas las que los acojan en sus centros por toda España. Esta propuesta lleva ya en el aire más de una semana, desde que el propio ministerio sugirió a Ceuta que podría llevarlo a cabo con un primer grupo de 500 niñas.

Este número lo determinó el ministerio tras hablar con las diferentes asociaciones de menores, que le indicaron que actualmente tienen 500 camas disponibles y se decidió que fueran mayoritariamente niñas, ya que son el grupo más vulnerable. Sin embargo, este es un proceso que solo puede ponerse en marcha desde la ciudad autónoma, ya que en este caso la ciudad autónoma seguiría manteniendo la tutela de estos menores, y por el momento no se ha hecho ningún avance.

En la misma línea, otra de las vías posibles consiste en la firma de acuerdos bilaterales entre Ceuta y otra comunidad para acoger a estos menores de forma solidaria.

En estos casos, es el territorio de origen el que lanza una petición de ayuda al resto de comunidades y estas responden con el número de plazas que pueden ofrecer. Es un proceso más rápido, pero tiene que seguir también una serie de pasos en los que ambos territorios tienen que ponerse de acuerdo en el número de menores que pueden ser trasladados, qué perfiles concretos tienen y siempre se debe contar con la opinión de los propios niños y niñas elegidos.

Por último, existe la posibilidad de que el menor sea acogido por una familia residente en España hasta que finalice todo el proceso. Esto no equivale a una adopción, ya que la familia no se convierte en tutora, sino que simplemente ejerce la guarda cotidiana mientras la Administración mantiene la responsabilidad protectora. El Código Civil obliga a la familia a cuidar, alimentar, educar e integrar al menor en su vida familiar.

La crisis de Ceuta evidencia la difícil relación del PP con la migración

Ver más

Desde el Ministerio de Infancia indican que ya han recibido mensajes de familias que “de manera generosa y unilateral” se han puesto a disposición del Gobierno para acoger a niños y niñas desde distintos puntos de la península. Para que una familia pueda acoger a un menor, tiene que ofrecerse ante los servicios de protección de la comunidad en la que reside y a partir de ahí esta Administración debe comprobar que es una familia adecuada, mediante entrevistas, evaluaciones y la revisión de sus circunstancias personales y del hogar. 

Una vez identificada una posible familia, también hay que contar con la opinión del menor y con su consentimiento. Si la familia reside fuera de Ceuta, ambas administraciones tienen que ponerse de acuerdo para formalizar el acogimiento y organizar el traslado. En estos casos, Ceuta seguiría manteniendo la tutela del menor, pero es la comunidad donde vive la familia la que debe encargarse de su seguimiento. El acogimiento puede ser temporal o permanente y puede finalizar si cambian las circunstancias o si aparece otra solución que resulte más adecuada para el menor.

El Ministerio de Infancia ha estado explorando todas estas vías, pero, como ha explicado la propia ministra, aunque el Ejecutivo central puede prestar apoyo económico, las competencias recaen sobre Ceuta, que es quien tiene la tutela, y el resto de comunidades, por lo que ha pedido un “ejercicio de solidaridad que responda a las competencias que tenemos cada uno de los estamentos del Estado”.