La vulnerabilidad de España

Este domingo 30 de agosto se cumplirá un mes desde que tuviera lugar la marcha sobre Ceuta, y el tema ha sido abordado desde todos los ángulos posibles. No existe información pública sobre qué originó ese ingente y repentino movimiento de personas. Ahora bien, sí sabemos que no fue el resultado de un "efecto llamada" creado por la regularización o por una sentencia del Tribunal Supremo, como intentaron hacernos creer en un principio. Todo apunta a una tensión entre los servicios secretos de España y Marruecos, aderezada con intereses geopolíticos diversos. La política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez incomoda en un mundo escorado a la derecha. Esto hace que lo sucedido en Ceuta haya sido recibido con agrado por gobiernos como el de Estados Unidos o el de Israel, así como por algunos de nuestros socios de la Unión Europea. Italia, Finlandia y Dinamarca, en un ejercicio de pura propaganda electoralista para consumo interno, llegaron a exigir la suspensión de España del espacio Schengen, obviando deliberadamente que el enclave africano ni siquiera forma parte de dicha zona de libre circulación, ya que Ceuta cuenta con un régimen fronterizo especial –el control no está al entrar sino al salir hacia la Península, así que no hay libre circulación automática incluso siendo territorio Schengen–. Es la ocasión perfecta para intentar desestabilizar la narrativa inspiradora y esperanzadora que el Ejecutivo ha construido en los dos últimos años para aquellas personas que creen en el progresismo y en la lucha por los derechos universales.

Y en este mes, el Gobierno ha mostrado su peor cara; difícilmente se puede gestionar peor. Ha pasado de ser la punta de lanza del sentido común, liderando la que ha sido la mayor regularización extraordinaria de la historia de nuestro país, a permitir que se debata interna y externamente la devolución masiva de una población vulnerable de la que casi la mitad son menores de edad. Ha abandonado a los habitantes de Ceuta, quienes han dado muestra de un valor y una generosidad excepcionales. Y a su lado, con una falta de escrúpulos y de responsabilidad política indignantes, se sitúa la derecha de este país. Especialmente el PP, que está participando en un juego de extrema gravedad que vulnerabiliza a nuestro país y nos pone en peligro a todas las personas que vivimos en él. Todo esto ocurre ante la mirada confusa de una población que, en general, no sabe qué pensar, incluyendo a sectores progresistas que no dudan en ver cierta justificación en las devoluciones o en el maltrato institucional al que estamos sometiendo a quienes cruzaron la frontera.

Para dimensionar el problema, es fundamental partir de la base de que lo sucedido en Ceuta es una tragedia. Su origen directo no es sustancialmente relevante para hacer frente a la emergencia inmediata. El caso es que ha sucedido; a nadie le gusta lo que ha pasado ni nadie quería que algo así ocurriera, pero está aquí. No nos queda más que gestionar esta tragedia —insisto en el término— del mejor modo posible.

Sostener una estructura de bienestar colectivo exige esfuerzos, renuncias y firmeza

Esto ha dado lugar a una crisis humanitaria. Miles de personas vulnerables se encuentran ahora en una situación crítica dentro de nuestras fronteras. España cuenta con leyes, una estructura de derecho y una Constitución que recoge los valores sobre los que queremos ser gobernados y construir nuestra convivencia política. Aunque no deseábamos este escenario, la realidad nos obliga a gestionarlo de acuerdo con lo que somos: una democracia asentada en los derechos fundamentales.

Somos un país de casi 50 millones de habitantes. La crisis humanitaria de Ceuta implica, en el peor de los casos, a unas 10.000 personas. Podemos perfectamente asumir la acogida de este contingente. Lo que resulta inviable es que Ceuta se haga cargo en solitario, con una población de apenas 80.000 habitantes y una altísima densidad de población que supera los 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el mismo patrón que observamos con Canarias, a la que se abandonó a su suerte durante meses. Resulta sorprendente que la derecha sea fervientemente nacionalista hasta que llegan las dificultades. En ese punto, el PP es capaz de convertirse en el máximo defensor del regionalismo insolidario, cercando el apoyo a una ciudad gobernada por su propio partido con el único fin de alimentar narrativas antimigratorias, xenófobas y racistas.

Hacernos cargo de una emergencia de este tipo conforme a la ley y a los valores constitucionales es la única forma de responder a lo sucedido y defender nuestro Estado de derecho. Si respondemos a este desafío como lo haría Marruecos, acabaremos mimetizándonos con un régimen autocrático y desigual, donde unos pocos acumulan la riqueza mientras la mayoría social carece de plenas garantías. No nos equivoquemos: todo va de la mano. Sostener una estructura de bienestar colectivo exige esfuerzos, renuncias y firmeza, pero esa misma estructura es la que nos asegura una vida digna, la capacidad de seguir conquistando derechos y la legitimidad de nuestro sistema democrático.

La verdadera vulnerabilidad de España reside en la fractura social y la falta de cohesión. Contamos con recursos magníficos, tanto humanos como materiales, y con una sociedad solidaria que sostiene las mejores previsiones de crecimiento de la eurozona. Debemos sacudirnos el miedo y legislar con valentía, recordando qué valores nos hacen fuertes. Las emergencias y las tragedias seguirán ocurriendo; la diferencia radicará en si las afrontamos desde el repliegue egoísta o desde la dignidad de los derechos humanos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.