La crisis de Ceuta cumple un mes sin solución a la vista y bajo la sombra cada vez más larga de los discursos de odio

El 30 de julio de 2026 va a quedar marcado en la historia de Ceuta. Unas 72.000 personas cruzaron ese jueves a nado la frontera desde Marruecos y accedieron a la ciudad autónoma. Aunque en los días siguientes un 90% de los migrantes que cruzaron, según estimaciones del Gobierno, volvieron a Marruecos, muchos de ellos se quedaron en busca de un futuro mejor.

Sobre el origen de esta entrada masiva todavía hay más dudas que certezas. El Gobierno español en ningún momento se ha atrevido a apuntar directamente a Marruecos como actor necesario y solo ha hablado de llamamientos masivos por redes y un papel predominante de las mafias migratorias. Tampoco se conoce si el Ejecutivo tuvo información que hubiera permitido evitar o controlar esta entrada.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró este martes en el Congreso de los diputados que los 25 agentes del CNI que se encuentran en Ceuta sí avisaron al Ministerio del Interior sobre el peligro días antes, una versión que negó ese mismo día Fernando Grande-Marlaska y al que se le sumaron otros ministros como Félix Bolaños o Ángel Víctor Torres.

Más allá de estas contradicciones en el seno del Gobierno, lo cierto es que una gran cantidad de migrantes se quedaron en la ciudad autónoma tras aquel 30 de julio. Aunque el dato total se desconoce, desde el Ejecutivo indican que la cifra ronda, hasta el día de hoy, las 5.000 personas, casi un 6% de la población de Ceuta. Muchos de ellos deambulan y pernoctan en las calles o en campamentos improvisados ante la falta de espacio en las instalaciones de la ciudad.

Gran parte del pueblo ceutí se volcó en ese primer momento en auxiliar a estos recién llegados y, ya fuera por iniciativa propia o a través de asociaciones vecinales, les ayudaron con sus asentamientos y les proporcionaron comida y medicamentos. En los dos primeros días de agosto los agitadores de ultraderecha Alvise Pérez, Vito Quiles y miembros de Núcleo Nacional hicieron un primer intento de caldear el ambiente, pero fueron rechazados por el pueblo ceutí entre abucheos y gritos de “¡Esto es Ceuta, no Torre Pacheco!”.

En el ámbito político, la postura del PP nacional fue desde el principio la de pedir la “expulsión” de todos los que habían entrado. El presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que lleva años apelando a la solidaridad del resto de comunidades para el reparto de migrantes, principalmente de los menores, se alineó a partir del 19 de agosto con su partido. “La ley se va a cumplir, pero la devolución de todos los menores y mayores es el objetivo”, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, la propia ley española no permite actualmente las devoluciones masivas de migrantes. En el caso de los adultos, se les tiene que abrir un expediente en dependencias policiales para permitir su expulsión, pero el proceso se complica con los menores, un colectivo más protegido. Según el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, se tienen que seguir una serie de pasos que incluyen informes individualizados sobre el menor, informes de la Fiscalía de Menores, datos sobre su familia y una audiencia con el propio menor para poder determinar si es más seguro que vuelva con su familia o se quede en España.

El traslado de los menores

Y es que, en la crisis de Ceuta, los menores se han convertido en uno de los frentes abiertos más complicados. Actualmente Interior tiene unos 1.500 menores filiados, de los que 700 son niñas y entre los que predominan los menores de 13 años. Sin embargo, el número puede ser mayor y asociaciones como Save the Children hablan de unos 2.000 niños y niñas en la ciudad.

“Una gran parte de estos menores se encuentran todavía en los campamentos improvisados por los vecinos y otros están en el monte, en la playa, buscándose la vida o escondiéndose porque creen que les van a devolver”, describe a infoLibre Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children España, que añade que lo que más están sufriendo es “miedo y ansiedad”, porque desconocen qué les va a pasar y muchos han vivido trayectos “muy complicados” para llegar aquí.

Desde el Ministerio de Infancia mantienen que la prioridad es devolver a estos menores con sus familias, pero mientras se lleva a cabo el procedimiento que determine su futuro están buscando vías para trasladarlos a otros centros de la península para que puedan vivir en sitios seguros y protegidos. Para ello han aprobado entregar 25 millones de euros a Ceuta y están pidiendo al resto de comunidades “solidaridad” para abrir todas las vías posibles que permitan estos traslados.

Una de estas vías es el traslado urgente de 500 niñas a centros de asociaciones en defensa de la infancia, una medida que, por el momento, solo es una idea; Ceuta es quien tiene que activar los mecanismos para que se ponga en marcha, pero no ha realizado ningún avance. Perazzo pide también a la ciudad que entregue “más recursos de acogida” para apoyar a las asociaciones vecinales y que puedan mantener a estos menores en unas buenas condiciones y con acceso a agua, alimentación e higiene.

Una vez más, la cuestión de los traslados de los menores no ha estado exenta de polémica. Las tres comunidades autónomas en las que Vox tiene las competencias de infancia (Aragón, Extremadura y Castilla y León) se negaron a participar en la Conferencia de Infancia del 27 de agosto, anunciando su voto en contra del reparto de los 25 millones y de “cualquier pretensión de reparto”. Otros territorios como Madrid y Baleares sí votaron a favor del dinero y participaron en la reunión, pero mantienen una posición crítica con el reparto.

La situación sanitaria

Para aliviar la situación en Ceuta, el Gobierno habilitó el 20 de agosto uno de los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, la explanada de Loma Margarita, como dispositivo de acogida temporal. Gestionado por la ONG Accem, lleva más de una semana acogiendo a 1.100 migrantes que hasta ese momento se encontraban malviviendo en la playa del Trampolín. “Es un perfil muy concreto, ya que se trata de hombres adultos de países subsaharianos”, explica a este periódico Pedro Santiago, portavoz de la organización.

Desde que llegaron a este centro, se ha conseguido un avance exponencial. “El primer día nos limitamos a darles unas atenciones muy básicas de comida, asignación de camas, que estuviesen bajo techo y acceso a cuartos de baño, pero con el paso de los días hemos podido habilitar una zona para que jueguen al fútbol, les estamos dando clases básicas de español y acompañándolos a la comisaría para que puedan iniciar las peticiones de asilo”, relata el portavoz, que añade que el ambiente es en general tranquilo y colaborativo.

Para permitir la apertura de más lugares de acogimiento temporal y mejorar la coordinación entre todas las administraciones, el Gobierno creó un mando único esta misma semana bajo el liderazgo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El presidente ceutí llevaba pidiendo esta medida desde los primeros minutos de la crisis.

Otro de los aspectos que Santiago destaca de Loma Margarita es que les está permitiendo dar atención sanitaria a los migrantes. “Son pequeñas lesiones, como cortes, dolores de garganta, de muelas o diarreas, temas que se tratan muy fácilmente, pero al no haber tenido acceso a atención médica no se podía hacer un seguimiento hasta ahora”, describe.

Se trata de una situación sanitaria muy diferente de la que Feijóo describió el domingo 23 y con la que llegó a pedir un confinamiento en Ceuta. Pedía que se confinara a todas las personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas, tras haber hablado con el presidente del Colegio de Médicos y la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, que le trasladaron la existencia de casos de tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis y algún caso de varicela.

La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió en un tuit defendiendo que el confinamiento planteado es “injustificado y totalmente desmesurado” y concretó los casos reales que había en la ciudad, explicando que ninguno representaba un riesgo para la salud del resto de la ciudadanía.

Los discursos de odio

Sin embargo, este y otros discursos contra los migrantes se han unido a la desesperación de parte de la sociedad ceutí y esta última semana se han vivido protestas y acciones cargadas de racismo y de odio organizadas a través de grupos de WhatsApp y Telegram.

Este miércoles 26 de agosto, miles de personas se concentraron frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta y se corearon lemas como “invasores, expulsión”. Con el avance de la tarde, las palabras se convirtieron en acciones y unas 400 personas se dirigieron a las playas del Trampolín y Benítez, donde todavía se concentran grandes grupos de migrantes, e intentaron agredirlos, mientras tiraban sus colchones, mantas y todo tipo de pertenencias al mar. La Policía tuvo que utilizar medios disuasorios para evitar que los ataques se intensificaran. 

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Al día siguiente un centenar de personas hicieron un bloqueo sentándose en la carretera para impedir que un convoy de Cruz Roja que llevaba agua y comida pudiera llegar a los migrantes. La Policía tuvo que intervenir para permitir el reparto entre gritos de “fuera invasores” y “la Cruz Roja es una mafia”. Tras este bloqueo, un grupo saltó el cordón policial y entró en los asentamientos de las playas, destrozando tiendas, estructuras y pertenencias y prendiendo fuego a una parte de ellas.

Amnistía Internacional ha mostrado su “preocupación” ante estos hechos y pide a “las autoridades que protejan a todas las personas, incluyendo migrantes y refugiadas, y que garanticen que el personal humanitario pueda desarrollar su labor en condiciones de seguridad”. En la misma línea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comienzan a mostrar nerviosismo y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha hecho un “llamamiento a la calma”, advirtiendo que “una espiral de violencia dejaría a los agentes policiales atrapados en medio del conflicto”.

Para atajar estos problemas, el Gobierno ha acordado una nueva lista de lugares para poder acoger a migrantes, que tiene que ser aprobada en el próximo Consejo de Ministros, con el objetivo de ofrecerles una mayor seguridad. “Vamos a lograr esa normalidad y lo vamos a hacer en la mayor brevedad posible. Vamos a intentar acortar los plazos y ese es el compromiso que también les quiero trasladar”, declaró este jueves el ministro Torres, mientras los miles de migrantes y la población ceutí esperan impacientes a que realmente se consiga esa normalidad.