El principal puerto de España lleva seis meses sin escáner para detectar droga y armas
El principal puerto de España, uno de los grandes puntos de entrada de mercancías —y también de droga— en Europa, lleva meses sin tener operativo un escáner para detectar armas o estupefacientes. Ocurre, además, en el mismo puerto en el que se intervino el mayor alijo de cocaína de la historia oculto en un contenedor: 13.000 kilos en la trama del inspector jefe corrupto. En plena expansión del narcotráfico, la falta de un instrumento básico de control vuelve a poner el foco sobre la capacidad para vigilar uno de los enclaves más sensibles del país.
En el puerto de Algeciras, los contenedores considerados sospechosos y seleccionados para una inspección física llevan medio año sin poder pasar previamente por un escáner. El dato adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta el volumen de mercancías que atraviesa sus muelles: 59 millones de toneladas solo en los primeros siete meses del año.
La situación, desvelada por Rafa Márquez en Europa Sur, debería haber provocado un escándalo mayúsculo y explicaciones tanto de la Autoridad Portuaria como del Ministerio del Interior. El equipo quedó inutilizado en febrero tras el paso de la borrasca Leonardo y, seis meses después, ni se ha reparado ni existe otro dispositivo que lo sustituya. Sin aparente urgencia, la Administración ha dejado pasar los meses y ha tardado en poner en marcha la licitación de uno nuevo.
Desde entonces, las inspecciones deben realizarse fundamentalmente de forma manual y, en muchos casos, dependen de la experiencia y el criterio de los agentes. Algeciras solo cuenta ahora con una furgoneta equipada con escáner —el sistema Medusa— que puede servir para revisar vehículos, pero resulta claramente insuficiente para el control de contenedores en un puerto por el que pasan miles cada día.
La falta de esta tecnología reduce drásticamente el número de contenedores que pueden revisar los agentes de Vigilancia Aduanera en una misma jornada y obliga a concentrar los controles en aquellos sobre los que existe algún indicio o información previa.
A ello se suma la falta de efectivos. El sindicato Jucil reclama alrededor de 30 agentes permanentes más en las instalaciones y advierte de que las organizaciones criminales conocen las debilidades de los sistemas de control y adaptan sus rutas a ellas. La ausencia del escáner aumenta así la vulnerabilidad de uno de los principales puntos de entrada de mercancías en Europa y abre la posibilidad de que cargamentos de cocaína y otras mercancías de contrabando que podrían haber entrado por otros puertos acaben desviándose hacia sus muelles.
De todo el volumen de mercancías registrado en los primeros siete meses del año, solo las que llegaron en enero y hasta la primera semana de febrero pudieron someterse a este tipo de control mediante la tecnología destinada a detectar anomalías en los contenedores.
El retraso en la sustitución del equipo se explica, además, por un conflicto político: el nuevo escáner había sido adjudicado a una empresa china. Sin embargo, Estados Unidos, que mantiene un acuerdo bilateral de seguridad con España, ha frenado la operación al considerar que su principal rival estratégico no puede controlar el acceso de mercancías que, en parte, terminan llegando a su territorio. La intervención de un tercer país vuelve así a tener consecuencias directas sobre una cuestión de seguridad nacional. El problema sigue sin resolverse mientras unos 13.000 contenedores diarios entran en el espacio Schengen sin disponer de este control. La Unión Europea tampoco se ha pronunciado hasta ahora.
Toda la Administración, desde el Gobierno hasta el último funcionario responsable, debe tomarse en serio estos fallos de seguridad. Porque no es el único problema en los puertos. En el de Málaga, una potente organización criminal infiltró desde 2023 a 2024 su propio escáner durante un año y miembros de la trama llegaron a manejarlo a su antojo.
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En aquella ocasión, estaba supuestamente implicado el jefe la UAR (Unidad de Análisis de Riesgos) de Vigilancia Aduanera. e trataba, por tanto, de una de las personas con mayor responsabilidad a la hora de decidir si una mercancía podía introducirse en territorio europeo. Es uno de los casos de corrupción más graves relacionados con el control portuario en España, porque evidencia que las mafias del narcotráfico cuentan con recursos económicos suficientes para tratar de corromper a personas situadas en puestos clave de la Administración.
En otro ámbito de seguridad, el puerto de Vigo sufrió un grave ataque informático que no tuvo grandes consecuencias porque el departamento tecnológico aisló sus sistemas tras detectar, en la madrugada del 24 de marzo, la intromisión. El ataque de ransomware podría haber bloqueado durante un periodo crítico buena parte de la operativa portuaria de mercancías.
De hecho, durante 72 horas, la operatividad digital del puerto de Vigo se vio mermada y fue necesario recurrir a procedimientos manuales de emergencia para algunas operaciones. La corrupción, los fallos de control y los ataques informáticos deben convertirse en una prioridad a la hora de afrontar amenazas externas. No solo por el narcotráfico —hay mucho más en juego—, sino porque los puertos constituyen una infraestructura esencial para el funcionamiento económico y logístico de las sociedades actuales.
