Se trata de una gran victoria para Rui Pinto, el informante tras el origen de las revelaciones de Football Leaks, investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC) y multitud de medios europeos, entre los que está infoLibre, sobre los oscuros entresijos del negocio del fútbol. Este 29 de abril, al término de su segundo juicio, el portugués de 37 años fue absuelto por el tribunal de Lisboa. Se trata de su segundo proceso por piratería informática, después de haber sido condenado a cuatro años de prisión con suspensión de pena en septiembre de 2023 por hechos similares.

Los jueces dictaminaron por unanimidad que las acusaciones de este segundo juicio eran nulas, por ser contrarias a la Constitución portuguesa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al conocido principio non bis in idem, que prohíbe juzgar varias veces a una persona por los mismos hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediapart, constituye un auténtico varapalo para los fiscales, que "vulneraron el derecho a la dignidad humana" de Rui Pinto con el objetivo de "prolongar su condición de acusado" durante años.

De este modo, los jueces confirman casi palabra por palabra las acusaciones formuladas por Rui Pinto y sus abogados, que ya en 2019 denunciaron la actitud de unos fiscales "más preocupados por perseguir a quien denunció los delitos en el fútbol que por perseguir a los autores de esos delitos".

"Es una decisión valiente que honra al sistema judicial portugués", han trasladado sus abogados portugueses, Francisco y Luisa Teixeira da Mota, en declaraciones a Mediapart. "Los múltiples procedimientos contra Rui Pinto reflejan el ensañamiento judicial que pueden suscitar las revelaciones de un denunciante. El tribunal lo sanciona con dureza apoyándose en principios fundamentales de un juicio justo", añade su abogado francés, William Bourdon.

A pesar de la dureza de la sentencia, la Fiscalía de Lisboa ha anunciado su intención de recurrir la absolución. "Sabemos que la batalla judicial de Rui Pinto no ha terminado y que el fiscal sigue decidido a llevarlo de nuevo ante un tribunal", lamentan Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto es "uno de los mayores denunciantes contemporáneos", no han dejado de sostener sus abogados. Facilitó más de 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con infoLibre, Mediapart y el resto de socios de la red European Investigative Collaborations (EIC).

La investigación Football Leaks permitió revelar, en 2016 y en una segunda parte en 2018, decenas de escándalos relacionados con los mayores clubes de fútbol europeos, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, y con los agentes de jugadores más influyentes, así como las maniobras de los organismos dirigentes del fútbol mundial y europeo, como la FIFA y la UEFA.

Football Leaks llevó a varios países, como Francia, a abrir investigaciones judiciales. Varias superestrellas del fútbol, entre ellas Cristiano Ronaldo, fueron finalmente condenadas por fraude fiscal, mientras que el fiscal federal suizo tuvo que dimitir a causa de sus relaciones inapropiadas con la FIFA.

Rui Pinto también está en el origen de las revelaciones Malta Files sobre la evasión fiscal en Malta, investigación publicada por Mediapart y el EIC, así como de Luanda Leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que desveló el sistema de depredación financiera de Isabel dos Santos, hija de un antiguo dictador angoleño.

En 2019, el joven, que vivía en Budapest, fue detenido a petición de la fiscalía de Lisboa y extraditado a Portugal, donde pasó un año en prisión preventiva. A pesar de la magnitud de los delitos que reveló, fue el único protagonista de Football Leaks en conocer la cárcel.

La fiscalía de Lisboa mostró entonces una actitud totalmente esquizofrénica con Rui Pinto. Por un lado, lo procesaba por haber hackeado algunos de los datos de Football Leaks, hecho que él reconoció, y por haber intentado chantajear al fondo de inversión Doyen Sports, acusación que él niega.

Por otro lado, Rui Pinto obtuvo el estatus de testigo protegido al aceptar colaborar con la Justicia y descifrar los discos duros llenos de datos confidenciales incautados en su domicilio de Budapest.

Pero Rui Pinto pronto se dio cuenta de que se trataba de un acuerdo engañoso. Acusó entonces a los fiscales de querer "proteger a quienes practican la corrupción y la evasión fiscal", y en particular al poderoso Benfica, club de fútbol de Lisboa. "[La fiscal] dejó muy claro que solo quería cooperar conmigo en una lógica de autoincriminación, y no para investigar delitos cometidos por otros".

Los acontecimientos posteriores le dieron la razón. De manera inexplicable, la fiscalía dividió los hechos de piratería en tres procedimientos distintos, para que Rui Pinto fuera juzgado tres veces en lugar de una.

Así, fue condenado por primera vez en septiembre de 2023 a cuatro años de prisión con suspensión de pena por una serie de ataques informáticos, así como por intento de extorsión; sentencia que ha recurrido.

En enero de 2025 se abrió su segundo juicio, por una nueva serie de 241 presuntos delitos informáticos (en particular contra el Benfica de Lisboa y la firma de gestión patrimonial de Isabel dos Santos), a pesar de que estas intrusiones se cometieron en el mismo momento y en el mismo contexto que las primeras.

Los magistrados acaban de considerar estas segundas acusaciones "inválidas", sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al entender que el fraccionamiento de las actuaciones vulneró los "derechos humanos" y "el derecho fundamental a la dignidad" de Rui Pinto, y supuso un "atentado intolerable" contra los derechos de la defensa.

La sentencia denuncia la estrategia "totalmente arbitraria e intolerable" de la fiscalía, que dividió el procedimiento en tres cuando se trataba de "un único delito", con "el mismo contexto temporal y la misma motivación". Al actuar así, los fiscales tenían "como objetivo prolongar en el tiempo su condición de acusado".

Los jueces insisten además en la deslealtad de la fiscalía, recordando la "vulnerabilidad" de Rui Pinto, que de hecho aceptó autoincriminarse al entregar los datos que había obtenido. "La cooperación de […] Rui Pinto […] fue crucial y decisiva para obtener las pruebas que condujeron a su imputación", escriben los magistrados.

Queda por ver si esta sentencia será confirmada o no en apelación. Rui Pinto también sigue amenazado por el tercer procedimiento por piratería, abierto en 2023, pero en el que aún no ha sido formalmente imputado por la fiscalía. "El mantenimiento de este procedimiento plantearía serios problemas en materia de respeto del Estado de derecho y de protección de los derechos humanos fundamentales", indican sus abogados Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto soñaba con "limpiar el fútbol", colaborando con los medios y después con la Justicia. Pero la fiscalía portuguesa le prohibió durante años compartir sus documentos con fiscales extranjeros. Solo pudo hacerlo en febrero de 2024, durante un viaje a París, en el que descifró una copia de sus datos que la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF) había logrado recuperar in extremis en Budapest en 2019, justo antes de la extradición de Rui Pinto a Portugal.

La totalidad de los documentos, que se refieren al fútbol, pero también a Malta, Angola o las Islas Caimán, fueron compartidos por la PNF a través del organismo de cooperación Eurojust, y por tanto están accesibles para todos los países europeos que lo deseen. Durante su estancia en París, Rui Pinto fue además interrogado como testigo por los policías franceses de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF), así como por un comisario de policía belga y un fiscal alemán.

Estos interrogatorios devolvieron la esperanza a Rui Pinto. "Fue exactamente lo contrario de lo que vivo en Portugal. Me sentí respetado y percibí que los policías y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información", declaró.

En Francia, estos datos podrían alimentar en particular la investigación judicial abierta en febrero de 2024 por "tráfico de influencias" en relación con el traspaso del futbolista brasileño Neymar da Silva al PSG. Como reveló Mediapart gracias a los documentos Football Leaks, Gérald Darmanin, entonces ministro de Cuentas Públicas, ayudó en 2017 al PSG a no pagar impuestos ni cotizaciones sociales por ese traspaso, en contra de la doctrina de la administración que estaba bajo su tutela.

"Mi vida está completamente bloqueada", lamentó Rui Pinto durante su estancia en París. No puede trabajar, ya que "no es compatible con las condiciones de seguridad fijadas por el programa de protección de testigos". Tampoco dispone de dinero suficiente para pagar a sus abogados, que hasta ahora han sido remunerados por la fundación The Signals Network, especializada en el apoyo a denunciantes. Rui Pinto espera que la "locura" judicial que vive en Portugal se detenga y que pueda "retomar una vida normal". Pero los fiscales de Lisboa no parecen dispuestos a abandonar el caso, mientras Pinto sigue viviendo en un lugar bajo protección policial debido a las amenazas que ha recibido.

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.

El segundo mandato de Benjamin Netanyahu, iniciado en 2009, marcó un giro profundo en la estrategia israelí hacia los palestinos: el abandono de cualquier expectativa realista de una solución negociada de dos Estados. Sin horizonte político y ante la constatación de que la ocupación de Cisjordania y la guerra en Gaza era indefinida, las instituciones del Estado empezaron a prepararse para las consecuencias internacionales. Esto se tradujo en un aumento del gasto en comunicación exterior, campañas de vigilancia y difamación contra organizaciones de derechos humanos y movimientos propalestinos en el extranjero.

Desde el inicio, una de las prioridades fue el frente jurídico. Con la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de leyes europeas que permitían investigar crímenes de guerra bajo el principio de jurisdicción universal, la posibilidad de que militares o responsables israelíes fueran detenidos en el extranjero dejó de ser hipotética. Al mismo tiempo, el avance de normas de responsabilidad empresarial encendió las alarmas del Gobierno, que temía sanciones comerciales vinculadas a la ocupación.

La publicación de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí —principalmente de 2009 a la primavera de 2023— en la página de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS) expone por primera vez las estrategias jurídicas diseñadas para blindar al Estado ante violaciones del derecho internacional. El hackeo, atribuido a un grupo desconocido llamado “Anonymous for Justice”, solo ha tenido repercusiones fuera de Israel: una orden de censura prohíbe a los medios israelíes informar de la existencia de la filtración y de la propia orden de censura. Un análisis técnico realizado por Amnistía Internacional para The Guardian concluyó que los documentos provienen de un ataque real de “hackeo y filtración” y no muestran signos de manipulación.

infoLibre, junto con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) ha analizado los documentos y correos electrónicos en el marco de la investigación internacional Israel Files.

Buena parte de los documentos procede del Departamento de Asuntos Internacionales Especiales, creado en 2010 y dirigido inicialmente por Roy Schöndorf, un ex jurista militar que previamente había elaborado justificaciones legales para ejecuciones extrajudiciales. Le acompañaba Marlene Mazel, abogada que representaba al Ayuntamiento de Nueva York antes de incorporarse al ministerio.

Su misión oficial era “gestionar todos los asuntos relacionados con procedimientos jurídicos internacionales derivados de las acciones del Estado en su lucha contra el terrorismo”. En paralelo, el departamento impulsó el uso ofensivo del derecho —lo que denomina “lawfare”—, para combatir lo que califica como la “explotación cínica de herramientas legales legítimas contra el Estado de Israel”. Para ello trabajó con más de una docena de despachos en Europa, EEUU, Sudáfrica o Japón, que ayudaron en secreto a proteger los intereses del Estado y de empresas vinculadas a él a cambio de decenas de millones de euros.

Más allá de la labor en los juzgados, una de sus funciones principales consistía en evaluar si altos cargos del Estado podían viajar a ciertos países sin riesgo de detención. Los correos filtrados contienen decenas de consultas detallando visitas privadas u oficiales que, en varios casos —hasta ahora desconocidos—, tuvieron que ser canceladas. El departamento también solicitó a despachos extranjeros informes sobre la legalidad de que ciudadanos binacionales sirvieran en el Ejército israelí o que voluntarios extranjeros se unieran a él.

Otra faceta clave del trabajo del departamento fue tejer relaciones con fiscales generales, asesores jurídicos y ministerios de justicia extranjeros. Formalmente se presentaban como contactos técnicos, pero los documentos muestran objetivos explícitos de captar apoyos informales para cerrar o frenar investigaciones contra responsables israelíes. La estrategia de “befriending” —literalmente, “hacerse amigos”— está descrita explícitamente en los documentos internos y se aplicó también al personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a académicos y expertos en Derecho Internacional.

En Alemania, por ejemplo, este acercamiento a juristas y fiscales resultó útil en el cierre de un caso sobre la muerte de una familia palestino-alemana en Gaza. El departamento también intercambió información con juristas de la OTAN y, en 2019, Marlene Mazel recibió junto a un experto de las Fuerzas Armadas israelíes el Premio Serge Lazareff de la alianza militar por su labor “combatiendo el lawfare”.

Un informe clasificado de finales de 2020 que analiza una década de trabajo del departamento presume de que el departamento “ha cambiado irrevocablemente la manera en que Israel afronta la ‘guerra legal’ ” y enumera sus “logros excepcionales”: cerrar decenas de causas penales y civiles en el extranjero, así como retrasar durante una década la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado.

En 2015, el Gobierno de Netanyahu creó el Ministerio de Asuntos Estratégicos para combatir la “deslegitimación”, especialmente del movimiento BDS (boicot, desinversión y sanción) y campañas de derechos humanos que pedían sanciones a los asentamientos ilegales. El ministerio —acusado de injerencia política en el extranjero— colaboró intensamente con el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por la ultraderechista Ayelet Shaked, especialmente con el Departamento de Asuntos Internacionales. 

El departamento ayudó a constituir un grupo de coordinación legal con organizaciones como NGO Monitor, Kohelet Forum y otros lobbies pro-Israel en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de criminalizar el activismo propalestino. También monitorizó iniciativas legales en Estados Unidos y Europa, e intervino discretamente en Francia para asegurar que se siguiera procesando a activistas del movimiento BDS pese a una sentencia que protegía su libertad de expresión.

De especial relevancia fue la labor del bufete belga Van Bael & Bellis, contratado para diseñar estrategias legales contra la promoción de leyes contrarias a los intereses de Israel, contra las restricciones a productos procedentes de asentamientos ilegales o contra campañas mediáticas que señalaban a empresas como Airbnb o Ben & Jerry’s por lucrarse de la ocupación. El despacho de Bruselas recibió al menos 750.000 euros hasta 2021 y su contrato se prorrogará hasta, como mínimo, 2026.

Tras las recomendaciones de la Comisión Turkel —creada por el Gobierno de Israel a raíz del asalto a la flotilla rumbo a Gaza en 2010 que acabó con el asesinato de varios tripulantes— el departamento profundizó en el derecho de guerra y trabajó con juristas militares para construir argumentos que justificaran las agresiones israelíes. Trabajó en estrecha colaboración con la unidad de derecho internacional del ejército para desarrollar argumentos legales que justificaran las acciones de Israel, e incluso participó en la normativa sobre incendios en la frontera de Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018. 

Como argumentó recientemente el jurista Or Bassok en Haaretz, estos actos no se han producido a pesar de la supervisión legal, sino que han sido posibles gracias a ella, proporcionando a los soldados participantes la ilusión de un escrutinio legal sobre los llamados “daños colaterales”. 

Los documentos más recientes de la filtración revelan que Israel seguía preparándose activamente para hacer frente a posibles órdenes de detención de la Corte Penal Internacional tras la decisión de 2021 de la Corte de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, y que estaba en contacto con un número cada vez mayor de abogados de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional para que asesoraran al Estado sobre esta cuestión.

Los últimos correos datan de la primavera de 2023, cuando Israel vivía una de las revueltas ciudadanas internas más importantes de los últimos años por una reforma judicial. Paradójicamente, muchos de los juristas —internos y externos— cuyos esfuerzos permitieron blindar al Gobierno en el exterior expresaban en privado su inquietud por el auge de la ultraderecha y del movimiento colonizador, que comenzaban a amenazar sus propias instituciones.

Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, que desencadenó una oleada de procedimientos judiciales, han dado aún más importancia al trabajo del departamento. Al mismo tiempo, el abierto desprecio de los dirigentes israelíes —a menudo mostrado públicamente—  por las normas internacionales,  así como el fracaso de la Fiscalía militar para enjuiciar incluso los casos más evidentes de crímenes de guerra, contrastan radicalmente con las propias recomendaciones del departamento a la cúpula política. Sin embargo, el jefe del departamento, Gilad Noam, sigue defendiendo enérgicamente la legalidad de la conducta de Israel hasta el día de hoy. 

El Parlamento Europeo ha anunciado los finalistas del premio de periodismo Daphne Caruana Galizia. Entre los 10 trabajos nominados, consta la investigación 'Dirty Payments', realizada por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y Mediapart, medio de comunicación francés y socio editorial de infoLibre.

La investigación, publicada el pasado mes de junio, muestra cómo, durante la última década, la empresa francesa de pagos Worldline y su filial alemana Payone han procesado sistemáticamente transacciones en línea dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones de euros.

Además, el equipo de periodistas reveló cómo operaban muchas de las tramas que utilizaban Worldline para sus negocios, como una red de empresas pantalla en Mallorca que utilizaba webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales.

El premio Daphne Caruana es uno de los galardones más importantes de la profesión a nivel europeo. Este reconocimiento se entrega cada año, desde 2021, con la intención de "reconocer un trabajo excepcional de profundización periodística sobre temas de relevancia para la Unión Europea (UE), ya sea en su conjunto o para algunos de sus Estados miembros, y contribuir a promover los principios y valores de la UE consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales".

El jurado ha seleccionado ahora 10 trabajos como finalistas de un total de 316 candidaturas. El próximo 21 de octubre se anunciará el ganador de esta edición de 2025 en una gala que se celebrará en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo en la sala de prensa a la que da nombre también la propia Daphne Caruana Galizia.

Daphne Caruana fue una periodista y bloguera maltesa. Su carrera se centró especialmente en informar sobre la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y los vínculos del Gobierno de Malta con los papeles de Panamá. Tras sufrir acoso y amenazas, fue asesinada con un atentado de coche bomba el 16 de octubre de 2017. Las protestas por cómo gestionaron las autoridades la investigación de su asesinato provocaron la dimisión del por aquel entonces primer ministro maltés, Joseph Muscat.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

Periodismo fiable y compromiso con la verdad son dos de los pilares fundamentales de la labor de infoLibre. Pero no solo. Un año más, hemos convertido el periodismo de investigación en una de nuestras señas de identidad. El impacto medioambiental de las petroleras, la estafa de los conocidos como fondos verdes, la red de sicarios que Irán ha desplegado por Europa, el oasis inmobiliario en el que se ha convertido Dubái, las negociaciones secretas de las farmacéuticas en el contexto postcovid... Estos y muchos otros temas se han podido leer a lo largo de este 2024 en las páginas de este diario.

Tiene una explicación. Y es que infoLibre forma parte del European Investigative Collaborations (EIC) desde 2019 y colabora con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) desde 2021, dos de los consorcios de periodismo de investigación más prestigiosos de Europa —y del mundo—. Sin olvidar la publicación en exclusiva de dosiers de Investigate Europe o el Centro para la Resiliencia de la Información (CRI).

Por eso, y para celebrar un año más de periodismo de calidad, independiente y comprometido, vamos con una pequeña selección de algunas de nuestras investigaciones más leídas del año.

El Centro Europeo de Periodismo (ECJ) ha concedido este año uno de sus cinco premios de Periodismo Climático a la investigación que la red European Investigative Collaboration (EIC), a la que pertenece infoLibre, y Voxeurop llevaron a cabo sobre la estafa de los fondos supuestamente verdes que invierten en las empresas más contaminantes.

El proyecto, que ha sido elegido entre 197 candidaturas procedentes de 24 países europeos, ha sido galardonado en la categoría de lucha contra la desinformación climática. Y comparte honores con trabajos publicados por el alemán Süddeutsche Zeitung, la revista británica The Economist ,The Bureau of Investigative Journalism, The Financial Times y Disclose.

El premio fue entregado este jueves en la News Impact Summit: La Lucha contra la Desinformación Climática, que se celebró en Copenhague (Dinamarca).

El jurado ha destacado la investigación de EIC y Voxeurop como arma para “desenmascarar el greenwashing”, un engaño que practican grandes gestoras de activos como BlackRock y Vanguard, y bancos del tamaño de JPMorgan Chase y HSBC. Pero también las entidades financieras españolas: sólo las tres mayores, Santander, BBVA, La Caixa, invierten más de 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Según el jurado, la decena de investigaciones publicadas por los medio de EIC y el europeo Voxeurop “documentan las catastróficas deficiencias de la UE a la hora de garantizar que los fondos de inversión no acaban en proyectos que contribuyen a la destrucción del planeta”.

Entre los reportajes incluidos en la investigación se cuentan los 10.000 millones de euros que reciben Repsol e Inditex, dos de las firmas españolas que más CO2 emiten, de fondos de inversión supuestamente verdes. También los 21.000 millones que los franceses Crédit Agricole, BNP y Postal Bank invierten en empresas contaminantes.

En Noches de calor, el reportaje premiado de Süddeutsche Zeitung en la categoría de visualización de datos, hace un seguimiento de las temperaturas nocturnas en seis ciudades del mundo, y muestra cómo el calor afecta de forma desproporcionada a los barrios más pobres.

El ganador de la categoría de investigación ha sido una investigación de Voxeurop junto con la revista indonesia Tempo que destapa el blanqueamiento que Michelin y BNP Paribas han hecho en Europa de actividades contra el medio ambiente en Indonesia. La compañía francesa, asociada con la indonesia Barito Pacific, utilizó bonos verdes comercializados por BNP Paribas para financiar plantaciones de caucho en el país asiático. Una inversión supuestamente verde condujo, sin embargo, a la deforestación de amplias zonas.

The Economist y los estadounidenses .Coda son los ganadores en la categoría Historias y Soluciones con un reportaje sobre la lucha del Ártico sueco por el clima; en concreto sobre los esfuerzos de los sami por salvar su modo de vida frente a los intereses industriales modernos.

Finalmente, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con The Financial Times y Disclose, han sido reconocidos con el premio a los Talentos Emergentes por desvelar que el Banco Santander contrató un bono petrolero de 1.000 millones de dólares para PetroPerú. Con él la compañía financió una refinería de petróleo vinculada al oleoducto Norperuano, que atraviesa un humedal amazónico protegido por el Convenio de Ramsar. El banco español no tuvo reparos en firmar la operación pese a que sus políticas de sostenibilidad le prohíben expresamente financiar proyectos que pongan en peligro los humedales protegidos por ese convenio internacional.

La fundación Centro Europeo de Periodismo (EJC por sus siglas en inglés) es una organización holandesa independiente sin ánimo de lucro con sede en Maastricht. Tanto los premios como la News Impact Summit han sido organizados en colaboración con la Google News Initiative.

La Unión Europea apenas cuenta con yacimientos de petróleo y gas, excepto los offshore del Mar del Norte y algunos en Rumanía; el holandés de Groninga, el mayor del continente, acaba de ser clausurado. Por ese motivo, se ha convertido en el mayor importador de gas natural del mundo: necesita comprar fuera el 83% del que utiliza. En 2023 trajo en barco un total de 120.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado; el resto, hasta los 400.000 millones que consumen los Veintisiete, le fue suministrado a través de gasoductos. El 21% de la electricidad y el 38% de la calefacción, tanto doméstica como industrial, se genera y funciona con gas.

Europeas son también algunas de las mayores petroleras y gasistas del mundo, cuyo negocio de extracción se extiende por África, Asia y América. Entre ellas se cuentan las españolas Repsol y Cepsa. La compañía presidida por Antonio Brufau es una de las 20 mayores compañías del sector. En 2022, además, encabezó el Íbex 35 en facturación –34.809 millones de euros–, espoleada por la guerra de Ucrania. La casi centenaria Cepsa, hoy propiedad de Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, y del fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, presume de ser la mayor petrolera europea que no cotiza en Bolsa.

Ambas compañías explotan yacimientos en Argelia, de donde procede el 5% del gas que compra Europa y el 42% del que adquiere España. Repsol posee también pozos en Libia y hasta 2021 los tuvo en Irak. En marzo de 2023 Cepsa vendió a la francesa TotalEnergies su negocio en Abu Dabi. Por lo que su negocio en la zona que comprende África del Norte y Oriente Próximo se limita ahora a sus cuatro yacimientos en el desierto argelino.

Es más, las dos españolas trabajan juntas, asociadas con la italiana ENI, la estadounidense Occidental Petroleum y la indonesia Pertamina, para extraer crudo en Ourhoud, el segundo mayor yacimiento de Argelia. Además, Repsol explota desde 2017 junto a la alemana Wintershall el yacimiento de gas Reggane Norte, así como los de Menzel Ledjmet Nord y El Merk junto con la indonesia Pertamina.

A su vez, Cepsa opera en solitario otros tres campos en medio del desierto: Rhoude El Khrouf, Bir El M’Sana y Timimoun II. En los yacimientos argelinos, las españolas comparten el negocio con la estatal Sonatrach, porque en el país norteafricano los hidrocarburos son propiedad del Estado, que licita y adjudica los contratos.

Sonatrach, un auténtico gigante del sector, figura como la undécima petrolera más grande del mundo y como la principal empresa de Argelia: de su actividad depende el 26% del PIB del país. También es la compañía que más gas ha quemado en sus yacimientos durante la última década. Una práctica que en inglés se llama flaring y que proporciona a los pozos de petróleo y gas esas características llamaradas constantes que adornan las antorchas en altura donde se produce la combustión. Se trata de un mecanismo utilizado como sistema de seguridad –aunque no únicamente por ese motivo– para aliviar la presión en las explotaciones. No sólo en los pozos donde se extraen tanto el crudo como el gas, también en las refinerías o en las plantas de regasificación, por ejemplo.

La quema en antorcha es muy contaminante. El gas natural –metano– debe salir del circuito, y puede hacerlo tal cual, directamente a la atmósfera, lo que se denomina venteo. Como se sabe, el metano es el principal gas de efecto invernadero: atrapa 84 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono (CO₂) durante 20 años. También puede quemarse, transformándolo en su mayor parte en CO₂. En ese caso se emite mucho menos metano, pero la combustión produce óxido nitroso, hollín, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles… todos ellos contaminantes perjudiciales para la salud humana –pueden provocar problemas respiratorios, cáncer y hasta partos prematuros–, la flora y la fauna.

De 2012 a 2022, Sonatrach quemó 97,26 billones de metros cúbicos de gas (bcm), lo que se tradujo en unas emisiones de 235 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o CO₂e [el CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono]. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, Burning Skies ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 infraestructuras petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

Esas cantidades convierten a Sonatrach en la primera empresa contaminante del norte de África y Oriente Próximo, incluso por delante de otros grandes como BP, ENI y Exxon. Daraj, socio de EIC en esta investigación, ha preguntado a Sonatrach por estas cifras, pero el gigante argelino no ha querido hacer ningún comentario.

A su vez, Argelia es el sexto país del mundo y el segundo país de la región donde más gas se quema en antorcha, con un total de 102,19 billones de metros cúbicos, que se convirtieron en 260,6 millones de toneladas de CO₂e en la última década. Representan el 20% de las emisiones de toda la región. En la zona sólo le gana Irak, con 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 400,4 millones de toneladas de CO₂e, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies.

Los números son aún más sangrantes si se tiene en cuenta que en Argelia la ley prohíbe la combustión rutinaria de gas en antorcha desde 2019, aunque ya en 2005 se habían aplicado restricciones, también al venteo. En teoría, sólo se puede quemar gas previa autorización, en determinados casos y con límites temporales. Desde 2019, además, se gravan con impuestos ambas prácticas: unos 90 dólares por cada 1.000 metros cúbicos quemados o venteados. La ley incluso prevé sanciones en caso de incumplimiento –750 dólares diarios–, pero no se sabe de que se haya impuesto nunca ninguna.

De esas cifras récord de gas quemado, una parte es responsabilidad de Repsol y Cepsa. En Argelia, las dos empresas españolas han emitido 2,7 millones de toneladas de CO₂e, tras arder 1,02 bcm de gas desde 2012 hasta 2022, según los análisis de EIC. En concreto, Repsol ha quemado 0,12 bcm, que se convirtieron en 0,3 millones de toneladas de CO₂e. Las cantidades de Cepsa son superiores: 0,94 bcm de gas combustionado y 2,4 millones de toneladas de CO₂e emitidas. Repsol comenzó a quemar en Ourhoud y Reggane Norte sólo en 2017.  Curiosamente, el año en que más gas quemaron ambas compañías fue el último, 2022: los yacimientos de Cepsa doblaron combustión y emisiones respecto al año anterior, mientras que los de Repsol las multiplicaron por 28. Para hacerse una idea del volumen de gas que se vierte a la atmósfera, desperdiciando el recurso y contaminando el entorno, bastan un par de comparaciones. Los 0,2 billones de metros cúbicos de gas que ambas compañías quemaron en 2022 en Argelia equivalen al consumo de luz y calefacción de las viviendas de toda la provincia de Bizkaia en un año, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en Bizkaia hay 563.000 viviendas.

Si las comparaciones se aplican a las cifras de toda la década, el billón de metros cúbicos de gas que Cepsa y Repsol quemaron en Argelia habría sido suficiente para cubrir durante un año el consumo de luz y calefacción de 2,5 millones de hogares españoles, a razón de una media de 400 metros cúbicos por vivienda. Ese es el número de hogares de toda la Comunidad de Madrid, según el censo de 2021 del Instituto de Estadística madrileño.

Finalmente, si lo que se comparan son las emisiones contaminantes, los 2,7 millones de toneladas de CO₂e expulsadas por Cepsa y Repsol en la última década en Argelia equivalen a las producidas por la industria y la construcción de toda España en un solo año, 2022, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus Cuentas Ambientales. Pero también se acercan a las emisiones conjuntas anuales de las ciudades de Alicante y Castellón, que suman más de medio millón de habitantes, según los respectivos inventarios municipales de emisiones de gases de efecto invernadero. Y superan la cantidad de CO₂ generada por Sevilla y Zaragoza, que rozan, cada una, los 700.000 habitantes.

En España, Cepsa y Repsol también queman gas en antorcha. En sus refinerías. La decena de las que funcionan en el país emitieron en 2022 un total de 9,6 millones de toneladas de CO₂e, un 6% más que el año anterior, tal y como recoge la última edición del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Transición Ecológica. El informe otorga a estas emisiones una “relevancia significativa”.

Del total expulsado por las refinerías, 3,9 millones son “emisiones fugitivas”, generadas en la extracción o procesamiento del petróleo y el gas y que no se aprovechan. Estas han crecido nada menos que un 203% desde 1990, debido a que las refinerías procesan cada vez más crudo. De esos 3,9 millones de toneladas de CO₂e, el 7%, 0,27 millones, procedió de la quema en antorcha, según el inventario de Transición Ecológica. Es decir, todas las refinerías de España emiten casi la misma cantidad de CO₂e que Repsol desde las antorchas de sus dos yacimientos de Argelia. Repsol es la propietaria de cuatro de ellas y una quinta –Tarragona– la comparte al 50% con Cepsa, que a su vez posee otras tres. BP tiene una más, en Castellón.

Ambas petroleras –también la estatal Sonatrach– están adheridas a la iniciativa del Banco Mundial Zero Routine Flaring by 2030, que tiene como objetivo suprimir la quema de gas en antorcha para ese año. Por tanto, informan de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los informes de gestión que publican cada año, y de la parte de éstas que atribuyen tanto a la combustión de gas como al venteo.

En el informe de 2023, Repsol reconoce unas emisiones de 0,7 millones de toneladas de CO₂e procedentes de las antorchas de sus explotaciones en todo el mundo, cuatro veces más de las que produce mediante venteo. También cifra en 0,38 millones de toneladas la cantidad de gas que quemó ese año. Da más detalles en sus respuestas al cuestionario del Carbon Disclosure Project (CDP), que mide el impacto ambiental de las mayores empresas del mundo y que la compañía cuelga en su página web. Dice que la combustión en antorcha representa el 4% de sus emisiones de alcance 1 –las que se producen directamente en la actividad normal de la empresa–. Y que el 43% de ellas procede de los yacimientos de petróleo y gas, 0,24 millones de toneladas; el resto, de las refinerías.

Pero no desglosa sus emisiones por regiones. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de EIF y EIC, sólo en Argelia las antorchas de los yacimientos en los que participa Repsol emitieron en 2022 casi una tercera parte de las producidas en todos los campos y refinerías que tiene repartidos por el mundo, si ésa fuera la cifra real de sus emisiones.

En el caso de Cepsa, su último informe anual reconoce unas emisiones mundiales de 0,07 millones de toneladas de CO₂e en 2022, muy lejos de las 0,3 millones de toneladas sólo en Argelia que resultan de las estimaciones de EIF y EIC. En 2023, la cifra es aún menor: 0,04 millones. En sus repuestas al cuestionario de CPD, Cepsa asegura que su quema de antorcha no es “relevante”, por lo que carece de un “objetivo cuantitativo específico” para reducir esa práctica industrial. Aun así, cifra en un 2,2% –la mitad que Repsol– la cuota que el flaring tiene en su cómputo total de emisiones de alcance 1 –directas– y 2 –las indirectas, generadas por la energía suministrada a la compañía–. Cepsa reconoce que en 2023 han aumentado precisamente esas emisiones porque ha crecido la actividad de sus refinerías. En las españolas, sus emisiones de alcance 1 el año pasado sumaron más de tres millones de toneladas de CO₂e, a las que añade 733.097 toneladas de sus plantas petroquímicas de Palos de la Frontera (Huelva) y Puente Mayorga (Cádiz).

A diferencia de Repsol, Cepsa sí desglosa sus emisiones por territorios. En Argelia sólo reconoce unas emisiones globales de alcance 1 de 84.800 toneladas de CO₂e y de 25.861 toneladas de alcance 2. Un total de 110.661 toneladas de CO₂e que proceden tanto de las antorchas como de fugas.

Las estimaciones realizadas por EIF y EIC, por tanto, confirman que las cifras de emisiones que facilitan las petroleras están infraestimadas.

Así, la BBC publicó en septiembre de 2022 una investigación basada en datos del Banco Mundial, que utiliza satélites para monitorizar las emisiones de gases de efecto invernadero de los pozos petrolíferos y de gas. Según sus indagaciones, las empresas no habían declarado casi 20 millones de toneladas de CO₂e procedentes de la quema de gas en antorchas en 2021. Las mismas emisiones, destacaba la televisión británica, que producen 4,4 millones de vehículos en un año.

Otra investigación, realizada por Environmental Defense Fund (EDF), una organización estadounidense de defensa del medio ambiente, reveló en 2021 que las empresas emiten 3,5 veces más metano de lo que comunican a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de EEUU (EPA). Al menos las que trabajan en la Cuenca Pérmica, “el mayor campo petrolífero del mundo”, 222.739 kilómetros cuadrados entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Para llegar a esa conclusión, utilizaron satélites y helicópteros con cámaras de infrarrojos. Y descubrieron que el 11% de las antorchas funcionaba mal: el 5% estaban apagadas y el resto no quemaban correctamente el gas. Casi el 60% fallaba más de una vez a la semana.

Es más, aunque las petroleras declaran que las antorchas queman el 98% del metano con el que se las alimenta, la investigación de EDF desveló que, en realidad, no ardía más que el 91%. Y no es una diferencia pequeña: una reducción de sólo un punto porcentual en la eficiencia de las teas se traduce en un aumento del 50% de las emisiones resultantes, asegura el Banco Mundial.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficientes, queman por debajo del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza, investigador de EDF y de la Universidad de Utrecht. La industria, explica, asume ese 98% de eliminación del metano, pero si, además, “las teas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de las incidencias, las emisiones reales son altísimas”.

infoLibre ha preguntado a Cepsa y Repsol por la discrepancia entre las cifras publicadas en sus informes anuales y los resultados de Burning Skies. Cepsa dice que no puede analizar los datos de la investigación de EIC, porque “desconoce” cuáles son sus fuentes –pese a que se le especificaron–. La empresa no ha respondido a las preguntas sobre cuestiones específicas que se le ha enviado y que se reproducen al final de esta información. Se limita a afirmar que cumple “con toda la normativa y regulaciones vigentes en los países que opera”. Y, en Argelia, en concreto, cumple con la ley relativa a actividades de hidrocarburos.

“Todas nuestras instalaciones cuentan con el preceptivo estudio de impacto ambiental conforme a los requerimientos legales exigidos por la normativa vigente de los respectivos países”, añade la petrolera. Cepsa sólo ofrece una explicación genérica de lo que eso significa: ”Identifica y caracteriza los valores naturales” de las zonas afectadas por la actividad de sus instalaciones, evalúa los potenciales impactos ambientales y establece “medidas preventivas y correctoras”.

Repsol, por su parte, sólo incluye en sus cálculos de emisiones los yacimientos en los que es operador, pero no aquéllos en los que tiene una participación accionarial. Ese “criterio operacional”, explica, “no es un cómputo de Repsol”, sino “una metodología reconocida por el GHG Protocol [elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible] y ampliamente utilizada en el sector del petróleo y el gas”. De esta forma, excluye de su cómputo los yacimientos de Argelia –Reggane Norte, Menzel Ledjmet Nord, El Merk y Ourhoud– y Libia –El Sharara– en cuya propiedad participa junto con otras compañías públicas y privadas. Como aduce que su participación accionarial es minoritaria, Repsol argumenta que “es el operador el que tiene el control y, por tanto, el poder de decisión” sobre las medidas que deben tomarse para reducir la quema de gas en antorcha y las emisiones contaminantes. Eso sí, la petrolera declara su “compromiso” para “tratar de influir en las decisiones” de sus socios en los yacimientos donde no es el operador.

Sin embargo, en su página web Repsol publicita ampliamente su larga presencia en Argelia, un país que considera “estratégico”, así como los “proyectos de explotación” en los que “participa” la compañía: “La producción media de Repsol en Argelia en 2023 es de más de 60.000 barriles/día (el 2% de la producción neta global del grupo), de los que cerca del 60% es gas”.

De hecho, la petrolera española posee el 36% de Groupement Reggane Nord, el operador de Reggane Nord; el 35% de Ourhoud y el 32% de Akakus Oil Operations, operador del bloque NC-186 en El Sharara, en Libia, según aparece en su página web.

La extracción de petróleo y gas en el norte de África es sólo una pequeña parte del negocio tanto de Repsol y Cepsa. En la década que ha analizado EIC, la compañía de Brufau también ha explotado yacimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Noruega –en el mar del Norte – Bolivia y Perú. En 2022 vendió los de Canadá y Ecuador, en 2021 los de Vietnam, Malasia e Irak. Según los datos de emisiones del Banco Mundial, donde más gas ha quemado Repsol en esa década ha sido en Malasia –1,7 bcm–, tal y como reconoce además en sus respuestas al cuestionario de CDP, seguido de sus pozos en aguas británicas del Mar del Norte –1,6 bcm–. Finalmente, entre 2012 y 2018, quemó 0,03 bcm de gas en Casablanca, la única plataforma petrolífera de España, situada en la costa de Tarragona.

Cepsa también tiene yacimientos en Malasia, donde quemó 0,8 bcm de gas en la década, además de Tailandia, según recoge la estadística del Banco Mundial. A partir de 2022 ha vendido explotaciones en Abu Dabi, Colombia y Perú.

Pese a las iniciativas internacionales y las promesas de los gobiernos y las compañías adheridos a ellas, la quema de gas en antorcha no se ha reducido de forma significativa en los últimos 10 años, tal y como reconoce IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), la asociación que reúne a las principales petroleras del mundo. De hecho, en 2023 el flaring creció un 7% respecto al año anterior, alcanzando los 148 billones de metros cúbicos, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial publicados en su más reciente informe de seguimiento. Además, se trata del mayor volumen de los últimos cinco años. Lo que se traduce en unas emisiones contaminantes de 381 millones de toneladas de CO₂e. El Banco Mundial también admite que la reducción de la quema en antorcha “se ha estancado en la última década”.

Sin embargo, empresas como Repsol prometen reducir esta práctica contaminante –y antieconómica– en un 50% en 2025 respecto a 2018 y suprimirla por completo en 2030. La IOGP culpa a “la falta de infraestructuras, la distancia a los mercados, las limitaciones de la inversión de capital y la ausencia de un marco reglamentario eficaz y efectivo” del escaso brío con que las petroleras se dedican a acabar con las antorchas y a aprovechar el gas que ahora se despilfarra.

Por el contrario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sostiene que el 40% de las emisiones de metano podría evitarse “sin ningún coste neto”, porque el coste de las medidas de reducción es inferior al valor de mercado del gas natural. En precios máximos, además, desde la invasión rusa de Ucrania. Según sus cálculos, harían falta 100.000 millones de dólares hasta 2030 para recortar las emisiones de metano, menos del 3% de los ingresos netos obtenidos por la industria del petróleo y el gas en 2022.

Porque la tecnología para acabar con la quema en antorcha existe, explican a infoLibre los expertos consultados. Aun así, la reutilización del gas que ahora arde en las teas “no es sencilla”, precisa José Antonio García Fernández, profesor de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. “El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no resulta manejable, hace falta un caudal constante para su aprovechamiento energético, para producir electricidad o para su consumo”, explica. De forma que habría que cambiar los procesos para reducir las emisiones variables de gases combustibles. Tratándose de un mecanismo de seguridad, apunta, “si hay un problema en la planta, la única forma sencilla de solucionarlo es enviar el gas a la antorcha”.

No sólo es lo más fácil. Ocurre también que el gas asociado a la extracción de petróleo es un recurso que no interesa –sólo interesa el crudo– y se quema. Fue lo que desveló la investigación emprendida en 2022 por el equipo de Luis Guanter, catedrático de Física Aplicada en la Universitat Politècnica de València y experto en el uso de satélites para detectar y medir las emisiones de metano. Descubrieron que la estatal Pemex quemaba sistemáticamente el gas en una plataforma de la costa de Campeche, en el Golfo de México, a razón de 100 toneladas por hora.

La combustión rutinaria de gas quedó al descubierto gracias al apagón que sufrieron las antorchas de ese yacimiento durante 17 días en diciembre de 2021. Los satélites detectaron entonces las emisiones de metano que se liberaban directamente a la atmósfera desde las teas, inactivas quizá por una avería en las instalaciones. La cantidad de gas fue tal que, sólo en esos 17 días, se expulsó a la atmósfera el equivalente al 3% de las emisiones anuales de México.

En su informe anual, Repsol dice que está “buscando soluciones viables técnica y económicamente para minimizar la quema rutinaria de gas cuanto antes”. Pero en la encuesta de CDP explica que la reducción conseguida en el último año se debe, principalmente, a que ha vendido los yacimientos más intensivos en flaring, en Malasia y Ecuador. Es decir, ya no están en su inventario… pero siguen contaminando en el de la malaya Hibiscus Petroleum y la canadiense New Stratus Energy.

Este periódico ha preguntado a ambas petroleras por las medidas que están adoptando para reducir la quema de gas en antorcha. Repsol asegura que ya ha alcanzado, antes de la fecha prevista –2025–, la reducción prometida de flaring en un 50% respecto a 2018. Y, a fin de llegar al nivel cero de emisiones para 2030, dice que buscará “soluciones para medir de forma más precisa” las emisiones –con drones y avionetas– y separar las quemas rutinarias de las que no lo son. También para reutilizar el gas y generar calor o electricidad en el propio campo, reinyectarlo o darle una salida comercial. La petrolera no contestó a infoLibre qué porcentaje de sus quemas son rutinarias, pero según las estadísticas del Banco Mundial, éstas superan el 57%. Una cifra muy alejada del 1,7% declarado por BP o del 17,5% de TotalEnergies.

Pese a sus buenas intenciones sobre el papel, la petrolera española fue multada en diciembre de 2023 por la North Sea Transition Authority (NSTA) con la mayor sanción que el organismo había impuesto hasta ese momento, 160.000 libras –191.530 euros–, por quemar y ventear 73 toneladas de gas sin permiso en Fulmar, en el Mar del Norte.

Por lo que respecta a sus refinerías en España, Repsol dice haber instalado “uno o más compresores de recuperación de gas para reutilizarlo como combustible”. Y Cepsa menciona que tiene tres proyectos para “maximizar la recuperación de energía y minimizar la cantidad de gas que se quema”, pero no precisa más. También asegura que ha reducido 15.000 toneladas de CO₂ por refinería con las medidas que ha puesto en marcha.

En otros países, como en Congo, se está reconduciendo el gas asociado a la extracción del petróleo para alimentar centrales eléctricas, asegura la IOGP, mientras Petronas captura ahora el gas que antes ardía en sus campos offshore en Indonesia. En Argelia, el Banco Mundial elogia la reducción del 5% conseguida en 2023, la mayor de todos los países, y que atribuye a los proyectos de recuperación de gas puestos en marcha en el campo de Hassi Messaoud, el mayor del país, así como en otros de Tiguentourine, Ohanet y Tin-Fouye-Tabankart.  

El enfoque de Noruega es distinto. Desde los años 90 grava con impuestos a las empresas que operan en el mar del Norte y queman o ventean gas: 65,35 euros por tonelada de CO₂ quemada y 1,17 euros por metro cúbico venteado o emitido. Con semejante desincentivo económico, la quema en antorcha de gas de Noruega equivale ahora al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las plataformas del Mar del Norte, mientras que la del Reino Unido en la misma zona representa el 25%, según denuncia el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Cinco veces más, por tanto, pese a que los campos offshore británicos producen la mitad de barriles de petróleo que los noruegos.

En noviembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron un reglamento de emisiones de metano en el sector energético que prohíbe tanto la quema como el venteo rutinarios de gas desde el mismo momento en que entre en vigor. Pero no prohíbe las importaciones de gas o petróleo que se hayan producido superando determinados límites de emisiones. Sí que establece que, a partir de enero de 2027, sólo se puedan firmar contratos de suministro si el combustible fósil se ha extraído fuera de la UE cumpliendo los mismos requisitos de medición y control de emisiones impuestos a las empresas europeas.

El problema es que el reglamento no fija ningun límite de emisiones ni de intensidad de metano en la producción del gas y el petróleo. La Comisión lo hará más adelante y las empresas no tendrán que cumplirlo hasta 2030. Estados Unidos, en cambio, sí lo ha hecho ya, recuerda Daniel Zavala-Araiza, y ese límite, apunta, puede servir de referencia para la UE.

“Es insuficiente”, critica el reglamento Marina Gros, de Ecologistas en Acción. No sólo porque no fije un objetivo concreto de reducción de emisiones, añade, sino porque tampoco contempla una estrategia para el abandono de los combustibles fósiles. Es más, Gros advierte de que establece plazos demasiado dilatados: hasta 2026 no habrá una base de datos común sobre emisiones, hasta 2028 las empresas no estarán obligadas a informar de la intensidad de metano de su producción y hasta 2030 no tendrán que demostrar que cumplen con ese límite de emisiones.

Ecologistas en Acción también considera “débiles” las sanciones a las petroleras incumplidoras, que se dejan a la elección de los Estados miembros. Sólo se especifica que las multas deberán ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Y censura que el reglamento no amplíe a las importaciones las medidas que sí deben cumplir las empresas en la UE sobre la quema en antorcha y el venteno, así como sobre detección y reparación de fugas.

Zavala-Araiza, en cambio, defiende un “sano escepticismo” sobre la eficacia del reglamento. “Por primera vez habrá datos reales, recogidos de forma independiente, gracias a los satélites y no proporcionados por la industria, que permitirán poner metas claras de reducción de emisiones”, asegura el investigador. A su juicio, se trata de una “revolución de datos”, necesaria para abordar la emergencia climática.

El investigador de EDF elogia que la UE esté “demostrando liderazgo” y “mandando señales” a otros mercados, como el asiático, al utilizar su poder de compra como primer importador mundial: “Es un cambio de paradigma”.

Al tiempo, alaba los impuestos disuasorios aprobados por Estados Unidos y Noruega. “Supone un cambio de mentalidad: los productores [de petróleo y gas] ya no miden en metros cúbicos, sino en dólares o coronas”.

Fadel y Fátima padecen una misteriosa enfermedad. A Ruqayya le han extirpado un riñón. La familia Al-Safi ha perdido a cinco de sus miembros. Raghad espera que sus cinco hijas tengan una vida próspera, pese a los innumerables gastos a los que le obliga el cáncer del que se está tratando. Khattar perdió a su primera esposa y lucha por conservar la segunda. Muchos ya han pedido responsabilidades a las compañías petroleras en los tribunales.

Todos son vecinos de la ciudad de Basora, en el sur de Irak, concretamente de las zonas residenciales próximas a los yacimientos de Rumaila, Zubair, Majnoon, West Qurna… cuyas antorchas registran las tasas de combustión de gas –flaring en inglés– más elevadas del mundo. Sus historias son una buena muestra de la alarmante crisis sanitaria que padece la zona.

Este reportaje forma parte de Burning Skies, una investigación del Environmental Investigative Forum (EIF) y la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, junto con la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). El proyecto examina las emisiones de gas producto de la quema en antorcha en 18 países de África y Oriente Próximo. El equipo al cargo de la investigación ha cruzado los datos de emisiones de gas de la ONG medioambiental Skytruth con mapas de concesiones de petróleo y gas para calcular las emisiones anuales de gas quemado en cada activo –yacimientos de petróleo y gas, refinerías, plantas de GNL– en esos países entre 2012 y 2022.

Hassan Abdul Amir tiene 40 años y jamás pensó que los campos petrolíferos próximos a su barrio podían convertirse en una fuente de devastación para él y su familia. Vive en Al-Sharsh, al sur del distrito de Al-Qurna, que está rodeado por tres grandes yacimientos.

Por el contrario, Hassan esperaba que los pozos le proporcionaran prosperidad y una vida cómoda para él, su familia y sus vecinos. Sin embargo, sus sueños se han convertido en una pesadilla. Los gases emitidos por las antorchas que no se apagan ni de día ni de noche han afectado de lleno a la salud de sus hijos. Fadel y Fátima sufren una enfermedad misteriosa que les oscurece la piel y les cubre el cuerpo de ampollas y llagas, los médicos han sido incapaces de diagnosticar y cuyo tratamiento su padre no puede pagar.

Pero Hassan, ya jubilado por razones médicas, culpa a las emisiones de los campos de Qurna, y a los vertederos y fábricas de cemento y asfalto, del destino de sus dos hijos. Los medicamentos que toman, se queja desesperado, son inútiles y sólo les proporcionan un alivio temporal.

Aunque Irak se encuentra entre los firmantes de la iniciativa Zero Routine Flaring (ZRF) del Banco Mundial, que se compromete a poner fin a la quema rutinaria de gas para 2030, las estimaciones de Burning Skies indican que el volumen total de quema en Irak aumentó de 10.900 millones de metros cúbicos en 2012 a 15.800 millones de metros cúbicos en 2022, alcanzando un máximo de 16.000 millones en 2021. Esta escalada ha provocado también un alza de las emisiones de CO₂e, que ha pasado de 28,2 millones de toneladas en 2012 a 40,8 millones en 2022.

Irak, de hecho, es el país donde más gas arde y más CO₂e se emite de los 18 países analizados: 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 403,7 millones de toneladas de CO₂e en la década estudiada, según las estimaciones de la investigación. De acuerdo con las cifras que publica el Banco Mundial, no hay duda: Irak es el país del mundo donde más gas se quema.

Burning Skies revela que los siguientes yacimientos iraquíes han quemado gas en antorcha durante una década de forma rutinaria:

Como se ve, la mayoría de las empresas responsables son europeas. Y queman gas en sus antorchas en Irak pese a que están obligadas por leyes estrictas en sus países, se adhieren a normativas y procedimientos relacionados con la sostenibilidad y están comprometidas con la iniciativa del Banco Mundial. Pero es que, además, en Irak no existe regulación alguna sobre la combustión de gas en las explotaciones petrolíferas.

Uno de los yacimientos iraquíes con más antorchas activas es el de Halfaya, a 200 kilómetros de Basora, donde la empresa francesa Total Energies tiene una participación del 22,5%. Halfaya no sólo es el campo que más quema de Irak, sino también el más contaminante de todos los que es propietario Total.

En una entrevista concedida a Al-Mirbad y Daraj, Kazem Dinar, que vive en el pueblo de Al-Mu’ayal, cerca de Halafaya, cuenta que su hijo Jalal desarrolló un cáncer de tiroides y tuvieron que extirparle la glándula. “Los médicos”, añade, “sugieren que la causa probable es la contaminación atmosférica debida a la quema de gas”.

EIC preguntó a TotalEnergies por las emisiones de Halfaya y sus efectos sobre las poblaciones cercanas. La compañía francesa se limitó a declarar: “Señalamos que CNPC [la empresa estatal China National Petroleum Corporation] es el operador”.

Abu Ali es otro vecino del campo de Qurna. Perdió a su hijo mayor, Ali, por un cáncer e interpuso una demanda contra BP, uno de los operadores de Rumaila, que es el mayor yacimiento petrolífero de Irak. Aún está esperando que la justicia se pronuncie.

“BP nunca ha sido ni será el operador del yacimiento petrolífero de Rumaila, ni tenemos intereses o derechos de propiedad sobre el yacimiento o sobre el petróleo que produce”, responde la petrolera británica a preguntas de EIC. “Sin embargo”, matiza a continuación, “como accionista del principal contratista [Basrah Energy Company Limited (BECL)] seguimos apoyando los esfuerzos para minimizar la quema en antorcha y las emisiones en Rumaila, en cooperación con el operador del campo petrolífero, Rumaila Operating Organisation (ROO)”. Rumaila incluye “instalaciones de petróleo y gas operadas por terceros, en las que BP no está involucrada y cuyas antorchas también queman gas”. La compañía tiene “la intención de seguir apoyando a BECL y ROO en estas acciones, en colaboración con el Gobierno iraquí y otras partes interesadas”, concluye.

EIC también ha preguntado a la italiana ENI por el yacimiento de Zubair, otro de los más contaminantes. Su respuesta se ajusta a la que dan otras grandes petroleras: son propietarios, pero no operadores y se atienen a la legislación del país en que trabajan. Por tanto, eluden cualquier responsabilidad en lo que se refiere a los efectos de la contaminación en las poblaciones cercanas: “ENI Iraq es contratista desde 2010 en virtud de un Contrato de Servicios Técnicos (CST), por lo que ENI ni posee ni explota Zubair. Basra Oil Company (BOC), como primera parte, es propietaria del yacimiento de Zubair y de sus activos, concretamente tanto de la totalidad del crudo como del gas asociado producido. La estrategia de desarrollo, incluida la contención de las emisiones, sigue siendo competencia de BOC”.

Además, la petrolera italiana asegura que el campo de Zubair está gestionado por una entidad sin ánimo de lucro, denominada Zubair Field Operating Division (ZFOD), que “carece de poder de decisión”. En todo caso, dice que ENI Iraq, “en su papel técnico y con un enfoque proactivo, colabora con BOC para reducir y minimizar la quema de gas y aumentar el valor del gas asociado mediante proyectos destinados a mejorar la gestión de los volúmenes de gas entregados a Basra Gas Company”. También lleva a cabo “controles y seguimientos continuos de las principales matrices medioambientales en la zona del yacimiento de Zubair: agua, suelo, aire, radiactividad natural”. Según destaca, sus resultados “se ajustan a la legislación iraquí y a las normas internacionales”. Incluso hace “encuestas de higiene industrial y estudios de evaluación de riesgos para la salud” de forma periódica.

La italiana dice que ha invertido 32 millones de dólares en atención sanitaria en Basora. En concreto, en “iniciativas dedicadas al diagnóstico oncológico, la atención pediátrica y una moderna unidad de tomografía por emisión de positrones”.

A Ruqaiya, una niña de nueve años antes alegre y vital, le extirparon un riñón. Sus padres viven con el temor constante de que se le dañe el otro, por lo que recibe cuidados especiales. El primer riñón lo perdió por un cáncer que terminó devorándole el órgano. Sus padres aseguran que el tumor lo provocó el gas emitido por los campos petrolíferos cercanos. Ra’ed, el progenitor de Ruqaya, expresa su frustración por no haber recibido ninguna ayuda pública, para sufragar los gastos médicos.

Otro residente de la zona, Wujud Al-Safi, ha perdido a cinco miembros de su familia y otros tres padecen cáncer. “¿Cómo es posible que el Ministerio del Petróleo pague sólo 300.000 dinares [205 euros] al año, que apenas alcanzan para comprar medicamentos para unos días?”, se pregunta. “¿Dónde están las parcelas de tierra que nos prometió el Gobierno? No queremos vivir en esas tierras. ¡Queremos venderlas para comprar medicamentos con ellas!”.

Al-Safi también reprocha a las autoridades de Basora que no hayan construido un hospital en Al-Qurna donde se pueda tratar a los enfermos, lo que obliga a la gente a desplazarse decenas de kilómetros hasta el centro médico más cercano, en la ciudad de Basora, para recibir la quimioterapia necesaria.

El hombre se deshace en preguntas retóricas: “¿Por qué hay advertencias contra el humo de los cigarrillos, pero ninguna contra los llamaradas de petróleo cerca de nuestros barrios? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no reconoce la contaminación causada por la industria petrolera? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?”.

El proyecto de ley federal de petróleo y gas presentado en 2011 no fue aprobado por el Parlamento iraquí pero, aun así, el Gobierno se ha fijado el objetivo de eliminar la quema rutinaria en los yacimientos, como parte de la iniciativa del Banco Mundial para 2030.

Según la Constitución y las leyes iraquíes, los ciudadanos tienen derecho a residir en un entorno seguro y limpio, libre de contaminantes. Los habitantes de zonas próximas a los campos petrolíferos viven en las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, y no pueden abandonarlas: la bendición que esperaban de las petroleras se ha terminado convirtiendo en una maldición insoportable.

En diciembre de 2021, el ministro de Petróleo iraquí se comprometió a reducir la quema de gas en un 90% para 2024. Pero Burning Skies pone al descubierto que sigue habiendo unos elevadísimos volúmenes de combustión, buena parte de ellos responsabilidad de operadores europeos.

El exministro iraquí de Medio Ambiente Jassim Al-Fallahi reconoció en su día que la contaminación derivada de la extracción de petróleo es la principal causa de las elevadas tasas locales de cáncer, y citó en concreto la quema de gas como un factor que contribuye significativamente al aumento del riesgo de leucemia en las comunidades cercanas a los yacimientos petrolíferos de Basora.

De hecho, un informe filtrado del Ministerio de Sanidad iraquí atribuye el crecimiento del 20% en los casos de cáncer en Basora entre 2015 y 2018 a la contaminación del aire, también las emisiones procedentes de la quema de gas.

Además, estudios e investigaciones, incluida una de la BBC, han encontrado altos niveles de benceno y sustancias químicas cancerígenas en el aire alrededor de los campos petrolíferos y en muestras de orina de quienes viven cerca, lo que sugiere una fuerte correlación entre la quema de gas y el aumento de las tasas de cáncer.

En el distrito de Al-Deir, al norte de Basora, donde se encuentra el yacimiento petrolífero de Nahran Bin Omar, vive Raghad Jassem, funcionario del Ministerio del Interior y padre de cinco hijas. Le extirparon el apéndice tras diagnosticarle una apendicitis, pero sus dolores no desaparecieron. Cuando volvió al médico, le descubrieron un cáncer de colon. Tuvo que someterse a una segunda operación para extirparle 83 centímetros de intestino.

En ese momento comenzó el periplo de Raghad por el sufrimiento, la enfermedad y el dolor, viajando entre Irak, Irán y Líbano desde 2021 en busca de tratamiento o una dosis de quimioterapia. Además de tener que afrontar gastos inasumibles: cada dosis de quimioterapia le cuesta 2,1 millones de dinares –1.438 euros– , pero también tiene que pagar análisis de sangre, resonancias magnéticas y endoscopias.

Cuando en 2023 reapareció el dolor, Raghad viajó a Irán de nuevo para repetir las pruebas necesarias, que mostraron una obstrucción y dos tumores. Así que está pasando por un nuevo ciclo de quimioterapia, con la esperanza de recuperarse totalmente para cuidar de sus cinco hijas y darles la vida raghida (próspera) con la que sueña.

Desde Nahr Omran, en el distrito de Al-Qurna, al norte de Basora, hasta Zubair, en el oeste de la ciudad, se suceden los campos petrolíferos. En la zona de Shuaiba vive Hadi Khattar, cerca de los pozos. Hadi perdió a su primera esposa, madre de seis hijos, a causa de un cáncer. Después se casó con otra mujer que también desarrolló un cáncer de mama y sigue aún bajo tratamiento. Hadi, un hombre tranquilo y sencillo, sólo reclama tratamiento médico.

Esta investigación ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe

Queman el cielo, el medio ambiente y la salud humana. Las grandes petroleras europeas occidentales, como BP, ENI, TotalEnergies y Shell, figuran entre los 10 empresas que más contaminan quemando gas en las antorchas de los yacimientos que explotan en África y Oriente Próximo. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica).

La quema de gas en antorcha –flaring en inglés–, una práctica habitual de las petroleras, que prenden fuego al exceso de gas natural de sus yacimientos de hidrocarburos, depósitos y refinerías, tiene costes demoledores para la población y la biosfera, además de ser uno de los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de los combustibles fósiles, con graves repercusiones en el cambio climático.

Según el último informe anual del Banco Mundial, la quema de gas en antorcha emitió 381 millones de toneladas de CO₂e en todo el mundo en 2023. El CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono. Esta enorme cantidad representa el 1% de las emisiones globales, más que las emisiones anuales de un país como Francia –315 millones– para el mismo año, según la Base de Datos Europea de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global.

Pese a su volumen, las llamas tóxicas de las grandes petroleras no han sido visibles hasta ahora, debido a la falta de transparencia de las empresas. Los datos disponibles sólo ofrecen las emisiones totales por países. Algunas petroleras que se han adherido a las iniciativas del Banco Mundial y del Carbon Disclosure Project (CDP), sí declaran sus cifras de combustión en todo el mundo, pero no dan más detalles.

Por primera vez, la investigación Burning Skies revela las responsabilidades individuales de las grandes petroleras que están detrás de esta perniciosa práctica.

Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, este proyecto ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 instalaciones petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

En estas dos regiones, se ha asignado un volumen estimado de emisiones totales de 1.370 millones de toneladas de CO₂e durante esta década a las petroleras que las producen. Las europeas son las que más contaminan, con un 33% de las emisiones, por delante de las empresas de Oriente Próximo (31%) y Norteamérica (14%).

Cinco grandes petroleras europeas figuran entre las 10 más contaminan con sus antorchas, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies: la británica BP ocupa la segunda posición con 133 millones de toneladas de CO₂e  emitidas entre 2012 y 2022, seguida de la italiana ENI –121 millones–. La francesa TotalEnergies es la quinta –63,4 millones–, la franco-británica Perenco es la sexta –50 millones– y la holandesa-británica Shell es la séptima –47 millones–.

El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil ocupa el cuarto puesto, con 90 millones de toneladas de CO₂e . Pero el mayor contaminador con diferencia en estos 18 países es la empresa estatal argelina Sonatrach: su quema de gas en antorcha emitió 235 millones de toneladas de CO₂e  en una década, casi cuatro veces más que TotalEnergies.

Contactada por Daraj, Sonatrach no ha hecho ningún comentario sobre estos resultados. Por su parte, TotalEnergies indicó a Mediapart que la utilización de “imágenes por satélite”, como se ha hecho en Burning Skies, es “muy poco precisa en comparación con las mediciones in situ” y puede dar lugar a “sobreestimaciones”, pero la empresa no ha facilitado sus propias estimaciones para cada uno de los yacimientos que explota.

En los yacimientos de petróleo y gas, pero también en las infraestructuras donde se almacenan hidrocarburos, se acumula un exceso de gas natural, compuesto sobre todo por metano, que precisa ser liberado. En algunos casos, por motivos de seguridad, para evitar explosiones. La primera solución es liberarlo al aire, una práctica llamada venteo –venting en inglés–, que es devastadora, ya que el metano atrapa 84 veces más calor que el CO₂ durante 20 años.

Como alternativa, la quema en antorcha consiste en prender fuego al metano, lo que se considera mejor para el clima, al convertir la mayor parte del gas en CO₂. Sin embargo, la antorcha sigue generando enormes niveles de emisiones, además de producir un cóctel tóxico de compuestos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas finas, conocido por sus funestos efectos: no sólo contaminan el aire, sino también el suelo y el agua. Además, ponen en peligro la salud de millones de personas que viven cerca de las zonas de combustión, provocando enfermedades respiratorias y cutáneas, cánceres y nacimientos prematuros. Según un estudio publicado en el Journal of Public Economics, las patologías empiezan a aumentar incluso en poblaciones situadas a 90 kilómetros de las llamaradas.

Las redacciones asociadas en esta investigación Daraj, NRC Handelsblad, SourceMaterial, Oxpeckers y la plataforma estadounidense Mongabay visitaron siete países distintos –Irak, Kurdistán, Egipto, Túnez, Argelia, Nigeria y Angola– para informar sobre el destructivo impacto de la quema de gas en las poblaciones locales, con zonas residenciales enteras expuestas a sólo 10 kilómetros de las teas tóxicas operadas por grandes petroleras como BP, ENI, Shell o TotalEnergies.

Sin embargo, algunas de estas compañías señalan a las propias poblaciones. A preguntas del periódico holandés NRC Handelsblad sobre la exposición de quienes residen cerca de sus yacimientos en Nigeria, Shell declaró que su “derecho de paso” había sido “invadido” por las comunidades locales. “Muchas de nuestras instalaciones de producción de petróleo y gas no estaban situadas originalmente en zonas densamente pobladas”, indicó Shell. “Seguimos trabajando con los gobiernos estatales y otras partes interesadas para disuadir a las comunidades de invadir las zonas operativas”.

A pesar de las promesas de gobiernos y petroleras, la lucha contra la quema de gas en antorcha ha sido hasta ahora un fracaso. Según el Banco Mundial, las emisiones de las teas aumentaron un 7% en 2023 con respecto al año anterior, y no se ha producido ningún descenso desde 2010. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la quema de gas en el mundo “no va por buen camino” para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Es “urgente” tomar medidas, insta el último informe del Banco Mundial, publicado en junio de 2024: “Lo que hace recaer en los operadores la responsabilidad de garantizar que el petróleo y el gas se produzcan de la forma más limpia posible durante la transición energética”.

Pero el problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que las antorchas son, además, un gran despilfarro: se quema gas para nada, pese a que ya existe una tecnología madura para recuperar el metano y utilizarlo en la generación de electricidad. Un recurso muy necesario en los países de África y Oriente Próximo estudiados en esta investigación, que sufren una gran escasez de electricidad. Según el Banco Mundial, el volumen de metano quemado alcanzaría para “abastecer de electricidad a toda el África subsahariana”.

Según el Banco Mundial y la AIE, bastarían inversiones por valor de 200.000 millones de dólares para reducir las emisiones de metano bruto y poner fin a la quema rutinaria. Una cifra que equivale sólo al 5% de los beneficios de explotación anuales del sector de los combustibles fósiles (cuatro billones de dólares en 2022).

Las grandes petroleras han introducido sistemas para reducir la quema en algunos de sus yacimientos, pero siguen mostrándose reacias a invertir a gran escala. Porque quemar en antorcha es más barato, y la recuperación del metano puede afectar a la producción de petróleo.

“El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no es gestionable. Se necesita un caudal constante para producir electricidad”, explica José Antonio García Fernández, catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. “Cuando investigamos el flaring en Irak con la BBC, un ingeniero nos dijo que, debido a estos problemas de presión, para recuperar más gas hay que reducir la producción de petróleo, pero las petroleras optan por preservar la producción», explica Aidan Farrow, científico senior de la unidad científica internacional de Greenpeace.

Según Farrow, la principal razón de que haya fracasado la reducción de las emisiones de gas quemado es la “falta de una legislación que realmente tenga fuerza y consecuencias”. Así lo confirma también Burning Skies.

Los datos de esta investigación revelan que, durante la última década, las compañías petroleras emitieron un volumen estimado de 451 millones de toneladas de CO₂e  en nueve países africanos donde la quema está prohibida por ley o autorizada sólo excepcionalmente, desde hace pocos años: República del Congo, Angola, Camerún, Gabón Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Argelia. Más de la mitad de estos volúmenes –263 millones de toneladas– han sido emitidos por grandes petroleras occidentales como TotalEnergies y BP.

Se demuestra así que estos países en desarrollo son bastante indulgentes con las petroleras, contraviniendo el espíritu de sus propias leyes, para maximizar los ingresos y la producción. La situación no es mejor en los países donde la quema en antorcha no está regulada o lo está de forma deficiente, como Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, la Unión Europea, que es el mayor importador de hidrocarburos del mundo, lleva mucho tiempo haciendo la vista gorda. El pasado 13 de junio entró en vigor un nuevo reglamento comunitario destinado a atajar las emisiones de metano del sector energético, que los activistas medioambientales consideran decepcionante.

El reglamento prohíbe tanto el venteo como la quema en antorcha en el territorio de la UE, salvo excepcionalmente por razones de seguridad. Pero el texto es mucho más laxo con las importaciones. Se prohibirá vender en Europa petróleo y gas cuya intensidad de metano sea demasiado alta, aunque sólo a partir de agosto de 2030, y la intensidad máxima de metano no se definirá hasta 2029. En resumen, no hay garantías de que la UE vaya a imponer que los hidrocarburos importados sean tan limpios como los producidos en su territorio.

En la actualidad, la lucha contra la quema se basa en gran medida en iniciativas internacionales voluntarias activadas por el Banco Mundial, cuya eficacia es muy cuestionable.

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas (GFMR por sus siglas en inglés), lanzada en 2023, está compuesta por gobiernos, organizaciones multilaterales y compañías petroleras, que se comprometieron a aportar 255 millones de dólares en “nuevas subvenciones”. Pero se trata de una fracción ínfima de los 100.000 millones de dólares necesarios, según el propio Banco Mundial, para acabar con la quema rutinaria, es decir, la combustión continua de gas y no sólo por razones de seguridad.

El programa insignia del Banco Mundial, denominado Iniciativa Quema Rutinaria Cero (ZRF, por sus siglas en inglés), se puso en marcha en 2015. Ha sido respaldado por gobiernos y empresas petroleras, incluidos los principales operadores de quema que aparecen en esta investigación, excepto la francesa Perenco. Todos ellos se comprometieron a poner fin a la quema rutinaria para 2030.

Pero en sus declaraciones al Banco Mundial las siete petroleras europeas –BP, ENI Equinor, Repsol, Shell, TotalEnergies y Wintershall– revelan que, por término medio, sólo el 32% de su quema es “rutinaria”. Es decir, que, aun respetando su compromiso, la gran mayoría de sus emisiones seguirán en el aire.

Las diferencias entre las cifras sobre quema rutinaria que publican las empresas son tan grandes que ponen en duda la exactitud de su metodología. A pesar del enorme nivel de emisiones, BP considera que sólo el 1,7% de sus quemas son ordinarias, y TotalEnergies sólo el 17,5%, mientras que ENI y Repsol declaran al Banco Mundial que superan el 50%.

Estos números también parecen contradecirse con un estudio publicado por la AIE, que afirma que el 66% de las quemas en todo el mundo son rutinarias. Preguntado por EIC, Tomás de Oliveira Bredariol, analista de política energética y medioambiental de la AIE, explica que el estudio define la combustión rutinaria como las antorchas “que funcionan más del 85% del tiempo”. “Las empresas”, precisa, “pueden considerar una definición diferente”.

Zubin Bamji, director de Global Flaring and Methane Reduction (GFMR), calcula que la quema rutinaria representa una media de “aproximadamente el 70% de la quema” en todo el mundo. Según Bamji, se han declarado tasas de hasta el 100% en Níger y Camerún, pero del 0% en Dinamarca o Arabia Saudí.

Lo cierto es que, a día de hoy, no existe ni una definición común ni una verificación independiente de los volúmenes de quema rutinaria. Una carencia muy conveniente para las grandes petroleras.

“Lo que necesitamos es hacer un seguimiento de la quema con mediciones y controles directos, y ya tenemos ahora todas las herramientas para hacerlo”, comenta Daniel Zavala-Araiza, investigador de la ONG Environmental Defense Fund (EDF) la Universidad de Utrecht. “Y más allá de este problema de definición de la combustión rutinaria, es la quema en su conjunto lo que hay que reducir de forma significativa”.

Las compañías petroleras también tienden a subestimar su responsabilidad. Todas las grandes empresas europeas declaran únicamente los volúmenes de emisión de los activos que operan, sin incluir los yacimientos en los que son socios minoritarios, a pesar de que obtienen beneficios de ellos.

Uno de los ejemplos más llamativos es Rumaila, en el sur de Irak, el yacimiento petrolífero más contaminante de esta investigación, con más de 105 millones de toneladas de CO₂e quemadas entre 2012 y 2022. El gigante petrolero británico BP considera que no tiene ninguna responsabilidad, aunque posee el 47,63% de Rumaila y figura como operador en el registro petrolero iraquí durante este periodo.

Incluso teniendo en cuenta sólo los activos operados, también observamos discrepancias entre los resultados de Burning Skies y las declaraciones de algunas grandes petroleras europeas, lo que sugiere que infradeclaran sus emisiones.

En el caso de las cifras de emisiones de BP, estimamos que, sólo en los 18 países analizados, las emisiones atribuidas a la empresa duplican las declaradas por BP en todo el mundo. La petrolera británica explicó a SourceMaterial que está “trabajando para gestionar y reducir la quema en antorcha” en los activos que explota, pero rechazó comentar esta discrepancia. En el caso de ENI, Burning Skies estima unas emisiones de CO₂e 2,8 veces superiores a las emisiones mundiales declaradas por la empresa. Contactada por Domani, ENI informó al cabo de 10 días de que los datos originales que Burning Skies había utilizado “no permiten identificar individualmente los activos y asociarlos al operador correspondiente” y pidió revisar la lista de yacimientos que la investigación había tenido en cuenta. Tras facilitársela, la empresa italiana respondió que “algunos activos no están explotados o se encuentran fuera del perímetro de ENI”, pero no especificó cuáles.

Por si fuera poco, dos estudios científicos recientes consideran que las estimaciones de emisiones de la quema en antorcha, medidas en CO₂ equivalente, podrían ser en realidad mucho más altas de lo que se pensaba. Los estándares científicos utilizados por el Banco Mundial –que también se utilizan en esta investigación–, consideran que el 98% del metano enviado a la antorcha se quema, lo que se denomina “eficiencia de combustión”.

Los cambios en esos índices de eficiencia pueden tener un gran impacto en los cálculos: si se quema menos gas, las emisiones de metano serán mayores y hay que recordar que el metano tiene un efecto en el calentamiento global mucho mayor que el CO₂. Para el Banco Mundial, una eficiencia de combustión del 92% implica un 30% más de emisiones equivalentes de CO₂.

Así, un primer estudio, realizado en 2021 por la ONG Environmental Defense Fund (EDF), midió la eficiencia de combustión en condiciones reales en la Cuenca Pérmica, la mayor zona de producción petrolífera de Estados Unidos, utilizando satélites y helicópteros con cámaras infrarrojas. El estudio reveló que las empresas emiten 3,5 veces más metano del que declaran a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU.

Un segundo estudio, publicado en 2022 en la revista académica Science y realizado en tres regiones petrolíferas de EEUU, confirmó estos resultados y descubrió que se quema el 91% del metano, en lugar del 98%. Lo que sugiere una “subestimación sustancial” de las emisiones reales de las antorchas.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficaces, ya que queman menos del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza. “Además, ocurre que si las antorchas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de los incidentes, las emisiones reales son altísimas”, añade.

Otro factor agravante es la producción de hollín por la quema de gas. Estas finas partículas, también conocidas como carbono negro, se consideran 1.500 veces más potentes que el CO₂e y proceden de la combustión incompleta de combustibles fósiles. La Unión Europea de Geociencias considera que se puede atribuir a la combustión en antorcha puede el 40% de los depósitos anuales de carbono negro en el Ártico, que se cree se liberarán durante el deshielo en un futuro próximo. Sin embargo, debido a la falta de datos sobre la eficiencia de las antorchas en todo el mundo, el carbono negro no se tiene en cuenta en las actuales normas de información sobre combustión de gas en los yacimientos petrolíferos.

“Es importante reducir la quema en antorcha y las fugas de metano, pero dudo que el problema pueda resolverse sólo con inversiones y tecnología”, critica Aidan Farrow, el científico de Greenpeace. “Deberíamos tener una visión más amplia. El problema de la combustión en antorcha demuestra que debemos abandonar el uso de combustibles fósiles”, zanja.

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Esta investigación forma parte de la serie Burning Skies: Behind Big Oil's toxic flames, llevada a cabo por el consorcio mundial de periodistas de investigación medioambiental EIF, en colaboración con la red European Investigative Collaborations, a la que pertenece infoLibre, y sus socios Daraj, SourceMaterial y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism. Esta serie ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe.

El miércoles 31 de julio, cuando la República Islámica de Irán hizo público el asesinato en Teherán del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh, en un atentado atribuido a Israel, un diputado iraní declaró que el atentado era el resultado de la infiltración en el país de agentes a sueldo de Israel: “El régimen sionista puede, pagando dólares estadounidenses a ignorantes o vendidos, reclutarlos para obtener información o llevar a cabo operaciones terroristas”.

Puede que el diputado iraní tenga razón. Pero olvidó mencionar que en los últimos meses su país ha operado igual en Europa, pagando a sicarios por asesinatos. Con una diferencia: los objetivos forman parte de la sociedad civil. Los servicios iraníes han reanudado una práctica de asesinatos selectivos que “no se observaba en Europa desde hacía unos 20 años”, como señala un reciente informe de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo. Uno de ellos, el ataque en plena calle contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras.

Documentos confidenciales obtenidos por el medio Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, en el marco de una investigación internacional que se basa también en entrevistas en diferentes servicios de inteligencia europeos e israelíes, revelan cómo los servicios de inteligencia iraníes han adaptado su modus operandi, recurriendo a delincuentes comunes para asesinar a israelíes, judíos y opositores al régimen de los ayatolás refugiados en Europa.

“Hay un aumento muy notable del uso de elementos criminales dentro del componente terrorista”, comenta Yoram Schweitzer, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel y responsable de un programa sobre terrorismo y guerra de baja intensidad. Al frente de esa ofensiva está Al-Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica encargada de sus operaciones exteriores, y el Ministerio de Inteligencia iraní, antes conocido como Vevak. Ambos organismos utilizan mano de obra reclutada en las redes del narcotráfico.

A principios de año, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron sanciones a un narcotraficante iraní llamado Naji Sharifi-Zindeshti. Según las autoridades estadounidenses, Zindeshti y su clan gozan de la protección del Gobierno de Teherán –aunque allí el tráfico de drogas está castigado con la pena de muerte–. A cambio, el Ministerio de Inteligencia iraní le ha pedido que lleve a cabo asesinatos y secuestros de disidentes en “numerosos países de Oriente Próximo, Europa y Norteamérica”. Según el Tesoro de Estados Unidos, Zindeshti incluso tiene derecho a contar con un oficial de las filas del Vevak especializado.

Un antiguo oficial del Mossad, que accedió a ser entrevistado bajo condición de anonimato, afirma que hay “al menos cuatro o cinco grandes narcotraficantes europeos” afincados en Irán que dirigen desde allí sus actividades delictivas en el Viejo Continente. En el caso revelado ahora por EIC, Ümit Bülbül, un narcotraficante de la región de Lyon, dirigía la célula responsable de los asesinatos contra la comunidad judía desde Irán, donde se había refugiado bajo la protección de Al-Quds.

La utilización de un proxy –o intermediario– dificulta la detección de las operaciones clandestinas. Esta vieja práctica está muy en boga en los servicios secretos de los Estados totalitarios. A principios de enero, la DGSI publicó una “nota azul” –destinada al Elíseo y a otros ministerios gubernamentales– para señalar que los servicios de inteligencia rusos habían utilizado recientemente “métodos operativos alternativos movilizando redes de proxy”.

En otoño de 2023, unos moldavos colocaron cientos de estrellas de David azules en muros de la zona de París, activadas a distancia por un contratatado vinculado a los servicios rusos. En mayo, se pintaron manos rojas en el Muro de los Justos, en el Memorial de la Shoah de París. Esta vez los artistas eran búlgaros. En junio, pocos días después de que el Kremlin criticara duramente el envío de instructores militares franceses a Ucrania, tres moldavos fueron detenidos como sospechosos de realizar grafitis en los ataúdes de soldados franceses.

Dos servicios de inteligencia europeos han confirmado a EIC la utilización de mano de obra criminal por parte de los iraníes. No se trata de una estrategia nueva, sino que se ha intensificado en los últimos años. Los sucesos de Villepinte tienen la culpa.

En junio de 2018, el Vevak planeó un atentado en la ciudad de Seine-Saint-Denis, donde estaba prevista la reunión anual de los Muyahidines del Pueblo, enemigos históricos del régimen de los ayatolás. La operación fue dirigida por Assadollah Assadi, un agente del Vevak que trabajaba bajo cobertura diplomática en Austria. Al parecer, la bomba que se iba a utilizar se fabricó en Irán y se transportó en una valija diplomática. Pero nada salió según lo previsto y Assadi fue detenido con tres cómplices en Bélgica, donde la célula terrorista había establecido su base logística.

Condenado a 20 años de cárcel, el supuesto diplomático fue finalmente puesto en libertad y expulsado a Irán en el marco de un intercambio de prisioneros. Sus tres cómplices siguen cumpliendo condena en Bélgica. Unos meses más tarde, los servicios secretos daneses frustraron otro atentado preparado por un agente iraní con base en Noruega. Como consecuencia de estos fracasos, una rama del Vevak se incluyó a principios de 2019 en la lista europea de organizaciones terroristas.

Irán comenzó a utilizar entonces cada vez más a personas ajenas a sus servicios de inteligencia para llevar a cabo asesinatos. En marzo de 2023, las autoridades griegas anunciaron que habían frustrado un atentado con armas de fuego y una explosión de gas contra un centro de la comunidad judía de Atenas. Dos ciudadanos paquistaníes fueron detenidos, mientras que el cerebro del plan, otro paquistaní, se encontraba en Irán.

Según el Tesoro estadounidense, Zindeshti, enviado para saldar cuentas con narcotraficantes rivales –e incluso con el abogado de uno de ellos–, también ha sido utilizado para eliminar a opositores iraníes que se refugiaban en Turquía. A finales de 2021, un ciudadano ruso de origen azerí fue acusado por la justicia chipriota de terrorismo y conspiración para cometer asesinato. Supuestamente le pagaron 40.000 euros con un contrato para asesinar a empresarios israelíes.

“Se han desenmascarado varias infraestructuras terroristas, gestionadas por importantes organizaciones criminales que operan en toda Europa, cuyos dirigentes están directamente dirigidos por Irán para llevar a cabo atentados terroristas, en particular contra objetivos y bienes identificados con Israel”, aseguró el Mosad en un comunicado publicado el pasado 30 de mayo, en el que revelaba la existencia de una célula terrorista que operaba bajo el mando de Rawa Majid, apodado el Zorro kurdo y líder de la banda sueca Foxtrot. Buscado por varios cuerpos policiales, Majid, según el Mossad, había huido a Irán, donde fue detenido y luego reclutado por sus servicios secretos para planear atentados contra objetivos judíos o israelíes en Europa. En enero se descubrió una granada que no explotó en el solar de la embajada israelí en Estocolmo. Al parecer fue puesta allí por miembros de Foxtrot.

Además, la policía cree que la banda rival sueca Rumba está detrás de los disparos efectuados contra la misma embajada esta primavera. El servicio de seguridad sueco confirmó la información del Mossad en una rueda de prensa.

En diciembre de 2023, el Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a un germano-iraní a dos años y nueve meses de prisión por lanzar un cóctel molotov contra una escuela de la ciudad alemana de Bochum en noviembre de 2022. El objetivo real, sin embargo, era la sinagoga cercana. En la sentencia, los jueces subrayaron que el autor había actuado “en interés de las autoridades estatales de la República Islámica de Irán”. El germano-iraní había sido reclutado por Ramin Yektaparast, antiguo líder de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach. Buscado por un asesinato especialmente brutal en el mundo de los moteros, Yektaparast huyó a Irán donde, según el incendiario que había contratado, llevaba una vida de lujo sin un trabajo fijo. Juzgado en ausencia por el Tribunal Federal alemán por otra serie de atentados antisemitas que él mismo había ordenado, Ramin Yektaparast decía que actuaba en nombre de Al-Quds. Murió en un tiroteo en Teherán a principios de 2024.

En Estados Unidos, la red del narcotraficante Zindeshti reclutó en 2021 a Damion Ryan y Adam Pearson, dos hells angels canadienses, para asesinar a opositores iraníes refugiados en Estados Unidos.

Dos años después, EEUU anunció que un georgiano y el presunto jefe de una banda azerí habían organizado el intento de asesinato de una periodista de la oposición iraní en su domicilio de Nueva York en julio de 2022. Los dos hombres habían reclutado a un asesino por 30.000 euros. Fue detenido cerca del domicilio de la periodista, portando un fusil de asalto AK-47. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que el plan se había urdido en Irán.

La utilización de delincuentes comunes tiene la ventaja para Irán de que consigue mantener las apariencias en caso de fracaso. Además, le permite invocar lo que se conoce como “negación plausible”. Sobre todo cuando, como en el caso de la célula de Ümit Bülbül, recurrren a varios matones en diferentes niveles de la célula terrorista.

También es un modus operandi más difícil de detectar aguas arriba. Tanto más cuanto que Irán, que solía seleccionar objetivos conocidos que tocaran la fibra sensible de la opinión pública, considera un éxito cada atentado desde el 7 de octubre, el día del ataque de Hamás en Israel. “Irán quiere que los judíos e israelíes no se sientan seguros en ningún lugar del mundo”, explica a EIC un servicio de inteligencia europeo. 

El lunes 15 de abril de este año, Abdelkrim S., alias Krimo, subió en Marsella a un TGV, el tren alta velocidad francés, que le iba a llevar a Alemania. Su destino final era Múnich. El narcotraficante francés, encarcelado durante 10 años por su implicación en un doble asesinato en Marsella, no tiene ni idea de que todos sus movimientos están siendo grabados por agentes de los servicios de inteligencia alemanes. De que le observan cogiendo un taxi desde su hotel de Múnich el martes por la mañana hasta un barrio al este del río Isar. Allí, Abdelkrim resulta estar especialmente interesado en una calle donde viven algunos destacados residentes judíos que mantienen estrechos vínculos con Israel.

Krimo graba con detalle sus casas, y el acceso a ellas, con su smartphone. “Abdelkrim tenía constantemente su teléfono en la mano”, se lee en uno de los documentos de los servicios de inteligencia europeos e israelíes obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. Las fotos del informe muestran a Abdelkrim –barba negra, pelo rapado y una pequeña coleta negra– caminando por la calle con un teléfono móvil en la mano.

Dos semanas después, Abdelkrim S. y su esposa Sabrina son detenidos en Francia. Se les acusa de pertenecer a una organización terrorista.

Es más, los fiscales franceses creen que Abdelkrim, ayudado por su mujer, actuaba a las órdenes de Irán. Sospechan que ambos formaban parte de una célula terrorista de delincuentes comunes que preparaban asesinatos contra ciudadanos israelíes o miembros de la comunidad judía en Alemania y Francia. En un informe enviado a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa a principios de mayo, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo, explicaba que “la utilización de proxies [personas reclutadas por un servicio de inteligencia para llevar a cabo misiones que no desea ejecutar directamente] procedentes de la delincuencia organizada con fines operativos en suelo europeo es característica del terrorismo de Estado iraní”, con el objetivo de “golpear objetivos civiles y aumentar el sentimiento de inseguridad en el seno de la oposición y de la comunidad judía y/o israelí”.

Abdelkrim no llegó a atentar en Múnich, ni en Berlín, adonde también viajó, ni en París, donde los empleados de una empresa de seguridad israelí –que figuraba entre sus objetivos, según los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EIC– fueron alertados a tiempo.

Pero algunos de sus planes sí fueron ejecutados con éxito. Abdelkrim es sospechoso de estar detrás de cuatro ataques incendiarios contra empresas de propiedad israelí en el sur de Francia. El 28 de diciembre del año pasado, el incendio de una empresa de depuración de agua en Châteaurenard, tres días más tarde el de una empresa de lavado de camiones en Perpiñán, el 2 de enero un tercero en una empresa de regadíos en Toulouse y un día después otro más en una firma de software de Oytier-Saint-Oblas. No hubo víctimas en ninguno de los cuatro siniestros, pero los daños fueron cuantiosos.

Abdelkrim recibió órdenes de otro delincuente francés, Sedat K., actualmente en prisión preventiva. Ambos se conocieron en la cárcel de Bourg-en-Bresse, cerca de Lyon, donde habían coincidido en 2021. Krimo declaró a la fiscalía francesa que recibió 1.000 euros por las misiones de reconocimiento en Alemania. Según dijo, un amigo de Lyon que estaba con él en la cárcel le contó que había invertido en una empresa alemana y que le habían estafado: “Me pidió que fuera a hacer fotos y vídeos del lugar. No tenía que acercarme a la gente, nada. Sólo hacer fotos”. Las autoridades francesas sostienen que la célula terrorista iraní estaba dirigida por un narcotraficante de Lyon, Ümit Bülbül, que viaja con un pasaporte turco expedido bajo una identidad falsa. De origen kurdo, utilizaba tres números de teléfono iraníes y un número 06 holandés –un móvil–, según consta en los documentos analizados por EIC.

La revista alemana Focus publicó a finales de abril que las autoridades holandesas ya habían sido advertidas por el servicio secreto israelí Mossad sobre la amenaza de una célula iraní. Y fue ese artículo lo que llevó a las autoridades francesas a detener inmediatamente a Abdelkrim S., que era mencionado por Focus. Temían que huyera. Preguntado al respecto por NRC Handelsblad, también socio de EIC; el servicio de inteligencia holandés AIVD se limita a responer que no hace declaraciones sobre “el intercambio de inteligencia con otros servicios”. Tampoco ha querido comentar nada sobre el número 06 holandés supuestamente utilizado por Ümit Bülbül.

Sin embargo, la relación entre las redes criminales de los Países Bajos y el terrorismo iraní en Francia no es precisamente una novedad. Así lo demostró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras en Madrid el pasado 9 de noviembre. Un motorista le disparó a quemarropa en la cara mientras caminaba por la calle de Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. El político sobrevivió al ataque y, ya en la ambulancia, señaló a Irán como responsable. Precisamente con dinero de la oposición al régimen de los ayatolás, Vidal-Quadras cofundó Vox en 2013. Profesor de Física nuclear, ha impartido conferencias sobre la amenaza nuclear iraní y es miembro del lobby Amigos Europeos de Israel. Lleva décadas encabezando grupos de apoyo a los opositores iraníes.

“El 26 de octubre de 2022 el régimen iraní publicó una lista negra. Yo era el número uno, junto con varios diputados del Parlamento Europeo”, aseguró Vidal-Quadras en la primera rueda de prensa que dio tras el ataque, tres meses después. Su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, asegura a infoLibre que la investigación policial sobre el atentado “avanza”. “Aún quedan detenciones por hacer y hay varias comisiones rogatorias [enviadas a otros países] pendientes”, explica. En manos del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el sumario se encuentra aún bajo secreto judicial.

En efecto, la investigación ha dado resultados con gran rapidez. Hasta el momento siete son los detenidos por el ataque a Vidal-Quadras, el último hace sólo tres días. Los primeros, apenas dos semanas después del disparo en la calle.

Y todos ellos han ido apuntalando la conexión del atentado con Teherán. La penúltima detención fue el pasado junio en Haarlem, cerca de Amsterdam. El refugiado y activista iraní Siamak Tahmasbi vivía allí entonces. Ante sus decenas de miles de seguidores en las redes sociales, Tahmasbi critica ferozmente al régimen iraní. Uno de sus últimos vídeos de Instagram muestra el cuerpo mutilado de un hombre, al parecer miembro de una minoría étnica, que, según los activistas, fue torturado hasta la muerte por la policía iraní. “Son unos bárbaros”, dice Tahmasbi del actual régimen en Teherán. Ahora se encuentra bajo protección policial, viajando de refugio en refugio.

Pero, por teléfono, se muestra dispuesto a explicar cómo apenas ha pegado ojo en las últimas semanas, temiendo un atentado contra su vida. “Sabía que iban a enviar a alguien. Ya habían detenido a mi primo en Irán. A través de él supe después que tenía que dejar mi activismo o me matarían. También me llegaron muchas amenazas a través de las redes sociales”, detalla Tahmasbi. No obstante, cree que la cobertura mediática de su caso, y de las amenazas de Irán en general, podrían aumentar su seguridad.

El jueves 2 de mayo alguien entró por primera vez en su piso de Haarlem. “A través de una cámara, vi en mi teléfono cómo un hombre saltaba al balcón y abría la puerta de mi piso. Yo no estaba en casa y llamé inmediatamente a la policía. Cuando llegó un helicóptero de la policía, el ladrón se marchó”, cuenta Tahmasbi.

“Después de eso, me quedé mirando las grabaciones del circuito cerrado de televisión todas las noches para ver si había alguien en la puerta. Cuando por fin aparecieron dos hombres el 6 de junio, pulsé inmediatamente el botón de alarma”, recuerda. En cuestión de minutos, la policía que se encontraba cerca de su residencia detuvo a dos hombres armados. Uno era un colombiano de 27 años. Según Tahmasbi, se trataba del mismo hombre que irrumpió en su casa el 2 de mayo. Un portavoz de la fiscalía no ha querido confirmarlo en interés de la investigación.

El otro detenido era Mehrez Ayari, un tunecino de 38 años a quien los agentes consideran el autor del disparo que a punto estuvo de costarle la vida a Alejo Vidal-Quadras. La policía francesa llevaba tiempo buscándolo por el asesinato, por encargo de la Mocro Maffia –la organización criminal integrada por marroquíes de segunda generación en los Países Bajos y Bélgica– de un narcotraficante de cannabis en agosto de 2022 en el departamento de Valle del Oise, cerca de París.

El hermano de Mehrez ha sido el último detenido hasta el momento, el pasado día 2. La policía francesa lo arrestó en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por España. Se considera que participó directamente en la “planificación y logística del atentado”.

Por el intento de asalto en Haarlem también fue detenida también Chahinez K, una mujer de 27 años de Bolduque, la capital de la provincia holandesa de Brabante. En realidad, Chahinez K. ya había sido arrestada en abril por su implicación en el atentado contra Vidal-Quadras en virtud de otra orden internacional emitida por las autoridades españolas.

NRC Handelsblad sólo ha encontrado una página de Facebook anónima de Chahinez K., con una bandera palestina y el texto Estoy con Palestina en la foto de perfil. Según las explicaciones que las autoridades españolas han dado a las holandesas para pedir su extradición, Chahinez K. tomó un vuelo al sur de España para reunirse con su exnovio Sami Bekal Bounouare, alias Pacho, unas semanas antes del ataque a Vidal-Quadras. También lo acompañó luego a Madrid, informa Efe.

Este español de origen marroquí, que vivió mucho tiempo en Rotterdam, es considerado el cerebro del atentado contra el político español. Según publicó El País, abandonó España el día antes del intento de asesinato de Vidal-Quadras, pero había cruzado mensajes con Naraya Gómez Mala, otro de los implicados, converso al islam chií y detenido en Lanjarón (Granada) en noviembre junto con su novia, Sasha B., una ciudadana británica. Tanto Mehrez Ayari como Sami Bekal Bounouare y Chahinez K. se reunieron en Lanjarón para preparar allí el atentado. La policía española sigue buscando a Sami Bekal, que pudo huir a Marruecos.

Ante el tribunal de Ámsterdam, Chahinez K., a la que se acusa de “financiar” el atentado, declaró a finales de junio que había sido utilizada por su expareja. “No pertenezco al grupo de personas que realizan actos tan inhumanos y horribles. Y esa parte económica [prestó 250 euros a su ex y 250 más salieron de su cuenta bancaria a la de otro de los cómplices], si hubiera sabido cuál era su finalidad, nunca lo habría hecho”, declaró ante el juez. Cuando concluya la investigación en los Países Bajos sobre el intento de asalto a Siamak Tahmasbi en Haarlem, Chahinez K. será entregada a España. El tribunal de Ámsterdam también ha aprobado la extradición del resto de los sospechosos del caso detenidos en los Países Bajos.

Pero los objetivos de la célula terrorista eran mucho más amplios. Como se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso EIC, la DGSI francesa informó a la Fiscalía Nacional Antiterrorista en abril sobre una “amenaza de origen iraní que afecta a intereses israelíes”. En realidad, la contrainteligencia gala llevaba varios meses en el caso, tras ser alertada por el Mossad. A preguntas de EIC, el servicio de inteligencia israelí no ha querido confirmalo ni desmentirlo. Se limitó a responder que “existe un diálogo y una cooperación permanentes entre los servicios de inteligencia para eliminar amenazas”.

El pasado noviembre, Roy [nombre supuesto, el real no se revela para proteger su seguridad], antiguo asesor de una empresa de seguridad de Tel Aviv residente en Francia, fue advertido por las autoridades francesas de que una célula terrorista dirigida desde Irán planeaba atentar contra él. La DGSI explica en una nota que “en vista de la amenaza que pesa sobre su vida”, Roy ha sido “invitado en varias ocasiones a abandonar el territorio francés”, en noviembre y diciembre de 2023 y en abril de 2024. Su familia y él mismo han abandonado su domicilio en París y buscado alojamiento de alquiler en la capital francesa. Tres antiguos compañeros suyos de trabajo también estaban en el punto de mira de Teherán, según la DGSI.

El motivo del interés iraní en Roy no está claro: quizá porque trabajó durante 10 años para la embajada israelí en Francia, o porque se encargó de la seguridad de la línea aérea El Al en el aeropuerto de París, o por sus dos años de trabajo en la empresa privada de seguridad. Preguntado al respecto por Shomrim, socio israelí de EIC, el fundador y jefe de esa firma, además antiguo miembro del Shin Beth, el servicio de inteligencia interior de Israel, jura que no tenía “ni idea” de las amenazas que pesan sobre sus empleados. Y ningún funcionario francés le advirtió sobre ellas.

Los servicios de inteligencia franceses creen que, debido a “las medidas adoptadas para proteger a los objetivos” de este plan de asesinato, la célula terrorista pasó a otro tipo de acciones. A los cuatro incendios de empresas israelíes de finales de 2023. Cada uno de ellos se prendió en los días siguientes a las búsquedas de sus direcciones en internet que hizo Abdelkrim S. Pero el francoargelino no es más que un especialista en logística del crimen organizado. El jefe es Ümit Bübul. Los servicios de inteligencia europeos lo sitúan como el vínculo entre la delincuencia organizada y Al-Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, al cargo de sus operaciones exteriores. EIC ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto com Bübul para preguntarle por estas acusaciones. Como persona de contacto entre el kurdo y el argelino los investigadores sitúan a Sedat K., el compañero de prisión de Abdelkrim y lugarteniente en las operaciones de tráfico de drogas de Bübul. Encarcelado en la prisión de Saint-Quentin-Fallavier, se le encontró un móvil entre cuyos contactos de Facebook Messenger apareció Ümit Bübul y Abdelkrim en los de Telegram. Pero no había mensajes entre ellos y Sedat K. no ha sido acusado.

Los documentos consultados por EIC también revelan que Abdelkrim no tiene precisamente el perfil de un asesino a sueldo. En la comisaría de Nimes, cuando fue detenido, sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladado al hospital. “Soy claustrofóbico y tengo ataques de pánico cuando estoy encerrado. Los tengo desde que estuve en la cárcel”, explicó.

“¿Hezbolá? Eso es una enfermedad, ¿no?”, respondió a los policías cuando le preguntaron por la milicia chií libanesa. ¿Los ataques con drones de Irán contra Israel? “No sabía nada de eso. ¿Salió en la tele?”. También dijo que, cuando la policía le notificó los delitos de los que se le acusaba, se echó “a temblar”: “Me llaman ‘terrorista’. Es un gran problema. Es una palabra que da miedo”. Y, ante una pregunta inofensiva, el hombre acusado de planear asesinatos se preocupa: “No se lo dirá a mi mujer, ¿verdad?”.

En una sala contigua, su mujer, Sabrina, se entera por los investigadores de que el padre de sus hijos aprovechó un viaje a Berlín en febrero, supuestamente por San Valentín, para visitar el lugar de trabajo de una figura influyente de la comunidad judía. La embarazada enrojece de ira. “Si trajo a su familia para hacer esto, es repugnante. Fue un regalo envenenado. Me manipuló, sabía exactamente lo que hacía. Y yo le seguí la corriente como una idiota...”. Al mismo tiempo, le cuesta imaginar que su marido esté implicado en estos planes terroristas. “Abdelkrim nunca ha apoyado a Palestina, no le importa”.

Mediapart ha preguntado a una de las abogadas de Abdelkrim, Margaux van der Have, por las acusaciones contra su defendido. “Mi cliente se encuentra en un caso cuya gravedad va descubriendo a medida que se le presentan los elementos de la investigación”. “La falta de identificación y/o detención de los autores intelectuales o asesinos de la célula terrorista descrita por la Fiscalía Nacional Antiterrorista obliga a mi cliente a ponerse un traje demasiado grande para su papel y los objetivos criminales presuntamente establecidos”, insiste su abogada.

Por su parte, Camilla Quendolo y Melody Blanc, abogadas de Sabrina, señalan que su cliente “ha negado constante y firmemente haber participado en modo alguno en los actos que se le imputan, ni tener conocimiento de ellos”. La mujer “es desconocida para las autoridades policiales y judiciales, y no ha sido radicalizada”, subrayan.

El uso de delincuentes comunes para atacar objetivos en Europa no es una práctica iraní reciente. “Hasta los años 90, eran comandos de la Guardia Revolucionaria los que atentaban contra opositores al régimen, pero desde el asesinato de cuatro disidentes kurdos en el restaurante Mikonos en Berlín, en 1992, utilizan sicarios contratados”, asegura a infoLibre Alejo Vidal-Quadras. Cuatro años después, el Tribunal Supremo alemán ordenó la captura de Alí Fallahian, ministro encargado de los servicios secretos de Irán, por su presunta implicación en el ataque. La justicia alemana, por tanto, apuntaba directamente al Gobierno de Teherán.

Desde entonces, se han sucedido los encargos iraníes al crimen organizado europeo. En diciembre de 2015, Mohamed Reza Kolahi Samadi fue asesinado en la localidad holandesa de Almere. Más tarde se supo que había sido condenado a muerte en Irán por un atentado perpetrado en Teherán en 1981 en el que murieron decenas de altos cargos del Partido de la República Islámica. El jefe de la Mocro Maffia Naoual F. fue condenado a 23 años de prisión en 2022 por el asesinato.

Cuando otro opositor al régimen iraní fue asesinado en La Haya en 2017, los servicios de inteligencia holandeses tardaron dos años en identificar a Irán como responsable. El servicio de inteligencia dijo entonces que tenía “fuertes indicios” de que Irán estaba detrás de esos crímenes. El entonces jefe de la AIVD y actual primer ministro, Dick Schoof, fue más categórico. En 2019 hablaba sin ambages de “la implicación de Irán en los asesinatos”.

El pasado diciembre, un tribunal alemán dictaminó que Irán estaba detrás de un plan para atacar una sinagoga en Alemania. La orden procedía supuestamente de Ramin Yektaparast, un criminal germano-iraní, miembro de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach, que se había refugiado en Teherán tras ser acusado de un brutal asesinato en una pugna entre bandas. En Irán, según Der Spiegel, llevó una vida de lujo hasta su muerte esta pasada primavera. Posaba en internet delante de un Mercedes clase G y presumía de músculos en la piscina, con un tatuaje de un mapa de Irán en el pecho y otro de una esvástica en el brazo. A cambio de tanta hospitalidad, Yektaparast, organizó un ataque con cócteles molotov contra una escuela de Bochum, en el land de Renania del Norte-Westfalia, en noviembre de 2022. El objetivo, en realidad, parece que era la sinagoga de al lado. Esa misma noche alguien disparó contra la casa de un rabino en Essen, a sólo 16 kilómetros de Bochum.

En Suecia, los servicios de inteligencia locales acusaron a Irán el pasado mes de mayo de utilizar redes criminales locales para atentar contra objetivos judíos e israelíes. En enero alguien había lanzado una granada de mano contra la Embajada israelí en Estocolmo. En mayo también hubo disparos cerca de la legacion diplomática.

Según los expertos, Irán ha intensificado estas tácticas tras la condena en 2021 del diplomático iraní Assadollah Assadi en Amberes (Bélgica). Assadi trabajaba en la Embajada iraní en Viena. En 2018, fue sorprendido entregando una bolsa de explosivos a una pareja belga de origen iraní en un Pizza Hut de Luxemburgo. El objetivo era una reunión de decenas de miles de partidarios de la oposición iraní en París en 2018. Assadi fue condenado a 20 años de prisión, pero en 2023 fue canjeado por el trabajador de una ONG belga Olivier Vandecasteele, que había sido detenido en Irán en 2022 por un supuesto delito de espionaje que le valió una condena de 40 años de prisión y 74 latigazos.

“Las acusaciones de que Irán está implicado en orquestar o apoyar cualquier ataque en los Países Bajos o en cualquier otro lugar de Europa son totalmente infundadas y absurdas”, ha contestado la Embajada de Irán en Países Bajos a preguntas de NRC Handelsblad. Según destacan, las afirmaciones que se hacen contra Irán “no son más que parte de una campaña deliberada de desinformación destinada a socavar las relaciones entre Irán y las naciones europeas”.

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Ilustración: ©Photo montage Justine Vernier/Mediapart

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Ganar dinero mientras se ayuda a salvar el planeta. Eso es lo que prometen a los ahorradores los bancos que comercializan los llamados fondos de inversión verdes o ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Pero estos fondos supuestamente sostenibles siguen invirtiendo decenas de miles de millones de euros en los mayores emisores de CO2 del mundo. Estas son las conclusiones de una investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres.

Este engaño perfectamente legal es posible gracias a la laxa normativa de la Unión Europea sobre financiación sostenible. Concebida en un principio para reorientar cientos de miles de millones de euros del ahorro europeo hacia la transición climática, en realidad fomenta el greenwashing, el ecopostureo, o las falsas promesas.

Son los bancos y los gestores de fondos quienes deciden dónde colocar el dinero que les confían sus clientes, tanto particulares como inversores institucionales, deseosos de hacer una inversión rentable.

EIC ha analizado las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.342 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura.

Estos fondos, teóricamente ecológicos, han invertido sin embargo 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en una muestra de 200 empresas ultracontaminantes. Y al hacerlo han contribuido a la emisión de cantidades masivas de dióxido de carbono.

Es más, los fondos verdes han invertido 33.000 millones de dólares en las 25 petroleras más perjudiciales para el clima –la francesa TotalEnergies, la italiana ENI, la angloholandesa Shell–, lo que hace a estos fondos supuestamente sostenibles corresponsables de la emisión de 110 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a una cuarta parte de las emisiones anuales de Francia.

También han financiado con 20.000 millones de dólares a los mayores emisores de dióxido de carbono de la industria automovilística –Toyota, Stellantis, Mercedes Benz, General Motors–, 14.000 millones en la industria de la moda, 9.000 millones en la industria aeroespacial e incluso 623 millones de dólares en el sector del carbón, la fuente de energía menos respetuoso con el clima.

TotalEnergies es el mayor beneficiario de este mecanismo de financiación, con 10.000 millones de dólares invertidos por fondos verdes. Al mismo tiempo, el campeón francés del petróleo y el gas está desarrollando nuevos yacimientos gigantescos que son totalmente incompatibles con el Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

En otras empresas las inversiones verdes alcanzan los 5.000 millones de dólares en Stellantis –que controla Peugeot y Citroën–, 3.000 millones de en Airbus, 2.000 millones en el fabricante de motores aeronáuticos Safran, 192 millones de euros en Dassault Aviation –fabricante de jets privados especialmente respetuosos con el aire acondicionado– y 611 millones en ArcelorMittal, la empresa que más CO2 emite en Francia.

Los fondos verdes también han inyectado 5.266 millones de dólares en Inditex, el grupo de moda que emite más dióxido de carbono; 641 millones en el grupo suizo Glencore, que es el primer productor mundial de carbón; 2.800 millones en el gigante minero Rio Tinto, e incluso 265 millones en la petrolera saudí Saudi Aramco, la mayor emisora de dióxido de carbono del mundo.

La mayoría de las grandes instituciones financieras están implicadas en este ecopostureo. Los tres mayores gestores de activos implicados son el estadounidense BlackRock –número uno mundial–, el alemán Deutsche Bank y el francés Crédit Agricole/Amundi, cada uno con más de 5.000 millones de dólares invertidos en algunas de las 200 empresas supercontaminantes.

Contactados los tres mayores inversores de la clasificación de EIC, han rechazado comentar estos datos. BlackRock responde que sus fondos verdes tienen una metodología “transparente” y “cumplen la normativa europea”. Amundi se limita a indicar que cumple “toda la normativa aplicable”. Pero detrás de ellos hay otros gestores internacionalmente reconocidos: Intensa Sanpaolo Eurizon Capital, Fidelity International, JP Morgan Asset Management, Northern Trust, Templeton y Allianz. Esta decena de gestores son responsables de más de una cuarta parte –23.000 millones de dólares– de las inversiones de los fondos verdes regulados por la UE en los 25 mayores emisores de gases de efecto invernadero de cada uno de los ocho sectores analizados. A su vez, esas 200 empresas son, de media, responsables del 77% de las emisiones de sus respectivos sectores.

A pesar de producir alrededor de 15.600 millones de toneladas de carbono al año entre 2017 y 2023 –cinco veces las emisiones de los 27 Estados miembros de la UE en 2022–, siguen atrayendo miles de millones de dólares en inversiones verdes. de activos.

Estas inversiones confirman el fracaso de la normativa europea SFDR –Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles–, que entró en vigor en 2021 como parte del Pacto Verde, diseñado para hacer de la UE una zona climáticamente neutra en 2050.

Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Son la inmensa mayoría de los que se comercializan: representan el 98% de las inversiones realizadas en la muestra de 200 empresas con elevadas emisiones de CO2.

Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles. Sin embargo, invirtieron 2.000 millones de euros en el Top 200 de empresas más contaminantes.

La normativa es tan vaga que ha sido criticada por ONG, algunos reguladores nacionales e incluso parte del propio sector financiero. La Comisión Europea se ha negado a definir lo que constituye una inversión sostenible. Y no prohíbe formalmente ninguna inversión, ni siquiera en sectores ultraperjudiciales para el clima como el petróleo, el acero o el cemento. De hecho, la mayoría de los fondos se limitan a excluir el carbón, el tabaco y las armas “controvertidas”.

En un vitriólico texto publicado en 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el regulador francés equivalente a la CNMV en España, afirmaba que “es vital, para reducir el greenwashing, que la Comisión Europea endurezca las normas”. “Abogamos por unas normas mínimas y por una regulación que defina claramente lo que constituye una inversión sostenible”, apunta Philippe Sourlas, secretario general adjunto responsable de la División de Gestión de Activos de la AMF.

Mientras tanto, reina la autorregulación. Los banqueros son libres de establecer su propia metodología, siempre que puedan justificarla. Como era de esperar, la mayoría no son muy ambiciosos. “La ecologización de las finanzas es extremadamente superficial, porque la prioridad tanto del sector como de los ahorradores es el rendimiento financiero. Los fondos verdaderamente ecológicos tendrían potencialmente un rendimiento inferior, por lo que serían poco comercializables”, explica Julien Lefournier, antiguo agente de bolsa y coautor del libro L'illusion de la finance verte (El espejismo de las finanzas verdes).

Los gestores de los fondos cuentan con múltiples trucos para limitar las restricciones ecológicas, cumpliendo al mismo tiempo las normas europeas. Las empresas se seleccionan en función de calificaciones ASG establecidas internamente o por agencias especializadas. Sin embargo, las emisiones sólo representan una pequeña parte de la tríada, por lo que es posible invertir en empresas que contaminan pero tienen buenas calificaciones sociales y de gobernanza.

Además, la mayoría de las calificaciones sólo tienen en cuenta las emisiones directas de la empresa, no las de sus productos que fabrican –conocidas como emisiones de alcance 3–. Por ejemplo, la agencia de calificación MSCI considera que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque no tiene en cuenta las emisiones procedentes de la combustión de petróleo y el gas producidos por la empresa francesa.

Otro problema es que las calificaciones no tienen en cuenta las emisiones brutas de CO2, sino la “intensidad de carbono”; es decir, las emisiones divididas por el volumen de negocio. Este indicador permite así no excluir a los mayores contaminadores y revisar a la baja los objetivos. Por ejemplo, si Airbus consume menos energía para fabricar cada avión, pero sigue fabricando más aviones, esto puede traducirse en un aumento de sus emisiones. Y el Acuerdo de París exige una reducción global de las emisiones, especialmente de los mayores contaminantes.

Para seleccionar las empresas de su cartera de inversiones, la mayoría de los fondos se limitan a excluir las “manzanas podridas” peor valoradas de cada sector, a menudo sólo entre el 10% y el 30% de las existentes. “Los índices ASG sólo parecen excluir del 2% al 3% del universo de inversión”, subraya Philippe Sourlas, de la AMF. En una recomendación actualizada en diciembre de 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros considera que un fondo puede anunciar los beneficios medioambientales de sus inversiones si excluye al menos al 20% de las empresas. Lo que equivale a considerar arbitrariamente verdes al 80% de las empresas de cada sector, con el pretexto de que son las menos malas.

La explotación con fines lucrativos de este sistema de regulación débil permite etiquetar como verdes estos flujos de inversión en empresas contaminantes a al menos 738 instituciones financieras de todo el mundo, incluidas las radicadas en Francia, Alemania e Italia, así como en el Reino Unido, EE UU y Hong Kong. Muchos de estos fondos están registrados en paraísos fiscales como Luxemburgo e Irlanda, que albergan el 61% del mercado financiero verde de la UE, es decir, 53.000 millones de dólares.

En su defensa, los gestores de los fondos argumentan que se debe seguir apoyando a las empresas con mayores emisiones para ayudarles a financiar la transición hacia energías más limpias. “La transición energética sólo se producirá si cambian todos los actores económicos. Por tanto, Amundi tiene el deber de apoyar y fomentar la transformación de todas las empresas y sectores”, replica Amundi, la rama de gestión de activos de Crédit Agricole.

La idea de que los fondos pueden calificarse de ecológicos afirmando que están en transición puede ser errónea. La mayoría de ellos invierten en empresas emisoras de CO2 y no hay condiciones para la descarbonización hasta 2025. Entonces, las compañías deberán publicar sus planes de transición en virtud de la nueva Directiva sobre Divulgación de la Sostenibilidad Empresarial (CSRD). De forma que, en la actualidad, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones genéricas en empresas emisoras de carbono, sin objetivos de descarbonización.

El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que su Cuota de Transición Climática de la Cartera incluye a tres grandes emisores de carbono. Se trata de Total Energies –una de las petroleras vinculadas al 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono–, Glencore –la mayor empresa minera de carbón del mundo– y la alemana RWE –el mayor proveedor de energía de carbón de Europa y número uno en emisiones de CO2–. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar”del SFDR.

“Yo no excluiría de los fondos verdes a los grandes contaminadores, a los que, a través de esas inversiones, se debería animar a reducir sus emisiones”, señaló a Voxeurop Richard Heede, cofundador y director del Climate Accountability Institute. “Pero las inversiones que no obligan a las empresas a cumplir sus compromisos climáticos no son útiles”.

Sólo una minoría de estas empresas ha visto validados sus planes de reducción de CO2 por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTI), una colaboración entre el Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza que reúne a más de un millar de empresas para establecer un objetivo climático basado en la ciencia.

Las empresas pioneras en este ámbito tienen dificultades para cumplir sus promesas. “Si nos fijamos sólo en las emisiones, casi todas las empresas que calificamos no cumplen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Las mejores están ligeramente por debajo de los dos grados”, advierte Axel Pierron, director asociado de la agencia de calificación Morningstar Sustainanalytics.

A pesar de estas normas mínimas, a partir de finales de 2022 la mayoría de los gestores decidieron rebajar la categoría de sus fondos más ambiciosos del Artículo 9 al Artículo 8 para evitar mayores costes de compliance y tener más margen para apoyar a los grandes emisores de dióxido de carbono.

El problema es que estos fondos verde claro, sujetos a requisitos minímos, suelen venderse con nombres demasiado verdes, que contienen las expresiones “ASG”, “convicción”, “bajas emisiones de carbono” o “alineados con el Acuerdo de París”, que se utilizan para atraer a los ahorradores pese que sólo una parte del dinero financia actividades beneficiosas para el medio ambiente y la sociedad, reservando el resto para los grandes emisores de CO2. La investigación de EIC revela que el 20% de estos fondos llevan nombres verdes; hasta el 54% en el caso de los fondos del artículo 9. “Los consumidores no tienen ninguna posibilidad de orientarse en este laberinto”, lamenta el ex agente de bolsa Julien Lefournier.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) abordó el problema publicando unas recomendaciones el pasado 14 de mayo. En ellas se estipula que, a partir de mediados de 2025, los fondos que proclamen el impacto medioambiental en su nombre tendrán que hacer un 80% de inversiones sostenibles y dejar de invertir en empresas demasiado vinculadas a los hidrocarburos –petróleo, gas, combustibles fósiles–.

El problema es que estas normas son voluntarias: cada país europeo decidirá este otoño si las aplica o no. Como muestra del alcance del ecopostureo, un reciente estudio de Morningstar destaca que dos tercios de los fondos verdes se verían obligados a cambiar de nombre o a vender activos demasiado contaminantes por valor de 40.000 millones de dólares si las normas de la ESMA se aplicaran en todos los países. Hasta ahora, sólo 45 fondos están alineados con el Acuerdo de París, lo que equivale a un pobre 0,5% de las inversiones.

Para Lara Cuvelier, de la ONG Reclaim Finance, Bruselas debe ir más allá y endurecer la normativa. “Hay que garantizar a los inversores que los fondos que proclaman un beneficio medioambiental no pueden hacer inversiones que socaven los objetivos climáticos de la Unión Europea”, sostiene.

Todo dependerá de la valentía política de la nueva Comisión Europea, que se constituirá el mes que viene. Pero dada la correlación de fuerzas en las últimas elecciones europeas, marcadas por el ascenso de la extrema derecha y la caída del número de eurodiputados ecologistas, la batalla por unas finanzas más verdes queda lejos de estar ganada.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

Stefano Valentino es Bertha Challenge Fellow 2024

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Tres periodistas del periódico italiano Domani, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), se enfrentan a una condena de nueve años de cárcel, por presuntamente haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público. Al menos ésa es la acusación de la Fiscalía de Perugia contra Giovanni Tizian, Nello Trocchia y Stefano Vergine, que publicaron el conflicto de interés del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto: cobró 2,3 millones de euros de la industria de armamento por trabajos de consultoría entre 2018 y 2021, de los que 1,8 millones fueron pagados por Leonardo. Además del tercer grupo industrial de defensa de Europa por facturación, Leonardo uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa italiano. El Estado posee el 30% de sus acciones.

Desde 2014, según publicó Domani, Crosseto –uno de los fundadores de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni– fue asesor de Leonardo, el mismo año en que asumió la presidencia de AIAD, la patronal italiana del sector. Además, en 2021 creó con su mujer y su hijo una firma de lobby armamentístico, Csc & Partners.

El ministro no ha negado nunca estos datos, pero en octubre de 2022, cuando se publicó la noticia, anunció una demanda por difamación que nunca llegó a presentar. Crosetto explicó que había asesorado a Leonardo “como presidente de la AIAD”. “No tenía una oficina en Leonardo y no respondía ante nadie en Leonardo”, aseguró al periódico. La ley italiana establece ciertos límites a las puertas giratorias, pero en la práctica no prohíbe a los empresarios o directivos ocupar cargos donde toman decisiones que afectan a sus antiguos contratadores.

“En estos nueve años he viajado por todo el mundo con los ministros de Defensa para vender nuestros productos en el extranjero, pero sólo como presidente de la AIAD. Nunca he vendido los productos de Leonardo al Estado italiano. Y como ministro de la República no me ocuparé directamente de las compras, porque las hacen los militares”, fue la respuesta que dio Crosetto cuando Domani el preguntó sobre las licitaciones multimillonarias que convoca su ministerio y a las que concurre Leonardo.

En lugar de la demanda por difamación, el ministro presentó una denuncia que la Fiscalía de Perugia ha convertido en una investigación contra los periodistas por revelación de secretos: no sólo por haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público, sino también por haber violado su confidencialidad publicando la información contenida en decenas de documentos judiciales. Según el escrito de acusación, los periodistas recibieron también documentos sobre empresarios, miembros de organizaciones delictivas y políticos, entre ellos Guido Crosetto. Hay 15 personas investigadas. No sólo los tres periodistas de Domani. También un funcionario de la Policía Financiera, Pasquale Striano, a quien se acusa de haber facilitado los documentos a los redactores, y su jefe, el fiscal Antonio Naudati. Se ha convertido en un caso nacional. Y la primera ministra Meloni ha declarado que el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa.

Irónicamente, Perugia es la ciudad donde se celebra desde hace 18 años el Festival Internacional de Periodismo, que estos días de abril acaba de reunir a 600 profesionales de todo el mundo para debatir los problemas y amenazas que se ciernen sobre los informadores en un momento de especial agitación política.

Además, el Parlamento Europeo ha aprobado hace sólo un mes la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que pretende reforzar la protección de las fuentes periodísticas y regular estrictamente la posibilidad de que los tribunales las investiguen. Sólo se podrá hacer en un número limitado de delitos y por una “autoridad decisoria independiente e imparcial”. La decisión de la Fiscalía de Perugia podría ser, por tanto, una vulneración de la letra de esta recién estrenada ley europea.

También es un intento de “criminalizar el periodismo”, advierte Domani, que ha lanzado una campaña internacional de apoyo a sus reporteros. Sindicatos de periodistas como la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, y organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Media Freedom Rapid Response, el Instituto Internacional de Prensa, ARTICLE 19 Europa y OBC Transeuropa, además de EIC, ya se han unido a ella. En España, lo han hecho también, además de infoLibre, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y elDiario.es.

No es la primera vez que miembros del actual Gobierno italiano actúan contra Domani y otros medios de comunicación italianos: las conocidas como SLAPP –como se conocen en inglés los pleitos estratégicos pensados para silenciar e intimidar a periodistas, activistas o víctimas ante la presión jurídica y el elevado coste de su defensa legal–, demandas por daños y perjuicios e intimidaciones son cada vez más frecuentes en Italia, destaca el periódico.

“Si el poder ejecutivo pide al poder judicial que busque las fuentes de los artículos inoportunos sobre el Gobierno, y si luego el poder judicial persigue no sólo a las fuentes sino también a los periodistas, que hoy se arriesgan hasta a nueve años de cárcel, el riesgo concreto es que en Italia muera la libertad de prensa”, alerta el redactor jefe de Domani, Emiliano Fittipaldi.

De hecho, no dejan de aumentar los intentos del Gobierno italiano de limitar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ejemplo, el escritor Antonio Scurati acaba de ser censurado por la RAI, la televisión pública. Scurati tenía un acuerdo con la cadena para pronunciar un discurso sobre el fascismo, recordando la liberación de Italia de Mussolini, que se conmemora el próximo jueves. El discurso ha sido cancelado: según una nota interna, “por motivos editoriales”; según la presentadora del programa donde el escritor iba a leer su texto, porque pedía 1.800 euros a cambio. El texto será leído en varias plazas y teatros de Italia el próximo día 25.

Además, la Comisión de Supervisión de la RAI acaba de aprobar una enmienda al reglamento de la televisión pública, presentada por Hermanos de Italia, la Lega de Matteo Salvini y Noi Moderati, que permitirá a los miembros del Gobierno hablar sin limitación de tiempo y sin repreguntas en los espacios informativos de la próxima campaña a las elecciones europeas del mes de junio.

Hace una semana, Gianni Berrino, senador de partido de Meloni, propuso aumentar la pena por difamación hasta cuatro años y medio de cárcel. Ahora la pena es de un año. Y para rematar, una enmienda de los centristas de Azione a la Ley de Ciberseguridad prevé también aumentar la pena –hasta tres años de cárcel– para los periodistas que publiquen informaciones obtenidas mediante pirateo informático, escuchas telefónicas o violando el secreto de una investigación.

El periodismo de investigación, y la libertad de prensa, en general, corren grave riesgo “si se impide el acceso a fuentes que filtren información secreta y si se dificulta la verificación de las noticias". "Entonces, es el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre noticias de interés público que el poder político y económico trata de ocultar el que terminará dañado”, advierte Domani en la carta en la que pide apoyo frente a las amenazas contra la libertad de expresión.

Uno de los periodistas acusados, Giovanni Tizian, alerta ante el “peligroso precedente” que puede sentar la acusación de la fiscalía si los jueces le dan la razón. “A partir de ahora, todos los ministros y políticos podrán dirigirse a las autoridades judiciales y pedir que se identifiquen las fuentes de los periodistas. Si se adopta este principio, el periodismo de investigación estará muerto”. Tizian pone el foco en Meloni: “No es sorprendente que todo esto ocurra en un momento histórico en el que gobierna Italia un partido de extrema derecha heredero de la cultura nostálgica de los 20 años gobernados por Mussolini”.

La acusación también se convierte en un aviso a navegantes, sostiene Stefano Vergine. “La decisión de perseguir a las fuentes de los periodistas es una advertencia dirigida a todos los periodistas italianos y a todas sus fuentes. El mensaje es claro: si estás dispuesto a revelar información confidencial, esto es lo que puede pasar”. Pero tiene consecuencias a más largo plazo y más allá del periodismo, apunta Nello Trocchia, el tercer periodista encausado: “Un país democrático que decide dejar en la sombra las noticias inoportunas para el poder político es un país débil y precario”.

La Justicia rodea a los espías de Emiratos Árabes Unidos. Según informaciones de la agencia AFP, Mediapart y la radio televisión suiza RTS, fiscales franceses y suizos han abierto tres investigaciones judiciales contra la agencia de inteligencia privada Alp Services, con sede en Ginebra, sospechosa de llevar a cabo operaciones clandestinas en Europa por cuenta de los servicios secretos de los Emiratos.

Estos procedimientos judiciales, que se refieren en particular a una supuesta elaboración de perfiles ilegal, espionaje por cuenta de una potencia extranjera, difamación y blanqueo de dinero, se basan en las revelaciones de los Abu Dhabi Secrets, publicadas entre marzo y julio de 2023 por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, gracias a miles de documentos filtrados de Alp Services y obtenidos por Mediapart, socio de EIC al igual que RTS.

A las denuncias en Francia y Suiza se añaden otras dos en Estados Unidos, una contra Alp Services y el profesor de la Universidad George Washington Lorenzo Vidino y otra contra el mismísimo Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, la empresa suiza desplegó durante años todos sus recursos para perjudicar a los enemigos de los Emiratos, en concreto Qatar y los Hermanos Musulmanes: investigaciones dirigidas contra el Elíseo y la Unión Europea, operaciones de influencia y campañas de desprestigio mediante artículos falsos y la manipulación de ciertos medios de comunicación, donde Alp disponía de una red de periodistas a sueldo. En España, fue Okdiario el medio que publicó hasta seis reportajes escritos por la agencia de detectives suiza.

Las investigaciones judiciales apuntan personalmente al emblemático y controvertido jefe de Alp Services, Mario Brero, de 77 años, condenado en Francia por haber intervenido en el escándalo del grupo nuclear francés Areva, y colaborador de Alexandre Benalla, antiguo consejero y guardaespaldas de Emmanuel Macron.

Según las informaciones de Mediapart, que confirman las de AFP, en el otoño de 2023 la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Alp, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de la Policía Judicial de París, a raíz de una denuncia presentada por la periodista, escritora y cineasta francesa Rokhaya Diallo, por recogida, tratamiento y comunicación ilícitos de datos personales.

Diallo, conocida por su activismo antirracista y feminista, es una de las víctimas de la operación ilegal de recogida de datos a gran escala revelada por los Abu Dhabi Secrets. Alp facilitó a las autoridades emiratíes los nombres de más de 1.000 europeos presuntamente vinculados a los Hermanos Musulmanes, entre ellos 160 españoles y más de 200 residentes en Francia, acusados de formar “una red de tipo mafioso continental”.

Sin embargo, muchas de las personas que figuraban en la lista no tienen ninguna relación con la Hermandad: el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, el periodista y activista Taha Bouhafs y un periodista de Mediapart son algunos de ellos. En España fueron falsamente señalados sin pruebas como islamistas radicales políticos, feministas, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Pero en los numerosos mapas de relaciones enviados por Alp Services a la autocracia del Golfo llegaban a aparecer hasta el narcotraficante Marcial Dorado, el expresidente madrileño Ignacio González o el exconseller valenciano Rafael Blasco, ambos del PP.

Un señalamiento que se convierte en problemático por cuanto que los Hermanos Musulmanes están clasificados como organización terrorista por los Emiratos Árabes Unidos.

De forma que, al asociar falsamente a Rokhaya Diallo con los Hermanos Musulmanes, Alp le ha causado “un daño considerable a su reputación y está fomentando su acoso”, explica su abogado, Vincent Brengarth.

El pasado 15 de enero, Mediapart y su periodista presentaron una denuncia ante la Fiscalía de París por los mismos delitos. “Uno de nuestros periodistas ha sido identificado erróneamente como informador de los Hermanos Musulmanes por la agencia Alp Services y, al hacerlo, ha sido entregado a los servicios secretos emiratíes. Este expediente atenta indebidamente contra su seguridad y su reputación, así como contra las del periódico”, declara Carine Fouteau, presidenta de Mediapart.

En apoyo de su denuncia, el digital francés ha proporcionado a los tribunales un documento interno de Alp Services en el que se enumeran los ciudadanos franceses cuyos nombres fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, así como una foto que prueba que Alp presentó infografías similares a su agente emiratí, el jeque Matar.

Los investigadores de la Brigada de Represión de la Delincuencia se pusieron en contacto con Mediapart, pero aún no han sido citados a declarar. “En principio, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para ayudar a descubrir la verdad y evitar que se repitan este tipo de actos, sea cual sea el país”, asegura Carine Fouteau.

La investigación judicial es muy delicada, dada la luna de miel política y económica entre París y Abu Dabi, cimentada por la venta de armas y la determinación compartida de luchar contra el islamismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene una estrecha relación personal con su homólogo emiratí, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Casualmente, otra presunta víctima de Alp Services, Sihem Souid, portavoz catarí en Francia y Bélgica, ha tenido grandes dificultades para llevar su caso ante los tribunales. Mediapart y The New Yorker revelaron que Alp la había estado vigilando, tomando fotos de su domicilio y luego la había puesto en el punto de mira como parte de una operación bautizada como Constelación y diseñada para desprestigiar a los contactos de Qatar en Bruselas.

Sihem Souhid presentó una denuncia ante la Fiscalía de París el 30 de marzo de 2023, pero fue desestimada sólo 13 días después por “falta de pruebas suficientes para constituir una infracción”. Contactada al respecto la Fiscalía, no ha proporcionado una respuesta.

El 25 de abril, Sihem presentó una segunda denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Créteil, una ciudad del departamento de Val-de-Marne, próxima a París. Pese a cursar dos requerimientos, no tuvo éxito. El 2 de octubre, presentó una tercera denuncia, de carácter civil, para que se abriera una investigación judicial, confiada a un juez de instrucción independiente. Gracias a esta acción, el fiscal abrió finalmente una investigación preliminar el 30 de octubre de 2023 por allanamiento de morada, robo y violación del secreto o supresión de correspondencia, según la Fiscalía de Créteil.

Además, Mario Brero está siendo investigado en su propio país. El 5 de diciembre de 2023, la Fiscalía Federal suiza (MPC) reunió en una sola investigación varios procedimientos abiertos basados en los Abu Dhabi Secrets. Alp Services, Mario Brero y su socia, Muriel Cavin, son sospechosos de haber cometido seis delitos, según un documento judicial obtenido por RTS.

Una primera tanda de procedimientos, por espionaje, actividades ilegales a favor de un Estado extranjero, calumnias e injurias, se inició a raíz de tres denuncias. Una de ellas fue presentada por la ministra belga de Medio Ambiente, Zakia Khattabi, miembro del partido Écolo, que fue erróneamente incluida en la lista de personas próximas a los Hermanos Musulmanes en el marco de la operación que también se investiga en París.

El segundo denunciante, el islamólogo Tariq Ramadan –que también está procesado por violación en Francia, pero fue absuelto del mismo delito en Suiza–, declinó explicar a EIC de qué acusa a Alp Services. Se desconoce quién presentó la tercera denuncia.

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo también ha denunciado a Alp ante la MPC por incumplimiento de la obligación de declarar una actividad: la legislación suiza exige que las agencias de inteligencia privadas declaren que trabajan para un Estado extranjero, cosa que Alp no hizo.

Por último, la MPC también ha procesado a la agencia de Mario Brero por blanqueo de capitales, como consecuencia de un chivatazo de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) suiza. La Policía Federal, de la que depende la MROS, declinó hacer comentarios. Pero la investigación de EIC reveló que Alp Services fue pagada por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que servía de tapadera a los servicios secretos. Resulta que Mario Brero y Muriel Cavin también tenían un contrato de trabajo ficticio con Al Ariaf: los directores de Alp, con sede en Ginebra, estaban empleados oficialmente como “documentalistas” en Abu Dabi.

Cuando se contactó con ellos a través de sus abogados, Mario Brero y Muriel Cavin no respondieron.

Farid Hafez, politólogo austriaco de la Universidad de Salzburgo, fue una de las víctimas de la Operación Luxor, una gigantesca investigación policial llevada a cabo en noviembre de 2020 por el Gobierno austriaco. Hafez se encontró entre las treinta personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo y el islamismo radical. Al final, sin embargo, no se presentaron cargos contra ninguna de ellas, y la operación se consideró ilegal en 2021. Traumatizado, Farid Hafez abandonó Austria para instalarse en Estados Unidos.

La Operación Luxor se basó en parte en un informe del académico Lorenzo Vidino, especialista en islamismo radical y profesor en la Universidad George Washington que, según reveló investigación de los Abu Dhabi Secrets, fue pagado por Alp Services como parte del trabajo que hizo para los Emiratos. Un detalle inquietante: los correos electrónicos enviados por Mario Brero a su controlador emiratí, revelados por la revista austriaca Profil, sugieren que el jefe de Alp conocía la Operación Luxor dos meses antes de que se pusiera en marcha.

En su denuncia, Farid Hafez acusa a Alp y a Vidino de ser responsables de la campaña de difamación contra él que condujo a su detención, al presentarle falsamente como un islamista próximo a los Hermanos Musulmanes. Lorenzo Vidino reconoció a EIC que había facilitado información a Alp Services, pero afirmó que desconocía la identidad del cliente de la agencia. El académico es miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano desde 2020.

A finales de marzo, Hafez, presentó una denuncia en Washington contra Alp y contra Lorenzo Vidino.

Finalmente, en enero de 2024, Hazim Nada, un estadounidense de origen egipcio que ha creado una comercializadora de petróleo en Suiza, presentó también una denuncia en Estados Unidos por las actividades de Alp Servicios al servicio de Emiratos. Basándose en que su padre era un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, la agencia suiza llevó a cabo una campaña para desacreditarlo, presentándolo como un islamista radical. La operación fue tan eficaz que los bancos cerraron las cuentas de su empresa y ésta quebró. Alp y Emiratos le “arruinaron la vida”, declaró a The New Yorker.

La batalla legal de Hazim Nada promete ser muy difícil. Ha optado por demandar a todos los que participaron en la campaña pero también al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pese a que una ley estadounidense concede inmunidad legal a los Estados extranjeros. El empresario egipcio reclama 2.800 millones de dólares –2.624 millones de euros– a Alp Services, a sus directivos, a uno de sus empleados y a un periodista suizo cercano a la empresa.

Grosuplj, una pequeña ciudad moderna y ordenada a 10 kilómetros de Liubliana, la capital de Eslovenia, es la ciudad natal del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. En ella tiene su casa, muy cerca del bufete de abogados desde que se lanzó al mundo del fútbol, primero dirigiendo la Federación Eslovena, en 2011, y desde 2016 a la cabeza de la organización europea. Enfrentado al Real Madrid y el puñado de clubs que intentan poner en marcha la Superliga, Čeferin también ha sido acusado de querer asegurarse otro mandato al frente de la UEFA con los recientes cambios en sus estatutos: su actual y tercer mandato expira en 2027. A sólo dos meses de la Eurocopa en Alemania, el esloveno tiene aún que lidiar con la estela de los escándalos de Luis Rubiales, que además de presidente de la Federación Española de Fútbol fue vicepresidente de la UEFA hasta septiembre del año pasado.

Čeferin confirma que ofreció ayuda a Rubiales tras su “caída” por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Pero precisa que a las peticiones del español contestó siempre con una negativa “porque sus ideas no tenían sentido”. “Se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él”, asegura el esloveno en una entrevista concedida al semanario croata Nacional, miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que también pertenece infoLibre. El presidente de la UEFA revela además que recibió “amenazas directas e indirectas” de los promotores de la Superliga, “pero también una oferta” para cambiar de bando.

Se presentó a la opinión pública que los cambios en el estatuto de la UEFA se hicieron para que usted pudiera presentarse de nuevo al final de su tercer mandato. ¿Qué sentido tenían estos cambios si en el momento de su adopción usted declaró que no tenía intención de volver a presentarse?

Lo más importante es que, por un error administrativo, no teníamos un límite de mandatos. Lo he explicado cientos de veces, pero prevalece el sensacionalismo: todo el mundo piensa que lo haces por ti. Pero si no hubiéramos cambiado el estatuto, no habría límite de mandatos y yo podría presentarme hasta cuando quisiera. Incluso después de 2031.

¿Cree que sería bueno para la UEFA continuar con usted o, de forma similar a la política, debería aplicarse la regla de que a veces es necesario un poco de ventilación?

Ahora está claro que el límite es un máximo de tres mandatos. Y creo que eso es bueno. Porque si estás más tiempo, ya sientes que la organización es tuya, así que cometes errores, ya no tienes buenas ideas.

¿Ha cometido algún error hasta ahora?

Sí, muchos. Todos cometemos errores. El que dice que no comete errores miente. Hay algunas cosas que habría hecho diferente ahora.

¿Cuál considera que ha sido el mayor?

Hubo muchos. De todos los presidentes de la UEFA, tuve el mandato más difícil. El covid, cuando todo podía haberse derrumbado; la Superliga, dos guerras que aún continúan... Un colega que lleva aquí 20 años me dijo: “Hasta 2015, 2016, sólo hablábamos de fútbol. Ahora sólo hablamos de problemas políticos”.

¿Quiere decir que ni siquiera tuvo un mandato real completo debió ocuparse más de esas circunstancias externas que del fútbol en sí? ¿En qué se centrará en estos tres años que le quedan al frente de la UEFA?

La sostenibilidad financiera es, sin duda, una de las cosas más importantes, ya que las diferencias entre los grandes clubes y las grandes ligas y los pequeños son cada vez mayores. El nuevo sistema de competición de clubes, en el que tenemos más equipos en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, ayudará a ello. Otra cosa es la concentración de la propiedad de varios clubes, la llamada propiedad multiclub. Hay un gran dilema: por un lado, si queremos inversiones en el fútbol o no, y por otro, se crea una mala percepción si dos clubes de la competición tienen un mismo propietario. Aún no tenemos respuesta concreta a esas preguntas. Y después de mis experiencias en los tres últimos años, puede que haya problemas más interesantes en los tres próximos.

¿En qué sentido?

Bueno, siempre hay algo. Estas Superligas, estas guerras y la geopolítica y la política interfieren en el fútbol. Espero que [el resto de mi mandato] sea lo más tranquilo posible.

¿Se ha frenado definitivamente la idea de una Superliga o todavía hay intentos?

Está parada de facto. Nadie quiere esa competición. El fútbol es tan fuerte porque la gente lo ama y porque cualquiera puede soñar con jugar en las competiciones más importantes. Mira cómo el baloncesto fue destruido por la Euroliga, que en realidad es una Superliga. Cuando miras el baloncesto croata, y Croacia era uno de los países más fuertes en baloncesto, desde la Jugoplastika hasta la Cibona y el Zadar, ahora todo es lamentable. Las competiciones tienen que ser abiertas. Devolvemos a los clubes el 93,5% de los ingresos. Y la UEFA devuelve al fútbol el 97% de los ingresos. Si comparamos por población, Croacia es quizá la nación futbolística más fuerte del mundo. Pero nunca lo sería sin el sistema que tenemos, nunca lo sería si el Dinamo, el Hajduk o el Rijeka no pudieran jugar la Liga de Campeones. Jamás. Y los grandes clubes, es decir, algunos individuos movidos por su propio ego, no entienden que ni siquiera sus clubes serían grandes sin el desarrollo del fútbol en los países pequeños. Así que fíjense en esos clubes que pretendían estar en la Superliga. No tienen jugadores de sus academias, tienen jugadores de nuestros países. Incluidos jugadores croatas. Para mí, esta idea de una Superliga está absolutamente muerta y carece de sentido.

Debido a su batalla contra la Superliga, ¿recibió amenazas directas o indirectas?

Sí, amenazas directas e indirectas, pero también una oferta. Las amenazas fueron en términos de “somos fuertes e influyentes, te vamos a demandar, vas a tener un proceso penal, no sabes con quién estás tratando”. Y similares. Y la oferta era cambiar al otro lado. Todo esto lo oyó mi mujer, que iba conmigo en el coche cuando me llamaron.

En diciembre de 2019, fue muy crítico con el VAR, del que dijo que nunca fue un gran entusiasta. Advertía de que en algunas situaciones provoca el caos. Con el paso del tiempo, ¿ha corregido su opinión sobre el impacto de esta tecnología en el fútbol?

Sí, nos hemos acostumbrado al VAR, aunque sigo pensando que algunas cosas no funcionan correctamente. En primer lugar, nadie sabe exactamente cuándo es mano y cuándo no lo es. En el momento en que el árbitro va a ver las imágenes del VAR, tengo la impresión de que cada vez que el balón toca la mano [de un jugador], se concede un penalti. Y, según el reglamento, no debería ser exactamente así. En segundo lugar, en lo que respecta al fuera de juego, como abogado creo que toda regla debe tener sentido. ¿Tiene sentido que estés en fuera de juego si tu nariz o tu número de bota son más grandes? Así que creo que habría que corregir un poco las cosas sobre lo que es y lo que no es penalti o fuera de juego. El VAR ayudó mucho, pero esa línea tiene que ser más gruesa.

Al final tiene que ser evaluado de nuevo por el ojo humano.

De acuerdo. Creo que los árbitros en el campo deberían decidir por sí mismos. Y a veces los árbitros interactúan demasiado con la sala del VAR, en lugar de decidir por sí mismos. Si las decisiones de los jueces en los tribunales ordinarios dependieran únicamente de la tecnología, introduciríamos los hechos en un robot que tomaría las decisiones basándose en la inteligencia artificial. El fútbol es algo vivo. Reunimos a los 15 mejores entrenadores en una conferencia. Desde Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, todos los grandes. Les mostramos una jugada con una posible mano y les preguntamos si había mano o no. Siete dijeron sí y ocho dijeron que no. Y estamos hablando de los mayores expertos en fútbol del mundo. ¿Cómo es posible que los aficionados se pongan de acuerdo? Cada uno verá lo que le convenga. Al fin y al cabo, los jugadores también cometen errores, por qué no los árbitros. Algunos sugieren que se castigue a los jueces si cometen un error. Me parece inútil. Se les puede castigar si lo han hecho a propósito o si es corrupción. Y los errores forman parte del fútbol.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, del SPD, escribió a la UEFA a finales de 2022 exigiendo que no sólo Rusia, sino también Bielorrusia como su aliado clave, fueran excluidos de todos los partidos y torneos internacionales de fútbol. A partir de entonces, Bielorrusia puede participar en competiciones auspiciadas por la UEFA, pero los partidos en casa deben jugarse fuera del país y sin espectadores. Dentro de unos meses, Bielorrusia jugará la Nations League en el Grupo I con Andorra, Israel, Kosovo, Rumanía y Suiza. Usted dijo entonces que sería populista expulsar también a Bielorrusia. ¿Cómo ve la próxima Eurocopa a la luz de la guerra en Ucrania e Israel? ¿Hay algún reto de seguridad específico en este contexto?

En primer lugar, ningún político nos dirá lo que debemos hacer, ni escucharemos a ningún político. Estoy en contra de los boicots, no me gustan los boicots ni las prohibiciones. Pero, en el caso de Rusia, simplemente no había otra opción y todos debemos intentar ayudar para detener esta guerra, esta locura. Pero respecto a Bielorrusia, un par de políticos nos escribieron para decirnos que cualquiera que ayudara a Rusia debería ser expulsado. Ahora yo hago la pregunta: ¿Los que compran gas ayudan a Rusia? ¿Deberíamos expulsar a todos los países europeos, incluso a los que hacen más ruido, que siguen comprando gas? Los políticos son los que deberían resolver los problemas geoestratégicos. Pedir a las organizaciones deportivas que hagan su trabajo es populismo y nada más.

Están desviando sus responsabilidades.

Así es. Cuando comienzo a recibir cartas de algún país, sé que se acercan las elecciones en ese país. Luego se calman.

Usted dijo a una cadena de televisión que, en muy poco tiempo, gracias a su trabajo en el fútbol, había conocido a un número increíble de personajes sospechosos, mucho más que trabajando como abogado. ¿Qué opina de la detención la semana pasada del expresidente de la Federación Española de Fútbol y exvicepresidente de la UEFA Luis Rubiales, por los supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal? Además, el fiscal pide para Rubiales dos años y medio de cárcel por agresión sexual a Jenny Hermoso, por el beso no consentido que dio la vuelta al mundo. ¿Qué opina al respecto?

Me enteré por los periódicos de lo que le acusaban y fue un shock total para mí. Le conocía bastante bien, pero obviamente no sabía nada de estas cosas. Sin embargo, como abogado sé lo que es la presunción de inocencia. Por tanto, que se defienda en los tribunales; ni la UEFA ni yo tenemos nada que ver, porque él no hizo nada [de lo que se le acusa] como vicepresidente de la UEFA.

La FIFA le suspendió provisionalmente en agosto de 2023, pero Rubiales no dimitió como vicepresidente de la UEFA hasta casi un mes después. ¿Por qué no reaccionó antes que esperar a su dimisión?

No, eso es incorrecto. Inmediatamente dio un paso al frente como miembro de la junta ejecutiva y como vicepresidente en el momento de la suspensión.

Según las grabaciones de sus conversaciones con Rubiales que obran en poder de la policía española, usted se ofreció a ayudarle, y él le pidió 400.000 euros anuales que usted debía pagarle a través de su asesor jurídico, Tomás González Cueto, pero se negó. ¿Es cierto que le ofreció ayuda a Rubiales antes y después de su salida de la UEFA?

Muchas veces, después de la suspensión, me pidió algo. Después de aquella caída, se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él, así que me escribió mensajes del tipo: “Mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen lo otro, ¿puedes ayudar...?”. En un momento dado le pregunté: “¿Cómo puedo ayudarte?”. Pero todo lo que me pedía lo rechazaba porque sus ideas no tenían sentido. También llamó a otros colegas y les preguntó si podía hacer esto o aquello. Nada relacionado con el fútbol. Yo sabía que no podía ayudarle, pero le cogí el teléfono. Es difícil. Él era vicepresidente, hasta ayer estaba sentado con todos en la mesa y, de repente, ya nadie quiere ni mirarle. Si lo que se le imputa es cierto, es realmente un desastre, pero que decida el tribunal.

Nacional es miembro del consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC), que desveló el lado más sucio del fútbol gracias a los Football Leaks. ¿Conoce usted, y en qué medida, el trabajo de la EIC?

Han sacado a la luz muchos asuntos, y cualquier detección de delitos en el fútbol, o en cualquier otro ámbito, sólo puede ser beneficiosa para las organizaciones y para quienes no nos dedicamos a delinquir. Lo celebro, y hay tantos casos concretos que es difícil hablar de ello.

Lo cierto es que antes de su nombramiento, la UEFA tenía peor imagen, por no decir que la percepción era que la gobernaba una camarilla corrupta. ¿Cuánto ha cambiado eso con su gestión?

Estoy seguro de que la UEFA no era una organización corrupta incluso antes de mi llegada, pero la gente mezcla muchas veces UEFA y FIFA. Michel Platini tuvo aquel asunto [fue suspendido durante ocho años pero finalmente absuelto por corrupción], pero como vicepresidente de la FIFA. Cuando llegué, lo comprobé todo. Creo y estoy seguro de que la UEFA es una organización limpia. Publicamos todos nuestros resultados, se sabe en qué gastamos el dinero, el 97% de los ingresos los devolvemos al fútbol. He repetido 1.000 veces que pago impuestos en Suiza, y como mi familia no se trasladó a Suiza, pago impuestos adicionales en Eslovenia. Pero a nadie le importa eso.

Stanislas Bujakera ha sido puesto en libertad por las autoridades congoleñas. Salió de la tristemente célebre prisión central de Makala a las 10 de la noche del martes pasado, tras una jornada increíble y más de seis meses de detención.

¿Quién es? Periodista, 33 años, casado y padre de dos hijos, Stanislas Bujakera Tshiamala es corresponsal de la revista Jeune Afrique y de la agencia Reuters y director adjunto de Actualidades.cd, socio congoleño en la investigación sobre corrupción Congo Hold-Up, que llevaron a cabo el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre, y la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF). También es uno de los periodistas más influyentes de la República Democrática del Congo, con medio millón de seguidores en la red X (antes Twitter). Detenido el 8 de septiembre de 2023, fue condenado a seis meses de prisión por la supuesta elaboración de un “informe falso” que incriminaba a los servicios de inteligencia militar congoleños en la muerte del político opositor Chérubin Okende.

Su encarcelamiento provocó una ola de indignación en el país, y en el continente africano, sin precedentes desde la llegada al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor que prometió romper con las prácticas represivas del pasado.

Se da la circunstancia de que, para fabricar el caso contra el periodista, la Fiscalía congoleña usó a una empresa española. Según un informe pericial aportado por el ministerio público, un servidor de la firma alavesa SPCnet y el software de la francesa Centreon usaban una misma dirección IP implicada en la causa. El informe fue desautorizado tanto por Telegram y Meta como por el Citizen Lab de Toronto.

Ese fue uno de los resultados de la investigación que llevaron a cabo los medios de EIC y que demostró que el burdo expediente judicial estaba plagado de acusaciones falsas. El mismo resultado tuvieron las indagaciones de Reporteros sin Fronteras.

“Aliviado”, se confiesa ahora Stanis Bujakera, a la espera descansar con su familia algún tiempo antes de volver a su trabajo. El trabajo que ama y defiende, cueste lo que cueste: el periodismo. Esta entrevista fue concedida tras su liberación.

¿Cómo fue su arresto el 8 de septiembre?

Tenía un vuelo programado desde el aeropuerto de Kinshasa-Ndjili a las dos de la tarde a Lubumbashi, donde tenía citas de trabajo. Me dijeron que mi vuelo se retrasaría hasta las ocho de la tarde. Me fui a casa y volví por la tarde, hacia las siete. Me metí en un restaurante. A las ocho, el embarque aún no había comenzado. Entonces aparecieron unas personas, una de ellas con una foto mía. “Nos gustaría hablar con usted, denos 30 segundos y volvemos enseguida”, me dijeron. Me di cuenta de que había un problema y advertí a un colega de que, si no contestaba más, me arrestarían. Entonces me rodearon una docena de personas. Estaba detenido. Me enseñaron una orden de búsqueda sin explicarme por qué me buscaban. Intenté no causar problemas. Me llevaron a la comisaría provincial de Kinshasa, donde me despojaron inmediatamente de mis dos teléfonos y me pusieron en régimen de aislamiento. Seguía sin saber por qué me habían detenido. Pasé mi primera noche a la intemperie sentado en una silla, porque me negué a que me metieran en una celda con presuntos miembros de bandas urbanas.

Ha pasado más de seis meses detenido en la prisión de Makala. ¿En qué condiciones?

Se trata de una situación muy difícil porque la prisión central de Makala se construyó para albergar a 1.500 personas. Sin embargo, abandoné una prisión que, según las cifras oficiales, tiene 14.400 reclusos. De ellos, 9.000 presos preventivos de media están a la espera de juicio. El mayor pasó 20 años en esa cárcel sin haber sido juzgado nunca. Pienso mucho en él hoy. Es sólo un ejemplo de lo que ocurre allí. Makala es como la antesala del infierno, una casa de la muerte. Al menos dos o tres personas mueren allí al día. Yo estaba en lo que se llama el “pabellón VIP”, que tiene un centenar de reclusos que utilizan cuatro retretes combinados con duchas y un único lavabo. ¡Éramos 100, pero hay más de 2.000 que tienen que usar cuatro baños, cuatro duchas y un solo lavabo! Son situaciones inhumanas, insoportables, deplorables... que nunca deberíamos desear a nuestros semejantes.

A partir de ese momento tuvo que enfrentarse a una justicia delirante que, como han demostrado las investigaciones de EIC y de Reporteros sin Fronteras, fabricó informes informáticos falsos. Los mensajes de WhatsApp que había envidado y que parecían exonerarle se vuelven en su contra ante los tribunales... ¿Cómo reaccionó ante una justicia tan decidida a condenarlo?

El expediente judicial no estaba vacío, sencillamente estaba fabricado. Cuando se dice que está “vacío”, en realidad se quiere decir que hay algo, por pequeño que sea. ¡Pero en este caso no había nada! El objetivo al detenerme era coger mis teléfonos y buscar delitos utilizando mis herramientas de trabajo. Intentaban averiguar quiénes eran mis fuentes, mis contactos, quién compartía conmigo información confidencial que a veces resultaba incómoda. He manejado algunos asuntos delicados. Desde el primer día me preguntaban: “¿quiénes son tus contactos, quiénes son tus fuentes?”. Los periodistas no deben denunciar a sus fuentes y no deben ser inducidos a hacerlo. Es una grave violación de un principio fundamental. Por desgracia para ellos, cuando comprobaron el contenido de mis teléfonos o de mi ordenador, no encontraron nada. Y, como no tenían nada, empezaron a inventar cosas. Así es como llegaron a acusarme de haber fabricado esos documentos [publicados por Jeune Afrique]. Probablemente pensaron que así me animarían a revelar mis fuentes. Pero comprendieron que yo no estaba dispuesto a ceder ante presiones o amenazas. Todo lo que estaba dispuesto a hacer era proteger el periodismo independiente en este país. Acepté sufrir por una buena causa: la defensa de nuestros valores, la defensa de los principios, en defensa del periodismo independiente. Y ese periodismo independiente triunfará algún día en este país, cueste lo que cueste.

El documento al que se refiere es uno elaborado por el servicio de inteligencia civil congoleño sobre las circunstancias de la muerte del opositor Chérubin Okende. En su opinión, ¿era necesario que las autoridades detuvieran a un periodista, fuera quien fuera, para cortar las especulaciones en torno a la muerte de este opositor?

Detuvieron a un periodista. Esperaban obtener sus fuentes. En efecto, porque la versión que figura en los documentos, quizás (¡digo quizás!) plantea una versión inquietante. Pero no me detengo en el contenido del documento. Estoy aquí para defender principios. Se acusa a un periodista de falsificar esos documentos, falsificar la firma, falsificar el sello... Y eso es muy grave. Como periodistas, tenemos derecho a contactar con las fuentes a todos los niveles y a poner a disposición del público la información que recabamos. Información verificada, certificada.

¿Qué dicen este caso y su encarcelamiento sobre el Estado de derecho en la República Democrática del Congo?

Es un retroceso. Es un retroceso porque un periodista ha sido detenido injusta y arbitrariamente, y encarcelado durante muchos meses. Es un atentado muy grave contra nuestras libertades, un atentado muy grave contra el ejercicio de nuestra profesión. Es un retroceso que no hace honor al Estado de derecho.

¿Cree que todavía es posible ser periodista independiente en su país?

Como yo, hay muchos otros periodistas que trabajan para defender el periodismo independiente en nuestro país. No soy el único que libra esta batalla por el periodismo independiente. Estoy convencido de que triunfará, cualesquiera que sean las amenazas, cualesquiera que sean las intimidaciones. Puedo asegurarles que hay soldados de la información y que esos soldados se levantarán para defender el periodismo independiente en este país.

Usted fue detenido unos tres meses antes de las elecciones presidenciales. ¿Ve una relación causal?

Sí, me impidieron cubrir las elecciones presidenciales. Pero los demás periodistas que estaban en condiciones de cubrirlas hicieron, creo, un trabajo excepcional. Ellos no pudieron frenar nuestra independencia. Ellos no pudieron contener nuestra valentía frente a toda la intimidación, las amenazas y el miedo que se habían sembrado entre los periodistas.

¿Qué sintió al salir de la cárcel?

Alivio. Pero al mismo tiempo tristeza, porque no deberían haberme detenido y encarcelado injustamente durante tantos meses. Ningún periodista debe ser detenido por hacer su trabajo. Todo el mundo debe alzar la voz y decir no al encarcelamiento de periodistas, ya sea en el Congo, en África o en cualquier otra parte del mundo.

La muerte de Yevgueni Prigozhin el 23 de agosto de 2023, cuando su avión estalló en pleno vuelo entre Moscú y San Petersburgo, dio un vuelco a la investigación sobre el grupo Wagner que dos periodistas, la francesa Lou Osborn y el suizo Dimitri Zufferey, estaban a punto de terminar en esas fechas después de casi un año de trabajo. Si el golpe de Estado que protagonizó Prigozhin sólo dos meses antes, rebelándose contra Vladimir Putin y dirigiendo a sus mercenarios desde Ucrania hacia Moscú, ya era un magnífico y desconcertante giro de guión, la explosión en el aire del jet donde viajaba toda la cúpula de Wagner abría un capítulo inédito lleno de interrogantes en la historia del grupo de mercenarios más famoso del siglo.

Osborn y Zufferey desnudan en Los señores de la guerra. Qué es Wagner y cómo actúa el aparato militar ruso (Altamarea) los múltiples rostros del que hasta ahora se consideraba “el ejército de Putin en la sombra”. De hecho, tras el exhaustivo trabajo de ambos periodistas, queda claro que no era, en ningún caso, tan secreto como podría pensarse de un grupo a medio camino entre el mercenariado y lo paramilitar. Es el primer libro sobre Wagner y acaba de ser traducido al español, tras ver ediciones en polaco y neerlandés, y le esperan las versiones en alemán y finlandés.

En realidad, Wagner era –sigue siendo– mucho más que una simple milicia privada. Lo prueban Osborn, investigadora del grupo All Eyes on Wagner y del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), y Zufferey, de la radiotelevisión pública suiza RTS, con una admirable indagación basada únicamente en fuentes abiertas que sorprenderá a más de uno por la profundidad de sus resultados. La disección a la que los autores someten a la criatura de Prigozhin ayuda a despejar la incógnita que sobre el futuro de Wagner abrió la explosión del jet el pasado agosto: sí, sobrevivirá a la muerte de su fundador. Es una marca, advierten, “lista para ser franquiciada”. “El gran cambio [tras la muerte de Prigozhin] es que ya no hay una figura específica que comunique. El silovik [político ruso que proviene de los servicios de inteligencia] que era Prigozhin es una fórmula que ahora el Kremlin quiere evitar”, explica a infoLibre Dimitri Zufferey.

El trabajo de Osborn y Zufferey es doblemente meritorio si se tiene en cuenta la naturaleza de Wagner. Los periodistas no dudan en describirla como una “nebulosa”. No sólo es el brazo armado del Kremlin, o una empresa militar privada de las que hay decenas, en Rusia y en otros países. Estados Unidos la considera una “organización criminal internacional” y la Unión Europea, una “organización terrorista”. Osborn y Zufferey, por su parte, aseguran que Wagner “ha llegado más lejos que nadie” en el mercado de la seguridad privada, hasta convertirse en la “estructura mercenaria más poderosa del mundo, la única que utiliza aviones, lanzamisiles, aeronaves de gran capacidad y tanques”.

Pero su actividad supera con mucho el terreno militar. El “mercenariado 2.0” de Wagner, detallan los autores, incluye campañas de desinformación en internet con granjas de trolls, así como una variada gama de rentables actividades económicas, desde la explotación de minas, la ganadería y el negocio forestal hasta la producción de películas de propaganda al estilo Marvel. Cuenta con su propia agencia de prensa, Ria-Fan. El grupo es también un “Estado dentro del Estado”, que opera sin someterse a ley alguna –en Rusia los mercenarios son ilegales–, pero que siempre ha contado con la protección del Estado ruso y el apoyo financiero del Kremlin.

Pues bien, los periodistas han conseguido desnudar las actividades de este grupo “opaco y criminal” utilizando sólo herramientas de investigación en línea, lo que se conoce como Open Source Intelligence (Osint). Es sorprendente la huella digital que Wagner, las decenas de empresas que integran el grupo de Prigozhin y sus miles de soldados han dejado al alcance de cualquiera con un mínimo de interés. Fotos, vídeos y datos publicados por los mercenarios en redes sociales como Telegram, e imágenes tomadas por satélites comerciales han permitido rastrear los movimientos de la milicia, presente en al menos una quincena de países.

También se han ayudado los autores de filtraciones de datos, porque a Wagner, irónicamente, lo han hackeado varias veces piratas informáticos, ha sufrido su WagnerLeaks. Así tuvieron acceso, por ejemplo, a la lista completa de su personal y sus nóminas, o a la contabilidad. Contratos de las empresas del grupo, documentos firmados por funcionarios rusos, junto con relatos de testigos y exmercenarios, han permitido completar el retrato del neblinoso Wagner.

No era menor el desafío: aunque fue creado en 2014, hasta el otoño de 2022 no hubo una confirmación oficial de la existencia del grupo y de la relación de éste con Yevgueni Prigozhin. Fue a través de un vídeo, difundido en Telegram, donde Prigozhin aparece vestido con uniforme militar ante los presos de una cárcel de la república de Mari-El, a 650 kilómetros de Moscú, y les promete la libertad a cambio de alistarse durante seis meses en una empresa militar privada para luchar en Ucrania. Para entonces la invasión rusa llevaba en marcha ocho meses. Y no fue hasta junio de 2023, casi un año más tarde, cuando Putin reconoció públicamente que había financiado a Wagner en todas las acciones que había emprendido hasta ese momento.

Gracias al libro de Osborn y Zufferey, el lector descubrirá que el grupo ha llegado a tener 25.000 hombres, si hay que creer a Prigozhin, porque, según EEUU, sólo en Ucrania a finales de 2022 Wagner tenía desplegados hasta 50.000, de los que únicamente 10.000 eran mercenarios, y el resto exprisioneros. Los primeros no sólo son rusos, también los hay sirios –18.000–, chechenos, de los Balcanes, libios o de la República Centroafricana. El perfil: veteranos con experiencia militar y una edad media de 30 años. En Ucrania cobraban 2.000 euros al mes, pero el sueldo podía aumentar a 3.100 euros si entraban en operaciones paramilitares. Percibían un bonus semanal de 1.050 euros si participaban en un enfrentamiento armado con el ejército ucraniano. Un dato que da para un estupendo meme: ni siquiera los mercenarios escapan a los conflictos laborales. En Malí se declararon en huelga en 2022 porque no les pagaban. Después empezaron a saquear poblados. Allí cobraban de 7.000 a 9.000 euros al mes.

Para los expresidiarios, que llevan una letra K en los uniformes, la experiencia en Wagner era mucho más cruda: no sólo no se les pagaba el bonus por combate, sino que, sobre todo, servían de carne de cañón, aseguran Osborn y Zufferey. “Su trabajo”, resumen, “es avanzar y morir, avanzar o morir, avanzar para morir. Nunca duran mucho”. Son soldados “de un solo uso”, sin experiencia, a los que no se les permite retirarse. En Bajmut (Ucrania), cayeron el 99%. En febrero de 2023 se detuvo por completo el reclutamiento de prisioneros. Pero en el primer trimestre de 2022 habían salido de las cárceles rusas 23.000 reclusos y 6.000 en el segundo.

La idea de crear Wagner partió de un mercenario sudafricano, Eeben Barlow, que presentó al Estado Mayor ruso en 2010 un modelo para formar una empresa militar privada adaptada a las necesidades rusas. Pero a quien los autores atribuyen el nombre del grupo es a Dimitri Utkin, piloto militar y comandante de las fuerzas especiales con misiones en Afganistán y Chechenia, que pasó por otras dos empresas privadas de seguridad, Moran y Slavonic Corps, antes de integrarse en Wagner. También murió en el avión accidentado con Prigozhin. El apellido del compositor alemán, y de un general de la Wehrmacht, es el apodo que Utkin utilizaba para sus comunicaciones por radio. Resulta que el piloto también era un gran admirador del Tercer Reich y de Adolf Hitler.

Porque, aun tratándose de mercenarios, de soldados que luchan por dinero, Wagner se construye sobre una base ideológica muy marcada. El Movimiento Imperial Ruso (MIR) se la proporciona con su promoción del nacionalismo étnico ruso y sus centros de entrenamiento paramilitar, sostienen los periodistas. De hecho, en Wagner existen unidades especializadas integradas por milicias de extrema derecha, de ideología nazi, como una llamada Rousitch, que mantienen vínculos con el MIR, incluido desde 2020 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU.

Aunque a Prigozhin, y al Kremlin, les interesaba mucho más otra parte fundamental del grupo: los negocios. Wagner es una estructura a medio camino entre el holding de oligarcas rusos y el crimen organizado. M-Finance LLC, Diamville, Bois Rouge, Lobaye Invest o Service K en la República Centroafricana; Evro Polis LLC en Siria, Broker Expert LLC en Sudán, Megaline LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC… forman parte de la red. Lakhta Plaza LLC, una inmobiliaria, está a nombre del hijo de Prigozhin.

Son sólo algunas de las empresas relacionadas con Wagner o con Concord, el grupo creado por Prigozhin, en principio sólo dedicado al cáterin. Eso sí, el más grande de este sector en Rusia. Primero suministraba a los comedores escolares, después al Ejército. Pero enseguida fue mucho más lejos. Los autores calculan que, entre 2014 y 2021, Prigozhin se hizo con licitaciones públicas adjudicadas a Concord por valor de 5.600 millones de euros.

Osborn y Zufferey precisan, no obstante, que esa cantidad es sólo una mínima parte de los ingresos de Wagner. En todos los países en los que se ha asentado la milicia, Prigozhin firmaba suculentos acuerdos con los gobiernos. Vendía seguridad a cambio de recursos naturales. En Siria y Libia se quedaba con yacimientos petrolíferos, en Sudán y en Malí con minas de oro –con Meroe Gold Mining Company–, en la República Centroafricana con diamantes y maderas tropicales, en Mozambique lo intentó, sin éxito, con yacimientos de gas. Los gobiernos centroafricanos, embarcados en una cruenta lucha con grupos yihadistas, han entregado a los rusos sus fuentes de riqueza para pagarles el entrenamiento de sus inexpertos ejércitos y la ayuda de los mercenarios en los combates. La factura es onerosa: la República Centroafricana paga a Wagner por sus servicios 78,2 millones de euros, el 20% de su presupuesto anual. Los autores calculan que desde que la milicia rusa puso un pie en el empobrecido país, ha cobrado un total de 390 millones de euros.

En 2022, los turbios negocios con los diamantes y las maderas exóticas en la República Centroafricana fueron destapados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en colaboración con All Eyes on Wagner. A continuación, EEUU sancionó a Bois Rouge y a Diamville, las empresas rusas señaladas en esa investigación, por sus vínculos con Prigozhin.

Pero la huella de Wagner se ha detectado también en Burkina Faso, islas Comoras, Nigeria, Congo, Camerún, Chad, e incluso mucho más lejos, destacan Osborn y Zufferey, en Venezuela y Perú.

Su presencia en África es un hecho conocido. Ha desplazado a los franceses en todo el Sahel, donde la antigua potencia colonial concentra el rechazo de la población. Y se ha hecho fuerte gracias al combate con los islamistas y a su absoluta falta de escrúpulos. Los mercenarios dejan un rastro de abusos y vulneraciones de los derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, saqueos y violaciones. Redadas en aldeas, ejecuciones, masacres en mezquitas… algunas de las atrocidades fueron grabadas y compartidas en las redes sociales por los propios rusos.

La reacción internacional a sus actividades ha sido notoria, aunque escasamente eficaz. Prigozhin fue sancionado por la Unión Europea en octubre de 2020 por infringir el embargo a Libia. Reino Unido y Francia hicieron lo propio con Wagner al año siguiente. También EEUU lo ha incluido en su lista de sanciones. Lituania, Países Bajos, Bélgica y Francia lo declararon “organización terrorista” en la primavera de 2023.

Pero ni esas medidas ni la muerte de su creador parecen haber hecho mella en la “nebulosa”. El libro deja claro que no ha habido cambio alguno en los registros mercantiles rusos que haya afectado a la red de empresas asociadas a Wagner desde junio de 2023, cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. Además, el Kremlin pretende seguir manteniendo la influencia rusa en África y, apuntan los autores, está creando dos nuevas empresas militares privadas, llamadas Redut y Convoy, que disfrutan del mismo apoyo financiero que Wagner pero son controladas por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU). E incluso hablan de un posible nuevo director del entramado: el general Andréi Averyanov.

Esos movimientos no responden en ningún caso la pregunta de qué ha ocurrido con los miles de mercenarios de Wagner en los últimos siete meses. Su creador se instaló durante casi 20 años en las esferas más altas del poder ruso, pero ni siquiera ese estatus le garantizó la protección frente a Vladimir Putin tras desafiarlo. Osborn y Zufferey lo describen como un personaje de Rabelais: “Ladrón, preso, comerciante, comisionista del zar, traidor”.

Su biografía es carne de serie en Netflix. Estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado por hurto organizado, estafa y prostitución de menores en San Petersburgo. Y pasó de vender perritos calientes –tras un viaje inspirador a EEUU– a abrir un casino. Después se dedicó a los restaurantes de lujo, lo que le proporcionó el contacto con la élite rusa, y con Putin, que entonces era consejero del alcalde de la ciudad. Apodado “el cocinero de Putin”, casi de forma despectiva, amasó una auténtica fortuna, convirtiéndose en otro miembro más de “la estructura cleptocrática del Kremlin”, dicen los autores.

Ebrio de poder, retó al zar Putin y perdió. Wagner fue crucial en la anexión de Crimea y en la guerra de Ucrania, además de herramienta fundamental de la nueva geopolítica que quiere imponer Rusia en África. Muerto Prigozhin, la hidra –así la llaman Osborn y Zufferey– ha sido decapitada, pero Wagner fue un invento de Putin –“Prigozhin no era un ideólogo, ni un político, ni siquiera un militar”, aclaran–, se construyó a la sombra y con el dinero del Kremlin y, advierten los autores del libro, seguirá impulsando con la fuerza de las armas la política de influencia rusa en todo el mundo.