El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024.

Así lo ha decidido el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en un auto hecho público este lunes que ratifica íntegramente, y de conformidad con el informe de la fiscalía, el auto que ya dictó el tribunal valenciano el pasado 16 de marzo tras la exposición razonada que había planteado la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

"La defensa de la exposición razonada que todos los recurrentes —principales y adhesivos— hacen en sus escritos no llega al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la Sala a la hora de valorar y concluir sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados que conduzcan a la competencia de la Sala”, según el auto notificado ya a las partes y contra el que no cabe recurso.

Asimismo, los magistrados desestiman la solicitud de no aplicar la prerrogativa del aforamiento a Mazón pues no aprecian en su adquisición de la condición de diputado en Les Corts Valencianes “abuso de derecho alguno”.

En concreto, señalan que ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre de 2024 y lo sigue siendo actualmente, por lo que no existe un paralelismo, como sostenían los recurrentes, con el denominado caso Gallardo, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en alusión al entonces líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo.

“Allí se trataba de un supuesto de adquisición sobrevenida de la condición de parlamentario de las Cortes de aquella Comunidad Autónoma por quien hasta ese momento carecía de fuero procesal”, precisa el TSJCV, y se había obtenido justo antes de la apertura del juicio oral, lo que no ocurre en el caso de Mazón, quien figura como diputado de la XI legislatura desde su inicio, el 26 de junio de 2023.

En esta nueva resolución, el TSJCV repite que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población aquel 29 de octubre.

La Sala rechaza que el auto recurrido haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, pues este derecho “no garantiza un resultado concreto, sino solamente el derecho a obtener una resolución motivada, razonable y fundada en derecho”.

En este caso, añade el auto, "el rechazo está debidamente explicado" y en él se responde "tanto a la ausencia de ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para entender que la conducta activa del aforado pudiera ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente como a la imposibilidad de apreciar el carácter delictivo en el actuar por omisión que se atribuye al, en aquel tiempo, presidente de la Generalitat".

El auto hecho público este lunes desestima también el resto de las alegaciones de los recurrentes y reitera los argumentos ya expuestos en el auto del 16 de marzo y que confluyeron en su decisión de declarar la incompetencia del TSJCV para investigar a Mazón.

Se alude, en ese caso, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se insiste en que el análisis de las normas autonómicas “pone de manifiesto inequívocamente” que al entonces jefe del Consell “no se le atribuía un deber jurídico de actuación” en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante. 

La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata de un giro en su estrategia tras rechazar en tres ocasiones declarar voluntariamente a petición de la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, que se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarle, como pidió la jueza, al no considerarle "garante" de la seguridad de la ciudadanía durante la emergencia del 29-O. Tras esta decisión, Ruiz Tobarra acordó la citación de Mazón como testigo —todavía sin fecha— y le pidió que aportara —voluntariamente— los mensajes de WhatsApps que intercambió la tarde de la dana.

Este lunes, el letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha presentado un escrito ante el juzgado con la misma premisa que la magistrada que mantiene las diligencias abiertas “sobre él [Mazón], aún después de la resolución del tribunal competente". Al personarse, su defensa busca acceso a las diligencias, al contenido completo del sumario y a la capacidad de intervenir en una investigación que sigue examinando decisiones, tiempos y omisiones que afectan de lleno al papel del expresidente valenciano durante la emergencia, en la que fallecieron 230 personas.

Fuentes del PP explican a infoLibre que Mazón y su equipo jurídico consideran que Ruiz Tobarra sigue investigándole de facto pese a la decisión del TSJCV y que ha dirigido una "investigación prospectiva" sobre él durante los últimos meses pese a no estar investigado y "no poder defenderse". Por ello, su defensa se acoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que extiende a diputados y senadores —y, por analogía, a aforados en situaciones equivalentes— determinadas garantías de defensa cuando se les atribuye un hecho punible. Ahora, la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón.

Este movimiento puede interpretarse como una "declaración voluntaria como imputado" por parte de Mazón, que le permitiría estar acompañado de su letrado, no tener obligación de contestar a todas las partes y tampoco de decir la verdad, aunque en el PP no lo ven de ese modo y señalan que únicamente quiere personarse como "interesado" en el proceso. Se trata, en todo caso de una situación sin precedentes que deberá dirimirse, en primer lugar, en el juzgado de Catarroja. Si Ruiz Tobarra no acepta su personación, el exjefe del Consell puede presentar un recurso a la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que sería la encargada de decidir si Mazón puede estar en el proceso sin estar imputado ni perjudicado.

Con esta decisión, Mazón trata de blindarse jurídicamente y, sobre todo, ganar tiempo dilatando su declaración ante la jueza, a la que no se ha puesto fecha. Según el escrito presentado por su defensa, hasta la fecha su "posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia" pese a haber tenido "conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

Es el argumento que utiliza su defensa para justificar que en estos meses Mazón haya evitado ir a declarar ante la jueza, como sí ha hecho su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al igual que cargos de la Generalitat. Ahora, el exjefe del Consell busca conocer qué piezas maneja la causa, qué testigos han hablado, qué han dicho, qué documentos pesan sobre su actuación y qué margen tienen las acusaciones para volver a dirigir el foco sobre él. "Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del Tribunal competente".

Para las acusaciones particulares, la decisión del TSJCV ha reforzado a Mazón, pero creen que todavía es pronto para que el actual diputado del PP cante victoria. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias. Si en uno de esos mensajes de demuestra que Mazón dio algún tipo de orden directamente, a través de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, o de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente imputada, su situación procesal cambiaría rápidamente.

Con todo, la decisión del TSJCV no ha cerrado el debate político sobre el papel del entonces jefe del Consell. Al contrario. Las asociaciones de víctimas han seguido situándolo en el centro de las exigencias de responsabilidades, hasta el punto de reclamar que renuncie a su escaño para perder el aforamiento, al que se aferró para evitar los tribunales. Una posibilidad que descartan desde el PP. El propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarían "las medidas oportunas" conforme a los estatutos.

Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial". Si, finalmente, la justicia acepta que se persone en la causa pero a cambio de que se declare como investigado, los conservadores deberán decidir si le piden o no su acta en Les Corts.

Mazón es, de hecho, la mochila política que sigue acompañando al PP y que Pérez Llorca quiere quitarse de encima. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, ante la imposibilidad de desprenderse de un lastre que sigue pesando demasiado. En la formación conservadora aseguran que una imputación de Mazón sería "nefasta" para el partido, pero añaden que su situación actual tampoco es la ideal, porque genera titulares y debates incómodos en la esfera pública.

En los últimos tiempos se nos acumulan noticias que han conmovido a la opinión pública: el accidente ferroviario en Adamuz, el derrumbe de una pasarela marítima en Santander o los estragos de la dana valenciana. La mirada de espanto de la sociedad bien podría dirigirse a la miseria política de quienes usan reservados de restaurantes para pasar el casting a candidatas a puestos públicos (¡adviertan el mérito de su sucesor, que no ha tenido que salir de casa para hacerlo!), a la depauperación de los servicios públicos, a la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar el músculo del Estado... pero no. En los tres casos que he mencionado, los ojos de la opinión pública se vuelcan inquisitivos sobre tres juezas de instrucción, pidiéndoles que resuelvan la papeleta. La jurisdicción penal, lamentablemente, no sirve para esto.

Es comprensible el desenfoque. El delito es una herida en el tejido social y su curación requiere la reparación del perjuicio sufrido y el restablecimiento de la legalidad; ambas exigencias pasan por demandar al autor que responda de sus actos, indemnice las consecuencias y cumpla un castigo justo. El culpable de un daño intencionado se convierte así en un rehén de la sociedad, que lo necesita para aplacar en su persona el dolor de la comunidad y restañar la quiebra del pacto social. ¿Y qué hacemos cuando el delito no es intencionado? ¿Qué hacemos ante un accidente? En estos oscuros tiempos de punitivismo, donde el cuerpo nos pide cada vez más hogueras, creo que sería necesaria una reflexión detenida. Aquí van algunas ideas, adelanto que sin conclusiones claras.

La negligencia es una realidad poliédrica; tanto, que es difícil definirla por su naturaleza. Es negligente el comportamiento de quien actúa sin el debido cuidado o simplemente no actúa cuando debiera hacerlo. También es negligente la conducta de quien, por más cuidado que emplee, se embarca en hacer algo que no sabe, e incluso también la de quien, obrando con un cuidado primoroso y sabiendo como actuar, asume unos riesgos inaceptables. Es un concepto demasiado amplio y difuso, que abarca desde la desidia hasta la temeridad, la imprudencia o la impericia. De ahí que resulte más sencillo definirlo por sus resultados: la negligencia es el comportamiento que causa daños injustos sin intención de su autor. Siempre es insatisfactorio definir algo por sus efectos, y mucho más en estos casos donde, precisamente, el resultado no forma parte integrante de la voluntad que lo causa.

Ahí estriba el problema original de la negligencia: entre la conducta y el resultado hay un páramo minado de azar; y sobre la suerte no se puede fundar una ciencia de lo justo. En una noche de huracán, un anciano deja una gran maceta sin atar en el alféizar de su ventana; el viento tira la maceta y mata a un transeúnte. El anciano merece ser castigado. ¿Pero qué sucede si la maceta cae y no mata a nadie? ¿O qué sucede si la maceta no cae? La conducta del hombre habrá sido la misma, aunque no será castigado. Un cirujano somete a un paciente a una operación arriesgada sin motivo alguno, únicamente porque tiene el pálpito de que la cirugía salvará al enfermo. Una arteria se rompe, el enfermo muere y el doctor es castigado. ¿Y qué pasa si la arteria no se rompe y el enfermo se cura? Los ejemplos se pueden multiplicar. 

Esa desconexión entre la conducta y el resultado admite grados, por supuesto; en ocasiones, se encuentran tan cercanas una y otro que la imprudencia cruza la frontera de la intencionalidad: el kamikaze que, por sentir la adrenalina en el cuerpo, conduce en sentido contrario podrá ser acusado por homicidio intencionado si mata a otro conductor. 

Sin embargo, en otras ocasiones el resultado se encuentra tan alejado de la conducta que cuesta trazar la línea causal entre uno y otra. Y aquí viene lo fundamental: la consecuencia de esta desconexión es la ruptura del parangón de gravedad entre uno y otro elemento, que es precisamente lo que permite, en los crímenes dolosos, castigar la conducta en proporción al resultado causado por ella. En los delitos imprudentes, una negligencia grave puede causar resultados graves, como hemos visto en la gestión de las inundaciones valencianas, donde el riesgo y la forma de atajarlo eran conocidos; pero no siempre sucede así. Es muy habitual, sobre todo en las sociedades complejas y tecnificadas en que vivimos, que una negligencia leve pueda causar resultados gravísimos que el autor difícilmente pudo prever y, por tanto, prevenir. ¿Qué hacemos en estos casos? 

Creo que el responsable de ADIF condenado y luego absuelto del accidente ferroviario de Santiago de Compostela no pudo prever jamás la posibilidad de que el Alvia enfilara la curva de Angrois con un maquinista absorto hablando por teléfono y leyendo un mapa; nunca había pasado tal cosa. De la misma forma, a la policía municipal de Santander que no tramitó la llamada de un vecino alertando sobre el estado de la pasarela del Bocal ni se le pasó por la cabeza que pudiera desmoronarse justo al día siguiente, llevándose la vida de media docena de jóvenes. No podrá decirse que el desastre fuera causado por ellos: si el maquinista hubiera ido atento y el anclaje de la pasarela hubiera estado en buenas condiciones, no se habrían producido estos accidentes. 

Con todo, aunque lo fueran, aunque considerásemos que su desidia contribuyó al resultado y fue un acto criminal, lo cierto es que nadie hubiera reparado en su conducta de no haberse producido el accidente. Muchas veces la causa a la que imputar el desastre es un descuido tan liviano o tan frecuente que, antes del siniestro, no llamaría la atención de nadie. Y si no llama la atención, será difícil considerarlo una negligencia grave. ¿Cómo castigarlas?

Por añadidura, el juicio sobre las conductas arriesgadas también está contaminado por su resultado. ¿Será cierto que el progreso técnico exige ampliar los límites del riesgo permitido? Ahí hay otro debate: no es una exageración decir que detrás de todo avance que hemos tenido como especie hay un acto imprudente que salió bien. 

Si la imprudencia fue leve, el castigo debería ser leve, con independencia del resultado causado. A muchos se le quedará corto. De hecho, aunque sea temeraria la imprudencia, no faltarán columnistas para los que la condena será siempre escasa. Lo cual nos devuelve a la reflexión inicial: en estos tiempos atormentados, hemos confiado en el derecho penal la sanación de los traumas de la colectividad, excediendo con mucho los contornos que le son propios. 

Por más que pienso, no estoy convencido de que la persona que nos deba aclarar la causa del accidente de Adamuz (si fue una soldadura rota, una piedra sobre el raíl, una péndola suelta o el atropello de un animal) tenga que ser un juez de lo criminal, cuando no hay indicios de delito; o para ser más exactos, cuando no hay más indicio que el accidente mismo. Recordemos que un juez de instrucción no indaga las causas; indaga las culpas. Esto es significativo: ante una desgracia calamitosa, hemos asumido que nuestras obligaciones como sociedad pasan no sólo por reparar el daño, investigar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar, sino sobre todo por encontrar al responsable y castigarlo. Sin embargo, a veces no hay nadie a quien culpar; no todo desastre es causado por un delincuente. Y esto nos frustra, sobre todo cuando el accidente es especialmente trágico. Nos frustra porque, aplicando los parámetros de los delitos intencionales, concebimos la condena como una especie de respuesta terapéutica que, se supone, debería estar a la altura del trauma vivido. 

Aquí está el error de perspectiva: si ante episodios semejantes relegamos toda nuestra reacción colectiva a lo que diga la justicia penal, entonces obtendremos una respuesta pobre e insatisfactoria, porque el castigo de la negligencia nunca va a estar a la altura de la catástrofe causada. La solución no pasa, desde luego, por aumentar las penas, sino por constatar que la cicatrización de la herida que causa el siniestro es un vaso que no se colma de castigo. Ante calamidades públicas y accidentes mortales la sociedad debería, por este orden, reparar siempre, aprender siempre y, en su caso, castigar. Por desgracia, la realidad nos ofrece unas prioridades invertidas: centramos nuestros esfuerzos en castigar, en su caso reparar y en algún caso aprender.  

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

"No cabe concluir que infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal". El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el intento de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que se investigara al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la dana de 2024. La Sala de lo Penal ha rechazado la exposición razonada elevada por la instructora. Y lo ha hecho al entender que no se pueden atribuir penalmente al exlíder del Ejecutivo autonómico los 230 muertos que dejaron las inundaciones. El auto, y la argumentación que contiene, blinda judicialmente al exdirigente conservador. Al menos, mientras no aparezcan nuevos indicios que lo incriminen.

La instructora tocó la puerta del Tribunal Superior de Justicia hace tres semanas con un extenso escrito bajo el brazo en el que calificaba los hechos como constitutivos de delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, algo que se regula en el artículo 11 del Código Penal: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación". En la exposición razonada, se mencionaba la posición de garante del aforado en cuanto president de la Generalitat. O la "pasividad" del mismo ante las "obligaciones propias de su cargo".

Los magistrados comienzan recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que no tiene cabida una simple responsabilidad penal por elevación. "Para que se pueda considerar autor a un determinado directivo o autoridad administrativa [es necesario] que haya intervenido directa o mediatamente en la realización del hecho punible, sin que se le pueda atribuir esa condición por el simple desempeño de un cargo", recoge en una de sus sentencias. El mismo razonamiento que el Alto Tribunal desplegó cuando archivó, por ejemplo, varias querellas interpuestas por colectivos ultras contra miembros del Gobierno central también por la dana: "De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad".

Con esto apuntado, la Sala de lo Penal entra a valorar si se puede responsabilizar a Mazón de los homicidios imprudentes por omisión. Y, para ello, deja claro que la "comisión por omisión" requiere que se cumplan una serie de requisitos. "Sin la presencia de todos y cada uno, decae", explican los magistrados. Así, tal y como ha establecido la doctrina del Supremo, es necesario, entre otras cuestiones, que el sujeto "se encuentre en una posición de garantía, normativamente prevista". Y que ese "deber de actuar en garantía" tenga "naturaleza jurídica y no meramente moral o social". Es decir, que debe derivarse "de fuentes normativas jurídicamente reconocibles como la ley". Y todo eso, concluye el TSJCV, no se da en el caso de Mazón.

Los magistrados hacen una repaso de las diferentes normas que la instructora pone sobre la mesa para apuntalar dicha posición de garante: Ley de Gobierno Valenciano, Ley de Protección Civil o Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Sobre la primera, dice que los "deberes jurídicos" que recoge son, en relación a los hechos investigados, "genéricos por no decir inexistentes". Y lo mismo ocurre en relación a las otras dos. "Pese a la especificidad de una y otra normativa, tampoco su literalidad autoriza apreciar en el aforado esa condición de omitente en posición de garante. En ningún caso atribuyen competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al president".

La única que se le atribuye de alguna manera viene recogida en el artículo 12.4 de la Ley de Protección Civil, que otorga al líder del Ejecutivo valenciano la capacidad de "declarar la situación de emergencia catastrófica" y asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. Se trata de un mecanismo que nunca llegó a activarse, permaneciendo, por tanto, inalterada la cadena de mando. Una "omisión" que, sin embargo, tampoco sería delictiva. "En el ámbito en el que nos encontramos no cabe confundir facultades discrecionales con obligaciones legales", recogen los magistrados, que recuerdan que la norma no obliga, sino que permite –"podrá declarar"–.

La Sala, del mismo modo, apunta que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) o el envío de la alerta a la población –Es-Alert– tampoco eran competencia de Mazón. Y responde a otras cuestiones planteadas para apuntalar la actitud negligente. Sobre la comparecencia en la que dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, apunta que no se puede decir que estuviera "eludiendo el peligro". Y sobre la comida en El Ventorro, que "poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas". "Pero no nos corresponde analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", completa.

En relación con el envío tardío del Es-Alert, los magistrados creen que no hay pruebas de su participación en el proceso. Consideran que las informaciones sobre eso "se mueven en el terreno de la mera conjetura". Ni siquiera ven indicios de ello en los mensajes que el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, envió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.54 horas de aquel trágico 29 de octubre: "Salo. De confinar nada". "No cabe entender ni el tono de los mensajes remitidos por el jefe de Gabinete, ni la proximidad personal y profesional de éste con el aforado, ni la propia lógica, más cuando permite una interpretación y la opuesta. Ninguna de estas apreciaciones autoriza, desde luego, verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de su participación".

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia blinda, al menos por ahora, al expresident. Alguna de las acusaciones reconoce en privado que la resolución cierra la puerta a una investigación penal contra Mazón solo por la posición que ocupaba en el organigrama y por su pasividad durante la emergencia. Ahora bien, rechazan que sea un cerrojazo definitivo. "Lo único que queda es poder demostrar que diera algún tipo de orden directamente o a través de Cuenca o Pradas", exponen las fuentes consultadas. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias.

"La única que puede acreditar eso es Pradas", conceden otras fuentes jurídicas pulsadas, para las que tampoco supone un mazazo la decisión del TSJCV, que tildan de "previsible y lógica": "La prioridad era que la instrucción continuara. Y si el TSJ se hubiera quedado a Mazón y, viendo alguna de las cosas que dice en el auto, era posible que incluso hubiera dicho que no había ningún delito y que se archivaba la causa contra todos". Las mismas fuentes recuerdan que en poco más de un año están previstas unas nuevas elecciones autonómicas. Y habrá que ver si Mazón continúa entonces como aforado. Porque, por el momento, calculan que la instrucción puede alargarse un par de años más: "Aún quedan por declarar decenas de alcaldes, bomberos, peritos".

Mazón no será investigado. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana. La decisión llega porque no aprecian “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa “revistan carácter de delito”.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan de esta forma abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana de 2024, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

La resolución, que puede ser recurrida ante el TSJCV en el plazo de tres días, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresident, para archivar las actuaciones respecto de él, y no sobre los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido ayer por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción, ha manifestado este sábado su "certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que esta tenga que ver con beneficio personal cualquiera" y se ofrece a colaborar con la justicia, según informa EFE.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, Baño asegura que es el "más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible" y se pone a disposición de la Justicia para que "podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos".

Finalmente, agradece "el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida".

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante fue detenido ayer por la mañana, en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la covid, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

En paralelo al arresto de Carlos Baño y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante procedieron también ayer a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Baño fue trasladado al mediodía a la Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se acogió a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas, y quedó en libertad con cargos.

En el comunicado que ha emitido este sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante señala que el registro de la sede de Facpyme, de la que es presidente, por parte de miembros de la Policía Nacional parece ser que es "por una investigación en curso instada por la Fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio".

Afirma asimismo que no prestó declaración en sede policial "al no conocer el contenido de la causa y de la acusación" y a instancia de su abogado.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana considera que “en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.

La Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.

Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana.

En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis" de que el expresident "hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, en la que fallecieron 230 personas.

La fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, "no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana" pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" de Mazón.

Y por ello estima, en consecuencia, que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Este lunes, a las 15:00 horas, finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJCV para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue a Mazón por su gestión de la dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.

Entre esas partes que las han presentado este lunes, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al TSJCV que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en ese juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada, y de forma subsidiaria expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".

En el caso del otro imputado en esta causa, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al Tribunal Superior que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, se quede con la totalidad de la causa.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obvie el aforamiento de Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia), recoge EFE.

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico. Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

La jefa de prensa de Carlos Mazón el día de la dana el 29 de octubre de 2024, Maite Gómez, ha dicho este viernes a la jueza que desconoce dónde estuvo el entonces presidente de la Generalitat Valenciana esa tarde y ha explicado que informaron a la prensa de lo que hizo por lo que suponían o les parecía lógico, pero no hablaron con él, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Gómez ha explicado que estuvo hasta las 17.30 horas trabajando en el Palau de la Generalitat, y desconoce dónde estuvo Mazón esa tarde, pues solo coincidió con él cuando subió al coche oficial para ir al Centro de Coordinación de Emergencias.

Preguntada por una acusación sobre las versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la llegada de Mazón al Palau, Gómez ha señalado que informaron basándose en suposiciones, en lo que consideraban lógico, pero no sobre lo que sabían porque no le preguntaron al presidente valenciano, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

La jueza ha considerado poco creíble lo dicho por la testigo, y le ha señalado que no se puede creer que en un día como el de la dana, en el que acabaron falleciendo 230 personas, informaran sobre dónde estaba el entonces president sin confirmarlo con él.

Gómez ha asegurado que a las 19.45 le llamó María Jesús García, directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, para decirle que fuera al Palau con la intención de ir a l'Eliana, donde desde las 17.00 horas estaba reunido el Cecopi por la emergencia de la dana, aunque no le dijo el motivo.

Ha explicado que el coche oficial, en el que iban Mazón y un asesor, Josep Lanuza, la recogió finalmente en las Torres de Serranos, y al poco de subir sonó el Es-Alert, pero no pudo ver la reacción del resto de ocupantes ya que ella iba sentada delante.

En ese momento, llamó a sus hijas porque estaban solas y a su marido, que estaba trabajando en un polígono y que le dijo que no podían salir y que pasaría la noche allí; también habla con el entonces director general de Promoción Institucional, Francisco González, para contarle que van de camino a l'Eliana.

Gómez también decidió en ese momento que no se enviara la agenda del expresidente valenciano a los medios de comunicación y que se anularan los billetes que tenía el equipo de prensa para acompañar a Mazón a un acto previsto en Madrid al día siguiente, ya que entendió que no iban a coger el tren de las 6.00 horas de la mañana.

La causa judicial sobre la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana de València de 2024 entra en una nueva fase. Un año después del inicio de las pesquisas, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja nº3 considera que ya tiene elementos suficientes para escalar el caso. Y, por primera vez, ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del expresident de la Generalitat Carlos Mazón –ahora diputado raso en Les Corts–, que se ha negado hasta en tres ocasiones a declarar voluntariamente en la causa. En una extensa exposición razonada, la magistrada, que investiga 230 homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia, aborda ampliamente la "inactividad negligente" del exlíder del Ejecutivo valenciano. "Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante", lanza la instructora.

La magistrada sostiene que hay indicios suficientes de una "grosera negligencia" en la "coordinación y gestión" de la emergencia en el "nivel supremo de capacidad de decisión". "Las negligencias de quienes asumían la gestión de la emergencia en el nivel dos –la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas– y en el nivel cero y uno, como es el caso del secretario autonómico, no pueden borrar la absoluta pasividad, ajenidad ante la gravedad de lo sucedido", desliza la instructora, al tiempo que recuerda que el expresident de la Generalitat, "conforme a la normativa legal", podía "dar órdenes e instrucciones" y "llevar a cabo tareas de coordinación" ante la "evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda" para hacer frente a la emergencia.

La exposición razonada sostiene que "carece de sustento" lógico y legal la "afirmación" de que Mazón "podía permanecer ajeno" a todo. Y detalla la negligencia del exlíder del Ejecutivo valenciano en tres planos. En primer lugar, apunta a la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia". En este sentido, la instructora recuerda la comparecencia pública que dio el expresident a las 13.00 horas del fatídico 29 de octubre, en la que afirmó que el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca y que iría remitiendo a lo largo de la tarde. "En la hora en que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era de una población completamente anegada por el agua", recoge la jueza.

Por otro lado, el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se centra en la desaparición durante casi seis horas –entre las 14.30 y las 20.28 horas– del expresident en aquella jornada. La instructora habla en repetidas ocasiones de la "prolongación injustificada de la sobremesa" en el restaurante El Ventorro, donde compartió comida con la periodista Maribel Vilaplana. "No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos y ya habían padecido un auténtico infierno", sostiene. Y añade: "Una breve lectura de los fallecimientos muestra que las horas más críticas y mortales se produjeron durante su estancia en el reservado y su viaje a La Eliana –sede del Cecopi–".

"Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro directivo, dado el escaso intercambio de las llamadas, la escasa duración de las mismas, la falta de interacción con los responsables autonómicos", prosigue la exposición razonada. Por eso, la instructora sostiene que desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, "de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado".

La magistrada también cree que hay indicios de una "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del envío del sistema de alerta a la población –el ESAlert–, que se lanzó por primera vez a las 20.11 horas a pesar de que existía una primera propuesta de mensaje a las 17.20 horas que decía lo siguiente: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos avisos". "Hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas, hasta el punto que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua", resalta la instructora.

La jueza conecta a Mazón con el proceso de ESAlert a través de los whatsapps que intercambió el jefe de gabinete del primero, José Manuel Cuenca, con la exconsellera Pradas. Para la instructora, es "inverosímil" que los mensajes enviados por el primero sean simples consejos. "Son órdenes lo que expresa", señala el escrito, en el que se detalla que expresiones como "de confinar nada, Salo" poseen "un carácter claramente imperativo".

"La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete resulta ilógico", vuelve a insistir la magistrada, que considera que "la insistencia" de Cuenca en el "control de la emergencia" solo puede responder "de forma lógica" a que "obedeciera instrucciones de su superior". Y completa: "Todo ello indicaría una participación en el envío con retraso del mensaje".

La jueza también abunda en la falta de coordinación entre departamentos en aquella jornada. En este sentido, señala que la Consellería de Justicia e Interior no remitió al resto "ni orden ni comunicación en relación con una emergencia" de tal calado. Y recoge graves errores en departamentos como Servicios Sociales o Educación. Así, sostiene, por ejemplo, que el sistema de teleasistencia falló, sin que nadie alertase de lo que sucedía a sus usuarios, una población especialmente vulnerable. O que "no se estableció la suspensión de las clases".

"El menor Neizan Garrido Pagan junto con sus padres Jorge Garrido Rosa y Raquel Pagan Romero fallecerían tras recoger estos últimos a su hijo del centro escolar en Aldaya. También fallecería José Martínez Toral, director del Instituto de IES de Cheste. Permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado. Dicha acción le costaría la vida", recuerda la instructora.

Ahora, tras la presentación de la exposición razonada, la pelota queda sobre el tejado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá decidir si asume la investigación, si pide una mayor argumentación a la instructora o si rechaza la solicitud.

Dieciséis meses después de comenzar la instrucción de la dana, la jueza que investiga la riada del el 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la exposición razonada para solicitar la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada no solo apunta a errores administrativos, sino que describe una "inactividad negligente" en la gestión de la dana por parte de Mazón y concluye que "no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados" –es decir, a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, ni a Emilio Argüeso–, exsecretario autonómico de Emergencias, la responsabilidad de lo ocurrido.

Una decisión que sitúa al Partido Popular contra las cuerdas. Los conservadores aseguran "respetar" las resoluciones judiciales, estén de acuerdo o no con ellas, y "actuar" en consecuencia. Sin embargo, la dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo nunca ha querido romper del todo con el expresidente valenciano, ni siquiera tras su dimisión. Y tampoco ahora. Las fuentes consultadas en Génova aseguran que solicitud de la jueza es solo "un primer paso" y abogan por esperar a la resolución del TSCJV. En todo caso, señalan que la decisión sobre si Mazón debe dejar su acta o no es "personal" y que no van a empujarlo a ello. Y circunscriben cualquier otro movimiento interno a la actual dirección del PP valenciano, encabezada por Juan Francisco Pérez Llorca.

Con todo, la tesis de Génova es que "nada hubiera cambiado" si el expresident hubiera estado antes en el Cecopi "del que no formaba parte". Un argumento que contradice la propia magistrada en su exposición razonada. En el escrito de 109 folios asegura que la "estructura jerárquica" de la Generalitat implica "que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior" y que, en el caso del entonces president de la Generalitat, "dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

En el transcurso de la investigación, Ruiz Tobarra no ha podido interrogar a Mazón, aunque le ha invitado en varias ocasiones a declarar voluntariamente por su condición de aforado. Él nunca ha aceptado. Tras su dimisión en noviembre del pasado año, mantuvo su acta en Les Corts y se aferró al aforamiento para evitar los tribunales. Pero el blindaje ha saltado por los aires y la jueza considera que los indicios de "homicidio imprudente con notoria gravedad" y "la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica" son lo suficientemente sólidos como para que el TSJCV asuma la causa.

El futuro de Mazón pasa ahora, por tanto, por la decisión de la sala del TSJCV. En este escenario, hay varias posibilidades. Una de ellas es que la sala considere que no hay motivos para investigarlo por no apreciar indicios de delito; otra es que acepte la causa y el expresidente sea investigado, pero entonces el TSJCV tendría que asumir el conjunto de la instrucción, por lo que dejaría de estar en manos de Ruiz Tobarra. Pero existe una tercera opción, la más realista a ojos del PP, y es que la sala devuelva la instrucción a la jueza de Catarroja hasta que recabe más pruebas y testimonios antes de decidir si existen indicios suficientes para incriminar al expresident.

Al tiempo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia decide sobre la imputación de Mazón, el entorno de este intenta contratacar cuestionando la imparcialidad de la jueza a raíz de unas filtraciones a Okdiario sobre la supuesta participación de su marido en los interrogatorios. Es el argumento esgrimido este martes por la propia exconsellera Salomé Pradas: "Parece que se confirma lo que denunciamos ante el Consejo General del Poder Judicial", escribía en su cuenta de X. Desde el inicio de la investigación tanto el PP como Vox han cuestionado la instrucción de Ruiz Tobarra, mientras asociaciones como Manos Limpias se querellaban contra ella por presuntos delitos de prevaricación judicial.

A la espera de lo que se decida a nivel judicial, el foco político se desplaza de nuevo al Palau de la Generalitat. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Y ahora el sucesor de Mazón, Pérez Llorca, se enfrenta a su propia hemeroteca. El que fuera principal escudero y "fontanero" del partido en la Comunitat Valenciana aseguró tras acceder al cargo que si la justicia encontraba indicios penales contra Mazón, el partido actuaría con los estatutos del partido en la mano.

Así lo afirmó en una entrevista el pasado mes de diciembre, en la que dijo que si la jueza de la dana elevaba la causa al TSJCV, como ha ocurrido, sería el momento de actuar. "Veremos las conclusiones de la jueza y adoptaremos las medidas en base a los estatutos del partido", señaló ante los micrófonos de la Cadena Ser. "Hay que ser respetuosos con los tiempos y las formas". Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial".

Sin embargo, este martes señaló que Mazón ya "asumió responsabilidades" después de las asociaciones de víctimas comparecieran en la comisión de investigación de Les Corts y pidieran que el expresident dejara su acta de diputado o, en caso de negarse, que el PP lo expulsara. El jefe del Consell aseguró sentir "un profundo respeto por las víctimas" pero aseguró que no está en sus planes acceder a esa demanda. Así lo trasladan fuentes de su equipo a infoLibre, que aseguran que el president valenciano no va a exigirle a su antecesor que le entregue el acta y se muestran "prudentes" ante la investigación judicial. Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, apremió a no hablar "de futuribles" antes de tiempo.

Aunque de puertas para afuera el actual president asegura que Mazón ya ha cumplido, internamente el PP valenciano está en ebullición: nno son pocos lo que creen que el alicantino debería entregar su acta de diputado autonómico para "no seguir haciendo daño" al partido, a pesar de los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts. El PP, además, decidió premiarlo poco después de dimitir al elegirlo como presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado.

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts, según informa EFE. Debido a su posición, el juzgado de instrucción no puede investigarle, pero sí puede hacerlo el TSJCV.

Hasta ahora solo dos altos cargos en el momento que se gestionó la crisis de la dana estaban siendo investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Ahora, la jueza ha tomado esta decisión después de escuchar más de 500 declaraciones.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza cree que la "exclusión voluntaria" de Mazón en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos, insiste la jueza, conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi, según recoge EFE.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. 

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha señalado ante la jueza que el 29 de octubre coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19:00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación, según fuentes conocedoras de la declaración. 

Ese día, ha añadido, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y ha señalado que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el president para las redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18:00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca. Ha relatado que acudió al Palau de la Generalitat por la tarde de nuevo sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho.

Ha señalado que no tiene el minutaje pero serían entre las 19:32 y las 19:42 horas y que en el despacho le dijo que no podrían hablar de los temas que tenían previstos porque se acababa de inundar el metro. Según su declaración, estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas en ese rato, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata. Ha señalado asimismo que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau.

La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Lanuza ha mantenido su versión y ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado. Lanuza también ha manifestado que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Prada, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

El chófer del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el primer mensaje Es-Alert (a las 20:11 horas) llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

Marta Monforte (Benicàssim, 1993) forma parte del equipo de analistas políticos de infoLibre. Está especializada en el seguimiento a las formaciones de derechas, pero recientemente acaba de dar la exclusiva del acto que reúne a Gabriel Rufián y Emilio Delgado en una charla moderada por Sarah Santaolalla. El anuncio ha removido el espacio de la izquierda, que tiene que buscar una nueva definición para sus próximas candidaturas electorales.

“Desde que infoLibre adelantó que se iba a celebrar este acto con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, y con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, ha tenido muchísima repercusión mediática. Muchísima gente en redes se empezó a hacer eco de qué podía significar esta iniciativa. Ellos lo habían circunscrito, en un primer momento, a un simple acto en el que compartir vivencias, experiencias y mirar hacia el futuro. Eran conscientes de la duda que se planteaba sobre qué va a ser de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales, que no sabemos si se celebrarán este año o en 2027. Sobre todo, el propio Gabriel Rufián ha alimentado esta narrativa. Siempre defiende, desde hace meses especialmente, pero ahora lo ha vuelto a reactivar con este acto, que la izquierda tiene que moverse, que tiene que hacer algo. No lo concreta, pero creo que se da por satisfecho con que se esté hablando”.

“Es consciente de que las cúpulas directivas de los partidos se resisten mucho a tener candidaturas de unidad o confluencias, porque eso implica perder parte de sus beneficios y privilegios. Al final pierden un poquito de parcelita de poder y tienen que ceder respecto a otros partidos. Yo creo que lo que le gustaría a Rufián, lo que pasa es que no lo va a decir de esta manera, es que, por ejemplo, en Cataluña solo sea Esquerra Republicana la referencia. Pero esto tendría problemas con los comunes que también se presentan allí. Que en Euskadi solo sea Bildu la referencia. Pero no es tan fácil porque también hay otras candidaturas nacionales que sí quieren estar en estos territorios y tendría que verse cómo articularlo. Si hacen actos conjuntos o se queda en una cosa más programática. Todos coinciden en que no van a hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, ni al Partido Popular, ni a Vox. Rufián ha intentado al menos abrir una conversación sobre qué tiene que hacer la izquierda de cara al próximo ciclo electoral. Y por la parte de Emilio Delgado, no esconde que quiere ser el candidato de Más Madrid a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Tendrá que verse las caras a nivel interno con Mónica García, si se quiere presentar con Manuela Bergerot. Busca reivindicarse como una figura importante dentro de la izquierda madrileña”.

“Si hay algo claro en las elecciones de Aragón y también las extremeñas y las previas autonómicas, es que ha habido un impulso a las candidaturas que han hecho trabajo desde el territorio. En el caso de Aragón, de la de Chunta Aragonesista y en el caso de Extremadura, de la candidatura de Irene de Miguel de Unidas por Extremadura. Los electores lo agradecen, no quieren paracaidistas que hablen desde Madrid, Barcelona o Andalucía, sin tener conocimiento de cómo funcionan los servicios en su comunidad. Yo sé lo que buscaría, creo que lo más inteligente por parte de las izquierdas es mirar quién tiene esta implantación territorial, quién la lidera y por qué. Es importante que esas formaciones sean quienes articulen el proyecto. Y luego, respecto a cómo hacerlo, es verdad que en política cada vez tiene más peso el factor personalista. Gabriel Rufián es una clara figura en ascenso y atrae a mucha gente, aunque sea independentista y mucha de la gente que podría votarle no. Todavía más importante es ver cómo a esas candidaturas de la izquierda les puede afectar el sistema de reparto para que ninguno de esos votos se tire a la basura. Todo el mundo necesita ser generoso y no sé si estamos en ese momento de generosidad por parte de algunos partidos o en las cúpulas de algunos partidos”.

“Gabriel Rufián ha hecho una transformación muy evidente desde que él llegó al Congreso de los Diputados a Madrid en el año 2015. Se presentaba como el enfant terrible de la izquierda. Todos recordamos los momentos más épicos con la impresora. Era ese gamberro para intentar molestar al Partido Popular de Mariano Rajoy. Le llegaron a echar del pleno del Congreso, que no es nada habitual. Pero en los últimos años, y especialmente con la presidencia de Pedro Sánchez en el Gobierno, ha ido transformando su perfil hacia, digamos, el de un hombre de Estado. Ha apoyado al PSOE cuando ha creído que tenía que hacerlo aún contra su propio partido o los intereses de ERC en Cataluña. Y ha sabido entender muy bien el lenguaje de las redes sociales. Intentar hablar de lo que pasa en el día a día, las dificultades que tiene la gente por acceder a la vivienda, los precios que suben y no te da la vida. Intentando hacer equilibrios con su propio partido, ser ese actor que aporta al panorama nacional desde posiciones más de izquierda nacional. Yolanda Díaz se ha diluido más o la propia Irene Montero o Ione Belarra, figuras claves que han sido la izquierda pero que han estado más desplazadas en esta legislatura. Él se ha llevado los focos por su buen hacer. Le hemos premiado los periodistas parlamentarios con la mejor intervención parlamentaria, el mejor orador. Es por algo y él lo sabe”.

“Unidas Podemos o Podemos en su momento, han dependido demasiado de las cúpulas de Madrid y han dejado poca autonomía a los territorios. Eso ha sido un error. Podemos ha desaparecido prácticamente de todos los parlamentos, cuando en su día era la referencia dentro de la izquierda. Y ahora cada vez más organizaciones como Compromís, como Chunta, como BNG, como Bildu, tienen más fuerza. Se tiene que trabajar, pero no el mes antes de las elecciones, tiene que haber una carrera de fondo por parte de las izquierdas y tienen que tomarse en serio lo que hacen en los territorios. Mucha gente entiende que las izquierdas no han hecho lo suficiente sobre los problemas estructurales que afectan a los ciudadanos, como la vivienda”. 

“Aliança Catalana tiene un discurso catalanista muy identitario, pero con posiciones claramente de ultraderecha, de criminalización de los migrantes, de acoso al diferente. Es uno de los riesgos que tienen PP y Vox sobre todo en territorios donde hay un sentimiento nacional o nacionalista. La derecha también puede ver cómo determinados partidos crecen mientras ellos pierden posiciones. Aquí yo creo que el principal damnificado puede ser el Partido Popular, porque mucha gente puede identificar que no tiene un rumbo claro o que es muy parecido a las políticas que hacen otros partidos conservadores. A nivel occidental, la derecha conservadora cada vez está peor, pierde posiciones y la ultraderecha es quien lidera el mundo. Lo vemos con Donald Trump, pero lo vemos con Meloni, con Le Pen y con Orbán y con muchas otras extremas derechas europeas”.

“Creo que en el momento actual nadie discute el liderazgo de Pedro Sánchez, porque él ha sido capaz de cambiar el relato en las elecciones de 2023, una elección que prácticamente todo el mundo daba por perdida. Fue capaz de ganarla, o al menos de tener los números para reeditar el Gobierno. Eso quizá ha sido a costa de que algunos territorios del PSOE a nivel territorial hayan retrocedido y les haya afectado como marca. Pero es verdad que Sánchez, y eso te lo reconoce hasta el menos sanchista, sigue siendo un activo político porque es la cara visible del Gobierno. Y yo creo que mucha gente ha empatizado con él respecto a muchas de las cosas que han pasado y ha tenido que gestionar. Respecto a la investigación hacia su mujer, a la condena al fiscal general del Estado. Todo esto creo que ha hecho que una parte de la izquierda, que a lo mejor hace unos años no hubiera votado al PSOE, se lo plantee más en términos sanchismo, sí, sanchismo no. ¿Qué pasará cuando Sánchez ya no esté en el PSOE o no esté en el Gobierno porque se pierdan las elecciones? Creo que eso sí que va a ser una dura batalla en las izquierdas. Hay figuras como Óscar Puente, que creo que ahora está quemado con la gestión ferroviaria, Bolaños... Hay quien dice que ya toca que el Partido Socialista lo lidere una mujer”.

“Lleva muchos años intentando proyectarse como la líder de referencia de la derecha desde la Comunidad de Madrid. Y una cosa llamativa. Los medios de la derecha siempre la ponen de antítesis a lo que dice Feijóo. Esto se llevó por delante a Pablo Casado hace ya casi cuatro años. Ella dio ese golpe de mando y todos los barones fueron detrás. Ayuso, con sus alianzas con Milei, con el evento telemático en Mar-a-Lago, busca ser referente de la derecha, pero también de la ultraderecha. Creo que por el momento la legislatura va a continuar si no pasa algo muy grave y Feijóo será quien se presenta a las elecciones por el PP. Si no lo consigue se abrirá una sucesión muy desencarnada. Habrá quienes apoyen a Ayuso porque piensan que es mejor para contener a Vox. Habrá otros que apuesten por un Juanma Moreno de la vida porque creen que ese discurso más templado es mejor para el partido. Y habrá, creo, otros aspirantes. Yo no descartaría un Jorge Azcón, presidente de Aragón, que también quiere proyectarse a nivel nacional. El PP es un partido de baronías y los territorios tienen muchísimo peso”.

“Los vaivenes que hemos visto con el Partido Popular en los últimos años, los cambios de opinión, de criterio, las estrategias diversas, un día llaman a Vox sus hermanos, otros días dicen que son populistas, extrema derecha, socios, evidencian que no saben qué hacer y que el principal rival y la principal preocupación de Alberto Núñez Feijóo es Santiago Abascal, no Pedro Sánchez. Van probando cosas a ver qué les funciona mejor. Pero ya han visto que ni copiarles el discurso les funciona más ni decir que son distintos les funciona, ni confrontarlos les funciona, ni ignorarlos les funciona. Están haciendo test, pruebas de una manera creo que muy infructuosa, porque no les está funcionando nada. Hemos visto ahora en las elecciones en Aragón cómo incluso pierden escaños respecto a lo que tenían hace dos o tres años, siendo ellos quienes han convocado estratégicamente las elecciones. Hay una preocupación muy, muy grande sobre si Vox en algún momento, que esto se está ya empezando a plantear en el PP, puede llegar a pasarles en algunos territorios”.

“De cara a las elecciones en Castilla y León estuve sondeando algunos cargos medios del PP en Valladolid, Salamanca y en algunos sitios más y decían que estaban desesperados porque a Vox, sin candidato, que todavía no lo tenía, lo veían fuertísimo en las encuestas. Hay gente que te hablaba de un triple empate a nivel porcentual con diferencias de uno o dos puntos entre Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Como al final el voto de la derecha se divide entre el Partido Popular y Vox, puede llegar a pasar que el PSOE les supere mínimamente o se quede muy cerca de ellos. Por eso la propuesta del candidato socialista a apoyar la lista más votada, creo que ve que puede tener opciones ahí. A mí me preocupa como valenciana, especialmente el caso de Vox en el País Valencià, con la dana y la floración de discursos que piensan que los recursos públicos no funcionan, la desesperanza, todo lo que ha pasado, que ha generado muchísimo malestar. Vox está muy fuerte en las encuestas y el PP valenciano, que está ya lastrado por Carlos Mazón, ve como Vox casi le puede llegar a sobrepasar en la ciudad de Valencia o en territorios muy claves para ellos. No descarto que esto pueda pasar, que pueda haber un sorpasso de Vox al Partido Popular de aquí a 2027 en algunos territorios específicos”.

“El caso de Vox es muy curioso. Cuando nacen como formación política, sobre todo desde las elecciones de Andalucía de 2018, todo el tiempo quieren apoyar desde fuera. Son conscientes de que gobernar desgasta. Y a ellos especialmente porque tampoco tienen un programa de gobierno muy claro, tienen solo consignas. En el ciclo electoral de 2023 decidieron entrar en los gobiernos del PP. No duraron ni un año. Abascal decidió dar un golpe de mando mirando las encuestas que veían cómo Vox cada vez tenía menos peso respecto al Partido Popular. Utilizó la cuestión de la inmigración, fundamental en todas las extremas derechas. Ahora están viendo cómo el PP quiere meterlos de nuevo en los gobiernos para desactivarlos y dejarlos en una posición más subalterna. Pensaban que iban a rechazarlo y Vox está diciendo que sí, pero con consejerías con peso. Me da la sensación de que a ellos no les beneficia entrar a los gobiernos, porque se ven los déficits que tienen a nivel gubernamental y que no saben aplicar sus programas porque muchos de ellos no se pueden aplicar según las normas europeas, la justicia, etcétera. No puedes, por ejemplo, deportar a medio millón de personas que ellos dicen. Entonces están jugando un poco al gato y al ratón con el PP y lanzándose órdagos todo el tiempo”.

“La legislatura está siendo muy complicada para el Gobierno, y para el Partido Socialista articular acuerdos con las fuerzas que apoyaron a Pedro Sánchez en la investidura. Junts especialmente es el factor que lo desestabiliza todo, porque él tiene su propia competición con Aliança Catalana y sabe que tampoco se puede acercar demasiado al Partido Socialista. Por eso cuesta mucho apoyar cualquier tipo de medida de ámbito más social. Es un partido de derechas y tiene intereses que muchas veces son muy similares a los del PP, incluso a los de Vox. A nivel económico y a nivel industrial es derecha conservadora pura. Y luego tenemos a un Podemos que cree que la mejor estrategia para intentar volver a resurgir del liderazgo es impugnar todo lo que haga el Partido Socialista. Claro, y el PSOE necesita ambos. Esto no implica que vaya a haber elecciones. Eso implicará que haya menos leyes que en otras legislaturas y que sea todo más retórico. Que el Congreso se vuelva más una cámara de posicionamientos, pero no tanto legislativa para leyes de calado”.

El expresidente valenciano Carlos Mazón sigue acaparando los focos —políticos y mediáticos— meses después de dimitir, lo que incomoda enormemente a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, que está tratando por todos los medios de pasar página. Esto se debe, en gran medida, a la instrucción judicial liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que sigue tratando de reconstruir minuto a minuto lo que sucedió el fatídico 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas fallecieron. Tras multitud de interrogatorios, las respuestas no llegan ahora desde los despachos, sino de quienes acompañaban a Mazón a pocos metros de distancia.

Este lunes declararon los tres escoltas que acompañaron al expresident durante esa jornada y uno de ellos situó la llegada de Mazón a pie al Palau de la Generalitat entre las 19:45 y las 19:50, apenas unos minutos antes de la fase decisiva de la emergencia. Una hora que se contradice con la versión mantenida por la Generalitat durante meses, que indicaba que Mazón estuvo trabajando en su despacho tras el ágape con Vilaplana y pendiente en todo momento de la emergencia. El escolta relató que Mazón subió al despacho, bajó "poco tiempo" después y se marchó hacia el Cecopi alrededor de las 20:00, con llegada a l’Eliana en torno a las 20:30.

Los tres escoltas coincidieron en que el exjefe del Consell prescindió de ellos para acudir solo a la comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, una cita que, según los testigos, figuraba en la agenda desde el día anterior y no fue reconsiderada pese al deterioro de la situación meteorológica. Uno de los escoltas calificó como "raro" que Mazón pidiera que se retiraran antes de llegar al local, aunque matizó que "no era la primera vez" que esto sucedía. La jueza de Catarroja ha abierto diligencias para aclarar por qué el entonces president pidió a sus agentes que se retiraran, y para reconstruir con precisión la secuencia de llamadas, desplazamientos y tiempos.

La consecuencia inmediata para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) es que el nombre de Mazón vuelve a marcar la agenda. Esto preocupa especialmente al equipo de Pérez Llorca, que también lidera el partido a nivel orgánico hasta la celebración de un congreso que Génova no tiene ninguna prisa por convocar. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, algunas de las cuales dibujan un cuádruple empate entre PP, PSOE, Vox y Compromís. Todo ello ha reanimado la presión para que Mazón entregue su acta de diputado autonómico, pese a los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts.

De puertas para fuera lo que se proyecta es bien distinto, ya que el propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarán "las medidas oportunas" conforme a los estatutos. A ello se le suma que el PP decidió premiar a Mazón poco después de dimitir al elegirlo como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado, aunque la comisión no se reúne desde 2020 y no tiene carácter legislativo.

Tampoco el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reclamado el acta aunque tuvo ocasión de hacerlo la pasada semana durante las más de tres horas y media que duró su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso. Desde la Cámara Baja defendió al expresident de la Generalitat por hacer "lo que debía hacer", en referencia a su dimisión. "Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse", señaló respecto a la decisión del valenciano. No contestó, sin embargo, sobre si debía también dejar su acta en Les Corts e insistió en que se quedó en su puesto tras la tragedia porque "alguien debía quedarse al mando". Fuentes de Génova evitan precisar si Mazón debe dimitir, pero aseguran que "nada hubiera cambiado" si hubiera estado antes en el Cecopi.

En paralelo, la presión pública no afloja. Las asociaciones de víctimas han dejado muy claro a Pérez Llorca que no les basta con que Mazón ya no esté al frente de la Generalitat y reclaman abiertamente que renuncie a su escaño mientras el PSPV pide que, si no entrega el acta, el PP lo expulse del grupo. El calendario parlamentario tampoco beneficia a los conservadores valencianos. La comisión de investigación de Les Corts citará a las asociaciones de víctimas los días 23 y 24 de febrero, casi 16 meses después de la tragedia, y volverán a solicitar que el expresidente deje su escaño. Se trata de una convocatoria que la oposición ha denunciado como tardía y que las propias asociaciones aseguran haber reclamado durante meses.

Hay, además, otras dos comisiones en marcha: la del Congreso y la del Senado. El último en comparecer en la de la Cámara Baja fue José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón y responsable de comunicación durante su etapa al frente del Consell. En esa comparecencia —su segunda vez en la comisión— negó que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, la tarde de la dana y aseguró que sus mensajes únicamente eran sugerencias. Sin embargo, en los WhatsApps adjuntados a la causa, Cuenca le ordenó directamente que no confinaran a la población: "Salo, de confinar, nada", le trasladó en un momento.

Cuenca defendió con vehemencia al expresident de la Generalitat después de que Mazón le fichara como asesor en la oficina de apoyo como expresidente el pasado mes de diciembre, una prerrogativa prevista en el estatuto autonómico que permite a los exmandatarios disponer de despacho, conductor, seguridad y hasta dos asesores designados a dedo, con cargo a fondos públicos. Cuenca cuenta con una retribución de 57.592 euros brutos al año, según las tablas salariales vigentes de la Generalitat, lo que le ha garantizado su continuidad en un cargo de confianza financiado con dinero público.

"¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de Nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión", le espetó en un momento de la comparecencia la diputada de Compromís, Àgueda Micó. El asesor de Mazón, por su parte, justificó que su pretensión es que las decisiones tuvieran "cobertura legal" y "referendo jurídico", pero incidió que él nada sabía de Emergencias ni era quién para dar instrucciones. Pradas, sin embargo, dijo ante el tribunal que entendió aquellos mensajes como un intento de Presidencia de convencerla de que no tomara aquella decisión.

José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete del expresident valenciano Carlos Mazón, ha asegurado que no dio "ninguna orden ni instrucción" a miembros encargados de gestionar la dana, sino que simplemente "trasladó una reflexión" al indicar a la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas que "de confinar, nada".

Cuenca ha comparecido este lunes de nuevo ante la comisión investigadora del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. Allí ha negado haber ordenado a Pradas esa tarde "no confinar" cuando esta se lo sugirió ante la gravedad de la situación. "Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia", ha afirmado.

En esos intercambios, que Pradas ha mostrado en sede judicial, se ve cómo Cuenca a las 19:54 horas del día señalado le indicaba a la ex consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma" y le insistía a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza". Cuestionado sobre el contenido y el tono de esos intercambios, ha explicado que "simplemente trasladaba una reflexión de que lo que se hiciera, se hiciera con la cobertura legal" necesaria.

Durante toda la sesión, ha reiterado que "no es cierto" que él estuviera dando "instrucciones del president (Mazón, con quien también estaba en contacto por WhatsApp)" a Pradas y ha rechazado que él "frenara el confinamiento" ante una acusación de la diputada Àgueda Micó (Grupo Mixto). Al respecto, ha recordado que ante la tragedia él no tenía "ningún rol y ninguna competencia en una emergencia". "Yo ni paralizo ni impulso nada porque yo no formo parte de la gestión de la emergencia", ha enfatizado.

Micó lo ha conminado a "ser valiente" y "decir la verdad" al acusarlo de ser "muy fiel a (Carlos) Mazón y muy poco fiel a los valencianos y valencianas y a quienes quieren la verdad". De nuevo, ha respondido con una frase muy utilizada a lo largo de toda la intervención: "Lo que usted está diciendo no lo puedo compartir".

En otro momento de la comparecencia, el diputado Mikel Otero, del Grupo EH Bildu, ha considerado que "la cuestión hoy es saber si su entrometimiento" con esos mensajes a Pradas tuvo "consecuencias graves en la gestión de la emergencia".

"En todo momento he dicho la verdad", ha contestado el exjefe de Gabinete, que ha sugerido: "lo que nos tiene que empezar a preocupar fundamentalmente es que miles de valencianos recuperan la seguridad ante cualquier otro episodio imprevisible de la naturaleza como el que se dio el 29 de octubre".

La diputada Patricia Blanquer, del Grupo Socialista, lo ha interpelado además por la desaparición de mensajes de su teléfono móvil entre los que figuraban los que mantuvo esa tarde con Pradas y Mazón. Sobre ello ha considerado que se trata de "destrucción de pruebas y obstaculización a la justicia" por no dejar "ni rastro de comunicaciones porque su móvil corporativo fue reseteado". Sobre esta acusación, el interrogado ha respondido: "Yo no he borrado nada".

"No tenía competencias, pero tomó decisiones y, si actuaba por orden (de Mazón), la responsabilidad era de su jefe", ha observado la socialista, al tiempo que Cuenca reiteraba que él no dio "ninguna orden" y no la dio "en nombre de nadie".

Esa diputada, con quien ha tenido un tenso intercambio, ha cuestionado si el exjefe de Gabinete trasladó a Mazón el contenido de todos los mensajes que le envió Pradas comunicándole, por ejemplo, que se había producido un primer fallecimiento y que un río en Utiel se estaba desbordando. "Los avisos eran claros; la pasividad, injustificable", ha lamentado Blanquer.

A Cuenca se le ha reprochado "haber mentido" en sus declaraciones, haber eliminado mensajes de su teléfono móvil de forma deliberada a fin de "encubrir" a Mazón y haber "interferido" en la gestión de Pradas con una serie de intercambios en los que se mostraba contrario a un confinamiento.

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi, según informa EFE. 

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, en la que ha precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración. 

Este escolta ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con la periodista, Maribel Vilaplana. 

Mazón prescindió de los servicios de los escoltas antes de llegar al restaurante y continuó solo el trayecto, algo que, según este testigo, "era raro" pero no era la primera vez que ocurría. 

Los responsables de la seguridad del president conocían la existencia de esta comida privada desde el día anterior, ha indicado el testigo, que ha añadido que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la alerta meteorológica, y ellos tampoco sabían el motivo de la comida. 

Los escoltas regresaron al Palau, mientras que el entonces president llegó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia), donde llegaron sobre las 20:30 horas. 

Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.