Miren esas caras: Franco acaba de morir, pero no son caras de alegría, tampoco de tristeza; son caras de incertidumbre, de perplejidad, de desasosiego; fíjense en la expresión de la única persona que mira a la cámara, ese hombre de la derecha de la imagen cuya cabeza sobresale por encima de dos mujeres jóvenes. “Y ahora qué”, pregunta. Viendo esa foto, es inevitable recordar de nuevo a Julio Cerón, aquel singular diplomático que a finales de los cincuenta fundó el FLP (Frente de Liberación Popular) y pagó con tres años y pico de cárcel su osadía antifranquista. “Cuando Franco murió, hubo gran desconcierto”, dijo. “No había costumbre”. 

Hay quien piensa que la democracia era inevitable en España tras la muerte de Franco; asombrosamente, lo piensan incluso algunos protagonistas de aquel período. Es un espejismo teleológico. La democracia nunca es inevitable, y tampoco lo era en la España posfranquista; de hecho, algunos politólogos relevantes, como Giovanni Sartori, pensaban por entonces que los españoles no estábamos preparados para la democracia. El lema celebratorio de nuestro Gobierno –“España en libertad. 50 años”– comporta una falsedad flagrante. La muerte de Franco no representó el fin del franquismo; tampoco el principio de la democracia. El franquismo era robusto a la muerte de Franco, aunque no lo bastante robusto para imponerse al antifranquismo; el antifranquismo era robusto a la muerte de Franco, aunque no lo bastante para imponerse al franquismo. De ese empate de impotencias surgió en España la democracia. Esta no empezó tras la muerte de Franco: jurídicamente, empezó el 27 de diciembre de 1978, cuando se promulgó la Constitución tras haber sido aprobada en referéndum tres semanas antes; simbólicamente –es decir, realmente–, empezó a las seis y media de la tarde del 23 de febrero de 1981, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, cuando los tres políticos más determinantes para la instauración de la democracia, que durante la mayor parte de sus vidas no habían creído en ella –Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo–, decidieron jugarse el tipo por la democracia. En cuanto a mí, el asco insuperable que me produce la muerte me impide alegrarme incluso de la de un individuo tan siniestro y sanguinario como Francisco Franco. 

   La verdad: no sé qué demonios estamos celebrando.

“Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, hijo de puta”. Risas, cervezas y bailes en discotecas. Pulseras con la bandera. Vídeos de TikTok. Selfies con Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y Alvise Pérez. “En España no hay libertad”, “el Gobierno nos controla”. Veneración por los criptobros, cánticos contra las “feminazis”.

Desde hace unos años, una parte de la juventud española ha entrado en un universo político con unos esquemas que hasta ahora no operaban en la política tradicional. Ser de derechas no es algo para muchos ya grisáceo, sino que es casi como un movimiento punk, de “libertad”. Un cóctel explosivo que conlleva el seguimiento de agitadores como Vito Quiles y el encumbramiento de música religiosa con grupos como Hakuna.

Este fenómeno cristaliza en datos como que el 19,6% de los menores de 24 años, según el el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, considera que los años del franquismo fueron muy buenos para el país. Y Vox se erige como la fuerza emergente entre muchos jóvenes, consiguiendo ahora, según el CIS, un 20,8% de los votos en ese sector de la población (sólo le superaría el PSOE con un 22,7%). En el último sondeo de 40dB, los de Santiago Abascal aparecen como primera fuerza con un 30,6% por encima de los socialistas (19,5%) entre los votantes más jóvenes.

En las dos muestras hay un denominador común: la ultraderecha fagocita al PP en este espectro. Por bloques, la de 40dB evidencia que los populares y Vox sumarían un 31,1% del voto joven, por encima del PSOE, Sumar y Podemos, con un 28,6% entre los jóvenes. Aunque también refleja que ahora mismo entre los menores de 24 años es donde hay más indecisos (un 30%). Y consideran como principales problemas, según el CIS, la vivienda, la crisis económica y la inmigración.

“Hoy ser de derechas puede percibirse como punk porque rompe con la narrativa dominante en educación, medios y cultura urbana, que suele enfatizar valores progresistas. Para algunos jóvenes, identificarse con la derecha significa desafiar la corrección política, posicionarse contra los discursos sobre memoria histórica, feminismo o ecologismo, y adoptar un rol de provocación cultural. No es necesariamente un compromiso ideológico profundo; muchas veces es una estética de rebeldía, un gesto de identidad que mezcla humor, ironía y confrontación con lo que se considera el mainstream progresista”, considera Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa.

¿Se han derechizado los jóvenes en España? La también profesora de la Universidad de Valencia responde: “No podemos decir que toda una generación se haya desplazado hacia la derecha, pero sí que hay tendencias de receptividad a discursos conservadores y autoritarios. Uno de cada cuatro jóvenes afirma que se ha ido demasiado lejos en igualdad. Esto se ve también en la política identitaria con el auge de ciertos discursos sobre orden y seguridad, o en la simpatía por figuras que relativizan el franquismo”.

“Algunos jóvenes se sienten desencantados con la democracia, la política tradicional o los partidos progresistas, y buscan alternativas que prometen soluciones rápidas a problemas económicos o sociales, aunque esto implique abrazar relatos revisionistas o nacionalistas”, continúa López Ortega. Para adentrarse en el dato de que casi el 20% considera buenos los años del franquismo: “Este fenómeno se explica por varios factores, empezando por la distancia histórica. No vivieron bajo una dictadura y no conocen directamente la falta de libertades ni la represión”. 

Desgrana a continuación: “Hay una ausencia de una pedagogía democrática activa. La educación y la transmisión social de la historia no siempre han sido suficientes para explicar los impactos del franquismo”. Y pone mucho foco en la “influencia de la extrema derecha” ahora mismo en redes sociales y espacios de ocio juvenil: “Se difunden relatos que presentan el franquismo como un periodo de orden y modernización, y como solución a problemas que la democracia no ha resuelto”.

“No se trata necesariamente de que los jóvenes sean franquistas en sentido estricto, sino de que el relato histórico se ha debilitado frente a mensajes simplificados y emocionales”, resume la doctora en Ciencia Política.

Se detiene en este punto en las redes sociales. Según López Ortega, han sido clave en la “normalización y difusión de discursos revisionistas y de extrema derecha” con memes y vídeos cortos que crean contenido viral mezclando “humor, estética y provocación”. “Esto reduce la complejidad histórica y permite que ciertos mensajes calen más fácilmente entre jóvenes que consumen información de manera rápida y fragmentada. Además, estas narrativas no se quedan sólo en Internet: se replican en medios, parlamentos y debates públicos amplificando su impacto. Es una lucha muy desigual, ¿cuántos tik tokers están dando la batalla al meme revisionista?  Muy pocos, lamentablemente”, reflexiona.

La ultraderecha lleva años introduciéndose en las redes sociales, en connivencia con las propias compañías. Se trata de un fenómeno mundial, que en España es copiado por Vox en su estrategia dirigida por el diputado Guillermo Mariscal. La guía es Estados Unidos, donde se produjo la foto representativa de todos los multimillonarios de Silicon Valley arropando a Donald Trump en su toma de posesión, con figuras como Elon Musk y Marck Zuckerberg. A esa batalla en España la izquierda está llegando tarde, aunque el Gobierno trata ahora de combatir con Pedro Sánchez a la cabeza lanzando a Tiktok, haciendo vídeos con recomendaciones culturales durante todas las semanas.

Ramón Mateo, director de Análisis de beBartlet, pone sobre la mesa, a la hora de abordar este tema, que el PSOE encabeza el voto joven con un 25%, según la última encuesta de Agenda Pública, por delante de Vox y del PP, con un 23% cada uno. Por ello sostiene: “Los datos no avalan la tesis de que sea una moda generacional, transversal y definitoria. Estamos hablando más de bien de lo que es un fenómeno sobre cómo se está socializando fundamentalmente el electorado joven procedente de entornos sociológicos de derechas”.

Dice Mateo que un fenómeno parecido, aunque de menor envergadura, se vivió durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno a partir de 2004: “Hubo una eclosión liberal en esos tramos de edad, aparecieron medios como Libertad Digital y perfiles como Esperanza Aguirre. La gran diferencia es que entonces no había un partido externo al PP, sino que eran corrientes dentro de las familias del Partido Popular”.

Por eso, mantiene que hay una “radicalización dentro del espacio joven de la derecha”. Se trata principalmente de trasvase de votos del Partido Popular hacia Vox. Cree que hay poco votante joven de la izquierda que se esté marchando con los de Santiago Abascal. El trasvase progresista puede ir más hacia la abstención, sostiene el analista de beBartlet. 

Lo que sí ve, apoyado por las redes, es que se ha creado una “cosmovisión” de ese espacio joven de las derechas con un determinado imaginario, temas de conversación y símbolos enmarcados en el revisionismo en asuntos como el origen de la guerra civil y de la dictadura culpando a la izquierda. Además, cree que se expande en esos círculos aspectos como que el franquismo tuvo un desarrollo económico positivo, además del factor de la falta de vivencia personal de aquella época.

Guillermo Bezzina, politólogo del colectivo Passes Perdudes, marca “un punto de inflexión” en la pandemia tras décadas en las que los jóvenes se asociaban más a movimientos revolucionarios progresistas: “Ahora muchos se sitúan a la derecha. Hay que ver la situación vital por un mercado laboral precario, algo que pasa en el conjunto de países. Está también la crisis de la vivienda y la imposibilidad de hacer planes. Eso hace a muchos tener una respuesta reaccionaria al sistema supuestamente progresista”.

“Se trata de una falta de respuesta de la política tradicional, tanto de izquierdas como de derechas. Por eso buscan los márgenes”, indica el politólogo. Y opina que esa tendencia hacia valores conservadores extremos se está acelerando especialmente desde hace dos años. Pone sobre la mesa que Vox ya es la primera fuerza en el grupo entre 25 y 35 años y acaricia esa posición, según el CIS, entre los menores de 24 años. Asimismo, advierte de que también el electorado joven femenino es cada vez más proclive a Vox y que la ultraderecha no ha tocado techo.

Analiza también el politólogo esa visión positiva del franquismo del casi 20 por ciento de jóvenes: “No sorprende viendo la intención de voto a la extrema derecha. Un elemento es el desconocimiento histórico. No hay memoria democrática. No se estudia en los colegios qué pasó ni las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. No hay políticas de memoria como en Alemania o Chile, aunque allí está subiendo también la extrema derecha”.

Pero agrega que hay un elemento principal que tiene que ver con “insatisfacción con la democracia sobre cómo funciona y su no respuesta a algunas de las principales necesidades vitales como la vivienda”. “Sobre todo, en las grandes ciudades hay jóvenes que incluso ganan buenos sueldos, pero tienen que seguir compartiendo piso. La democracia prometida no acaba de dar los resultados positivos que enseñaron a los niños. Eso lleva a la creencia de que un tiempo pasado fue mejor, aunque ningún dato lo avala. También contribuye bastante la normalización que hace sobre este tema la derecha”, enfatiza.

Para poner el fofo finalmente Bezzina en el trabajo que ha hecho la extrema derecha en las redes en los últimos años: “Ha sabido leer muy bien el lenguaje y cómo llegar a los jóvenes. No ha hablado tanto de política, pero se ha introducido de manera indirecta. Las redes son cámaras de eco y reverberación. Hay una gran crisis de los medios tradicionales. Las grandes fuentes ahora son Instagram y TikTok”.

Profesión: sus labores. Era lo que figuraba, hasta hace no tanto tiempo, en el DNI de las mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico no remunerado. Una categoría que relegaba las tareas de cuidado al ámbito privado, a la más estricta intimidad. Cocinar, criar a los hijos, cuidar de los enfermos y esforzarse por hacer de los hogares espacios habitables era, sencillamente, algo que las mujeres escogían como sus labores. La categorización estuvo vigente hasta 1985. Entonces hacía ya diez años que había muerto el dictador, pero el cambio social en torno al papel de las mujeres como sujetos activos de derechos se presentaba como uno de los mayores desafíos sociales y políticos de la etapa que se abría. 

Lo recuerda Justa Montero, militante del movimiento feminista de Madrid. "Hubo que abrir muchas puertecitas y muchas ventanas", relata en conversación con este diario, porque "nada empieza ni brota de repente". Antes que ella, concede, "hubo mujeres formándose de manera clandestina" para sembrar los frutos que otras recogerían. Para Montero, la muerte del dictador representa la apertura de "un espacio de lucha social por ver cómo se acaba con la dictadura. Porque su muerte no quiere decir que se acabe", así que se inicia "un proceso en el que está por definir la sociedad y lo que se considera una democracia radical".

Lo sabe bien la sindicalista Ana Sigüenza, militante de CNT desde 1977 y la primera mujer en ocupar la secretaría general de un sindicato. Recuerda de aquellos años el ambiente en la universidad, con "catedráticos que eran absolutos fascistas", también los viajes clandestinos a los que las mujeres se veían abocadas para poder abortar y la persecución del acceso a anticonceptivos. "Las mujeres de clase obrera que éramos muy jóvenes cuando murió Franco tuvimos que afrontar a la vez el conocimiento y práctica de nuestra sexualidad, sin acceso a los métodos anticonceptivos ni de interrupción voluntaria del embarazo", señala.

Pero sobre todo, recuerda la violencia contra las disidencias políticas y la lucha sindical de la que entonces también empezaron a formar parte las mujeres: "Tuvimos que luchar, junto con nuestros compañeros hombres, por nuestros derechos laborales. Y, como ellos, vivimos las traiciones de quienes se otorgaron nuestra representación para ir mutilando esos derechos. Lo vivimos en los setenta con huelgas como la de Induyco". En aquellos años, repara la sindicalista libertaria, se estaba cometiendo además "un obrericidio que llegaría hasta los ochenta, en el que mataron a demasiados jóvenes, hombres y mujeres que eran la nueva clase trabajadora". En su memoria están los nombres de Belén María Sánchez Ojeda, María Luz Nájera y Elvira Parcero, entre otros muchos. "En todas las épocas, el apoyo mutuo ha sido para las mujeres obreras y sindicalistas la energía que necesitábamos y dábamos", asiente al otro lado del teléfono.

Si algo tenían las mujeres entonces, era ansias de cambio. "Franco muere en noviembre y en diciembre se celebran las primeras jornadas feministas", recuerda Montero. Un acto "muy determinado por el contexto político del momento", en el que brotan reivindicaciones propias como "una amnistía específica para las mujeres" encarceladas por cuestiones como la prostitución, el aborto o el adulterio. Surge entonces la "irrupción del feminismo, con una fuerza impresionante y enseguida muy organizado". Se forman grupos de mujeres "en la universidad, en los barrios y en las empresas".

En esa línea, añade la activista, el feminismo supone "una apuesta clara por intervenir en ese cambio social radical necesario de la ruptura con la dictadura". Emerge además una "explosión de los deseos de libertad de las mujeres para poner en la agenda todo", desde su papel en la construcción de todo el nuevo entramado legislativo, hasta la reivindicación del deseo y el placer sexual. El movimiento feminista es, al mismo tiempo, las "ansias de libertad, sometida a una negación absoluta durante el franquismo" y actor protagonista en "la reconfiguración social, política y normativa". Ellas querían estar presentes y para ello era necesario abonar el terrero para conseguir "cambios en la subjetividad y vida de las mujeres".

Esas ansias de cambio las canalizó Sigüenza a través del movimiento sindical. La joven dirige sus pasos hacia la CNT el mismo año en que deja de ser obligatoria la afiliación al sindicato vertical. En marzo de 1977, la madrileña asiste al multitudinario mitin del sindicato en San Sebastián de los Reyes, su primer gran encuentro tras la clandestinidad, en un momento en que la organización anarcosindical no estaba todavía legalizada. Meses después, en otro acto celebrado en Montjuïc, una de las manos que agarraron el megáfono fue la de la histórica Federica Montseny.

Aunque "el mundo sindical era eminentemente masculino", el sector al que pertenece ella, la industria química, "está feminizado y eso se notaba". "Me encontré a un sindicato sensible a los problemas propios de los sectores feminizados. Y la mayor ventaja de aquello es que caminábamos todas siempre al unísono", presume.

La historiadora Gloria Nielfa transita por todo el entramado legal en el que se plasmó el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres. El punto de partida, el más evidente: la igualdad reflejada en el artículo vigésimo cuarto de la Constitución. "Para poder reclamar la igualdad, era necesario reconocerla como un derecho", clama la historiadora, quien cita también la necesidad de "remover los obstáculos para que esta igualdad sea real", un requisito contenido en el artículo 9.2. El germen de entonces terminaría de brotar décadas después, con la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El Estatuto de los Trabajadores plasmó sobre el papel, en los ochenta, el principio de no discriminación en el empleo. "Eso no quiere decir que desaparezca, pero es un texto legal que esgrimir", puntualiza Nielfa. Comienzan entonces a ampliarse los permisos de maternidad y nacen los de paternidad. Hasta 2007, los hombres únicamente cuentan con dos días de baja por el nacimiento de sus criaturas. Los de paternidad son permisos "importantes para que los hombres puedan vivir su paternidad, pero también para que la maternidad no sea una amenaza para las mujeres", enlaza la historiadora.

Pero si algo supuso un auténtico revulsivo simbólico y material para las mujeres, fueron aquellos aspectos vinculados a la sexualidad y las relaciones afectivas. A finales de los setenta, las mujeres llenaron las calles de Barcelona bajo un lema: "Yo también soy adúltera". Pedían la despenalización del adulterio, un delito contenido en el Código Penal: "Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada". En 1978, sale adelante la norma que despenalizaría el adulterio y el amancebamiento. 

El mismo año quedaría también fuera del Código Penal el acceso a los anticonceptivos, pero habría que esperar hasta 1985 para celebrar la reforma que depenalizaría la interrupción voluntaria del embarazo, sólo en tres supuestos. En 2010, con la ley de plazos, las mujeres dejaron de tener que dar explicaciones para ejercer ese derecho.

En 1981 se producen dos reformas del Código Civil. Una de ellas sobre filiación, patria potestad y régimen económico dentro del matrimonio. Se acaba la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, la patria potestad pasa a ser conjunta y los hombres dejan de ser los administradores de los bienes conyugales. La segunda es la gran reforma que permite el divorcio. "La regulación del matrimonio es fundamental para que las mujeres no estén en situación de inferioridad", afina la experta.

Fue la movilización social de las mujeres, en parte, la responsable de las grandes victorias legislativas que se irían cosechando conforme avanzaron los años, como la Ley contra la violencia de género o la Ley de libertad sexual que "pone el acento en el consentimiento en las relaciones sexuales".

A pesar de los avances, exclama la historiadora, queda todavía mucho por hacer. La mayor brecha está a su juicio en la educación: "Falta una labor educativa fundamental para transmitir la idea de igualdad y atajar violencia contra las mujeres". Hacer memoria es también recordar que "se suprimió la asignatura Educación para la ciudadanía", una materia que funcionó fugazmente como "un cauce para esta labor". En algunos casos, además, "faltan medios para aplicar lo que establecen las leyes". 

Pero el principal problema no son sólo los derechos por conquistar, sino el avance reaccionario. "Siempre hay que partir de la idea de que ninguna conquista es irreversible, hoy se está viendo muy claramente que hay amenazas tangibles a esos derechos", pronuncia Nielfa. 

Montero coincide en el diagnóstico. "A nivel internacional, la extrema derecha plantea una salida social, política y económica que implica un retroceso brutal y donde la pugna contra el feminismo es central, no sólo a través de batallas culturales, sino también por el modelo que plantea". Sí cree que es "un elemento de preocupación", porque puede tener "una expresión política que suponga una involución", pero se resiste a caer en el derrotismo. "En las aulas y en la calle también se expresa esa otra fuerza, la de seguir avanzando en derechos. Es un momento complicado, pero hay todo un movimiento que tiene fuerza", zanja. Al fin y al cabo, una de las principales lecciones que dejan en herencia las mujeres es precisamente que "con el miedo no se va a ninguna parte".

El prestigioso historiador Ángel Viñas acaba de publicar El oro de Franco (Crítica, 2025), una investigación con el subtítulo de 'Petróleo y espionaje en la Guerra Civil' en la que, a cuatro manos junto al ingeniero industrial Guillem Martínez, se demuestra que la ayuda internacional en petróleo y sus derivados fue uno de los elementos esenciales en la victoria de los sublevados comandados por Franco, así como que el llamado oro negro y la implicación estadounidense resultaron, a todas luces, determinantes para el resultado final de la contienda.

Este título se suma a la extensa y documentada producción que de un tiempo a esta parte están desarrollando multitud de historiadores, buceando durante varios años en todo tipo de archivos y documentos para dar con nuevas claves que permitan comprender con mayor exactitud y profundidad lo que ocurrió (y por qué, cómo, cuándo y quién) en nuestro país desde la década de los treinta del siglo pasado, antes, durante y después del franquismo, para comprender así mejor nuestro presente.

Una labor especialmente necesaria en este hoy de pendulazo conservador tan desconcertante como preocupante en el que asistimos al auge de la extrema derecha entre las nuevas generaciones (por ignorancia, desconocimiento o falta de interés), no solo en España, sino en todo el mundo. Coincidiendo con los cincuenta años este jueves de la muerte en la cama del dictador el 20 de noviembre de 1975, repasamos una serie de recientes ensayos históricos esenciales, cada cual especializado en una materia concreta en particular, consiguiendo así sumando todos una panorámica más amplia del pasado desde la perspectiva del presente.

Es el caso de Verdugos del 36 (Crítica, 2025), en el que el historiador David Alegre hace una investigación pionera que busca, según explicó a infoLibre, "por primera vez en la historiografía española analizar con todo detalle quiénes fueron los responsables de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas de eliminación sistemáticas que llevaron a cabo los golpistas en todas las zonas que controlaban a partir del 18 de julio del 36". Un estudio que más allá de Franco, Mola o Queipo de Llanos, pone nombre y apellidos a multitud de perpetradores, cargos medios e incluso civiles que se apuntaron al bando sublevado para medrar socialmente a costa de las vidas de miles de inocentes. 

"Lo intentaron todo, pero la memoria de la cárcel de Carabanchel se resiste a desaparecer", nos contaba meses atrás el también historiador Luis A. Ruiz, autor de una investigación en forma de libro que llama a la derruida prisión La estrella de la muerte del franquismo (Libros del K.O., 2025). Y es que, a su juicio, este mastodóntico edificio, que cerró sus puertas en 1998 y fue demolido en 2008, es "un símbolo emblemático en toda España tanto de la represión del franquismo como de la lucha por las libertades y la democracia". "Hay al menos una cierta tolerancia oficial con la destrucción de la memoria y del espacio físico de la cárcel, así como de su patrimonio documental", lamentaba. Su trabajo nos ayuda a no olvidar lo que pasó en ese solar donde tanto tiempo después, ahora ya sí, se preparan para especular en lugar de recordar.

La hispanista francesa Sophie Baby, por su parte, lanza una pregunta de calado en el título de su reciente nueva obra: ¿Juzgar a Franco? (Akal, 2025). Ella misma se responde a lo largo de medio millar de páginas, fruto de un lustro de búsqueda por archivos españoles e internacionales, con el objetivo último de descifrar el enigma de la persistente impunidad del franquismo. Es así como ofrece una mirada inédita a nuestro pasado más reciente, remontándose a la posguerra para seguir la genealogía de las responsabilidades criminales del franquismo, que llevó a difuminar las posiciones de víctima y victimario. "Juzgar a Franco es imposible por la sencilla razón de que ya murió, pero sí se podría enjuiciar a los crímenes del franquismo, en un sentido judicial estricto, si se considera que son crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles en derecho internacional", explicaba en una visita reciente a este diario.

La hambruna española (Crítica, 2025) es el primer título que explica al detalle cómo, por qué y cómo Franco utilizó el hambre como arma para rematar a los vencidos en los primeros años de la posguerra española. "No fueron los 'años del hambre', que es toda la posguerra y que en el fondo han pasado a la memoria popular como eso. Fueron años completamente brutales y silenciados por el régimen franquista, que nunca lo reconoció", remarcó a infoLibre el autor y catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, quien añade que, una vez ganada la guerra, el dictador no apostó "por la reconciliación, sino sencillamente por seguir aplastando a los vencidos" en una nación grande, libre y... deliberada y despiadadamente hambrienta.

El catedrático de Historia y director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la Universidad Complutense de Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, toma otra dirección e indaga en su propia genealogía para comprender la memoria pública y colectiva a partir de la privada y familiar. Lo que pasa en las calles como resultado de lo que ocurre dentro de las casas, o viceversa. "En las familias hay un montón de mentiras, de medias verdades, muchos silencios", resaltó a infoLibre con motivo de la edición de Los descendientes (Crítica, 2025), esta aventura en la que descubre que todo lo que le habían contado sobre su abuelo no era exactamente así. Un ejercicio de depuración particular que sirve para explicar lo que pasaba en este país, y lo que ha pasado en tantos otros, cuando hay que adaptarse para sobrevivir sin dejarse la vida en el intento (él de hecho, se ha dejado en el camino de este trabajo algunos familiares que ya no quieren hablarle).

Este año de conmemoración del medio siglo del fallecimiento del dictador comenzaba fuerte en febrero con el lanzamiento de Franco (Crítica, 2025), una biografía imprescindible, no pocos aseguran que definitiva por el prestigio del autor, para acercar al lector del siglo XXI una de las figuras centrales de la historia española. Ese es el empeño de Julián Casanova, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, para quien Franco tuvo tiempo de "reinventar la Historia" a lo largo de sus cuatro décadas de régimen. Y lanzaba el interrogante nuclear a infoLibre: "¿Por qué cuando se habla de Hitler, Mussolini o Stalin se me cree y cuando hablamos de Franco parece que estamos removiendo el pasado, o que se están diciendo mentiras cuando todos sabemos que no es así?"

También este año llegaba a las librerías Franquismo: Anatomía de una dictadura (1936-1977), un volumen coral de la editorial Comares que reúne 29 contribuciones de 34 historiadoras e historiadores de universidades españolas, más dos francesas, una inglesa y otra canadiense, con el fin último de desmontar con datos los tópicos que cuarenta años de dictadura dejaron tallados en piedra. De esta manera, los expertos intentan responder a la pregunta de por qué y cómo duró tanto tiempo el régimen franquista a partir del análisis de tres factores clave: el terror, el control social y la fabricación de consensos. Bajo la coordinación de François Godicheau y Jorge Marco, encontramos aportaciones de Carme Molinero, Zira Box, Nicolás Sesma, Gloria Román, Ana Cabana o Ángela Cenarro.

Acabamos de mencionar a Nicolás Sesma, y no podemos por ello pasar por alto la ambiciosa obra del historiador hispano-francés, Ni una, ni grande, ni libre (Crítica, 2024), en la que relata los cuarenta años de franquismo para una nueva generación desde la perspectiva del siglo XXI. Tampoco pasamos por alto Los Nadies de la guerra de España (Akal, 2022), un trabajo en el que el historiador Francisco J. Leira Castiñeira da voz a personas anónimas pero con nombres y apellidos que fueron, como tantísimas otras, atropelladas por los acontecimientos. Porque solo a través de la Historia y la memoria, rescatando del olvido a los que nada fueron, podremos conseguir algo parecido a la justicia de la verdad. Y, para terminar, Breve historia de la dictadura de Franco (Catarata, 2025), libro en el que la historiadora Encarna Nicolás hace una breve pero completa introducción para lectores poco familiarizados con el dictador. Algo, indudablemente, necesario.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España sigue guardando sus secretos bajo una ley aprobada por el propio dictador. La ley 9/1968, de Secretos Oficiales, modificada de forma superficial en 1978, continúa siendo el marco legal que permite al Gobierno decidir qué información se clasifica y durante cuánto tiempo permanece oculta. 

El resultado es una anomalía institucional que contrasta con los países de nuestro entorno. Mientras que Reino Unido o Francia cuentan con plazos de tiempo establecidos a partir de los cuales hacer públicos los archivos, el Estado español carece de un calendario automático de desclasificación de documentos y de un cuerpo técnico que supervise la apertura de archivos. “Aquí ni siquiera se sabe muy bien todo lo que hay; ni el presidente del Gobierno lo sabe”, advierte el historiador Ángel Viñas, que lleva décadas reclamando la sustitución de la norma.

La diferencia con otros países no solo está en el procedimiento, sino también en la cultura política. Viñas explica que en otros países de nuestro entorno existen grandes equipos de archiveros especializados y comisiones técnicas dedicadas a desentrañar e interpretar el pasado documental del Estado. Mientras, en España, la desclasificación sigue siendo un acto discrecional, dependiente del Consejo de Ministros y, en la práctica, sujeto a la voluntad de cada Gobierno. Esta ley, y la opacidad que conlleva, impide interpretar y comprender correctamente el franquismo en toda su magnitud, según indica Viñas, al regirse sus secretos por una herramienta diseñada e impuesta por el dictador.  

El peso del franquismo se percibe también en lo que ya nunca podrá revisarse. Durante los primeros años de la Transición, miles de documentos de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior fueron destruidos de forma deliberada, entre ellos, los expedientes personales de cientos de jueces, según Viñas. “Hubo individuos, grupos y autoridades que quisieron dejar tras de sí el menor volumen posible de evidencias”, señala. Esa eliminación dejó huecos irreparables. Incluso si mañana se abrieran todos los archivos, una parte esencial de la historia reciente de España ya no existe para ser desclasificada.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos democráticos han evitado tocar los secretos de Estado. “Miedo”, resume Ángel Viñas cuando se le pregunta por qué. “Miedo, y eso se aplica a los Gobiernos de Suárez y de Felipe González. Porque nadie sabe qué es lo que hay en los archivos”.

El nuevo anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria, pretende acabar con esa opacidad. En la presentación tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños defendió que la norma “supera una rémora de la dictadura” y situará a España “en los estándares europeos”. Por primera vez —subrayó— habrá plazos automáticos de desclasificación: 45 años prorrogables a 60 para los “altos secretos” y 35 prorrogables a 45 para los “secretos”. También aseguró que los documentos con más de 45 años se abrirán de forma automática. Según sus cálculos, esa disposición permitiría que “los informes reservados del golpe de Estado del 23-F se hagan públicos a finales de 2026”.

Sin embargo, la letra pequeña del texto matiza esa promesa. La nueva ley, de aprobarse tal y como está redactada ahora, permitiría mantener cerrados los documentos que puedan afectar a la defensa o la seguridad nacional, y deja en manos del Consejo de Ministros las prórrogas y excepciones. En la práctica, los criterios de clasificación seguirán dependiendo del Gobierno de turno.

Viñas lo ve con escepticismo. “Las evidencias primarias se encuentran todavía bajo secreto de sumario”, advierte, y teme que el nuevo sistema solo cambie las etiquetas. Según sus cálculos, tal y como está redactado el anteproyecto, los documentos generados durante el franquismo tardío y la Transición podrían no desclasificarse hasta 2050 o 2060. “El proyecto de ley es un avance importante, pero insuficiente”, señala.

Aunque el debate público suele centrarse en el origen franquista de la ley de 1968, algunos juristas no comparten la idea de que su antigüedad sea, por sí misma, un problema. Rosa María Collado, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas, subraya que, pese a provenir de la dictadura, la norma fue redactada por altos funcionarios con una sólida formación jurídica y con criterios técnicos que han permitido un funcionamiento estable y eficaz durante más de cinco décadas. El hecho de que sucesivos gobiernos de distinto signo hayan optado por mantenerla intacta desde su última modificación en 1978 es, para la experta, una prueba de que la ley ha ofrecido resultados razonables en la práctica. 

Collado recuerda, además, que otras normas preconstitucionales —como la Ley de Expropiación Forzosa, de 1954, o algunas partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sobreviven desde 1882— continúan vigentes por motivos similares: porque, más allá de su contexto histórico, siguen cumpliendo su función. En este sentido, Collado destaca que la ley delimita con precisión quién puede clasificar información —solo el Consejo de Ministros y la antigua Junta de Jefes de Estado Mayor—, lo que evita que cualquier autoridad intermedia pueda hacerlo de forma arbitraria.

Otro argumento jurídico apunta a que el ordenamiento ya incorpora mecanismos de control capaces de corregir excesos en la clasificación. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción —un órgano mixto compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado— resuelve los choques entre la autoridad judicial y el Gobierno cuando un juez reclama documentación declarada secreta. La jurisprudencia muestra que, cuando la materia no afecta a la seguridad del Estado, el tribunal ha ordenado entregar actas o documentos a la Justicia.

Además de la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir qué se desclasifica y qué no, otra de las críticas al anteproyecto es la introducción de sanciones económicas contra quienes difundan información considerada clasificada. La futura ley prevé multas desde 30.000 hasta 2,5 millones de euros para periodistas o medios que publiquen documentos protegidos. El Gobierno defiende que sustituir las penas de prisión —de seis a doce años según la ley franquista— por la vía administrativa es un avance en proporcionalidad.

Sin embargo, para la Asociación de Periodistas de Investigación (API), esa sustitución no elimina el riesgo de censura, sino que lo desplaza. La organización advierte de que las sanciones pueden convertirse en un instrumento disuasorio, especialmente para medios pequeños o profesionales autónomos, y denuncia que el derecho a la información se utilice como un simple atenuante en la graduación de las multas. “La libertad de información, reconocida en la Constitución, no puede quedar supeditada a una interpretación ambigua del interés nacional”, señala la asociación en un comunicado respaldado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la mayor organización profesional de periodistas del país.

La API también alerta de la concentración de poder en manos del Ejecutivo para decidir qué se clasifica y qué no, sin órganos independientes ni control judicial previo. Esa discrecionalidad, advierte, podría usarse para blindar información de interés público bajo el pretexto de la seguridad nacional. Por ello reclama al Gobierno y al Parlamento que revisen el texto para garantizar la protección del periodismo de investigación “como herramienta esencial de control democrático”.

La historia del Partido Popular —y la de Vox— no se puede entender sin su herencia franquista. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, de la que este jueves se cumplen cincuenta años, las derechas españolas se agruparon en tres partidos políticos relevantes: Alianza Popular, Unión de Centro Democrático y Fuerza Nueva. Alianza Popular, el precursor del actual PP, representaba al franquismo mayoritario, ya que además de estar fundada por siete exministros del régimen, como Manuel Fraga —el padrino político del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo—, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente, en su asamblea estatutaria reivindicó el legado del dictador.

Alianza Popular representó en sus inicios a la derecha inmovilista que se oponía a una ruptura total con el régimen, defendiendo posturas que buscaban una reforma lenta y controlada. Prueba de ello es que el 31 de octubre de 1978, la formación se partió en tres a la hora de votar la nueva Constitución española. De sus 16 diputados, ocho votaron a favor, cinco en contra y tres se abstuvieron. Fraga fue uno de los que se abstuvo porque, a su juicio, la Carta Magna suponía un "grave peligro" para la unidad nacional, "por las objeciones importantes de vacío religioso y moral" en su articulado, las "dudas y fallos" en el modelo económico y social y la "representación de un modelo por lo menos discutible y que podía haber quedado para la ley electoral". Se trata de la misma Constitución que el actual Partido Popular reivindica como propia.

En enero de 1989, tras siete años de mandato del socialista Felipe González, el propio Fraga renunció a las sus siglas de AP para transformarse en el actual PP. "Sé que a muchos de vosotros os está sangrando el corazón. El mío también sangra. Pero ha llegado el momento de cambiar de nombre. Alianza Popular se llamará Partido Popular. Esa es mi decisión", anunció en el llamado Congreso de la Refundación, con el que la derecha buscaba dejar atrás el pasado.

Ana Sofía Cardenal, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) asegura que el actual Partido Popular "tiene vínculos clarísimos con el franquismo" desde su fundación. "Fraga fue un ministro de los más liberales, pero fue ministro con Franco, el encargado de la propaganda y la prensa del régimen. Y ejerció y aplicó la censura, como no podía ser de otra manera", señala en conversación con infoLibre. Cardenal considera que, llegado el momento, el PP "tuvo que hacer de la necesidad virtud" y comenzó una "reorganización" que lideró el expresidente José María Aznar para tratar de "lavar la cara" al partido.

Sin embargo, a lo largo de estos cincuenta años, el PP ha sido prisionero de su herencia al no condenar de manera expresa el franquismo. No fue hasta el año 2002, casi tres décadas después de la muerte de Franco, cuando los conservadores impulsaron una proposición no de ley como alternativa a las propuestas de otros grupos parlamentarios que llevaban años intentando un reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, Franco no aparecía citado de manera expresa en esa iniciativa en la que solo se condenaba de manera genérica "la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas" y con el fin de "establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos".

Para Pilar Mera, profesora y directora del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, esta condena con matices fue "un error táctico y estratégico" de un Aznar en el Gobierno que tuvo miedo de que sus votantes les penalizaran si era más contundente. "Muchos de los políticos que estaban en ese momento podrían haber hecho una manifestación más clara, pero pensaban que a sus bases no les gustaría porque eran hijos del bando nacional e igual se iban a sentir ofendidos", analiza.

Desde entonces los conservadores se han puesto de perfil o han rechazado, directamente, iniciativas y leyes propuestas por otras formaciones políticas sobre el tema. Lo que alegan en el PP es que las leyes de memoria impulsadas por los socialistas, primero bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y después bajo el de Pedro Sánchez, solo quieren "reabrir heridas". La memoria es también uno de los principales campos de batalla de la extrema derecha, que siempre la sitúa entre sus prioridades legislativas en las negociaciones autonómicas con el PP.

La profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ana Martínez Rus, rechaza ese argumento y asegura que la ley de memoria no reabre heridas, sino que busca cerrar aquellas que "ya estaban abiertas" y no cicatrizaron debido a que nunca se cerraron de forma "democrática, justa o correcta". “Lo mínimo es que no se reabran heridas de forma injusta, sesgada o partidista. Y yo creo que eso es lo tiene que prevalecer”, afirma. "Las resistencias del PP se producen porque no han sido capaces de matar al padre", resume.

Martínez Mus también cree que el PP nunca ha roto de forma clara con los franquistas que se "reciclaron" en la Transición y que los conservadores han mostrado poca sensibilidad hacia las víctimas, lo que contrasta con el trato a las de ETA. "Nadie fue enjuiciado, y jerarcas, ministros y la propia familia del dictador permanecieron 'intocables' con sus propiedades, muchas de ellas fruto de expolio, lo que hizo muy difícil romper con el pasado", razona. La historiadora también señala que la Transición fue pilotada por "herederos de ese régimen".

Cardenal, por su parte, señala que "hay una parte de la derecha, que no es necesariamente franquista, que creen que Zapatero rompió un pacto implícito cuando empezó a plantear esa ley de memoria" y que por ese motivo hubo tanto revuelo social. "Hay sectores liberales que de forma sincera creen que fue un paso muy grave porque la ruptura del consenso se produce en este momento, pero creo que se equivocan en el diagnostico", señala.

Las tres expertas consultadas señalan que, en todo caso, las resistencias del PP no "son nuevas" ya que "siempre han tenido esta actitud de silencio" hacia esta etapa de nuestra historia. "Cuando Zapatero empieza a tramitar la ley de memoria, lo consideran una traición al pacto de la Transición", en palabras de Cardenal. La profesora de la UOC cree que, además, el PP está cada vez más radicalizado por "culpa de la competencia" con Vox. "Antes eran ambiguos por los sectores franquistas que aún quedaban en el PP. Ahora pueden entrar, directamente, a blanquear la dictadura como ya hace la extrema derecha. Vamos a verlo dando pasos en esa dirección"

Desde su irrupción en la política hace más de un lustro, la formación liderada por Santiago Abascal ni ha renegado, ni ha condenado, ni ha hecho siquiera un juicio crítico sobre la dictadura. Todo lo contrario. A diferencia de lo que ha venido siendo habitual en el PP, no esquiva este asunto, sino que hace política con él. Los ejemplos abundan. El líder del partido ha calificado el golpe de Estado de 1936 como un "movimiento cívico militar" o ha responsabilizado al PSOE de la Guerra Civil. E incluso ha llegado a decir, en pleno Congreso, que el Gobierno de Sánchez es "el peor en nuestro país en 80 años" –dictadura incluida–.

Mera coincide y cree que el PP "perdió su oportunidad" hace ya muchos años y que ahora es "rehén" de un Vox que "lo empuja a posiciones" más radicales. Y ya anticipa que si el próximo gobierno es una coalición entre el PP y Vox, con los de Santiago Abascal fuertes, "la memoria va a ser una condición". "No van a dejar la ley sin fondos, como hizo en su día Mariano Rajoy, sino que van a derogarla porque Abascal lo va a poner como condición", añade Cardenal, que apunta a que la memoria siempre es una de las batallas clave para las derechas radicales y, aunque el contexto español es muy específico, es un elemento coincidente en muchas de ellas.

Martínez Mus señala que Vox ha adoptado completamente el mensaje sobre las "bonanzas" del franquismo pese a que la dictadura causó un retroceso macroeconómico estructural y produjo "represión, censura, ejecuciones, encarcelamientos, política autárquica y hambruna". Así, lamenta la romantización que hay del pasado que "olvida" las cuestiones mollares de la dictadura. "La extrema derecha reivindica ese periodo y les parece fatal que se condene", apunta.

La historiadora de la UNED afirma que "a Vox le viene bien" que esta cuestión esté en el centro del debate "porque para el PP es incomodo pero para ellos no". "Pueden ponerlos nerviosos y dar la sensación de que ganan la partida", afirma. Así, concluye que el PP se está "dejando llevar" por las presiones de la extrema derecha, como se vio en Castilla y León con la ley que aprobó el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP), que después tuvo que derogar para aprobar la "ley de concordia" que le reclamaba Vox. "Esa es la mayor derrota", zanja.

Un derecho constitucional, el quinto pilar del estado del bienestar, un punto de partida para una vida digna… La vivienda se define de muchas maneras, pero todas ponen el acento en su carácter fundamental. Poder comprar o alquilar una casa se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos, en un catalizador para el descontento social y en un dilema que no termina de encontrar solución en España. Pero pese a su actualidad, esto no es nuevo. El franquismo quiso utilizarla como elemento propagandístico, la especulación puso sus ojos en ella y, ya en democracia, el déficit de vivienda pública y la dinámica de desclasificarla como tal, agravaron aún más el problema. Hoy, el precio medio de la vivienda vendida ha aumentado en 652 euros por metro cuadrado desde 2014, lo que supone un 52% más, hasta un precio que, en agosto de 2025, se quedó en 1.887 euros, según el portal estadístico del Notariado. El alquiler llegó durante el verano de 2025 a su máximo histórico en todas las comunidades, de forma que deja atrás cada vez más presupuestos familiares.

“¡Esta es la vivienda moderna!”, gritaba —rodeado de un montón de muebles colocados en la calle— un Fernando Fernán Gómez que interpretaba a un trabajador que se queda sin casa en la película El Inquilino (1957). Este largometraje, dirigido por José Antonio Nieves Conde, fue prohibido por la censura en un primer momento por considerar inadmisible una crítica hacia la posibilidad de tener una vivienda. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda consideró que alterando el final de la película, esta se podría emitir, y obligó a su director a grabar un desenlace alternativo en el que Evaristo González, que así se llama el protagonista, recibía del Estado un piso para vivir con su familia. 

Y es que el mito del progreso y de la prosperidad, en aquel entonces, pivotaba en gran medida sobre la vivienda en propiedad. “En el Fuero de los Españoles —una de las ocho leyes franquistas que data de 1945— se reconocía la vivienda como un derecho, pero eso no quiere decir que efectivamente fuera así”, explica José Candela Ochotorena, doctor en Economía e Historia y autor del libro Del pisito a la burbuja inmobiliaria. La herencia cultural falangista de la vivienda en propiedad. El profesor explica que la vivienda llegaba a las clases medias o a los funcionarios, pero ni mucho menos se popularizó. Sí lo hizo, en cambio, la preferencia por una vivienda en propiedad, un mantra que la Falange trataría de alimentar.

“Una de las frases preferidas del ministro de Vivienda del régimen, José Luis Arrese, era que España no era un país de proletarios, sino de propietarios, porque el objetivo real de la Falange era alejar a los obreros de la influencia socialista”, señala Candela. Y para hacerlo, la propaganda del régimen, con el NO-DO a la cabeza, tuvo un papel importante.

Antonio Raúl Fernández es profesor de publicidad de la Universidad de Murcia y ha explorado en su trabajo este fenómeno. “La vivienda de protección oficial funcionaba como una especie de legitimación del régimen y se entregaban en eventos multitudinarios que están recogidos, muchos de ellos, en el NO-DO”, explica.

Desde anuncios, a documentales o ceremonias de entrega de llaves a las que acudía el dictador en persona, son los eventos que se promocionaban. “Los actos se realizan en plazas públicas en las que se construyen escenarios para la ocasión. Las entregas se realizan en presencia de autoridades locales, representantes del Estado e inexcusablemente representantes eclesiásticos de la región (normalmente obispos) que ofrecen su bendición a los nuevos propietarios y sus viviendas”, recoge en un trabajo titulado Una casa para todos. Uso propagandístico de la vivienda en NO-DO durante la dictadura de Franco (1939-1975). Y la Iglesia también tuvo un papel preponderante: “También encontramos noticias sobre «Viviendas del Congreso eucarístico» o directamente viviendas entregadas por la Iglesia”.

“Al régimen lo que realmente le interesaba es que se compraran casas, porque era una forma de asegurarse cierta paz social. Si tienes a los trabajadores ocupados en pagar una letra, generas una cierta adhesión y tienes más control. Si tienes que pagar mensualmente por una casa que, además, te ha facilitado el Estado, quizá no te apuntes a un sindicato, ni protestes, por miedo a perderla”, explica Fernández. “Era una forma de control”, concluye.

De ahí que películas como El Inquilino incomodasen a la censura. De hecho, además del final alternativo en el que el Estado regala la vivienda al protagonista, el régimen le impuso un rótulo previo: “El problema social de la vivienda es el más universal de los problemas de nuestro tiempo. La sociedad tiene el deber de sentirlo solidariamente, y no confiar, exclusivamente, en el Estado, quien, justo es reconocerlo, trata por todos los medios de resolver o aminorar tan grave problema”.

El imaginario que rodea a la vivienda a lo largo del régimen tiene que ver con un refuerzo de la idea de “reconstrucción” del país, pero también de la familia y de un imaginario que bebe del éxodo rural. “Los españoles se convirtieron en urbanos en los 50 y proliferó la idea de que vivir de alquiler era de pobres”, resume Candela. Algo en lo que también abunda Fernández, que apunta a un nexo conceptual entre la casa en propiedad y el Estado del bienestar que ha podido extender su influencia hasta hoy. En los años sesenta más de tres millones de personas dejaron el campo para instalarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao y en paralelo, la demografía se recuperaba, por lo que, tal como explica Jorge Galindo en su libro Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia, el problema comenzaba a estar servido.

Durante el régimen, el Ministerio de Vivienda puso en marcha sucesivos planes, de forma que entre 1960 y 1981 se pusieron en marcha más de cuatro millones de nuevos alojamientos, según recoge Galindo. Aparecieron en la periferia barrios obreros y en 1970 el 63,4% de las viviendas principales estaban en régimen de propiedad. Para 1991, la idea de la propiedad se afianzaba y ese porcentaje había aumentado hasta el 78,3%.

Con la llegada de la democracia, la Constitución reconoció en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna y con el tiempo las competencias pasaron a las autonomías. Aquí aparecen las denominadas viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas de protección pública (VPP), pero el diseño de esta protección no garantiza que lleguen a la gente. “Este modelo, a mi juicio, es heredero del franquismo, es rasgo central: hacer vivienda pública para que luego pasara a ser privada en manos de una clase media de pequeños propietarios”, concluye Galindo en su libro.

Muchas pasaron a la historia como madrinas de cárcel o como mujeres de preso. Eran las que cuidaban, las que sostenían y las que trataban de reparar el dolor infligido por las garras de la dictadura sobre la disidencia política. Las que llevaban cartas a los presos y las que lavaban su ropa fuera de las prisiones. Pero también fueron las torturadas, las encarceladas y las que aprendieron a leer en el exilio. Quienes han investigado su historia, saben bien que la oposición al régimen no habría sido posible sin ellas. A pesar de que la mayoría de sus nombres siguen sin encontrar su lugar los libros.

Precisamente para tratar de corregir esa ausencia trabajan las autoras del libro Represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica democrática de las mujeres (Plaza y Valdés Editores, 2025), un manual con vocación didáctica que busca recuperar "la memoria histórica de las mujeres como sujetos de acción". Así lo señala Desirée Rodríguez, doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Alcalá, quien lleva tiempo buceando en los archivos militares para recuperar los nombres de las mujeres represaliadas por el franquismo. 

"Es importantísimo que la gente conozca" a todas estas mujeres, razona al otro lado del teléfono, porque sólo de esta manera podrán construir su "conciencia política y decidir en concordancia", especialmente los más jóvenes. "Uno es coherente cuando es conocedor de lo que se ha vivido. Los cuarenta años de dictadura taparon toda su memoria, rescribiéndola a su antojo". 

Asiente Beatriz García, coautora del libro, doctora en Historia y profesora en la Universidad de León. Ellas "siempre han estado relegadas a un segundo plano, ligadas al ámbito doméstico y excluidas de la vida pública", reflexiona, una marginación simbólica y material que se ha hecho extensiva a la hora de recordarlas. Incluso para que ellas "dejaran su propio testimonio, han tenido que pasar muchos años".

García se detiene en todas las acciones populares lideradas por mujeres que pasaron desapercibidas a ojos de la historia. "Las mujeres de preso dejaban notas clandestinas a los encarcelados y hacían cola en los mercados pidiendo bajadas de precio. Estaban protestando contra el régimen y quizá sin ellas la dictadura no se habría ido deteriorando hasta desaparecer", clama la historiadora. Reconstruir sus historias, coinciden ambas, es una forma de reparar las grietas de la desmemoria.

Casi al mismo tiempo que prendía la mecha de la revolución rusa, resonaba a miles de kilómetros el llanto de una recién nacida. En un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara nacía Tomasa Cuevas (1917-2007), a quien le envolverían enseguida los vientos de cambio que llegaban desde el otro lado del globo. Con catorce años comenzó a militar en la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y con el estallido de la guerra se incorporó a tareas de retaguardia en defensa de la República.

En 1939 fue condenada a treinta años de prisión, llegando a pasar hasta por cinco cárceles distintas. Tras estar recluida durante un lustro, fue desterrada a Barcelona, donde pasó a engrosar las filas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), hasta ser detenida en 1945. Los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix serían los encargados de someterla a las brutales y tristemente célebres torturas que marcaron con sangre la sede policial de Via Laietana.

En 1946 se casó con su compañero Miguel Núñez. Desde entonces, ninguno de los dos dejaría de pelear en clandestinidad. El PSUC facilitó su salida del país, primero con destino a Francia y después a Praga. Hasta 1969 no pudo regresar. No sólo vivió en primera persona el horror de las cárceles, sino que fue una de las militantes antifranquistas claves a la hora de cosechar los testimonios de las mujeres que perdieron la libertad entre los barrotes de las celdas.

Entre los conocidos como los Aguiluchos de les Corts, había siete nombres de mujeres. Uno de ellos era el de Concha Pérez Collado (1915-2014). La miliciana anarquista comenzó a participar en el movimiento libertario cuando era solo una adolescente, fiel heredera de la tradición anarquista que había atravesado la vida de su padre. Concha no dudó en decantarse por la lucha armada como vía hacia la liberación de la clase trabajadora, se formó conscientemente para enfrentar los horrores de la guerra desde primera línea y participó en acciones revolucionarias como el ataque a la prisión del Modelo para liberar a presos políticos. 

En 1937 fue capturada en los aledaños de Plaza Catalunya y, un año después, la caída de Barcelona precipitó su salida del país. Fue una de las muchas que acabaría en el campamento de refugiados de Argelès, donde asistió a sus compañeras ejerciendo voluntariamente como enfermera.

Consiguió regresar a su tierra a principios de los años cuarenta. En el Mercado de Sant Antoni, bajo la aparente sencillez de un inocente puesto de barrio, instaló una parada que funcionó durante la dictadura como punto de encuentro clandestino para el movimiento anarquista de su ciudad. Militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la sindicalista fue además un icono de un movimiento al que dieron sentido las mujeres: el activismo vecinal y antifascista. 

A finales de los noventa, con ochenta años cumplidos, fue una de las encargadas de dar vida al colectivo memorialista Mujeres del 36. Fue no sólo una de las protagonistas de la historia, sino también una de las voces que de forma tenaz e insistente mantuvo su compromiso por recuperar la memoria colectiva de las mujeres. 

Mercedes Núñez Targa (1911-1986) no experimentó las miserias propias de las clases populares. Nació a principios del siglo pasado y recibió una educación completa, casi privilegiada, el puente a través del que canalizaría un interés genuino por el arte y la política. Tras pasar por el tejido cultural y asociativo de su ciudad, ingresa con veinte años en las filas de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Era abril de 1936.

Tras el golpe fascista, entró en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), donde contribuyó realizando labores administrativas durante la guerra. Cuando las tropas franquistas tomaron Barcelona, su partido le encargaría reorganizar la estructura en A Coruña. Meses después, sería detenida y en noviembre de 1939 se produciría su primera entrada en la cárcel. Fue juzgada en consejo de guerra y condenada a doce años y un día por "auxilio a la rebelión". 

Un error administrativo sería el responsable de darle una oportunidad: en enero de 1942, obtuvo la libertad condicional. Mercedes sabía que debía ser rápida y hábil preparando su huida clandestina, así que en julio cruzó los Pirineos bajo una falsa identidad. Llegaría a Francia, pero sería detenida y encarcelada en Perpiñán, para ir a parar después al campo de Argelès. En enero de 1943, se incorpora a la resistencia francesa como enlace.

Su experiencia en las cárceles españolas sería sólo una aproximación al horror que viviría después en las prisiones y campos de concentración nazis, tras ser deportada a suelo alemán. La comunista pasaría cuarenta días en el campo de Ravensbrück, ocupado exclusivamente por mujeres. En julio de 1944 fue enviada al Kommando Hasag, un complejo industrial situado en Leipzig (Sajonia), donde es obligada a trabajar en una fábrica de armamento destinado a abastecer al ejército alemán. Cuando fue liberada por las tropas aliadas, la española agonizaba en el campo de Leipzig, asediada por la enfermedad y a la espera de un final que parecía inesquivable en la cámara de gas. 

Regresar a España se entretejía como una tarea imposible, pero su militancia le llevó a tender la mano a migrantes españoles y a colaborar con publicaciones clandestinas en oposición al régimen. Con la muerte del dictador, pudo atravesar las fronteras y asentarse definitivamente en Galicia. Pasó el resto de sus días peleando por el reconocimiento institucional a los deportados. Aquella sería su última batalla.

Aunque nació como Esperanza Martínez (1927), pasaría a la historia con otro nombre, el que lució orgullosa como guerrillera. No fue, en realidad, una anomalía en su familia: el grueso de sus miembros había sido rebautizado como consecuencia de su compromiso político. Esperanza nació un abril de 1927, en una aldea conquense. Su padre daba apoyo a los maquis de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) y pronto la joven seguiría sus pasos con entrega: primero como enlace, después como guerrillera. Ahí nació por segunda vez, bajo el nombre de Sole. 

En diciembre de 1949 se integra en el sector cinco de AGLA junto a sus hermanas y un año después se afilia en el Partido Comunista de España (PCE). En 1952 sería detenida, a bordo de un tren en Miranda de Ebro. Fue sometida a dos consejos de guerra y condenada por "bandidaje y terrorismo" primero, por "espionaje y comunismo" después. 

Sole se vería obligada a habitar distintas cárceles del país durante una década, hasta ser puesta en libertad provisional en 1967. Sus pasos le llevaron a Zaragoza, donde fue a dar con el Movimiento Democrático de Mujeres. En la misma ciudad, conoció al sindicalista Manuel Gil, con quien se casaría en lo que sería el primer matrimonio civil de la ciudad. El templo donde se celebró la unión fue la cárcel donde él cumplía condena. Hoy, es la única guerrillera antifranquista que sigue con vida.

Ana Sirgo (1930-2024) se asomó al mundo en el seno de una familia de mineros, en una diminuta parroquia de la asturiana cuenca del Nalón. El compromiso político la abrazó desde la cuna: con la caída de la Segunda República, su padre formó parte de la resistencia y su madre fue encarcelada por sus ideas políticas. Criada por sus tíos, la joven comenzó a trabajar en el campo, pero jamás rompió con su genealogía: desde los nueve años colaboró como enlace para la guerrilla y con tan sólo doce fue detenida. En 1947 vería por última vez a su padre, asesinado y enterrado en una de las miles de cunetas todavía sin localizar.

En la primavera de 1962 echó a andar la huelga minera que marcaría un antes y un después. Todos la conocerían como la huelgona. Ante la amenaza de un fracaso inminente, fueron las mujeres quienes a través de la organización y el apoyo mutuo consiguieron recuperar el ánimo colectivo. Anita participó decididamente en la coordinación de grupos clandestinos, recolectó ayuda en forma de alimentos, organizó piquetes, difundió propaganda y recogió fondos para respaldar a sus compañeros. Se atrevió a atrincherarse entre las paredes de la catedral de Oviedo junto con otras cuarenta mujeres, una acción tan visible que resonó en países como Francia o Bélgica. 

Fue una de las muchas mujeres que sufrió los efectos de la represión, siendo encarcelada y rapada tras su participación en la huelga. Perdió la audición del oído izquierdo como consecuencia de las palizas en la cárcel. Manuel Fraga, icono de la desmemoria y reivindicado por algunos como padre de la democracia, negó las torturas y se mofó públicamente de la víctima, a quien redujo a la categoría de "hija de un bandolero". 

Años después, la comunista se subiría a un tren nocturno camino a Francia, tras enfrentarse a la policía tacón en mano. Pasaría años viviendo refugiada en el país galo, donde aprendería a leer y escribir. En 1965 pudo regresar a su país y continuar luchando en las filas del Partido Comunista de España (PCE), hasta el final de sus días. Falleció en enero del año pasado. Sobre su féretro, tres símbolos: la bandera tricolor junto a la de Comisiones Obreras, un lustrosísimo zapato de tacón y un puñado de granos de maíz, como el que décadas antes había arrojado a los pies de los esquiroles durante la huelga minera que desafió a la dictadura.

"La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) no nos va a dar ventajas económicas, sino más bien es un medio por el cual España puede demostrar lo hecho en el campo económico, agrícola, forestal y ganadero. Y llevando gentes que estén bien enteradas, podremos hacer un buen papel en nuestro beneficio, pero de lo contrario será como si no hubiésemos hecho nada". Son las palabras de Juan José Rovira, diplomático franquista, que, en plena hambruna, valora de esa forma la entrada de España al organismo especializado de la ONU que más podía ayudar a paliar ese hambre que asolaba el país. Lejos de ver a la FAO como una oportunidad de dar aire a una ciudadanía desesperada y paupérrima, a Rovira, como al conjunto del franquismo, solo le interesa una cosa: la propaganda.

El caso de la entrada de España en el organismo encargado de garantizar el suministro de alimentos en todo el mundo y de paliar de esa forma el hambre es paradigmático de la forma en la que el franquismo usó su política exterior para beneficiar al régimen y fortalecerlo geopolíticamente, aún a costa de empobrecer y castigar a la población. Esa disyuntiva entre lograr una mejora en las condiciones de vida de los españoles o hacer valer su posición internacional vertebra el libro Pan o imperio: Franquismo, autarquía y relaciones internacionales en los “años del hambre”, coordinado por Miguel Ángel del Arco y Francisco Rodríguez Jiménez, y en el cual varios historiadores analizan cómo la dictadura, durante más de una década, eligió el imperio frente al pan.

Esa idea de una España fuerte y que crecía sobre los cimientos de un pasado que el franquismo consideraba glorioso hizo víctimas a las personas de a pie, a los que sufrían día a día no tener nada que llevarse a la boca, de una gestión destructiva. "La dictadura tuvo la oportunidad de paliar la gran hambruna después de la guerra. Evidentemente las causas son multifactoriales, pero las políticas autárquicas la hacen más dura, más mortífera y mucho más duradera de lo que podría haber sido", comenta Francisco Rodríguez Jiménez, historiador, coordinador del libro y experto en las relaciones entre España y Estados Unidos durante la dictadura. 

De hecho, el punto de la duración de la hambruna es uno de los aportes, para el autor, más relevantes que se hacen en la obra: "El No-Do afirmó profusamente que el hambre había durado muy poco, que había sido algo extraordinario y circunscrito a un periodo breve de tiempo, incluso llegando a defender que solo había sido un año, el 1942. Sin embargo, nosotros presentamos evidencias de que esta duró mucho más tiempo, hasta 10 o 15 años, porque hay datos que nos indican que todavía a finales de los 50 sigue habiendo hambre. Por ejemplo, uno de los más significativos es la talla. La altura media española no recupera niveles previos a la Guerra Civil hasta la última parte de los 50", comenta Rodríguez Jiménez.

Es en los años posteriores al triunfo de los sublevados cuando se fragua la gran hambruna. Durante ese periodo, a una España ya de por sí empobrecida y exhausta tras un conflicto tan duro y sangriento, se le dio la puntilla con la destructiva decisión de Franco de acercarse a las potencias fascistas del Eje. El compadreo del caudillo con Hitler y Mussolini salió caro a la población española, que vio cómo ese alineamiento dificultaba enormemente la llegada de ayuda exterior.

Dificultó, que no imposibilitó, ya que el aislamiento internacional de la dictadura estuvo lejos de producirse. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, tuvieron relaciones con España durante la guerra, e incluso colaboraron con Franco para enviar ayuda a cambio de que el país no entrara en el conflicto. Es lo que los autores llaman la estrategia de "palo y zanahoria", que se prolongó durante la toda la guerra, permitiendo así la entrada de ayuda a cuentagotas. "Franklin Delano Roosevelt, por entonces presidente de Estados Unidos, tenía una posición ambigua con respecto a España antes del ataque a Pearl Harbour. Eso sí, cuando entra de facto en la guerra, se deja influenciar por la estrategia que está haciendo Reino Unido con respecto a España. Los británicos ya estaban aplicando esa política de "palo y zanahoria" desde hace tiempo, y Roosevelt se adhiere a ella", continúa Rodríguez Jiménez.

Esa ayuda constituía, en el fondo, un problema ideológico notable para el régimen porque, pese a que no podía hacer volar los puentes con Estados Unidos, aceptar esa asistencia significaba admitir que España la necesitaba y, por tanto, reconocer que el país se moría de hambre. "El régimen siempre camufló los efectos del hambre. Aducían a sequías catastróficas y sobre todo al bloqueo internacional. Esto último es cierto que existió. En 1946 la ONU impulsa un bloque diplomático que tiene a Franco con la soga al cuello, pero es en ese momento en el que entra Argentina con su ayuda alimentaria y económica y le da a Franco un balón de oxígeno fundamental. Además, el bloqueo total solo dura realmente tres meses, porque a principios del año siguiente, con la inminente Guerra Fría ya vuelven los acercamientos con EEUU", comenta Rodríguez Jiménez.

Algo similar sucedía en el lado estadounidense. Roosevelt tenía un Congreso y sobre todo una sociedad que estaba en contra de todo lo que tenía que ver con los nazis. Los estadounidenses veían con muy malos ojos a Franco y por eso el presidente se movió continuamente en la cuerda floja para no mancharse las manos. "El caso más relevante en este sentido viene con la ayuda del 1941. Aquí tanto EEUU como el franquismo la camuflan como si fuera de Cruz Roja, para dar la impresión de que, lejos de ser estadounidense, la asistencia es internacional. De esa forma, ambos ganan: Franco puede presentar la ayuda como una obra de caridad puntual, dándole un tinte religioso, a la vez que Roosevelt puede mantener su imagen de lejanía con los aliados de Hitler", defiende el historiador.

Aun con todo, las relaciones de Franco con Estados Unidos son más complejas de lo que pudiera parecer. Por debajo del terreno estrictamente oficial y diplomático, España desplegó una red de apoyo para que la opinión pública estadounidense, tan contraria a establecer relaciones con el franquismo, virara hacia un lugar que le beneficiara a la dictadura. Su instrumento fue el Spanish Pro Franco Lobby, un grupo de presión financiado por el propio Estado español que se dedicó durante años a tratar de que EEUU se acercara a ellos. Para cumplir su objetivo, la embajada contrató en 1949 a Charles Patrick Clark, un reputado abogado que actuó como lobbista en las más altas esferas de poder a favor de Franco. 

La Guerra Fría y ese trabajo del Spanish Pro Franco Lobby fueron fundamentales para que en la década de los 50, se completara el cambio de postura de los estadounidenses que culminaría en los Pactos de Madrid. "La mercadotecnia de este grupo de presión llegó a todos lados. Es cierto que desde ámbitos antifranquistas como los exiliados republicanos o los excombatientes de las Brigadas Internacionales se trató de contraatacar, pero estos grupos nunca tuvieron la financiación que tenía el Spanish Pro Franco Lobby, la cual venía directamente del Estado", lamenta Rodríguez Jiménez.

Pero no solo de los grupos de presión vino la ayuda a la dictadura. Otros empresarios, cuya ideología concordaba con la franquista de una forma u otra, actuaron a título individual para ayudar a Franco en sus momentos más complicados. Quizás el caso más significativo es el de Torkild Rieber, un exiliado noruego que llegó a EEUU después de la invasión de la URSS a su país y que, después de casarse con la secretaria del jefe de Texaco, continuó escalando para hacerse con las riendas de la compañía, una de las mayores petroleras estadounidenses. Su ideología anticomunista le hizo acercarse a Franco y prestarle ayuda ya durante la Guerra Civil, proveyéndole de un petróleo fundamental para el resultado final de la contienda. Rieber tenía en su contra la prohibición, vigente en EEUU, de no comerciar con los contendientes, pero, gracias a diversas trampas y subterfugios, el noruego acabó consiguiendo su objetivo de asistir a Franco, una ayuda que continuó durante la autarquía.

Precisamente en el anticomunismo que el jefe de Texaco compartía con tantos de sus conciudadanos hay que buscar la explicación de por qué el embargo a la dictadura no fue total. "En ese 1946 en el que Franco tiene el agua al cuello, las grandes potencias deciden dejarle vivir. En esos años, Europa y Estados Unidos entraban de lleno en la paranoia anticomunista y ese miedo ante un repunto de la influencia de la URSS en España terminó por frenar cualquier tipo de embargo o de intervención para hacer caer a Franco. Muchos pensaban que al hacerlo se corría el riesgo de desestabilizar al país, y por ello nadie actuó", concluye el historiador.

El estallido de la Guerra Fría dio a España la oportunidad de entrar en los organismos internacionales. Sin embargo, eso no hace sino dar un pretexto a la dictadura para vender esa visión imperial. La FAO se convierte así otro instrumento de esa hoja de ruta que también, pensaba la dictadura, podría hacer ver los supuestos éxitos franquistas en ámbitos como el agrícola, forestal o ganadero. "Es la primera organización de Naciones Unidas a la que accede la España de Franco y eso ya constituyó un éxito reseñable y explotable desde el punto de vista de la propaganda", afirma Rosa Pardo, historiadora y encargada del capítulo del libro dedicado a la FAO. 

Pero rápidamente, la ocultación de datos del hambre de la población hizo inviable una actuación correcta de la FAO: "Al no informar de la situación de malnutrición de buena parte de la población, se desaprovechó la oportunidad de haber tenido acceso a ayuda alimentaria. Se podrían haber adelantado, por ejemplo, los programas que después se pusieron en marcha a partir de la ayuda procedente de los acuerdos hispano-norteamericanos, que sí pudieron venderse como un éxito de la dictadura". 

En ese sentido, el régimen llegó incluso a torpedear muchas de las acciones de la propia FAO, por ejemplo, evitando que España fuera catalogado como "país menos desarrollado", algo que habría permitido acceder a ciertos programas de ayudas, con tal de no asumir la hambruna. "Lo primero que solicita la FAO es información sobre la situación alimentaria del país. Dar a conocer los problemas de hambre de muchos sectores del país hubiera dejado en evidencia la ineficacia de la dictadura a la hora de abordar este problema. Se prefirió no pedir ayuda alimentaria con tal de no publicitar la oscura realidad que se vivía. Era una cuestión de prestigio", comenta la historiadora.

A ese problema de prestigio se le sumaba, explica Pardo, una cuestión ideológica: "En realidad, los dirigentes políticos españoles, en particular Franco y su círculo más próximo, incluido Carrero Blanco, desconfiaban ideológicamente de una institución de matriz aliada, liberal-democrática. Tampoco creían en el internacionalismo, es decir, en la cooperación internacional, por su forma egoísta de entender las relaciones entre los estados y porque temían cualquier cesión de soberanía, por mínima que fuera, por el riesgo de intervencionismo en asuntos internos".

El enfoque no cambia hasta bien entrada la década de los 50, en la que el ministro de Agricultura, Rafael Cavestany, decide promover la cooperación con la FAO, lo que permite que se pueda poner en marcha un programa de alimentación infantil a partir del fomento del consumo de leche, distribuida en escuelas y con ayuda a las industrias lácteas nacionales. "A partir de 1956 es cuando se aprueban las primeras ayudas de un programa que funcionó hasta 1970 y permitió un complemento alimentario de 500 cl de leche diaria en los 200 días del curso escolar", zanja la experta.

¿En qué momento un acontecimiento pasa a ser histórico? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ese suceso se pueda estudiar? ¿Cuándo un evento es digno de estar en los libros de historia de los escolares? 

Parece que el franquismo, pese a que se cumplen 50 años desde las muerte del dictador y casi 90 desde que Francisco Franco dio un golpe de Estado contra la democracia, no cumple con los estándares para que se enseñe con criterio en los institutos y, la mayoría de las veces, es por falta de tiempo según cuentan profesores de institutos de la Comunidad de Madrid como Carlos García.  

La enseñanza sobre la Guerra Civil y el franquismo se imparte principalmente en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, aunque también en 6º de primaria. Suele situarse, según García, entre los últimos epígrafes y apartados del temario dado que “está entre los sucesos más recientes de la historia de España”. Si se llega justos a Franco, “no te digo cómo llegamos al fin de ETA”, añade.

Además, como explica Jagoba Álvarez, profesor e historiador en el País Vasco, "a esto hay que añadirle que no todos los alumnos y alumnas hacen bachillerato, por lo que los que se van a grados medios no tienen el refuerzo de los que hacen bachillerato. Eso provoca que el conocimiento sobre la cuestión sea escaso".

Los contenidos sobre franquismo incluyen el análisis de las causas y consecuencias de la guerra, la intervención internacional, el curso de los acontecimientos y la represión durante la dictadura franquista como marca la ley de memoria democrática de 2022. Sin embargo, la profundidad y extensión de esta enseñanza varía según los centros educativos y los docentes que la imparten.

La adolescencia, como recuerda Jorge García Ocón, profesor de Historia del Centro de Estudios Villanueva, es una etapa “complicada en la que muchos jóvenes se sienten atraídos por los totalitarismos, al igual que en la infancia, muchos niños sueñan con el espacio o los dinosaurios” y la figura del docente “es la de explicar qué pasó, el por qué de su ascenso y evitar que los jóvenes terminen radicalizándose”. Y ahora, con las redes sociales y las fórmulas de partidos de ultraderecha, el problema está más patente que nunca. 

El director del área de colegios CEU, Raúl Adames, en una entrevista con EFE apuntaba a una polarización, pero no solo por las redes, sino también por los planteamientos: "Si se cargan mucho las tintas en una edad como la del adolescente y no se dan razones objetivas, se provoca esa radicalización”. 

"La sobrecarga de posicionamientos provoca efectos contrarios a lo que se busca", incide, mientras apuesta por un "análisis riguroso y honesto de esa etapa para que los alumnos hagan un juicio correcto de la historia".

Los profesores tienen que lidiar con demasiados estímulos, desde “lo aburrida que puede ser la asignatura”, como dice Rocío Langa, profesora de Historia y arqueóloga, “hasta lo que los alumnos hablan en casa, y entre ellos, o lo que ven en las redes sociales”. Pero para Langa, la Historia se debe impartir con metodología científica. 

Langa cree que "el profesor debe enseñar sin ningún tipo de ideología política, porque la historia es la que es”. Con el tema del franquismo y la ultraderecha, las redes están obligando a muchos profesores a “adelantar temario para explicar las cosas bien y parar cuanto antes” la posible ola reaccionaria.

"El problema es que creen más a un 'reel' de Instagram o a un vídeo de TikTok que a un profesor o a un libro de historia", señala otra profesora de Historia de un instituto público burgalés que también adelanta el temario para hablar de estos temas cuanto antes. "Las redes sociales son un caladero de información y desinformación de 24 horas durante los 7 días de la semana con las que el sistema educativo no puede rivalizar", dice Álvarez.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja en una encuesta que el 21,3% de los españoles considera que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos. “Un serio problema”, asegura la profesora Rosa Mateo, “lo que supuso la dictadura se debe de hablar en casa, en los colegios y en los espacios públicos”.

Los alumnos llegan con 16 años a 4º de ESO sin conocimientos sobre qué ocurrió en la guerra, escuchando noticias sobre Memoria Democrática y, en los mejores casos, hasta final de curso no se explica nada ni se profundiza en el tema. Además, Álvarez señala un problema y es la presencia de simbología franquista en colegios, "no ha sido hasta 2022 cuando se ha retirado simbología franquista del colegio Manuel Mallo Mallo de Nadela (Lugo). En 2017 se hizo lo propio con el relieve franquista del colegio público Santa Teresa (Cádiz)".

Por ello, profesores ya jubilados de diferentes institutos en diferentes provincias, apostaban y apuestan por una enseñanza transversal y tratar temas de Historia, Filosofía o Arte en otras asignaturas, porque tal vez así “se puede aprender y hacer pedagogía antes de que un joven llegue con 16 años de nuevas y se aborde el totalitarismo”, con lo que esto supone.

Pero el principal escollo no es este, el problema del que se quejan muchos docentes es que en la enseñanza en bachillerato, momento en el que los alumnos con 17 y 18 años pueden debatir más, el programa académico está enfocado a pasar el examen de Selectividad, lo que “impide profundizar en el franquismo, en la historia reciente, en relacionarlo con lo que está ocurriendo en el día a día, porque no tenemos tiempo”, indica un docente en un colegio asturiano.

"El profesorado no tiene margen para fomentar debates y para involucrar al alumnado de forma activa y hacerle partícipe de investigaciones", coincide la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres - FAPA Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, mientras la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Sánchez, señala que en bachillerato debería incidirse menos en la prehistoria, Roma o Grecia, “que ya se ha dado desde primaria, prácticamente, para centrarnos más en la historia reciente”, se queja Carlos García.

Alba, alumna de un instituto de Castilla y León reconoce que le encantaría poder aprender más sobre el franquismo “para hablar con propiedad con compañeros que lo defienden”. Algunos, incluso, “dicen que con Franco se vivía mejor”. Pero Alba solo puede rebatirlos “con lo que mis padres o mis abuelos me comentan en casa” y por lo que ha podido leer en Internet y en medios de comunicación “más de izquierdas”.

TikTok e Instagram son los principales medios de información de los jóvenes y así lo certifica Antonio (nombre ficticio) que “solo se informa” por ahí y se siente representado por ‘influencers’ como ‘Un Hombre blanco hetero’, ‘Wall Street Wolverine’ y otros “liberales, diría yo, más que de derechas”, comenta. 

Antonio es uno de esos muchos jóvenes que han comprado el discurso de la derecha y la ultraderecha y piensa "que sí, que con Franco se vivía mejor” y es que en su colegio privado, el tema del franquismo “pasa un poco de puntillas, se da, se cuenta, pero es que el otro bando también mató a gente, a curas y violó mujeres”. Incluso, en su colegio, hablan de que “la República dio un golpe de Estado para derrocar al rey, así que tan malos son unos como los otros”, dice.

Esta dicotomía de opiniones no es nueva y para el profesor Álvarez "en muchos casos se busca suavizar el tema para evitar conflictos con familias o incluso los equipos directivos de los centros escolares", lo que puede acrecentar un problema porque "nazismo y fascismo son vistos como algo ajeno a España y han sido condenados, mientras que en España la dictadura "se cerró en falso por la notable falta de consenso al hablar de ello".

En ese caldo de cultivo, de dos opiniones enfrentadas, es necesario explicar la realidad “ser equidistante es identificar a las víctimas y señalar a los verdugos”, cita García a Carlos Fernández Liria, autor de ¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes, un cómic que García considera necesario para explicar la Guerra Civil.

Para Álvarez, que exista esa equidistancia es porque "se ha estudiado de forma diferente según la época, la comunidad autónoma o el libro de texto. A menudo ha sido con menos profundidad o con un enfoque más neutralizado".

Emilio Silva, sociólogo y fundador de la plataforma Aulas con Memoria, explicaba a EFE que su proyecto nació ante la preocupación de algunos docentes por el desconocimiento que tenía su alumnado de la dictadura de Franco.

"En las aulas se llegaba a escuchar cánticos del 'Cara al Sol' (himno de la Falange)", relata a EFE tras considerar que los libros de texto han "fabricado ignorancia durante décadas".

Recuerda que hace ocho años la editorial SM publicó una foto de una fosa común del franquismo y abría el debate para que los alumnos opinaran sobre ello, pero que otra decena de editoriales ni lo mencionaban.

La editorial SM señala que sus libros han evolucionado ante el acceso a un mayor número de fuentes de investigación, más variadas y con diferentes puntos de vista y destaca que la sociedad tiene ahora "una mayor madurez y perspectiva histórica" para abordar este capítulo.

Sin embargo, cada vez son más los profesores de Historia que dejan a un lado los textos y recopilan información por su cuenta.

De hecho, el CEU ha sacado su propia línea editorial de Historia para segundo de bachillerato: "No nos sentíamos a gusto con ninguna editorial", señala Adames, mientras el profesor de la UCM recuerda que "jamás tuvo un veto" cuando trabajó en Vicens Vives, "pioneros en hablar de cifras de la represión franquista”.

Otros profesores, como García, prescinden de los libros de texto para pasarse a la literatura, el cine o los cómics, adelantándose al temario o mandando una lista de libros “obligatorios” para leerse como Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes, La forja de un rebelde de Arturo Barea o películas como Soldados de Salamina basada en la novela de Javier Cercas. “Esto hace más interesante el aprendizaje y son libros que se leen a lo largo del curso, para contrarrestar que lleguemos justos a esa parte del temario”, además, “montamos coloquios sobre esos libros y sobre noticias del día", dice García.

"Me da igual que demos por encima la prehistoria, a mi me importa que mis alumnos aprendan la historia más reciente por eso suelo pararme más en los temarios a partir de la I Guerra Mundial. Soy un outsider", termina Carlos García que anima al resto de profesores a centrarse más en el siglo XIX y XX, "cuna de muchos de los problemas que volvemos a repetir".

Durante décadas, y todavía hoy, los descendientes del dictador Francisco Franco han exhibido impunemente su patrimonio y sus privilegios, en particular en la prensa rosa y los programas del corazón, sin rendir cuentas del origen de sus bienes y escapando al escrutinio de su riqueza. La banalización de la familia del tirano no ha normalizado el franquismo en España, según los expertos consultados por infoLibre, aunque sí ha permitido a sus miembros navegar cómodamente en democracia como si fuesen parte natural de la aristocracia o del famoseo.

“Se les ha tratado, también en la prensa seria, como si fuera una familia cualquiera. Y no son una familia cualquiera. Es una familia que no tuvo que salir de España, no se les incautó nada, no tuvieron que dar cuenta de nada y así siguen viviendo tan felices”, sostiene Ana Martínez Rus, profesora titular de Historia Contemporánea de la Complutense madrileña.

Los descendientes del dictador, “sobre todo la nieta, la hija y el bisnieto”, han sido portada habitual de ¡Hola! y de muchas revistas del corazón. “Y aunque parezca frívolo, me parece relevante, porque da muestra del blanqueamiento del dictador, de su familia, del régimen, como si fuera una familia aristocrática más” que alardea de “sus múltiples fincas, pisos y todo el patrimonio inmobiliario con el que la familia de Franco se lucró”.

Lo ocurrido, sostiene Martínez Rus, dice mucho de “cómo se hizo la transición de la dictadura a la democracia. Aquí a esta familia no se le han pedido cuentas, no se le ha juzgado”. Ha habido una “operación mediática” de banalización, alimentada también por la prensa seria, que entronca con “esa ley que amnistiaba a los presos políticos, pero también autoamnistió al régimen” y que “ha impedido hasta fechas muy recientes un debate sobre ese periodo tan siniestro de la historia de España”.

Las cosas, lamenta, no han cambiado mucho, a pesar de que en los últimos años algunas iniciativas, como la recuperación del Pazo de Meirás o la exhumación de los restos del dictador, hayan permitido retratar a sus herederos con las raíces de su bienestar.

“Se debería desmitificar a estos personajes”, que “como mínimo deberían estar escondidos, no tener una proyección mediática. Se les ha reído mucho las gracias en este país”, concluye la profesora de la UCM.

Es verdad que la apreciación de la familia durante estos años es muy diferente dependiendo de quién esté mirando, como señala a infoLibre el hispanista británico Paul Preston. “Supongo que el impacto de las actividades de la familia de Franco dependía de la situación de los que las observaban. Para la clase obrera”, remarca, “la natación en el lujo de los Martínez-Bordiú habría provocado revulsión, pero la ansiedad de participar en cacerías y conseguir invitaciones al Pardo de ciertos sectores sociales contaría otra historia”.

No le falta razón. La España más politizada, los hijos y nietos de la represión, con sus familias en las cunetas, difícilmente podían ver con complacencia las escenas de insustancial superficialidad protagonizadas por las idas y venidas de los herederos de Franco en las páginas del papel couché.

El historiador y catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de València, Vicente Sánchez-Biosca, comisario de una exposición sobre el No-Do —junto a Rafael Tranche— que se inaugura en la Filmoteca Española el 4 de diciembre, destaca que de todos los “envoltorios” con los que Franco supo vestirse para convertirse “en omnipresente”, el más codiciado por la familia, especialmente su esposa, “posiblemente fue su emparentamiento con la nobleza”. “Quedan las celebraciones en La Granja el 18 de julio de cada año como testimonio de la escenografía a la que aspiraba”, aunque lo cierto, explica, es que la imagen del Franco enriquecido sólo ha sido un enfoque de estudio en los últimos años.

Sánchez-Biosca no cree, en todo caso, que el tratamiento frívolo de la familia del dictador en democracia haya servido para normalizar el franquismo en la sociedad española. “No es común declararse franquista e incluso la derecha española ha tomado mucho cuidado en evitar esa identificación”, asegura.

Tampoco cree que la controversia que el franquismo provoca todavía hoy, 50 años después de la muerte de su figura central, sea un fenómeno exclusivo de nuestro país. La “suposición de que todos estos asuntos” relacionados con la memoria “han sido resueltos sin problemas” en otros países “no resiste la lectura de los libros de historia”, explica. “En Alemania, por ejemplo, se habló mucho de la desnazificación (Entnazifizierung) o de ese ajuste de cuentas con lo que llamaron ‘superación del pasado’ (Vergangenheitsbewältigung)”.

Es verdad, admite, que la figura de Franco ha vuelto a los debates públicos “en relación con su enriquecimiento” y, sobre todo, por el Valle de Cuelgamuros y su exhumación. Pero, en su opinión, “la relevancia de Franco sobre la opinión pública española es considerablemente leve”.

La normalización de la familia Franco se cimentó sobre dos pilares tras la muerte del déspota: la inercia legal y patrimonial de la dictadura y su proyección social a través de la prensa del corazón. Franco dejó a su esposa e hija una vasta fortuna que incluía 22 propiedades inmobiliarias (Palacio de Meirás, casas en Madrid, fincas), participaciones en empresas y dinero en cuentas, cuyo valor exacto sigue siendo objeto de controversia, pero que fue la base de su poder económico durante las primeras décadas de la democracia.

Un músculo financiero de origen más que dudoso que se combinó con la decisión de Juan Carlos de Borbón, el heredero político del tirano, de permitirles conservar los títulos nobiliarios creados por Franco, como el de duquesa de Franco (otorgado a su única hija, Carmen Franco Polo) y el de Marqués de Villaverde (para su yerno), lo que perpetuó su estatus formal dentro de la nobleza española.

Su hija y su yerno, Carmen Franco Polo y Cristóbal Martínez-Bordiú, tuvieron durante años una vida acomodada y absolutamente integrada en círculos empresariales y de la alta sociedad, blindados por su riqueza y estatus. Fue la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, la figura central de la banalización de la familia. Sus matrimonios, divorcios, relaciones sentimentales y aparición constante en revistas del corazón la convirtieron en una celebridad. Y su matrimonio con un Borbón, pretendiente además al trono de Francia, reforzó la imagen de la familia como parte de la aristocracia y la realeza española y europea, diluyendo aún más en la cultura popular su origen dictatorial.

A ella hay que sumar, entre otros, a María de la O, Merry, casada brevemente con Jimmy Giménez-Arnau; Francisco, Francis, empresario con intereses inmobiliarios y el más activo en la defensa pública del legado de Franco; Mariola, la más discreta, casada con Rafael Ardid, cuyos descendientes, Jaime y Francisco de Borja, están muy integrados en el mundo empresarial (al primero lo retratan a menudo como el nuevo rey del ladrillo en Madrid).

“Está claro que, en el lado derecho del paisaje mediático, la familia Franco ha tenido un trato similar a la familia real”, concede Sebastiaan Faber, profesor de Estudios Hispánicos en el Oberlin College de Estados Unidos, una referencia para la educación progresista norteamericana. “Se ha visto como un objeto de fascinación y de admiración, asociado con valores patrióticos y, en efecto, cierto aire aristocrático. Pero no estoy seguro de que ese tratamiento simpático de la familia per se haya ayudado a ‘normalizar’ el franquismo”, añade en línea con el punto de vista de Sánchez-Biosca.

Sí es verdad, asegura, que “ha sido parte de una actitud generalizada entre la derecha política y cultural, a la que le ha costado sobremanera distanciarse del franquismo —actitud facilitada por las estructuras de impunidad creadas por la Transición y el difícil acceso a los archivos de la dictadura—”.

Pero no ha habido poca crítica de parte de las y los historiadores. Investigaciones hay, algunas extremadamente reveladoras, subraya. La pregunta es: “¿por qué parte de la cultura española ha sido tan poco receptiva a esas investigaciones críticas?”

Para explicar esa “falta de receptividad”, señala dos elementos. El primero es bien conocido: el sistema educativo, que sigue, por regla general, reservando muy poco espacio a la enseñanza sobre la dictadura franquista y la Transición, y todavía menos oportunidad “para que los alumnos reflexionen y debatan sobre la conexión entre ese (lejano pero no tan lejano) pasado y su propio presente”.

El segundo elemento que señala Faber es más revelador: “El peso de las inversiones afectivas que siguen teniendo muchos españoles en una imagen positiva —o al menos no negativa— de la historia española, el franquismo incluido”. Esos lazos “son difíciles de modificar, porque están muy vinculados con las identidades (individuales y colectivas), las relaciones familiares, el amor y el respeto a los antepasados, la atracción de la nostalgia, el rechazo del ‘otro’, etc., más aún cuidando que las guerras culturales de los últimos 15 años sólo han servido para enrocar esas posiciones”.

Según Faber, académico, historiador y crítico cultural especializado en la historia y la política contemporánea de España, “hablar de la responsabilidad de los medios” en relación con el blanqueamiento de la familia Franco es un asunto complicado si se tiene en cuenta que una parte de ellos está vinculada a empresas multinacionales “cuya misión no es informar o educar, sino maximizar ganancias” y “otra gran parte” tiene como misión “apoyar a los partidos y líderes políticos que los subvencionan”.

“Dicho esto”, añade, “es tanto más importante que los medios que sí responden a misiones más propiamente periodísticas inviertan recursos en una cobertura verdaderamente informativa y crítica del pasado, colaborando, en lo posible, con personas e instituciones que se dedican a investigar ese pasado (no solo historiadores, sino también politólogos, antropólogos, sociólogos) y con el sistema educativo”.

La atribución de las presas a la ingeniería franquista es probablemente el mito más popular de la dictadura, y al mismo tiempo el más desmentido. Son el ejemplo de algunas de las obras faraónicas que transformaron radicalmente el paisaje español entre 1939 y 1975, a las que se suman la expansión del regadío, la minería, las carreteras o los trasvases. Muchas de esas obras públicas sentaron las bases de la economía actual, pero otras fracasaron por su mala planificación. En lo que coinciden los expertos es en que el desarrollismo se hizo sin miramientos. Desplazando pueblos, destrozando el patrimonio natural, castigando a los territorios opositores y distribuyendo la riqueza entre los grandes empresarios de la época.

La historia de los embalses franquistas es el mejor resumen de la política de infraestructuras de esa generación. Las presas eran imprescindibles para llevar a España a la modernidad y garantizar el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la agricultura y la industria, pero los planos fueron dibujados durante la República, su construcción se realizó de la manera más salvaje posible y buena parte de ellas se repartieron entre las compañías eléctricas afines al dictador.

Jesús Contreras, experto hidráulico de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, subraya que entre 1940 y 1975 se multiplicó por diez la capacidad de embalse en España: de 4.000 hm³ se pasó a 42.000 hm³, fruto de la construcción de más de 600 presas. Pero añade que la cabeza que las ideó fue Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero estrella de la dictadura de Primo de Rivera, que fue también mantenido por Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas durante la II República.

"Franco confió el desarrollo hidráulico al Plan Nacional de Obras Públicas de 1933, que era al 100% de la República. Se dejó guiar por sus ingenieros y desde luego le venía muy bien inaugurar pantanos", señala el experto. 

Lorenzo Pardo identificó que las tierras de Levante eran muy fértiles y no solo diseñó embalses, también los grandes canales y trasvases que perduran hoy, como el trasvase Tajo-Segura. Pero esa planificación se unió a los poderes absolutistas del dictador y su desarrollo supuso la desaparición de pueblos enteros y el empleo de presos republicanos como mano de obra barata. Por ejemplo, el Canal del Bajo Guadalquivir, construido para impulsar el regadío en el norte de Andalucía, se apodó el Canal de los Presos.

"A punto de finalizar el conflicto, en las cárceles franquistas había casi 50.000 presos. Una cifra que, terminadas las hostilidades abiertas, había aumentado hasta casi 85.000. Una ingente masa humana, formada principalmente por trabajadores, que se convertirían en pieza fundamental para atemperar el desolador panorama laboral del país", resume el historiador José Luis Gutiérrez Molina en Trabajo esclavo y obras hidráulicas: extremeños en el Canal de los Presos.

De igual manera, docenas de pueblos quedaron anegados y su población fue forzada a marcharse con unas indemnizaciones irrisorias para construir embalses o canales. Por ejemplo, el desaparecido Vegamián (León) o Sant Romà de Sau (Barcelona), que puede verse en la fotografía de este artículo y que resurge cuando baja el nivel del agua del Pantano de Sau. 

La expansión de los embalses en España era imprescindible para el desarrollo del país porque la escasez de lluvia, las altas temperaturas y la orografía de la península dificultan enormemente el almacenamiento natural del agua. Según Jesús Contreras, sin intervención hidráulica, en España solo se podría aprovechar el 8% del agua que precipita, frente al 40% de Alemania, donde los ríos corren a menor velocidad y la evaporación es menor. Sin embargo, los canales, azudes y presas incrementaron el aprovechamiento en España hasta el 40%.

Pero esos megaproyectos también iban destinados a catapultar grandes empresas hidroeléctricas como Iberduero e Hidroeléctrica Española, fusionadas en 1992 para fundar Iberdrola. Una investigación publicada el año pasado y liderada por Mar Rubio Varas, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra, concluyó que "mientras los discursos oficiales del franquismo ensalzaban el papel del regadío como motor de desarrollo, la capacidad relativa de almacenamiento destinada exclusivamente a riego se redujo a la mitad: del 13% en 1950 al 6% en 1970. En el mismo período, el agua reservada para generación eléctrica aumentó del 29,5% al 37%". El resto de usos eran supuestamente mixtos, pero la generación eléctrica era siempre la prioridad.

Otro de los mitos de estas presas es que trasladaban la idea de la fuerza económica del régimen, pero era evidentemente un espejismo. No solo porque se valiesen de presos o de poblaciones rurales empobrecidas, sino porque a menudo las obras las financiaban empresarios, tanto de compañías energéticas como grandes terratenientes, otros de los grandes beneficiados. El regadío vivió una expansión histórica esos años: si en 1940 había 1,3 millones de hectáreas regables en España, en 1975 ya eran 2,8 millones.

A esto se suma que los embalses y azudes son infraestructuras con un impacto ambiental extremadamente alto porque cortan el paso de los peces –como el salmón o la anguila– y transforman el hábitat de los mamíferos y aves que viven en una zona, cambiando el ecosistema para siempre. Por supuesto, la valoración de estos riesgos fue entonces mínima o inexistente.

La minería es otro sector muy agresivo con el paisaje que vivió un boom sin precedentes durante el franquismo. Aprovechando la ingente demanda de minerales durante la II Guerra Mundial y los altos precios de los metales, la dictadura aprovechó para incrementar la producción y relanzar la economía devastada con la exportación de carbón, wolframio (un endurecedor del acero) o mercurio, materias primas muy ligadas a la industria bélica. Ángel Hernández Sobrino, geólogo y experto en las minas de Almadén (Ciudad Real), las mayores minas de mercurio del mundo, recuerda la disputa que hubo en los primeros años del franquismo entre la Alemania nazi e Inglaterra por hacerse con aquellos recursos.

Al igual que en la construcción de presas, la explosión minera se hizo sin ninguna consideración ambiental, y para garantizar la mano de obra se recurrió a los presos de la guerra. "No los consideraría esclavos porque ellos mismos se proponían para trabajar", matiza Hernández. "Las condiciones de trabajo eran similares a las del resto de mineros y a cambio obtenían una pequeña paga que enviaban a sus familias y un día de trabajo reducía entre dos y cinco días su pena de cárcel", añade.

La minería creció con fuerza durante los años 40 y 50, pero a finales de los 60, según el experto, comenzó su decadencia debido a que el valor de los metales y los minerales cayó en los mercados internacionales. También aparecieron competidores muy potentes con las grandes explotaciones de Canadá, Australia y Estados Unidos, que eran más rentables al tratarse de minas a cielo abierto.

Si se habla de las grandes transformaciones paisajísticas del franquismo, hay que destacar las famosas repoblaciones de bosques, un proyecto que comenzó ya a finales del siglo XIX, pero que la dictadura llevó a su máximo apogeo. El objetivo era recuperar zonas rurales que a lo largo de la historia se talaron para desarrollar la agricultura y la ganadería, y que corrían el riesgo de desaparecer por la degradación de la tierra.

Si una región propensa a la escorrentía del agua o a la sequía se tala y pierde la vegetación que agarra el suelo, las capas superficiales de la tierra terminan erosionándose y pueden pasar cientos de años hasta que vuelvan a ser fértiles. Para evitar que eso ocurriera, entre 1920 y 1930 se llevaron a cabo amplias repoblaciones arbóreas en Sierra Morena, Cuenca, Galicia y otros lugares, del orden 500.000 hectáreas de terreno. Pero entre 1940 y 1980, bajo la dictadura, se repobló ocho veces más: unos 4.000.000 de hectáreas.

Marta Corella, ingeniera forestal y especialista en Desarrollo Rural, destaca que este trabajo de la dictadura fue en general positivo, pese a que "la cantidad y la rapidez de ejecución se impusieron en términos generales a la búsqueda de calidad y diversidad, generando algunos problemas diferentes a la deforestación, pero no por ello poco importantes", como refleja este análisis del Ministerio de Agricultura.

"No podemos valorar las decisiones de aquel momento con el conocimiento actual. Pero en todo caso, hay muchas repoblaciones que no sabes que lo son si no te lo dicen, como Sierra Morena o Guadarrama", afirma Corella. "Hubo cosas que no se hicieron bien, pero si hoy disfrutamos de los bosques fue en parte gracias a esas repoblaciones", añade.

El 21 de noviembre Falange Española de las JONS repetirá su marcha hasta la sede del PSOE desde el lugar de nacimiento de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, pasando también por la sede del PP. La marcha de exaltación fascista estará amparada en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, hace un año, desestimó la no autorización de la Delegación del Gobierno.

Esta cobertura legal para la actuación de la Falange es mucho más profunda que la medida del TSJM y bebe de las decisiones de la Transición. Las mismas que permitieron a la Falange lanzar esta marcha en 2024 cantando El Cara el Sol falangista, himno oficioso del franquismo, y que mantienen a España como una anomalía democrática en la Unión Europea. La “excepción española”, en palabras del excomisario europeo, Frans Timmermans, por no haber juzgado a los responsables de su dictadura, como sí hicieron Italia, Alemania, Polonia o Hungría. “Un negro borrón en la UE”, es lo que supone para Izaskun Bilbao, exeurodiputada del PNV.

En la manifestación de Madrid este año participará Orsola Mussolini, la nieta del dictador italiano. En su país no podría hacerlo porque Italia, tras el fin del régimen fascista y aprobar una nueva Constitución, prohibió el partido de su abuelo. Su Carta Magna de 1947 no permite “cualquier forma posible de reorganización del disuelto partido fascista” y, en sus disposiciones transitorias, establece que una ley debía regular durante un “periodo no superior a un quinquenio desde la entrada en vigor de la Constitución, limitaciones temporales al derecho de voto y a la elegibilidad para los jefes responsables del régimen fascista”. Es decir, los dirigentes fascistas quedaban inicialmente purgados de la vida política.

Las escisiones, fusiones o la propia existencia de la Falange de las JONS no serían posibles en Italia, al tratarse del partido de la dictadura, ni tampoco sus líderes podrían haber participado en la nueva democracia. En España, sí fue y sigue siendo posible. Es lo que lleva al abogado y filósofo Jaume Asens a decir que “no tenemos una auténtica Constitución democrática” y a contraponerla con la italiana, “que se basa y funda en el compromiso con los muertos. La diferencia entre la barbarie y la civilización, donde sí hay un derecho a enterrar dignamente a los muertos”.

La comparación con Alemania agrava aún más la anomalía democrática de la transición española, denuncia el Grupo de la Memoria Democrática del Parlamento Europeo. La Ley Fundamental de la RFA de 1949 declara “inconstitucionales” a “los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia”. En sus disposiciones transitorias mantiene vigentes las normas sobre la “liberación del pueblo alemán del nacionalsocialismo y del militarismo”. No se permite ninguna exaltación o recuperación de la simbología nazi, de las SS o la Gestapo.

En su articulado, el código penal alemán prohíbe la producción, distribución y exhibición de símbolos del Tercer Reich, o la negación del Holocausto, e impone severas penas de cárcel a cualquier glorificación. Una fundación como la Francisco Franco sería ilegal en Alemania, igual que una marcha con banderas preconstitucionales o cánticos al dictador. Frente a este proceso legal de desnazificación, Asens, eurodiputado de En Comú, señala que la democracia en “España se crea mediante un pacto de impunidad y de olvido”.

En su ensayo sobre la desnazificación de Alemania a partir de 1945, Sanya Romeike sitúa el concepto de justicia transicional como “los instrumentos y esfuerzos para lidiar con el pasado de un régimen o conflicto violento y permitir una transición hacia una sociedad permanentemente pacífica y principalmente democrática”, citando a la profesora Susanne Buckley-Zistel, directora ejecutiva del Center for Conflict Studies de la Universidad de Marburg.

El término justicia transicional, explica Romeike, se enfoca a “la penalización legal de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por los regímenes dictatoriales o represivos del pasado”. Una justicia no aplicada en España que, hasta la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, permitía la glorificación de parte de esos crímenes en el Valle de Cuelgamuros y donde, como destaca la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, “la justicia no ha sido capaz de juzgar ni un sólo crimen, ni siquiera los robos de bebés que se prolongaron hasta bien entrada la democracia”.

En junio de 2006, una declaración institucional del Parlamento Europeo condenó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 aunque sin los votos del PP europeo, posicionado con una extrema derecha entonces minoritaria en esa institución. Hoy sí contarían con los escaños suficientes para bloquearla porque el 63% de los eurodiputados son populares y de extrema derecha. 

Desde hace diez años, en la Eurocámara trabaja un Grupo de Memoria Democrática formado por todos los grupos españoles con representación menos el PP y Vox. Están el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, PNV, BNG, Compromís, En Comú y Bildu. Su labor se centra en “visibilizar ante las instituciones europeas la denominada anomalía o excepción española” y para “dar apoyo a las organizaciones memorialistas que trabajan en el Estado español ofreciendo respaldo político y simbólico en el marco europeo”.

En una década de actividad ha conseguido la proyección en el Parlamento Europeo del documental El silencio de los otros, las intervenciones de Carlos Slepoy, abogado impulsor de la Querella Argentina sobre los crímenes del franquismo, o de la jueza María Romilda Servini analizando los crímenes contra la humanidad de la dictadura o la presencia de organizaciones memorialísticas, como CEAQUA, La Comuna, Iridia o de los investigadores del Pazo de Meirás. Entre sus victorias, que el Informe Nagy de la Eurocámara del 2016 sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE recogiese la petición para que “todos los Estados Miembros colaboren con las investigaciones judiciales e internacionales destinadas […] a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios”.

Hoy, este grupo denuncia que en España “el fascismo vuelve no por la voluntad del pueblo, sino por la imposición cruel y violenta de los de arriba”. Su blanqueamiento parece vivir un momento dulce también en la UE. En julio, Vox consiguió colar en la Eurocámara una exposición fotográfica sobre Cuelgamuros con el título La Cruz como símbolo de las raíces cristianas, donde los paneles informativos lo reivindicaban como “monumento a la reconciliación de los españoles”. “Hay fascistas con traje y corbata que dirigen grandes empresas del Ibex35, medios de comunicación o presentan programas de máxima audiencia y hay fascistas en la sede de la soberanía popular”, incide Montero, eurodiputada de Podemos.

Las protestas del Grupo de Memoria Democrática ante la presidenta de la institución, Roberta Metsola, al vulnerar la exposición la Ley española de 2022 empleando la denominación Valle de los Caídos, dar una visión parcial y falseada de la historia aludiendo a la participación voluntaria de los presos en el mausoleo o al omitir los cientos de cuerpos de republicanos enterrados allí sin consentimiento de sus familias, cayeron en saco roto. Y la anomalía impulsada por Vox, aplaudida por eurodiputados lepenistas, permaneció expuesta curiosamente hasta el 18 de julio.

Recibí un mensaje de una amiga hace unos días. "Me ha encantado la peli, qué hartura de llorar", decía. Acababa de ver, por recomendación de este periodista, El maestro que prometió el mar (2023). La historia, ya saben, de Antoni Benaiges, un maestro republicano de Mont-Roig del Camp (Tarragona) que en 1934 fue destinado a la escuela de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de Burgos. Allí se hizo con el cariño de los niños y destacó por su enseñanza innovadora basada en la metodología de Freinet y prometió a sus alumnos que les llevaría a ver el mar, pero no pudo ser al ser trágicamente asesinado por la sinrazón de milicianos falangistas en los primeros días de la Guerra Civil.

Una historia real que el revisionismo de la ultraderecha ni puede, ni podrá jamás cambiar. Soldados matando a sangre fría a un maestro, porque así es como actúa la barbarie contra la cultura y la educación. Una película que es un saludable ejercicio de memoria democrática en estos tiempos de pendulazo conservador, cada vez más y más ultra, con tantos chavales inexplicablemente lanzando vivas a Franco e incluso, menudo medievo, cantando el Cara al sol en pleno 2025. En este contexto, la cultura, siempre necesaria, resiste como herramienta contra la ignorancia y en defensa de los derechos humanos más elementales.

La efeméride de los cincuenta años de la muerte del dictador el 20 de noviembre de esta semana entrante resulta un momento propicio, tan bueno como otro cualquiera aunque un poquito más por el mandato del calendario, para recordar algunos de esas creaciones culturales —principalmente audiovisuales, aunque no solo, dejando para otro capítulo los libros, eso sí— que cuentan nuestra historia, que están ahí a nuestro alcance y que no se pueden tergiversar retorciendo el lenguaje o, directamente, mintiendo. Obras que han ayudado, en mayor o menor medida, de forma más o menos explícita, a recuperar nuestra memoria democrática y, a su vez, a desmontar el relato franquista que la ultraderecha, revisionista por definición, se afana en blanquear. 

La cena (2025), por continuar este repaso con la película española más taquillera del momento, en la que Alberto San Juan (simpatizante republicano) y Mario Casas (soldado franquista) tienen que entenderse para montar una cena en el Hotel Palace de Madrid en honor al dictador poco después del final oficioso de la guerra. A través de esa cosa tan española del humor y un reparto coral de personajes variopintos, el cineasta Manuel Gómez Pereira lanza un mensaje de hermandad sin, por supuesto, obviar la violencia del bando sublevado vencedor. "Hay que tener más miedo a las dictaduras", recalcaba San Juan días antes del estreno a través de infoLibre a todos esos que opinan, según ciertas encuestas, que vivirían mejor en un régimen distinto a la democracia. ¡Serán ellos!

A la misma velocidad que para cualquier artista pop de esos que llenan estadios se agotan las entradas para ver en teatros de toda España 1936, una experiencia de terror, hambre y redención sobre la Guerra Civil española. Un año después de su estreno, se ha convertido sin duda ninguna en el montaje escénico de la temporada y ya veremos cuanto más, pues el público manifiesta unas ganas voraces de ver esta obra de más de tres horas dirigida por Andrés Lima, quien meses atrás avisaba en conversación con infoLibre de la importancia de conocer nuestra propia historia: "El discurso ultra sigue siendo muy parecido".

No podemos olvidar tampoco Cuéntame como pasó (2001-2023), serie que a lo largo de 413 episodios repartidos en 23 temporadas nos contó a nosotros mismos como ninguna otra a lo largo de dos décadas con una transversalidad inédita. Una ficción que sin ser decididamente política, supo encontrar el tono amable a la par que veraz para recordar a millones de espectadores las múltiples penurias y molestas peculiaridades que tenía vivir en el franquismo. Porque no, con Franco no se vivía mejor, y eso queda en evidencia en las dificultades económicas, la limitación de derechos, la represión policial y las ansias compartidas de democracia que prácticamente traspasan la pantalla gracias a la familia Alcántara. 

No pueden quedar fuera de este repaso títulos cinematográficos indispensables de los últimos años como Mientras dure la guerra (2019), en la que a través de la figura de Miguel de Unamuno, el director Alejandro Amenábar relata cómo llegó Franco al poder y estableció su larga dictadura. O como La trinchera infinita (2019), film encabezado por Antonio de la Torre y Belén Cuesta inspirada en la vida de Manuel Cortés, el último alcalde republicano de Mijas (Málaga) en 1936, quien vivió oculto durante treinta años por miedo a ser fusilado por los franquistas. O como La buena letra (2025), un lóbrego drama sobre el desengaño en la posguerra española en el que Celia Rico convierte en celuloide la novela del mismo título de Rafael Chirbes.

Para que no se nos olvide jamás lo ocurrido en La Desbandá, en el próximo Festival de Cine de Málaga se estrenará la primera ficción audiovisual sobre el asesinato de miles inocentes de inocentes por los franquistas con ayuda de tropas italianas en febrero de 1937. "Un suceso atroz y desconocido", nos contaba el pasado verano el cineasta Coke Arijo justo al terminar el rodaje de este cortometraje titulado La hora escrita. Sobre esta misma terrible tragedia perpetrada por los fascistas existe también una ficción sonora realizada en 2022 por la radio comunitaria malagueña Onda Color.

Igualmente actual es el mensaje de Pasionaria, film estrenado en salas hace apenas un mes que repasa la comprometida vida de la emblemática dirigente comunista, desde su oposición al alzamiento de 1936 hasta su regreso a España tras la muerte del dictador para ayudar a recuperar la libertad democrática. Una mujer indispensable para entender no ya nuestro pasado más reciente, sino nuestro más inmediato presente, que a su manera inspiró a otras muchas, de generaciones posteriores pero igualmente comprometidas, como Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Lidia Falcón, Isabel Oliver, Mari Chordá, Eulalia Grau o Consuelo Abril, protagonistas todas ellas con sus valiosos testimonios del documental Clandestinas: la lucha de las mujeres en la dictadura (2025).

Dejamos de nuevo el audiovisual para fijarnos en Amiga date cuenta, el ambicioso proyecto web de documentación, geolocalización y creación de un mapa interactivo que visibiliza espacios vinculados a la memoria democrática de las mujeres en España. Creado por la asociación Herstóricas con el objetivo de visibilizar y dignificar los lugares de resistencia y represión femenina durante la dictadura franquista, es una herramienta educativa interactiva que resignifica nuestro propio entorno silenciado por tantos años de dictadura. En portada, ahora mismo, la Dirección General de Seguridad del kilómetro cero de la violencia franquista con esta pregunta: ¿Sabías que en el edificio de la Puerta del Sol en el que cada año se celebra el Año Nuevo se realizaron interrogatorios y torturas durante el franquismo? Ayuso sabe la respuesta, pero como el edificio es ahora la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no quiere que tú la sepas.

Una última serie para terminar: Los pacientes del doctor García (2023), adaptación a la pequeña pantalla de la novela homónima de Almudena Grandes. Otros dos documentales más: Estos muros (2021), en el que el cineasta Alberto Pascual cuenta la historia de los trabajos forzosos durante el franquismo a partir del poema escrito en roca que encontraron unos niños de principios de los años setenta en unas ruinas en Soto del Real (Madrid), y Caleta Palace (2023), que relata lo que pasó cuando al no conseguir tomar Madrid tras el golpe militar de julio de 1936, los sublevados pusieron sus ojos en Málaga, un puerto estratégico a orillas del Mediterráneo que debía convertirse en la primera victoria para Franco.

Y más cine de las últimas décadas, para rematar con multitud de historias para, por qué no, pegarse un buen maratón cinéfilo y constatar, una vez más, la importancia de contarnos a nosotros mismos para que lo que pasó no caiga pérfidamente en el olvido: Las 13 rosas (Emilio Martínez-Lázaro, 2007), ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990), El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez Aragón, 1979), La noche más larga (José Luis García Sánchez, 1991), Soldados de Salamina (David Trueba, 2003), Para que no me olvides (Patricia Ferreira, 2005), Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2008) o Dragon Rapide (Jaime Camino, 1986). 

"Somos el único país del mundo en el que los perdedores [la izquierda] han escrito la historia", "Con Franco sería ministro" o "Volvamos al 36". No hace falta remontarse al siglo XX ni regresar al franquismo para escuchar alabanzas a la dictadura. Las encontramos a diario en Internet en forma de vídeos, memes, podcasts o directos. Creadores de contenido e influencers de extrema derecha, con cientos de miles de seguidores, tratan de reivindicar la dictadura ocultando la violencia, las muertes y el dolor que provocó.

Ya no se exhibe la camisa azul con orgullo ni se ondean abiertamente las banderas rojigualdas con el águila de San Juan. En su lugar, los nostálgicos del régimen han adoptado una estética más neutra y un discurso en el que aluden a la "libertad" y a "voces silenciadas". Los agitadores ultras apelan a una falsa neutralidad, se presentan como "periodistas libres" y se autoproclaman defensores de la nación. Agitadores como Vito Quiles, Isaac Parejo (InfoVlogger) o Bertrand Ndongo son un claro ejemplo de estas estrategias discursivas.

En paralelo, la asociación Núcleo Nacional —un grupo que une falangistas, franquistas y neonazis bajo estética paramilitar— ha logrado trasladar sus actividades al entorno digital, captando jóvenes y multiplicando su presencia online. También ellos han entendido que la argumentación explícita tiene menos recorrido y recurren al ideario ultranacionalista, la exaltación de la "familia tradicional" o la demonización de la inmigración, traducidos al lenguaje de las redes.

"Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional". La frase del diputado de Vox Manuel Mariscal, pronunciada el pasado 26 de noviembre, resume cómo la extrema derecha ha encontrado en Internet su terreno más fértil.

Miquel Ramos, periodista especializado en neofascismos y extrema derecha, define ese espacio como "un vehículo fundamental" para difundir relatos negacionistas y discursos de odio. "El sitio que no encuentran muchas veces en la mayoría de medios convencionales lo tienen en las redes sociales, ya que no hay filtro y encima están en manos de empresarios que apoyan esos discursos", detalla.

Los algoritmos, además, actúan como amplificadores. Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025), explica que estas plataformas "premian lo que provoca, lo que indigna y lo que genera interacción, porque su negocio es el clic, no la verdad". En ese entorno, los mensajes ultras —simples, emocionales y agresivos— encajan a la perfección. "Alcanzan una visibilidad que ningún discurso racional podría lograr", resume López. Ramos añade que las redes han sido "un punto de inflexión" porque permiten lanzar mensajes de odio de forma banalizada y sin apenas consecuencias para los usuarios.

El universo digital del franquismo ha dejado de ser marginal y hoy funciona como un ecosistema propio y reconocible. En TikTok y YouTube circulan vídeos donde artistas como Aitana, Quevedo o David Guetta "interpretan" el Cara al sol mediante montajes creados con inteligencia artificial. La simbología franquista se disfraza de contenido ligero, irónico o humorístico. "No hablan de consignas políticas, sino de estética emocional. Usan los códigos del entretenimiento —memes, canciones, filtros, ironía— y logran que símbolos de odio circulen como un chiste compartible", señala López.

También se han consolidado tendencias semanales que funcionan como pequeñas celebraciones digitales. El más conocido es el Franco Friday ("Viernes de Franco"), que consiste en publicar cada viernes imágenes del dictador, fragmentos de discursos, himnos o memes nostálgicos. Lo mismo sucede con los Führer Friday (en torno a Hitler) o los "sábados fascistas" inspirados en Mussolini.

Aparece así Franco con filtros luminosos o música de moda, audios de Primo de Rivera o Blas Piñar editados para sonar casi motivacionales, imágenes del Valle de Cuelgamuros incrustadas en vídeos humorísticos o banderas franquistas presentadas como decoración pop. "Han estetizado la ultraderecha", resume López. "Ya no exhiben símbolos agresivos; adoptan una imagen limpia, patriótica y cool. Parece que hablan de 'libertad' u 'orgullo nacional', pero debajo está el mismo mensaje de siempre".

A esta estética pop se suma una avalancha constante de bulos y cifras manipuladas para reforzar la idea de que "con Franco se vivía mejor". Vídeos y canales de YouTube, Telegram o TikTok repiten que la vivienda era asequible, que había más seguridad, que los pantanos de Franco salvaron a Valencia de inundaciones recientes o que la dictadura creó la Seguridad Social.

"Utilizan desinformaciones, comparaciones tramposas y cifras descontextualizadas para presentar la dictadura como una época de bienestar y estabilidad", explica la experta en ultraderecha. Ramos añade que los influencers se han convertido en un "artefacto central de la batalla cultural de la extrema derecha". "Buscan infectar el sentido común, normalizar discursos de odio y, además, sacar beneficio económico", detalla.

El fenómeno franquista en redes encuentra su público más vulnerable entre jóvenes que no vivieron la dictadura y carecen de referentes directos sobre su represión. Esta simplificación funciona especialmente bien en una generación que se informa casi exclusivamente a través de vídeos breves, memes y mensajes emocionales. "Así, los discursos de odio o revisionistas se disfrazan de 'opinión alternativa' y encuentran espacios donde no se les cuestiona", señala López.

Pero, como subrayan ambos expertos, para entender su impacto hay que mirar el contexto político y generacional. "Muchos jóvenes que hoy tienen 18 años han llegado a la edad adulta bajo dos legislaturas de gobiernos progresistas, y para ellos el 'sistema' es el progresismo. La extrema derecha ha sabido vender un disfraz de rebeldía contra todo eso que tanto ha costado conseguir", detalla Ramos. Añade que las "cenizas del ciclo post-15M" pesan todavía y que existe una fuerte desafección hacia la izquierda institucional por no resolver los problemas materiales de la juventud.

El fenómeno ya se refleja en los datos. Según el CIS, el grupo de edad más proclive a aceptar un régimen autoritario es el de 18 a 24 años. Y el último barómetro de 40dB muestra que Vox es el partido con mayor intención de voto entre los jóvenes de 18 a 44 años, alcanzando un 30,6% entre los menores de 25. No obstante, Ramos matiza que esto no significa que "los jóvenes sean de derechas". "Hay miles de jóvenes con ideas progresistas, militando y organizándose, pero no reciben la misma atención mediática. Llama mucho más la atención cuatro niñatos haciendo el saludo nazi que chavales parando un desahucio", aclara. Aun así, advierte de una ofensiva reaccionaria que tiene a la juventud como objetivo prioritario.

Si hubiera llevado un diario a lo largo de mi tiempo ahora podría consultar las páginas correspondientes a 1975 sin miedo a equivocarme. No lo hice y no pongo la mano en el fuego más que por estas cosas.

Una, sin lugar a dudas y no solo en el 75. Ser europea. No sentirme inferior como ciudadana, ni bajo mi propio tirano ni bajo la mirada de los franceses, una mirada que oscilaba entre la solidaridad, la condescendencia, la compasión y la autocomplacencia. No sentirme herida, señalada, marcada.

Hubo más. Mucho más. Deseaba que Franco se muriera pronto y que al hombre de quien me había enamorado erróneamente y por mi cuenta lo aplastara un camión y que así yo, también unilateralmente, me quedara viuda de las de mucho llorar, pero con el asunto resuelto para siempre.

Es difícil referirse a ese año sin que lo político se meta de por medio. En realidad, mi período de deseos (lo cual incluía la parte buena) empezó en octubre de 1974, y ya entonces tuvo un sabor amargo, pese a las alegrías. Mi júbilo partía del hecho de entrar a formar parte del equipo de colaboradores de la revista de humor político Por Favor, codeándome nada más y nada menos que con Manuel Vázquez Montalbán, Jaume Perich, Juan Marsé y el Forges, más una pléyade de colaboradores de lo más sagaz y divertido que daba el terruño.

Una chica de barrio y sin estudios, pensé cuando empezó la fiesta de presentación de la revista, no podía aspirar a tanto sin tragarse una farola o dos. Lo amargo vino cuando, en ese mismo acto, Manolo le arrebató el micro a Luis del Olmo, que oficiaba de presentador, y anunció con voz grave que esa misma madrugada el régimen franquista iba a ejecutar al antifascista Salvador Puig Antich, y que Por Favor nacía para luchar decididamente en clave de humor político contra la dictadura.

Miro atrás y allí empieza mi 1975, en el que otro de mis más firmes deseos (aparte de menudencias carnales ajenas a la redacción) era rozarme con aquel consejo de sabios: irónicos, desenfadados, escépticos, mordaces e imbatibles en cuanto a inteligencia. Mi colaboración semanal, que mantuve hasta el cierre en 1978, se titulaba La ventana indiscreta y ocupaba dos páginas de crónica social formada por notas breves escritas a lo bestia. Me pagaban mucho para entonces. Treinta mil pesetas al mes. Las deseaba, claro.

Recibía mucho más en frote de cerebros. Y en copas.

Creo que me hice un 1975 con el optimismo del día a día (vivir al día, en todos los sentidos, no es un invento actual) y el pesimismo de la realidad aplastante. Por un lado, el estímulo de mis conversaciones con MVM sobre lo que sucedería si la Junta Democrática (coalición de partidos creada para lograr la caída del régimen) empujaba fuerte y se formaba un Gobierno en el que podrían entrar uno o dos ministros comunistas. Utopía fallida, entonces.

Me gustaba –deseaba– pasar las tardes en aquella redacción, siempre cercana a un bar que nos servía las copas o al que acudíamos para conspirar después del trabajo. A Manolo le encantaba verme caminar con un vaso de whisky (entonces, de tubo) en la cabeza.

Vivía sola en un piso séptimo, en un edificio situado enfrente del Círculo de Lectores del carrer València, en Barcelona, y no deseaba una cama, porque me bastaba con el mobiliario pre-Ikea de los que ingresan lo justo. Colchones y cojines en el suelo, cajas de verduras convertidas en estanterías y mesillas de noche, un potus, alguna que otra colcha exótica en las paredes, la reproducción del Gernika y el póster del Che.

Cuando me sentía muy, muy, muy sola, buscaba la compañía de los gatos del patio interior y, asomada a la ventana de mi séptimo piso, les arrojaba pescado congelado. Tuve un coro de felinos esperándome todos los días a la misma hora. Hasta que los vecinos empezaron a mirarme mal y deseé que no lo hicieran.

También deseaba, por encima de todo, no asistir a más funerales por antifascistas asesinados, no volver una y otra vez a la iglesia de la Concepció para celebrar aniversarios clandestinos de asesinatos, ni cantar por enésima tanda y llorando “... però el record de la vall on vas viure no l’esborra la pols del camí”, versión catalana de aquella Red River Valley que nos había llegado a España a través de las Brigadas Internacionales.

No pudo ser porque el 27 de septiembre fueron ejecutadas las últimas sentencias de muerte firmadas por el dictador. Cinco vidas segadas y el hundimiento. Aquello no se iba a acabar nunca. Ni los funerales de los que salíamos furtivamente antes de que llegaran los grises.

Por consiguiente, mi más intenso deseo fue entonces largarme de España, salir de aquella opresión gris acero que se metía por los poros. ¡Irme a París, cáspita, aunque me miraran mal! Deseé tomar un tren nocturno, y lo hice, en una litera barata. En el andén, los amigos me contaron que parecía que Franco estaba palmando, si no lo había hecho ya. Pero yo seguí en mis trece.

A la mañana siguiente, en la Gare de Lyon, mi amigo (D.E.P.) Pere Ignasi Fages, cuyo piso iba a ocupar en los próximos meses, me abrazó y me confirmó la peor noticia: Franco no había muerto. Pero...

Nos pasamos, me pasé, semanas deseando que el general muriera. Fages (que había huido a París de forma rocambolesca cuando la pasma social fue a detenerle en su piso: los dejó encerrados en una habitación) actuaba como hombre de prensa de Santiago Carrillo en las conversaciones que por entonces tenían lugar en París para establecer lo que luego se llamó la Platajunta (ver Google).

Cuando regresé a Barcelona, ya con el fiambre nada exquisito bajo lápida en Cuelgamuros, deseé lo que mucha otra gente. “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomía”. Muchas veces y a gritos.

También deseé volver a enamorarme. Cosa que, por suerte o por desgracia, también sucedería.

*Maruja Torres es periodista y escritora. Su último libro es ‘Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo’ (Temas de Hoy, 2024).

La matraca resucita de tanto en tanto. Algún derechista moderado o centrista centrípeto acusa a un gobierno (dizque de izquierdas) de alentar el guerracivilismo. Que si la reapertura de las heridas, que si echarle gasolina a la candela de la crispación. De tanto en tanto —digo— en alguna parte entrevistan a algún prócer con cataratas que dice que nunca había visto tanta polarización y que, en menos de lo que canta un gallo, el Estado de derecho saltará por los aires a cuento de una minucia. Asintiendo, los comentaristas más corajudos afilan sus plumines: oh España, nación cainita, duelo a garrotazos, eterna rivalidad de rojos contra azules.

Por más que la deflagración parezca inminente, la caldera nunca termina de reventar. Sospecho que el manómetro andará averiado. Eso, o que nos den el premio al pueblo más pastueño de la tierra. Lo pensaba el otro día a propósito de los cribados: me extraña que nadie se haya tomado la justicia por su mano. ¿Violencia? ¡Caca! No quiero dar ideas, lo juro: pero uno se imagina enterándose de que un familiar o uno mismo no llega a las uvas a cuenta de las triquiñuelas sanitarias de un consejero partidario de la colaboración público-privada… y lo de las Torres Gemelas puede parecerle una chiquillería.

Fíjense: con la de deudos que hay en Valencia, Mazón ha conseguido hacer mutis sin más daños que un par de gritos bien entonados. Hasta Trillo, el del Yak 42, anda presentando sus memorias sin que nadie le haya tocado un pelo, y eso que sus víctimas llevan pistolón. Por supuesto, me alegra vivir en un país donde mis conciudadanos no resuelven sus diferencias a navajazos y en el que, hasta los que saben que tienen todo el aparato del Estado en su contra, esperan pacientemente a que la justicia no les haga lo propio.

A la luz de la realidad, convendría (¡quizás!) rebuscar un poco de vergüenza entre los cojines del sofá y hallar una mejor cantinela con la que ganarse el jornal en las tertulias y los parlamentos. Imagino que mis anhelos están infundados: acaba de presentarse el plan de remodelación con el que adecentar Cuelgamuros y los agoreros de siempre ensayan su canción. Que si qué manera de malgastar los dineros y que deje usted a los muertos en paz. Como nunca me he muerto, no sé si en la otra vida te importa mucho o poco compartir osario con esos amigables falangistas que te hubiesen fusilado; todos juntitos y revueltos en un mausoleo a mayor gloria del enemigo. Lo mismo es cierto que, en aquella orilla de la Estigia, te da igual uno que ochenta, pero entiendo que a los deudos, que aún no gozan del diazepam de la eternidad, el asunto les irrite una mijita. 

Puede que, a estas alturas del siglo, una mayoría social de este país considere oportuno resignificar (ya me disculparán el palabro ortopédico) semejante falla de granito y que un soportal y dos sombras no sean la gota que falta para agarrar un fusil. Puede, incluso, que dejarlo tal como está (cincuenta años lleva así) tampoco nos obligue a matarnos. Si me preguntan, prefiero vivir en un país donde los dictadores no conservan intactos los monumentos que erigieron a su propia gloria. Habrá a quien le dé igual: pues que lo argumente, pero que no me vengan con la milonga de la crispación, no sea que sea esa la cantinela que nos ponga cardíacos.