Con el escrutinio al 99,89%, las urnas sitúan a Ciudadanos como la candidatura vencedora en votos y escaños en las elecciones autonómicas catalanas, pero las formaciones independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) conservan la mayoría absoluta que obtuvieron en 2015, al sumar ahora 70 escaños. 

El escrutinio otorga a Ciudadanos 37 diputados y el 25,3% de las papeletas. La formación liderada por Inés Arrimadas se convierte así en la primera fuerza no nacionalista que vence en votos y escaños en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña desde 1980.

La gran sorpresa de la jornada es el resultado obtenido por la lista de Carles Puigdemont, el presidente destituido y que ha hecho campaña desde Bruselas. Con 34 escaños y el 21,6% de los sufragios, se convierte en la principal fuerza del bloque independentista.

Puigdemont gana así su particular pulso con Oriol Junqueras. ERC se queda como tercera fuerza del Parlament, con 32 escaños y el 21,4% de las papeletas.

El PSC no logra cumplir las expectativas generadas por las encuestas, sobre todo en la primera parte de la campaña. Miquel Iceta obtiene 17 parlamentarios, uno más que hace dos años. En votos se queda en el 13,8%.

Los socialistas quedan por delante de Catalunya en Comú Podem, que con 8 diputados sufre un retroceso respecto a los 11 de 2015. Además, la mayoría independentista deja a Xavier Domènech sin el papel clave para formar gobierno al que aspiraba.

Los dos grandes derrotados de la jornada son la CUP y el PP, uno con cuatro y el otro con tres diputados.

Los independentistas radicales liderados esta vez por Carles Riera descienden desde los 10 escaños que consiguieron en 2015. Eso sí, sus cuatro actas volverán a ser claves para completar la mayoría absoluta independentista.

El PP de Xavier García Albiol quedó último en votos, incluso por detrás de la CUP, y sufre el mayor descenso en escaños, al pasar de 11 a 4. 

El bloque independentista suma 70 diputados –la mayoría absoluta está en 68–, mientras que el constitucionalista se sitúa en 57. Hace dos años, los primeros consiguieron 71 y los segundos, 52.

En número de votos, los soberanistas logran el 47,5% de los votos –tres décimas menos que en 2015–, mientras que los unionistas ascienden hasta el 43,4% de las papeletas, frente al 39,1% de hace dos años.

Derrota del 155

El independentismo, por tanto, ha ganado el pulso a los partidos constitucionalistas al hacerse con el control del Parlamento, lo que les devuelve el timón de las instituciones del que les privó el Gobierno de Mariano Rajoy con la aprobación del artículo 155. Los partidarios de la independencia, que no pudieron celebrar el referéndum del 1 de octubre en condiciones de normalidad, se han tomado la revancha y ganado las elecciones del 21D situando en el Parlament 70 diputados. Eso sí: es un diputado menos que en 2015 y un porcentaje de votos (el 47,54%) de nuevo por debajo del simbólico 50% de los votantes. Este porcentaje fue, en la pasada legislatura, el principal argumento de los contrarios a la independencia para desautorizar la estrategia unilateral del soberanismo. Y seguirá vivo.

Este escenario era el preferido por Carles Puigdemont, que contaba con la victoria para poder regresar a Cataluña y desafiar la instrucción judicial que se sigue en el Tribunal Supremo contra él y el resto de los promotores de la declaración de independencia. Y era, al mismo, tiempo, la pesadilla del presidente Rajoy, al que los electores catalanes habría negado la razón en su particular pulso con el soberanismo.

Las elecciones devuelven el conflicto catalán a la casilla de salida, pero esta vez los partidos soberanistas esperan tener toda la atención de la comunidad internacional y forzar, con su ayuda, una negociación de tú a tú con el Gobierno de España. Pero no haber logrado superar el espectacular resultado que obtuvieron en 2015 (el 47,8% de los votos) les priva del impulso final que buscaban para reivindicar el apoyo de otros países.

La victoria de Inés Arrimadas tiene, sin duda, carácter histórico: 37 escaños (once más que hace sólo dos años). Ciudadanos habrá sido capaz de atraer la mayor parte del voto constitucionalista, en perjuicio del PSC y sobre todo del PP. Por primera vez en la historia de la restauración democrática española un partido no nacionalista de derechas ha sido la primera fuerza en votos y escaños en unas elecciones autonómicas en Cataluña (el PSC ya lo fue en las elecciones de 2003 y 2006). Aunque, dada la mayoría absoluta de los independentistas, el triunfo se habrá convertido en una victoria agridulce.

En el bloque independentista, la lista de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, se ha llevado el gato al agua al superar contra pronóstico a los republicanos de Oriol Junqueras, en prisión en la cárcel madrileña de Estremera. Los 34 escaños de Junts per Catalunya frente a los 32 de ERC zanjan la discusión sobre quién debe ser el candidato independentista a la Presidencia de la Generalitat. Puigdemont habrá conseguido así su objetivo de cerrar el círculo y restaurar la legitimidad rota por la destitución del Govern ordenada por Rajoy. Y habrá ganado la partida a Junqueras, que insistió en que ERC se presentase en solitario para rentabilizar el voto independentista, lo que finalmente no ha ocurrido. Carles Puigdemont no ha conseguido encabezar la lista más votada, pero es el ganador de las elecciones porque tiene al alcance de la mano volver a ser investido president.

Claro que antes tendrá que negociar con Esquerra, y sobre todo con la CUP, un programa político muy complicado, porque mientras JuntsxCat quiere forzar una negociación con el Gobierno de España con apoyo de la comunidad internacional, los anticapitalistas aseguran que sólo aceptarán un ruta unilateral hacia la independencia.

Los candidatos huidos o en la cárcel

Queda por resolver el problema de los candidatos que en teoría no van a poder votar porque están en la cárcel o huidos fuera de España, ocho en total (cinco en Bruselas y tres en prisión). Si no pueden ir al Parlament y no renuncian a sus actas como diputados, privarán a sus partidos de ocho votos imprescindibles para decidir la Mesa de la Cámara y la Presidencia de la Generalitat. Y pondrán, de paso, en un brete a las instituciones del Estado, que sin que existan sentencias condenatorias estarán dando, de hecho, el control de la Cámara a los no independentistas. Un nuevo e incierto escenario de confrontación.

Del lado constitucionalista, la victoria de Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, es incontestable. Los partidarios de que Cataluña siga formando parte de España han elegido mayoritariamente al partido naranja como su portavoz político en el Parlament: Arrimadas pasa de 25 a 37 escaños y Ciudadanos se convierte en el principal partido de Cataluña. Por detrás de ellos, Miquel Iceta sólo gana un escaño, muy por debajo de sus expectativas, que exigían superar los 20 diputados (en la actualidad tenía 16) y estar mucho más cerca de Ciudadanos. El mensaje de Iceta —y del secretario general del PSOE, Pedro Sanchez— a favor de una solución política negociada federalista que resolviese el encaje de Cataluña en España con una reforma constitucional no ha conseguido el eco que los socialistas esperaban de los votantes. Y pone patas arriba la estrategia territorial de la dirección federal socialista.

Si los resultados del PSC son pobres, los del PP son catastróficos. La candidatura de Xavier García Albiol ha perdido ocho de sus once escaños: el partido de Mariano Rajoy estará representado en la nueva legislatura del Parlament de Cataluña por sólo tres diputados. El castigo a la política del Gobierno en Cataluña y el voto útil a Ciudadanos ha tenido consecuencias devastadoras para el PP.

En el caso de estos tres partidos, la voluntad de los catalanes expresada en las urnas tendrá previsiblemente consecuencias a escala estatal. Primero para Albert Rivera, que esperaba una victoria para impulsar el crecimiento de su formación en toda España pensando en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en 2019. Después para Pedro Sánchez, que ve cómo se desinfla la oportunidad de que las urnas confirmasen su apuesta por la tercera via.

Y sobre todo para Mariano Rajoy, al que el resultado electoral sitúa ante un escenario imposible de resolver: los independentistas a los que cesó y a los que niega el derecho a decidir en referéndum el futuro de Cataluña han vuelto a ganar las elecciones con el mismo respaldo ciudadano que en 2015. Una situación que a priori sólo le deja dos salidas: negociar con ellos, algo que siempre ha dicho no estar dispuesto a hacer, o volver a aplicar el articulo 155 e intervenir de forma indefinida la autonomía catalana.

Mención aparte merecen la alianza entre Catalunya en Comú, la formación de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Podem, la marca catalana del partido de Pablo Iglesias. Los comuns no sólo no serán decisivos, como pretendían, a la hora de formar gobierno, sino que han sido castigados por los electores al pasar de once a sólo ocho escaños.

El 47,54% alcanzado por el independentismo ha venido a confirmar la solidez de los resultados de este bloque político, que llevaba 18 años obteniendo los mismos resultados en las elecciones autonómicas. La variación máxima desde 1999 ha sido de apenas 2,3 puntos porcentuales, los que van del 46,5% de los votos que sumaron en 2006 al 48,8% que consiguieron en 2010.

Muchos habíamos dado por muerto al procés y a su Mesías, y tanto el uno como el otro parecían estar más vivos que nunca.  Puede que el president modere su discurso cuando haga la digestión de su "victoria" o asuma la realidad del peso de las leyes a las que está sometido. Pero de momento hoy lo que tenemos es a un visionario reforzado y a un Estado debilitado.

Lo primero que han hecho los medios internacionales, que siempre ven las cosas con más objetividad que quienes estamos dentro, ha sido constatar la renovación de la mayoría independentista y el fracaso de Rajoy. La situación no puede ser más complicada para unos (los independentistas) y para otros (el Gobierno de España).

Contados los votos, tenemos que aceptar que el cese del Govern, la intervención de la Administración catalana y la convocatoria de elecciones no han dado en absoluto los resultados esperados. Debemos asumir también que muchos –ayudados por las imprecisiones en las encuestas–, infraestimamos a Puigdemont y sobreestimamos el tamaño de esa mayoría silenciosa que creíamos por fin movilizada. O no existe esa mayoría silenciosa, o no se movilizará. Sociológica y electoralmente, Cataluña no ha cambiado nada: seguimos viendo esas dos mitades que votan una por partidos independentistas y la otra por partidos no independentistas. Es impresionante que después de lo que hemos visto en los últimos siete años, y tras cuatro elecciones al Parlament, los bloques aparezcan prácticamente inalterados, escaño arriba o abajo.

El problema es precisamente que ninguno de los dos actores –president cesado y en vías de ser reelecto, y Gobierno de Rajoy–  ha logrado una victoria contundente sobre el otro, sino más bien una vuelta a la casilla de salida, una reproducción del hemiciclo salido de las elecciones de 2015.

Si Junts per Catalunya, ERC y la CUP hubieran sumado entre los tres cinco o seis escaños más, quizá Rajoy habría asumido la derrota y habría abierto la posibilidad de un referéndum legal y acordado como en Escocia. Y quizá Puigdemont se habría portado con la magnanimidad del ganador. Pero con una mayoría tan escuálida del independentismo, es seguro que Rajoy no va a ceder ni un milímetro. Tampoco querrá ni podrá hacer nada para evitar que Puigdemont sea encarcelado en cuanto ponga un pie en España. De manera que le veremos defender la aplicación del 155 como la decisión correcta, proclamar el imperio de la ley, y advertir de nuevo que, por muy legítima que sea su elección, Puigdemont no podrá seguir actuando como si fuera el jefe de un nuevo Estado. Rajoy no puede hacer otra cosa que seguir plantando cara al desafío.

Y Puigdemont no puede hacer otra cosa que mantenerlo. Siente –y tiene derecho a sentirlo– que el pueblo de Cataluña ha legitimado con los votos la nueva República de Cataluña que él proclamó.

Por el tono de su breve discurso de la noche electoral, sigue pensando que el pueblo, su pueblo, es solo uno: esa mitad que le votó a él o a sus dos aliados independentistas. Sigue sin comprender que hoy, como ayer, y como hace casi una década, en Cataluña no hay un mayoría social suficiente que sostenga su aventura.

Lo que parece venir es sencillamente un horror. Ninguno de los dos actores principales en esta batalla se ha impuesto con contundencia sobre el otro. En los juegos y las negociaciones, sólo cuando uno de los jugadores tiene un cierto dominio sobre el otro se abre la posibilidad de una negociación. Lo horrososo de esta situación es que esa circunstancia no se da. Que tanto Rajoy como Puigdemont siguen hoy en la misma situación que hace unos meses y que el electorado catalán la ha ratificado con sus votos.

Es cierto que por primera vez en la historia de Cataluña es un partido no nacionalista quien tiene la mayoría electoral y parlamentaria, un éxito meritorio e indiscutible de Ciudadanos y de Inés Arrimadas. Pero eso al president en el exilio le da igual, en tanto en cuanto pueda mantener juntos a sus aliados de ERC y la CUP. Si hace menos de tres meses se atrevió a proclamar la creación de un nuevo Estado, hoy se cree legitimado para exigir a los demás su reconocimiento. Y si Rajoy hace dos se atrevió a cesar a los delincuentes que se saltaban las leyes sin disimulo, hoy no tiene más remedio que aceptar que están electoralmente legitimados para volver a sus puestos. Lo que se vislumbra pinta mal, muy mal.

1.- Ciudadanos ha logrado en Cataluña cosechar lo que el PP ha venido sembrando durante años. No sólo consigue la proeza de que un partido españolista sea más votado que cualquier formación catalanista, sino que la victoria de Inés Arrimadas tendrá consecuencias a escala estatal, porque permite a Albert Rivera quedarse con el reloj de oro de Mariano Rajoy: el discurso del nacionalismo español. Esa bandera (enorme bandera), junto a la supuesta recuperación económica, constituía hasta ahora el principal motor electoralista de Rajoy, que no puede competir con el partido naranja sobre regeneración, anticorrupción, modernidad, liberalismo, etc. Creía que podía competir y ganar a la hora de representar el patriotismo frente al separatismo. Pero esa fortaleza queda muy en entredicho tras el 21-D. No es que a Rajoy le importara un mal resultado en Cataluña. Lo tiene descontado desde que decidió utilizar la respuesta al soberanismo para ganar votos en el resto de España. Pero quedarse en la irrelevancia absoluta precisamente en el territorio donde se ha suscitado la mayor crisis de la democracia es un batacazo que no sólo se lleva por delante al candidato García Albiol sino que deja temblando el liderazgo del propio Rajoy, por el momento incontestado en sus filas.

2.- La lógica alegría naranja (alimentada durante toda la campaña por la mayoría de los medios estatales) no debería ocultar el motivo fundamental de esta cita electoral. Y el resultado lo que demuestra es una estabilidad marmórea del independentismo como bloque. La suma de JuntsperCat, ERC y la CUP obtiene prácticamente el mismo porcentaje de votos que en las dos anteriores elecciones y, lo que es aún más importante: renovar su mayoría absoluta en el Parlament. Si antes ya era una osadía insultante, ahora resultaría obsceno adjudicar la fuerza del soberanismo catalán a una especie de engaño colectivo. Quienes han votado independentismo conocen perfectamente la salida de empresas, la falta de reconocimiento internacional y los oscuros vaticinios para la economía catalana. Si todos esos factores podían tener alguna influencia en sus convicciones, parece claro que ha pesado tanto o más la indignación contra la intervención del Estado y contra las decisiones judiciales que han llevado a la cárcel a varios de sus referentes políticos mientras otros huyeron a Bruselas.

3.- Es cierto que dentro del bloque independentista han surgido divisiones y enfrentamientos que no harán fácil la formación de gobierno. Le ha ido mejor a Puigdemont con su autoexilio belga que a Oriol Junqueras desde la cárcel. Para ser investido de nuevo como president, Puigdemont tendría que regresar sabiendo que irá a prisión, y los votos tanto de encarcelados como de prófugos serán necesarios para revalidar el Govern. Se mezclan las decisiones políticas y personales, porque hacer correr la lista supone cargar con las responsabilidades legales sin escudo parlamentario. En cualquier caso, a todos les interesa mantener un bloque compacto que planteará una negociación bilateral con el Gobierno y en la que intentarán incluir la liberación de sus presos. Teniendo mayoría y ejerciendo de nuevo el Govern, el eco internacional de esas reclamaciones será potente.

4.- Pese a ese éxito indiscutible del independentismo, el resultado confirma que sigue sin tener una mayoría social que aporte legitimidad a su permanente intento de representar “la voz de un pueblo”. Lo cual debería llevar a sus representantes a renunciar al camino unilateral de la República catalana. La CUP mantiene su exigencia de avanzar en la unilateralidad, pero Puigdemont y Junqueras ni siquiera necesitan a los cupaires para formar gobiernocupaires, puesto que los síes necesarios suman 66 (JxCat más ERC) frente a los 65 votos de los grupos no independentistas. Ha sufrido un descalabro al caer de diez a cuatro escaños, pero la CUP no es un partido político al uso, y le importa menos el número de actas en el Parlament que su capacidad para marcar la agenda o para impulsar movilizaciones populares.

5.- Esta vez las expectativas han jugado en contra del PSC. Se le vaticinaba una fuerte subida, o en todo caso la posibilidad de jugar un papel clave en la gobernabilidad catalana. Ni una cosa ni la otra. Un mal resultado para Iceta pero también para Pedro Sánchez. Ser la muleta imprescindible del Gobierno para aplicar el 155 y ver cómo los frutos de tan arriesgado paso los recoge Ciudadanos es duro. Algo tendrá que ver con el hecho de que Sánchez recuperó el liderazgo aupado por las bases (también del PSC) reivindicando el “no es no a Rajoy” y a los pocos meses aceptó asociarse con el PP. Ese ejercicio, justificado en la responsabilidad de Estado, supone una quiebra en la coherencia del eje del discurso de Sánchez. Intentará sin duda compensar el desgaste con el impulso de la comisión territorial y de la reforma constitucional, por el momento visiblemente ninguneada por sus propios compañeros del 155 y directamente rechazada por Unidos Podemos y los nacionalistas.

6.- La fuerte polarización de una campaña que no podía ser “normal” (con candidatos encarcelados o fugados) ha pasado factura a las posiciones que pretendían ser bisagras para el entendimiento. No lo ha logrado Iceta, pero tampoco los Comuns de Xavier Domènech, Colau y Pablo Iglesias. Estas elecciones se jugaban en dos ejes: soberanismo-constitucionalismo y derecha-izquierda. Si en el primero se ha mantenido la fortaleza del independentismo, en el segundo se ha debilitado la izquierda, que una vez más sufre ante la utilización demagógica del patriotismo.

El reconocimiento inmediato de su fracaso por algunos de los principales afectados da idea del terremoto que este 21-D puede suponer. Y sería deseable que los supuestos ganadores tampoco perdieran de vista la realidad de los datos. El independentismo puede presumir de estabilidad, pero no tiene mayoría social. Quizás lo que Jordi Amat denomina “la mutación del catalanismo” haya tocado techo. Eso dependerá también de que Albert Rivera no cometa el error de pensar que la victoria de Arrimadas garantiza una solución de la crisis territorial. Si hubiera que anticipar una conclusión de lo ocurrido desde aquella escandalosa sesión del 6 de septiembre en el Parlament hasta hoy, podría ser la que ya hace años se adivinaba: para resolver un problema político no basta la aplicación de la ley. Ni siquiera del hasta ahora inédito 155.

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Este artículo ha sido actualizado en la mañana del viernes para matizar el punto 4 en lo referido a los votos independentistas de cara a la investidura, cuya mayoría respecto a los no independentistas ni siquiera haría imprescindible el apoyo de la CUP. (Otra cuestión es la situación legal de los huidos a Bruselas y su presencia o no en la votación).

Los resultados electorales siempre deberían compararse con los obtenidos por los partidos en la última convocatoria, pero eso rara vez sucede. La presión de los medios de comunicación, los vaivenes de la campaña electoral y sobre todo las encuestas, aunque últimamente nadie les otorgue mucha credibilidad, son los elementos que hacen del juego de las expectativas —la diferencia entre lo que se espera lograr y lo que efectivamente se consigue— el fiel de la balanza que dedide quién gana y quién pierde una votación.

Las elecciones de este jueves en Cataluña no son una excepción y en este caso, además, se pueden leer de varias maneras diferentes, razón por la cual ofrecen a los partidos políticos suficientes relatos alternativos como para maquillar un mal resultado.

  ¿REVALIDaN o no LAS URNAS LA ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA?

La primera lectura es la de la independencia. La decisión de Mariano Rajoy de convocar elecciones no solo puso fin al bloqueo institucional iniciado con la fallida convocatoria del referéndum del 1 de octubre —la oposición del Gobierno central hizo imposible que Cataluña pudiese ejercer con garantías el derecho a la autodeterminación— sino que, seguramente sin desearlo, dio a los catalanes la posibilidad de pronunciarse sobre la independencia. Sin trampa ni cartón.

Las elecciones son al Parlament autonómico, pero nadie tiene duda de su carácter plebiscitario. Ni siquiera el PP, aunque no tenga intención alguna de darle carta de naturaleza oficial si ganan los independentistas. El referéndum por la independencia de Cataluña, en realidad es hoy. Si los independentistas ganan en votos y en escaños, el conflicto volverá a la casilla de salida, pero esta vez los partidos soberanistas esperan tener toda la atención de la comunidad internacional y forzar, con su ayuda, una negociación de tú a tú con el Gobierno de España. Lo mismo sucederá si ganan en escaños pero no en votos, como ocurrió en 2015, pero en este escenario —sin sumar al menos la mitad de los votantes— les será mucho más complicado movilizar en su auxilio a la opinión publica internacional. Especialmente si el independentismo no consigue superar el espectacular resultado que obtuvo en 2015 (el 47,8% de los votos) y los comunes de Ada Colau (partidarios del derecho a decidir) siguen sin sumarse a su estrategia.

Esta vez, además, hay un factor nuevo en el juego de mayorías parlamentarias del que depende no sólo el control del Parlament sino la elección del nuevo president. Varios candidatos con escaño asegurado —se presentan en puestos que garantizan la elección— están huidos en Bélgica, como Carles Puigdmont, o en prisión, como Oriol Junqueras. Si los independentistas consiguen mayoría absoluta y esos seis parlamentarios no pueden acudir a votar ni renuncian a sus actas como diputados, privarán a sus partidos de media docena de votos imprescindibles para decidir la Mesa de la Cámara y la Presidencia de la Generalitat. Y pondrán, de paso, en un brete a las instituciones del Estado, que sin que existan sentencias condenatorias estarán dando, de hecho, el control de la Cámara a los no independentistas. Un nuevo e incierto escenario de confrontación.

¿Y qué pasa si los independentistas no consiguen las mayoría ni en votos ni en escaños? Que la moneda del referéndum real caerá del lado de los contrarios a las vías unilaterales a la independencia, los constitucionalistas de Ciudadanos, PSC y PP y la tercera vía de Catalunya en Comú. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera sueñan con este escenario, el único que creen que puede poner fin a la estrategia de PDeCAT y Esquerra, aun a sabiendas de que la decisión final sobre lo que ocurra la tendrán Ada Colau y Catalunya en Comú.

  ¿QUÉ formación SERÁ HEGEMÓNICa EN CADA BLOQUE?

La segunda lectura de las elecciones tiene que ver con quién gane en cada uno de los bloques enfrentados. El premio de consolación en cada bando, en caso de derrota, será ganar en el espacio político compartido, sea independentista o constitucionalista.

Del lado soberanista, Esquerra tiene en teoría al alcance de la mano batir por primera vez a los herederos de la antigua Convergència –reencarnados en una lista confeccionada a la medida personal de Pugidemont con el aval del PDeCAT– y ser el partido más votado en Cataluña. Para los de Oriol Junqueras ganar, aunque sea por menos diferencia de lo que esperaban hace apenas unos meses, cuando todas las encuestas pronosticaban un amplia victoria republicana, significa reclamar el derecho a ocupar la Presidencia, si al final hay mayoría absoluta independentista. Y si no la hay, ser los primeros les situaría en la mejor de las posiciones para afrontar lo que venga: un difícil acuerdo de izquierdas como el que persigue Catalunya en Comú, en compañía del PSC, o el liderazgo de la oposición al unionismo, en la hipótesis de que los comunes y los socialistas acaben llegando a un acuerdo con Ciudadanos y el PP. Ganar a la lista Puigdemont, aunque sea por menos de los previsto, será un triunfo para Esquerra potencialmente capaz de dar la puntilla al debilitado PDeCAT y ponerle en bandeja la hegemonía del soberanismo.

Enfrente, es Ciudadanos quien espera una gran victoria. Tan grande que sus dirigentes coquetean incluso con las idea de ser el partido más votado. Si lo consiguen, se habrán apuntado un tanto histórico que, paradójicamente, puede quedarse en nada si los soberanistas suman mayoría absoluta o si, en caso contrario, el PSC y los comunes se resisten a hacer presidenta a Inés Arrimadas. Aún así, Albert Rivera confía en obtener del recuento un espaldarazo que confirme sus posibilidades de convertirse en presidente de España.

A Junts per Catalunya, convertida en una lista presidencial con la que dar soporte a la aspiración de Puigdemont de volver a la Presidencia de la Generalitat, aunque sólo sea para ser detenido y conducido a prisión, el único escenario que le sirve es ese, porque le permite mantener la tesis de los votos como el arma decisiva para acabar con el 155. Pero aunque el independentismo sume, no parece que Esquerra esté dispuesta a hacer realidad los planes de esta candidatura, a tenor de las declaraciones de sus dirigentes en los últimos días, partidarios de llevar a Junqueras al Palau de la Generalitat. Para JuntsxCat, la medida que separa la victoria de la derrota es la restauración de Puigdemont en el poder. No hay sitio para más.

El juego de las expectativas puede hacer que, de nuevo, el PSC de Miquel Iceta viva su propio resultado como una victoria a pesar de que todas las encuestas le atribuyen un papel subordinado (el cuarto puesto en el Parlament). Pero si consigue mejorar sustancialmente la cifra de 16 escaños que alcanzó en 2015 o, como espera la dirección del PSOE, acaba pisando los talones a Arrimadas, los socialistas se sentirán con derecho a celebrar el resultado. Y a confirmar que la estrategia de Pedro Sánchez —la apuesta por una solución política— era la correcta.

  ¿será decisivo alguno de los partidos más pequeños?

Algo parecido pasará con Catalunya en Comú-Podem. Los pronósticos de las encuestas son tan modestos para sus intereses que cualquier mejora sobre los sondeos dará aire a los de Ada Colau y Pablo Iglesias incluso quedando por debajo de los escaños de 2015. Pero lo que marcará la diferencia, en este caso, no serán lo escaños. La campaña de los comunes se ha basado en defender que sus votos serán decisivos si no hay mayoría independentista y esa será la medida de su éxito o de su fracaso: su capacidad de tejer una alianza —que hoy parece más que improbable— con Esquerra y el PSC.

La CUP se hizo con la llave de la legislatura pasada y ahora aspira a repetir ese papel, aunque se confirme un retroceso en escaños. Los anticapitalistas han asumido la bandera del rupturismo e igual que hace dos años se empeñaron en pedir la cabeza de Artur Mas, que finalmente obtuvieron, esta vez exigirán a Esquerra y a JuntsxCat que renuncien a cualquier clase de negociación con el Estado y pongan en marcha las previsiones de la ley de transitoriedad para activar, sin más esperas, la república independiente de Cataluña. La expectativa de los cupaires es ser decisivos en una mayoría absoluta independentista y cualquier otro escenario sería para ellos, simplemente, un fracaso.

El PP, a su vez, se asoma a su peor resultado en toda la historia del parlamentarismo catalán. Menos escaños y menos votos que cualquier otro partido en la Cámara catalana, fiel reflejo del papel residual al que la política de Mariano Rajoy ha reducido a su formación en Cataluña. Pero de nuevo las expectativas, que ya dan por descontado ese escenario, permiten a los de Xavier García Albiol esperar que una derrota de la mayoría absoluta independentista disimule la suya propia. Y ofrezca a Rajoy, de paso, una forma de salir indemne de la catástrofe de su partido apelando a la neutralización de la estrategia independentista. Porque si pasa lo contrario, y los independentistas vuelven a controlar el Parlament, nada podrá disimular el fracaso del presidente del Gobierno.

Estas elecciones autonómicas devinieron necesarias políticamente (y por tanto legítimas) tanto para el Govern independentista de la Generalitat como para el Gobierno de España del PP.

Ambos podían salir así del callejón al que condujo la gestión de la crisis de relación entre esos dos poderes gubernamentales. Devino en crisis de Estado porque el Govern y una parte del Parlament hicieron creer y movilizaron a la mitad de la población catalana con la idea de que podían imponer la "independencia" de Cataluña. A su objetivo le dieron el nombre de República. A la que nació el 14 de abril de 1931 los españoles de la época la llamaron la niña bonita. Qué bien les ha sonado a los oídos independentistas: República catalana frente a Estado borbónico.

Que estas elecciones las convocara Rajoy mediante la aplicación del 155 de la Constitución fue accidental. Puesto en marcha ese procedimiento constitucional (en el que manda la política más que el derecho y más que la judicatura) a través del diálogo (con participación de notables mediadores, quede citado el lehendakari Urkullu) se abrió la posibilidad real de que las elecciones las convocara Puigdemont. Este quiso hacerlo; y si no lo hizo fue porque desde las filas independentistas torcieron su voluntad.

Dos paradojas que preceden y contribuyen a explicar la presente.

Una, que el 155 hizo posible un diálogo y una salida basada en un acuerdo —no escrito pero que está bien acreditado y que tenía de su lado la legalidad constitucional y autonómica— entre dos presidentes, Rajoy y Puigdemont. Otra, que fueron los propios quienes no dejaron hacer al president de la Generalitat lo que quiso —y lo quiso porque a este le convenía— y no pudo.

¿Y qué es lo esencial en Cataluña? Cuando se constituya el Parlament, éste solo podrá hacer una cosa: elegir nuevo president y éste (o ésta) formar un Govern que gobierne la Generalitat y responda de su gestión ante la entera ciudadanía catalana. Y habrá de hacerlo desde las competencias (que no son pocas) que establece su Estatuto de Autonomía. Que su legitimidad esté erosionada avala su reforma, no su abrogación.

Será así, sin duda alguna, si preside la Generalitat quien no sea independentista. Pero también será así, con probabilidad bastante para vaticinarlo, para cualquiera que lo sea. ¿Por qué? Porque, aunque siga siendo independentista, no podrá sustraerse al hecho político decisivo: el resultado que ha tenido el procésprocés. Este en su etapa álgida se abrió con la Resolución I del Parlament —en noviembre de 2015 tras las elecciones "plebiscitarias" de septiembre— que declaraba una guerra de leyes y de autoridades al Estado español, del que la Generalitat forma parte. El resultado político de ese procés ha sido las elecciones de este 21D, convocadas desde la presidencia de España, con una Generalitat intervenida. Prueba terminante de que, hoy por hoy, las leyes y las declaraciones que haga el Parlament contra la Constitución tienen un valor propagandístico, ideológico, pero carecen de la fuerza necesaria para hacerse efectivas. Y esto no lo va a cambiar el resultado electoral.

Son los independentistas quienes han cuestionado la legitimidad de estas elecciones; por lo tanto son quienes siembran la duda sobre la legitimidad de sus resultados. Ahora bien: ¿quién se atreve a negar la legalidad y legitimidad del Parlament que va a surgir de ellas? ¿No tomarán su acta las personas elegidas? ¿Acaso no será legítima la elección del president recaiga en quien recaiga?

Pues bien, incluso en el hipotético caso de que Puigdemont (cuyos partidarios niegan de antemano al Parlament la legitimidad de investir a otro que no sea éste) fuera reelegido, se vería abocado a esta disyuntiva: o a gobernar con leyes que no fueran papel mojado (es decir obligado a excluir tanto la del referéndum que ya él mismo obvió y la de la transitoriedad o fundacional de la República) o a seguir el camino marcado por la CUP, es decir, imponer su imaginaria niña bonita por las bravas. Y ante esta disyuntiva Puigdemont podría volver a tener un "ataque de cordura transitoria", como el que tuvo cuando se atrevió a reconocer que no podía hacer efectiva la semi o cuasi declaración de independencia; cuando supo que convenía convocar elecciones pero no se atrevió ni a reconocerlo ni a convocarlas. En este caso tendría más fuerza y menos dependencia de ERC y CUP.

Si la presidencia de la Generalitat recayera en persona de Esquerra, posiblemente su programa para la investidura contendría también junto a las nueces de una acción de Gobierno —postergando el objetivo secesionista— su dosis de ruido. Música para la metafísica política a tenor de la cual, ya declarada y proclamada, seguirían "haciendo República". En cierto modo están empujados a hacer sonar esa música ruidosa para apaciguar el fervor, la ansiedad, las urgencias que (junto a la actitud del PP y de Rajoy) tanto les ayudó a impulsar la movilización ciudadana por la "independencia".

Pero, aunque es posible que les siguiera gustando más el ruido de su propaganda que las nueces de la gestión gubernamental, es difícil que una ERC, no rufianesca, haya dejado de tomar nota de algunas revelaciones de este otoño catalán de 2017, que no se deja insertar en la cadena de las últimas Diadas, marcadas por el ascenso independentista.

Quizás la nota más importante es, al mismo tiempo, la más sorpresiva para los nacionalistas e independentistas catalanes (incluido el patriarca Jordi Pujol): que España no es solo un Estado sino una Nación y que, puestos a ver naciones en lugar de ciudadanía, en Cataluña se ven ahora no una nación sino dos, la catalana y la española (como se mostró en las dos movilizaciones multitudinarias del 8 y el 28 de octubre en Barcelona: ¿quién hubiera imaginado tantas banderas españolas en esas calles cuando nunca hubo tantas en ninguna ciudad española?).

Dos naciones, la española, la catalana, ninguna oprimida, aunque los nacionalistas de una y otra las quieran en son de guerra, empezando por la de las banderas.

Ayuda a evitar esta deriva considerar, con base en la realidad, que tanto España como Cataluña son comunidades políticas plurinacionales: en el sentido de que una gran parte de su ciudadanía no se atribuyen una identidad nacional única.

El otoño catalán también ha revelado que el Estado español no es un Estado ni autoritario (convocar elecciones no es bombardear Barcelona) ni fallido; sino un Estado democrático occidental muy importante para el presente y el futuro de la Unión Europea. De ahí los apoyos a España (por encima de Rajoy) y la decepción europeísta del independentismo.

El futuro de Europa tal y como lo ven la gran mayoría de los europeos demócratas no pasa por la disolución de los estados que la forman y la "reconstrucción de los espacios nacionales históricos vertebrados por la lengua". Así lo sueña desde hace tiempo la utopía regresiva de un nacionalismo catalán que se desliza a ser excluyente al mutarse como independentismo; y éste devenido en nacionalismo excluyente a la hora de intentar hacerse efectivo.

Incluso en el caso de que los independentistas no hayan tomado adecuada nota de lo que enseña el otoño catalán es presumible que hayan aprendido que su objetivo no podrán planteárselo ni del mismo modo ni con una línea de continuidad con el procésprocés. Este fue lanzado por Mas, el heredero de Pujol que colocó, por avatares imprevistos, al entonces poco y hoy archiconocido Puigdemont como mascarón de proa; quien ahora cree que su presidencia está por encima de cualquier resultado electoral. Pero solo se le reconocerá como president por la mayoría independentista si vuelve a ser investido. ¿O acaso ERC podría sostener que Puigdemont seguiría siendo el president si el Parlament inviste a Arrimadas o a Iceta o a Domènech?

Quizás les cueste reconocer que ahora hay que elegir president con un programa que gobierne la autonomía catalana president, dando al olvido o remitiendo a un futuro sin fechas la "independencia". Pero hacerlo está al alcance incluso de su deteriorado sentido de la realidad. La victoria electoral incluso puede ayudarles.

Quizás lo que necesitan es renunciar a la gloria que anhelaban, a la épica y al victimismo, que tanto dificultan las soluciones políticas que pasan por negociaciones y pactos.

Durante el procés han seguido, sin considerar las circunstancias reales, una máxima de Maquiavelo. Aquella a tenor de la cual "se debe desear la gloria, aun perdiendo, y es más glorioso ser derrotado por la fuerza de las armas que por cualquier otra circunstancia" .

El lamentable 1-O debió evitarse y no se evitó, porque ni Rajoy ni Puigdemont quisieron dialogar y porque Sánchez, desasistido por completo de Iglesias y de Rivera, inmersos de nuevo en afanes contrarios, no tenía fuerza política suficiente para forzar a ambos presidentes de derechas al diálogo.

Ese 1-O que, a pesar del exceso policial por mor de Zoido y a pesar de los "mil heridos" que da el parte de guerra independentista, no puede ser descrito como una derrota "por la fuerza de las armas".

El proceso independentista ha sido derrotado en esta etapa —que consideraban final y decisiva (y que ni lo ha sido ni probablemente será la última)— a pesar de los errores del Gobierno del PP y por encima de los errores de cálculo independentistas, por una fundamental razón: su Estado independiente, en forma de República, trae, tras las bonitas palabras con las que se presenta, un grueso defecto de fábrica: fue diseñado con los fallidos componentes del "España nos roba, nos desprecia, nos humilla, España es irreformable". ¿Cuántas veces habrá que repetir que ni Pujol ni Puigdemont son Cataluña, ni Aznar y Rajoy España? Ni Puigdemont encarna la esencia histórica de Cataluña ni Rajoy ha salvado la unidad sacra de España.

Las elecciones de este jueves, sea cual sea su resultado, son la ocasión para sacar a Cataluña del pabellón de las máscaras. No hay épica alguna en las urnas (ni siquiera en las que se ponen a despecho de la función que le es propia) ni hay senderos de gloria en los tiempos gobernados desde la impostura. Ni en Cataluña, ni en España.

Los independentistas tras estas elecciones tienen la ocasión de salirse del cauce político, con episodios de tragicomedia, que con su iniciativa política marcaron hasta descarrilarse. El PP, que seguirá en el Gobierno de España, tendrá la ocasión de pensarse los motivos y las consecuencias de su fracaso electoral en unas elecciones tan importantes, en una parte tan importante de España.

Comencé escribiendo que el resultado de las elecciones no alterará lo esencial. Aunque sea en medio del ruido de la propaganda ideológica, las nueces de la política estarán en investir president y formar un Govern que gobiernepresident. (Digamos entre paréntesis que no está descartado que hubiera que repetirlas. Si fracasó la democracia representativa en el Congreso surgido de las elecciones generales de diciembre de 2015, ¿por qué no podría suceder tal cosa con el Parlament surgido de las presentes? Es además probable que surjan intereses partidistas que empujen en esa dirección, porque la influencia del resultado en la evolución de los partidos sí será notable).

Obviemos ahora la reflexión sobre lo escrito en ese paréntesis.

Que los resultados de este 21D no alterarán la esencia real de la política postelectoral en Cataluña no equivale a decir que no sean decisivos para configurar el cauce por el que va a cursar y la forma en que vaya a hacerlo. Extremando las posibilidades: si se gobierna desde el independentismo la situación en Cataluña se cronificará como problema grave para la democracia española, dificultando su positiva evolución; y si se gobierna desde un constitucionalismo con voluntad de relegitimación política y social, de igualdad y solidaridad, Cataluña podrá ser, como en la lucha contra la dictadura franquista y durante la transición, un factor democratizador en toda España.

La "vía Iceta", vinculada al histórico PSC, aparece como la más favorable a esta segunda perspectiva. Ha mostrado altura y fineza políticas... a pesar de ser "bajito y gordito" (él mismo dixit). Aun así probablemente no será el líder más votado, entre otros motivos porque le ha tocado bailar con la fea papeleta de la "reconciliación" y el indulto, en la opacidad deslumbrante de una campaña electoral; pero cuantos más votos reciba, más amplia se hará la vía por él propuesta, sea quien sea la persona investida para asumir la presidencia de la Generalitat y para seguir esa vía.

Esperemos a esta noche electoral para ver por dónde respiran los líderes y sus partidos a la vista de los resultados. Datos seguros y únicos. Que darán lugar a lecturas y propuestas varias hasta ajustarse a lo esencial.

Y vengamos a España. Sean cuales sean los resultados de las elecciones catalanas lo esencial para la democracia española seguirá siendo emprender la reforma constitucional. Lo dijo el pasado martes en la Ser Pedro Sánchez. Gran tarea a la que no hay que postergar otras importantes del día a día de la legislatura y la gobernación actual en España. Gran tarea que no puede ser postergada a que el PP pierda el Gobierno de España. El mérito de esta Constitución desde hace mucho ya no está en durar sino en la capacidad de reformarla.

En el orden natural de las estaciones al otoño sucede el invierno.

En política el curso de sus estaciones no está predeterminado.

Ojalá que el final del otoño político catalán dé comienzo a una nueva primavera de la democracia española.

La Unión Europea, en este trance, ha apoyado la unidad de España porque nos necesita. Una España que superara con bien —sin victorias pírricas ni simbólicas— la crisis de Estado que le ha provocado el independentismo, se convertiría en un poderoso factor para la integración política y social que la UE necesita.

En ese proyecto para España, una Cataluña vuelta a su seny, sin motivos para la rauxa, es más que necesaria.

Los partidos independentistas mantienen una retórica rupturista más o menos edulcorada sin que sepa si esta forma parte de la afectación electoral o es un indicio de aterrizaje forzado. El Gobierno central presume de haber descabezado a ERC y a Junts per Cataluña atropellando la independencia judicial. Fue un exceso impropio de un alto cargo.

El procés y el contra-procés se mueven en un territorio delicado, el de las percepciones. Desde eso que llamamos Madrid, el Gobierno de Rajoy parece decidido a alimentar la percepción de agravio sin saber que es un arma de destrucción masiva. Es lo que lleva haciendo desde hace más de diez años. Es un Gobierno incapaz de construir.

Cataluña es una sociedad hipersensibilizada. Una parte significativa de los catalanes se mueven desde la ofensa. Decía Josep Pla citando a Unamuno, “hasta cuando parece que atacan, están a la defensiva”. Necesitamos más psicólogos y menos politólogos.

Después de llevar 10 días en Cataluña leo gran parte de la prensa española con perplejidad. La mayoría (de la tradicional) habla de una sociedad que no tiene nada que ver con la real. Todos, gobierno, políticos en campaña, prensa en campaña y ciudadanos, se encuentran atrapados en un bucle del que no hay salida hasta que alguien grite: “el rey está desnudo”. O mejor, “¡todos están desnudos!”.

En espera de los resultados electorales se pueden anticipar algunos apuntes:

¿Cómo no convencerse de que estamos ante un proceso incoado por unas ideas y no por unos actos? Regresamos a la batalla de las percepciones. Rajoy y los suyos pierden por goleada.

En fin, si yo fuera catalán seguramente aceptaría mal que nadie desde “fuera” pretendiera explicarme lo que debo o no hacer en “mi casa”. Pero como no lo soy, y como aspiro a que catalanes, leoneses, andaluces, madrileños o vascos podamos combatir juntos injusticias y posverdades me permito sugerir humildemente a cualquier catalán o catalana que no confunda a Rajoy con España, ni a los del “a por ellos” con “el pueblo español”, ni a ese sujeto que en Barcelona denominan “Madrid” con la realidad diversa y plural de Madrid y de España entera.

P.D. Este miércoles se celebra en Barcelona un acto que el pasado sábado vivimos en Madrid: dos enormes poetas, el catalán Joan Margarit y el andaluz Luis García Montero (que además preside la Sociedad de Amigos de infoLibre)leyeron juntos poemas para la libertad y el entendimiento. Concluyeron con un homenaje a la lengua catalana y un abrazo que simboliza y emociona más que cien discursos.  

El independentismo se enfrenta a las elecciones que servirán como termómetro de su gestión en los dos últimos años de procés en Cataluña, un período que terminó con la declaración unilateral de independencia en el Parlament y la intervención de las instituciones autonómicas por parte del Gobierno central. El bloque secesionista ha querido mantener la unidad de acción y ha fijado como objetivo de sus críticas en campaña a las formaciones que apoyaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero en los últimos días ERC y Junts per Catalunya se han lanzado públicamente varios dardos.

La campaña no ha podido ser más atípica para Junts per Catalunya, ERC y la CUP, ya que los dos primeros no han podido contar con sus candidatos en los mítines –el expresident Carles Puigdemont sigue huido en Bruselas y el lider de los republicanos, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión– y los anticapitalistas han tenido que pedir el voto para unas elecciones que tachan de "ilegítimas". Este martes, los actos de fin de campaña reflejaron esta excepcionalidad: ERC lo realizó en la cárcel de Estremera, donde se encuentra recluido Junqueras, mientras Junts per Catalunya celebró un mitin en Bruselas que se emitió en numerosas ciudades catalanas.

  ERC

Los republicanos comenzaron la campaña electoral como los grandes favoritos para alzarse con el triunfo en los comicios del 21D. Pero con el paso de las semanas, los sondeos han registrado un un ascenso de Ciudadanos y también la remontada de Junts per Catalunya, por lo que el primer puesto de ERC podría estar más en cuestión de lo que preveían sus dirigentes, que han pasado de centrar la campaña en la figura de la secretaria general, Marta Rovira, a repartir entre varios de los candidatos las apariciones en los medios de comunicación.

Con Junqueras en la cárcel y sin oportunidad de hacer campaña, ERC trató de forjar a Rovira una imagen de futura presidenta de la Generalitat. Fue el propio exvicepresident quien, a través de una carta publicada desde prisión, señaló a su número dos como candidata si él mismo no podía asumir el cargo en caso de victoria electoral. "Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que no se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, juiciosa y audaz a la vez, tozuda y obstinada, pero también dialogante y pactista", señalaba Junqueras, que afirmaba que "pocas personas como Marta Rovira [...] remaron tanto y desbrozaron tanto el camino".

Pero el plan no funcionó. En sus primeros días de campaña como candidata de facto, Rovira provocó varias polémicas. La más grave se produjo cuando declaró que el Gobierno central había amenazado a la Generalitat con "un escenario de violencia extrema con muertos en las calles", una teoría en la que ha insistido posteriormente pero sobre la que no ha podido aportar pruebas. Pero también ha tenido otros patinazos: en su debate con la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ninguna de las dos supo cuál era la cifra de paro de Cataluña, y días antes había asegurado que "la vía unilateral" a la independencia "no existe", sino que es "un invento patentado por parte del Estado español".

De hecho, mientras dirigentes como Rovira han defendido esta vía unilateral en campaña, otros como Joan Tardà han abogado por "establecer un marco de relación bilateral" con el Gobierno para negociar la independencia. En lo que sí coinciden los diferentes dirigentes de ERC es en ver inviable un tripartito que incluya a los comuns y al PSC, y no por la candidatura de Xavier Domènech, sino por la de Miquel Iceta. "En Esquerra no pactamos con carceleros ni con expoliadores", zanjó el diputado Gabriel Rufián hace unos días en referencia a los socialistas.

Los errores comunicativos de Rovira han provocado que los estrategas de ERC hayan decidido retirar de ella el foco durante la última semana de campaña y repartirlo entre varios de sus candidatos de manera más coral. De hecho, la número dos únicamente ha acudido a un debate con todos los demás candidatos presentes: el celebrado el lunes en TV3. En el encuentro que emitió La Sexta el pasado domingo la sustituyó el exconseller Carles Mundó, recien excarcelado, y el pasado 7 de diciembre el encargado de debatir en TVE fue el número dos de ERC por Girona, Roger Torrent. Asimismo, los republicanos han terminado convenciendo para que haga campaña a la presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell –también candidata de ERC–, que en principio era muy reacia a ello tras haber pasado una noche en prisión.

  Junts per Catalunya

La de Junts per Catalunya ha sido una campaña a caballo entre Cataluña y Bruselas, donde sigue fugado Puigdemont, que ha insistido en el relato que mantiene desde la aplicación del 155: él es el único president legítimo, su huida a Bruselas es en realidad un exilio por razones políticas y la lista que lidera no es tanto la del PDeCAT –marca que Puigdemont ha tratado de esconder en campaña– como "la lista del president". Y, en esta línea, Junts per Catalunya ha dejado claro durante la campaña que no tiene intención de votar favorablemente a otro candidato que no sea al suyo, incluso aunque Junqueras quedase por delante de Puigdemont. 

"Impulsar cualquier otro candidato es legitimar el artículo 155 y el ataque a la democracia", ha argumentado en diferentes ocasiones la candidatura, una afirmación que ERC rechaza. "Nosotros propondremos investir, si ganamos las elecciones, a Oriol Junqueras, que es quien queremos que sea investido. Y si Oriol Junqueras no puede ser investido, lo será Marta Rovira", señaló la propia Rovira hace unos días en una entrevista.

No obstante, según la tendencia que reflejan las encuestas, la estrategia de Junts per Catalunya parece funcionar y la formación ha recortado distancias a ERC. En este sentido, la lista de Junts per Catalunya no está conformada únicamente por miembros del PDeCAT, sino que Puigdemont ha tenido las manos libres para hacer y deshacer y ha colocado en puestos clave a multitud de independientes y dirigentes procedentes de otros partidos. Entre ellos destaca el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que actualmente se encuentra en prisión, pero también van en las listas de Junts per Catalunya nombres como los de el exdirector de RAC-1 Eduard Pujol, el catedrático de ciencias políticas de la Universitat Pompeu Fabra Ferran Requejo o la entrenadora de natación sincronizada Anna Tarrés.

Se trata de una lista pensada para competir de tú a tú con ERC, y en los últimos días la plancha de Puigdemont ha tenido varios roces con sus antiguos aliados republicanos. Junqueras lanzó el lunes un dardo a Puigdemont asegurando que si está en prisión es porque no se esconde "nunca" de lo que hace y porque es "consecuente" con sus acciones, unas declaraciones a las que el expresident respondió el martes: "Estoy en Bélgica porque no nos escondemos, porque somos consecuentes y porque el deseo y la voluntad de los catalanes es un mandato que nosotros consideramos válido".

De hecho, es desde Bruselas desde donde Puigdemont y los exconsellers que le acompañan en Bruselas y concurren en su lista –Clara Ponsatí y Lluís Puig– han intervenido en varios actos de campaña de Junts per Catalunya, el último este mismo martes. Y fue también en la capital belga donde se celebró el pasado 7 de diciembre una manifestación con más de 45.000 asistentes llegados, en su mayoría, desde Cataluña para apoyar a Puigdemont y llamar la atención de la UE bajo el lema "despierta, Europa". La marcha se produjo un par de semanas después de que el expresident tachase a la UE de "club de países decadentes" y afirmara que Cataluña debería votar su permanencia en la institución.

  CUP

La tercera pata del bloque independentista, la CUP, es la única que ha hecho una renovación casi total de sus listas, ya que la política de los anticapitalistas es que sus diputados no pueden estar en el Parlament más de una legislatura. Su candidato, Carles Riera –que sí estuvo en el Parlament la última legislatura, aunque durante poco más de un año–, ha insistido durante la campaña en que la apuesta de la CUP es indudablemente la unilateralidad, y ante la ambivalencia de ERC y Junts per Catalunya sobre esta cuestión, Riera ha avisado que "si se trata de continuar haciendo autonomía", con la CUP "que no cuenten".

Los anticapitalistas, no obstante, han dejado claro durante la campaña que están dispuestos a dar un paso más en su compromiso con ERC y Junts per Catalunya entrando en un gobierno netamente independentista y que apueste por la secesión sin negociar con el Estado. Y es que, para la CUP, el Gobierno ha dado un "golpe de Estado" en Cataluña y "en este contexto pretender un diálogo con el estado español es absurdo". "Las luchas contra cualquier dictadura siempre han tenido que actuar desde la unilateralidad. Los que tiene el poder no lo ceden gratis", señaló hace unos días Riera.

No obstante, pese a que se presentan a los comicios, la CUP los sigue considerando ilegítimos por haber sido convocados a través del 155, y por ello ha anunciado durante la campaña que tratará de "bloquear" un Parlament en el que no haya mayoría independentista, aunque no ha detallado cómo. "Como las elecciones son ilegítimas, si hay mayoría constitucionalista haremos 'hackeo'" y la CUP no permitirá "que el Parlament tenga una actividad normal" afirmó hace unos días la diputada Mireia Vehí.

Catalunya en Comú Podem (CatECP) pone punto final a su carrera hacia las elecciones catalanas fiel a la premisa en la que ha basado su discurso: "Ni 155, ni DUI". El líder de la coalición, Xavier Domènech, encara la recta final hacia los comicios con una llamada a las fuerzas progresistas –especialmente ERC y PSC, pero también CUP–, con el objetivo de priorizar los asuntos de índole social por encima de la cuestión nacional.

Las encuestas realizadas entre el electorado catalán durante las últimas semanas otorgan a los comuns un máximo de once escaños y un mínimo de ocho, siendo nueve los que les atribuye el barómetro del CIS. Este resultado se puede tornar decisivo para los dos bloques enfrentados, el constitucionalista y el independentista. Ninguno de ellos cuenta con las predicciones a su favor para obtener mayoría absoluta, de modo que el apoyo de los comuns podría abrir la puerta a la gobernabilidad. Si las elecciones se disputan en clave de bloques, Catalunya en Comú se encuentra en el centro del tablero.

Bajo esta tesitura, el equipo de Domènech dio el pistoletazo de salida a la campaña muy consciente de su papel como posible fuerza decisiva, aunque el resultado en escaños pudiese ser peor que en las autonómicas de 2015, cuando lograron 11 actas. Tenim la clau fue, precisamente, el lema que abanderó la coalición. La clave, asegura, para "desbloquear la situación, para abrir un nuevo tiempo de soluciones, para volver a poner a la gente en el centro y recoser Cataluña". Con estas palabras se expresaba el líder de Catalunya en Comú durante un mitin el 5 de diciembre en La Farga de l'Hospitalet.

Y dicha clave, a juicio de Catalunya en Comú, pasa por poner el foco en las cuestiones sociales. Y priorizar en las cuestiones sociales pasa por crear un bloque progresista en los que ERC y el PSC dejen a un lado la cuestión nacional y trabajen por construir una política de izquierdas en beneficio de los catalanes.

Agenda social y derecho a decidir

"Avancemos. Por la educación, por la salud. Avancemos por encontrar un trabajo digno. Avancemos contra los recortes en pensiones, para no tener que ir a buscar trabajo al extranjero, para poder pagar un alquiler asequible. Plantemos cara a las agresiones machistas. Avancemos para acabar con la corrupción". Son los objetivos con los que CatECP se presenta en el vídeo de campaña que lanzó el pasado 5 de diciembre. Poner sobre la mesa los problemas que a su juicio requieren de una solución pronta y que afectan a la mayoría del pueblo catalán.

"Nosotros no jugamos a la ruleta rusa con nuestro país, nuestra gente, sabemos que eso no se hace nunca. Construiremos un nuevo Govern, una nueva mayoría para todos los catalanes. Seremos fieles a nuestro pueblo. A todo el pueblo. Vamos a cambiar Cataluña y España", sentenciaba, en la misma línea, el candidato a la presidencia Xavier Domènech este sábado, en un mitin acompañado de Ada Colau, Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

Es en la tarea de construir un nuevo escenario donde Domènech tiende la mano a lo que denomina el bloque progresista. Los guiños a ERC y PSC han sido constantes durante las semanas de campaña, aunque sus palabras no siempre han estado exentas de duras críticas.

Respecto a los republicanos, la número dos de los comuns, Elisenda Alamany, ya les emplazó a finales de noviembre a decidir entre ser un referente de la izquierda o "la muleta de la antigua Convergència" y aclaró que su apoyo iría destinado, únicamente, a aquellas formaciones que llevaran en su programa "el derecho a decidir y la agenda social".

La misma idea la repitió Domènech el pasado 11 de diciembre: "Extenderemos la mano a los que defiendan una agenda social y abandonen cualquier idea de que una solución es poner al PP en el Govern de Cataluña", así como "cualquier idea de unilateralidad". La cuestión de la unilateralidad se ha convertido asimismo en una de las más fervientes críticas de los comuns contra el bloque independentista. "Los problemas, en democracia, se resuelven votando con garantías", dice una voz en off en el vídeo de campaña de Catalunya en Comú, al tiempo que muestra la imagen de una urna donde se lee "referéndum pactado". "Este 21 de diciembre hagamos avanzar Cataluña para no dejar a nadie atrás. Porque tenemos mucho en común", remata el vídeo electoral. Frente a esa idea, la de unir a la ciudadanía común, el candidato Xavier Domènech critica que la unilateralidad es "inefectiva y absolutamente injusta porque deja fuera a una parte del país".

Respecto a los socialistas, Domènech ha variado la contundencia de su relato. El candidato se ha mostrado especialmente crítico con los constitucionalistas por "coquetear con el PP" y por querer "desinfectar" Cataluña, tal y como sugirió el exministro socialista Josep Borrell. Pese al acento crítico, la voluntad de Domènech por girar el volante hacia un gobierno progresista es clara. Este mismo martes el candidato interpeló a Miquel Iceta, señalando que "le tenderá la mano para hacer un gobierno transversal, que no se hace con [Xavier] Albiol ni con [Inés] Arrimadas, un gobierno de progreso que además le facilitará mucho la vida a él, pues siempre que hace una propuesta se ve cómo sus compañeros del PSOE se la deshacen en un minuto".

Domènech no se olvida de la CUP, la candidatura anticapitalista e independentista a la que también emplaza, siempre y cuando ponga por delante la agenda social y permita un gobierno de izquierdas.

"Ninguna opción de derechas"

Domènech se muestra igualmente rotundo cuando, en el otro lado de la balanza, rechaza sin matices las posibilidades de entrar en un pacto de gobierno con PP, Ciudadanos o Junts per Catalunya.

El domingo 10 de diciembre el candidato de CatECP, de hecho, criticó que el bloque de partidos que apoyaron el artículo 155 no tenía más proyecto que "la represión", y denunció que la imposibilidad de una mesa de diálogo deriva de que aquellas formaciones "no tenían nada que proponer". Su posición respecto a esta cuestión ha permanecido inamovible a lo largo de la campaña. El domingo, Domènech volvió a referirse al bloque constitucionalista para subrayar que se trata del "bloque de la indignidad" y este mismo martes ha lamentado que no es más que la constatación del fracaso de la Constitución: "Nunca me hubiera imaginado que en una campaña electoral habría un bloque que se llamaría constitucionalista, porque eso es la máxima expresión de la crisis de la legitimidad de una Constitución".  "Aquellos que se llaman constitucionalistas –añadió– han construido la máxima irresponsabilidad posible, en la defensa de aquello que dicen defender".

Sobre Inés Arrimadas, la cabeza de lista de la formación naranja, Domènech no ha dudado en tildarla como la "candidata de [José María] Aznar". En el debate emitido por laSexta el domingo volvió a dejar clara su posición: "Está clarísimo que nosotros estamos planteando la opción que no bloquea y que no nos puede llevar a una repetición de las elecciones, pero también está clarísimo que nosotros planteamos un gobierno donde no esté ninguna opción de derechas, por tanto ni Puigdemont ni Inés Arrimadas".

Respecto a Junts per Catalunya, aunque Domènech ha manifestado que los presos "tienen que estar fuera de prisión", ha matizado que "no pueden" estar en el Govern de Cataluña. Con estas palabras exactas se dirigió a Josep Rull, representante de Carles Puigdemont, durante el debate: "Ustedes tienen que estar efectivamente fuera de prisión, pero no pueden en un futuro estar en el gobierno".

La noche del 21D, tras el recuento de los votos de las elecciones autonómicas no sólo se hablará de un partido ganador, sino del bloque ganador. Los catalanes decidirán si dan la mayoría a los independentistas o si apuestan por el llamado bloque constitucionalista. Una opción representada por Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP). 

Es donde los independentistas ven el punto débil de estas candidaturas, en ser los ejecutores del artículo 155 de la Constitución, donde los tres candidatos han intentado marcar las diferencias.

Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) fueron de la mano de Mariano Rajoy a la hora de defender la aplicación del artículo 155 de la Constitución para devolver "la estabilidad y legalidad" a Cataluña. Aprobaron e influyeron en la hora de ruta del Gobierno que, en principio, tiene como meta la celebración de estas elecciones y que de ellas salga un Govern con plenos poderes. Pero ha sido a sus candidatos a quienes ha correspondido hacer un relato de la aplicación de esta herramienta ante los votantes.

Así, mientras Miquel Iceta, a quien el respaldo del PSOE al 155 le abrió un crisis en el PSC, ha derivado toda responsabilidad de la puesta en marcha de esta herramienta a Carles Puigdemont sin defenderlo de forma apasionada, PP y Cs sí han peleado por agitar esta bandera. 

Los conservadores y la formación naranja han hecho una competición dialéctica para intentar demostrar quién estaba más convencido de la aplicación del 155 y quién lo defendió antes. Una batalla que ha provocado muchos roces entre el PP y su socio de investidura a nivel nacional y que ha multiplicado las veces en las que desde el partido de Gobierno se ha calificado a Rivera de "oportunista". No es ningún secreto que PP y Ciudadanos compiten por un sector del electorado muy similar y que, por mucho que Rajoy y los suyos plaguen sus discursos asegurando que ellos son el verdadero voto útil, los ciudadanos parecen no verlo así.

Eso es, al menos, lo que reflejan las encuestas. Según el sondeo del CIS, el 46% de los votantes del PP en las elecciones catalanas de septiembre de 2015 tiene decidido votar ahora a Cs. Así, si en 2015 fue la penúltima fuerza del Parlament con 11 diputados y el 8,5% de los sufragios, el PP se quedaría ahora con 7 escaños y el 5,8% de los votos. 

Muy por delante del PP se ubican sus otros dos compañeros del bloque constitucionalista. Ciudadanos, que parte de 25 escaños, se convertiría en la primera fuerza en el Parlament con el 22,5% de los votos y 31 o 32 escaños. Y el PSC obtendría 21 sillones –cinco más que en los anteriores comicios–. La suma de los tres no resulta mayoría absoluta, por lo que tendrían que entrar nuevos actores políticos en juego y, con ello, las dinámicas de exclusión. 

Pero estas elecciones no sólo se juegan en territorio catalán. Será imposible que no haya réplica en la esfera nacional. Entre otros asuntos porque cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado para 2018 o la reforma de la financiación autonómica están en modo de espera a expensas de lo que ocurra este 21D.

En el partido del Gobierno ya admiten que la opción de Iceta como president sería "el mal menor", sobre todo por el miedo al efecto contagio que pudiese tener en las autonómicas y municipales de 2019 una victoria de Arrimadas.

A continuación, infoLibre repasa las claves de campaña de los partidos bautizados como constitucionalistas.

  CIUDADANOS

Para preocupación de sus rivales, el partido naranja es el que mejor parado sale en las encuestas. Un éxito que será sometido a la prueba de la verdad este viernes en la cita con las urnas. Y que sus competidores achacan a que no ha sufrido nunca el desgaste de haber tomado decisiones de Gobierno y a su agilidad a la hora de atribuirse méritos ajenos como, por ejemplo, el de la aplicación del artículo 155. Si salen las cuentas, Ciudadanos no sólo tiene en sus manos la posibilidad de ser clave a la hora de plantar cara al independentismo en Cataluña, sino también de lograr un importante impulso de cara a las citas electorales de los próximos años.

En la formación liderada por Albert Rivera se ven con posibilidades de dejar de ser el principal partido de la oposición para ser el partido de Gobierno. De vencer al nacionalismo. Por este motivo, la campaña de Inés Arrimadas ha estado destinada, además de a cargar contra los nacionalistas, a dibujarse como la única formación del llamado bloque constitucionalista capaz de ofrecer una alternativa al separatismo. El mensaje ha sido claro, sin medias tintas. Hay dos opciones posibles: Inés Arrimadas o el independentismo.

Así, el enemigo a batir para Ciudadanos ha sido el candidato de los socialistas. Arrimadas ha acusado a Iceta de intentar imitar a los partidos nacionalistas y de hacer guiños a los votantes que simpatizan con ellos. 

"No funciona copiar a los partidos nacionalistas, sino que hay que ganarles en las urnas", sentenció la candidata después de que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Girona apoyase abordar un cambio de nombre de la plaza de la Constitución por el de 1 de Octubre.

Arrimadas, por su parte, también ha tenido algún que otro patinazo. El principal: desconocer la tasa de paro de Cataluña. Es algo que, según quedó demostrado en Salvados, comparte con la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira.

En materia de pactos postelectorales, la candidata de Cs se ha dedicado a pedir "responsabilidad" a PSC y al Partido Popular para "sumar" un nuevo gobierno transversal. Tampoco ha desaprovechado la ocasión de intentar desgastar al PSC en este capítulo. "Muchos votantes socialistas no entienden cómo Iceta ha vetado a Ciudadanos, pero ha prometido el indulto para Junqueras", dijo recientemente refiriéndose a la propuesta de Miquel Iceta de indultar a los excargos del Govern encarcelados por su papel en el procés.

"Esperamos que los socialistas estén al lado de Cs en un gobierno alternativo y no intenten que Iceta sea presidente a toda costa", añadió. 

En el último de los debates televisados, el de TV3, la candidata dijo apostar por un "Govern constitucionalista lo más transversal posible" –en referencia implícita a un posible pacto con el PP y PSC– pidiendo el voto para tener suficiente fuerza y no necesitar una abstención de CatECP.

Al igual que el PP, Ciudadanos también ha insistido en campaña en el daño económico que el procés ha hecho a Cataluña y, por extensión, a España. Como los conservadores, llevan en el programa un plan de choque "para el retorno de las empresas que se han ido de Cataluña por culpa del separatismo". Este plan, señalan, pasa por un "ambicioso programa de incentivos fiscales, financieros y administrativos logrará restablecer la seguridad jurídica y la confianza en la economía catalana".

  PARTIDO SOCIALISTA

En marzo de 2009, el socialista Patxi López logró hacerse con la Presidencia del País Vasco aparcando años de gobiernos nacionalistas. Ahora, en círculos políticos se cree que la operación podría reeditarse a la catalana con Miquel Iceta. Que las urnas le van a dar mejores resultados que las encuestas y que, con él al frente del Govern se va a iniciar una nueva etapa. 

El propio Iceta, antes de comenzar la campaña, ya se veía como el candidato mejor ubicado de todos para ser investido. "Presidente de la Generalitat será quien obtenga mayoría en el Parlament y yo creo que estoy en mejor condiciones que otros" para conseguirlo. "El PSC es el que tiene mas posibilidades de tejer complicidades" porque, recordó "las abstenciones también cuentan, particularmente en la segunda" votación de investidura. Este mensaje, unido al de que los votos del PSC no harán presidente a ningún independentista, le ha acompañado en la mayor parte de actos públicos.

Este mismo martes, dijo que aspiraba a ser investido presidente de la Generalitat con el apoyo o la abstención de Cs, el PP y los 'comuns'. "Soy la persona mejor preparada. Quiero una investidura transversal que reciba el apoyo de los 'comuns', Cs, el PP y mi grupo", precisó en un desayuno-coloquio organizado por Primera Plana, recogido por Europa Press.

Si nada cambia, el PSC no colaborará a la hora de hacer a Inés Arrimadas presidenta. Para Iceta, la candidata de Ciudadanos no encarna la transversalidad y el espíritu reconciliador que necesita el nuevo Govern. "No creo en una investidura acordada entre PP, Cs y el PSC porque los números no dan y porque no responde a la transversalidad del país", añadió. En privado, el PP también prefiere a Iceta como president antes que a la candidata de Ciudadanos.

Así, Iceta se dibuja como la mejor de las tres opciones que, a su juicio, se presentarán una vez escrutados los resultados: que haya un presidente independentista con mayoría o con ayuda de los 'comuns', que él sea presidente o que se repitan elecciones. Una posibilidad, esta última, que llevaría a seguir prolongando la aplicación del artículo 155 de la Constitución puesto que no dejará de estar en vigor hasta que haya un nuevo Govern.

Una vez que hay un nuevo equipo al frente de la Generalitat, Iceta considera prioritario "establecer una agenda de negociación con el Gobierno de España". Su programa electoral señala entre sus objetivos la necesidad de "superar la anomalía que supuso la sentencia del TC sobre el Estatuto del año 2010". Para los socialistas catalanes, una vía de reparar la quiebra que provocó este fallo electoral sería "una reforma constitucional federal inclusiva, un acuerdo para conseguir que Cataluña se sienta tratada con justicia y resolver problemas concretos a partir de fórmulas federales de relación y colaboración".

La reforma constitucional que el PSC se compromete a defender si Iceta se convierte en presidente pretende "la transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal" de "carácter plurinacional" que reconozca a "Cataluña como nación".

Para intentar abordar esta reforma, el líder de los socialistas y Rajoy acordaron la puesta en marcha de una comisión sobre el modelo territorial en el Congreso de los Diputados. En seis meses desde su puesta en marcha debería abrirse otro órgano parlamentario para debatir sobre una reforma de la Carta Magna. Una opción que, a día de hoy, los conservadores han enfriado.

La principal polémica de las últimas semanas de Iceta, que ha contado en campaña con el apoyo de Sánchez y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que ver con el futuro de los líderes independentistas encarcelados: indultarlos. Días después diría que su propuesta era prematura. Pero para este momento ya había dado munición a sus adversarios políticos, sobre todo a Ciudadanos, y había irritado a sectores del Partido Socialista.

  Partido popular

"El voto al PP es útil y necesario porque garantiza el cambio político. Sirve para defender la unidad de España, la Constitución Española y los derechos de todos". Así defendía hace tres días el presidente del Gobierno y del Partido Popular el voto a su partido. La presencia de Mariano Rajoy en la recta final de esta campaña, protagonizando mítines los tres últimos días, fue decidida por la dirección nacional de los conservadores la pasada semana. Tras analizar encuestas que ponen al PP catalán ante su peor resultado en los últimos 29 años y la evolución del voto a Ciudadanos, se consideró que el presidente podía ser de ayuda a la hora de convencer al más del 20% de los catalanes que a pocos días de los comicios se declaraban indecisos.

Para el PP, la aplicación del 155 y el hecho de que en Cataluña se haya instalado la "normalidad" es un plus, un elemento del que sacar pecho. Es en este contexto en el que se entiende la presencia de Rajoy como máximo responsable, como cabeza visible. "Un valor seguro, previsible. Todo lo contrario a los experimentos", defienden en Génova. Aunque también se debe al perfil del candidato del PPC. Sus propios compañeros le definen como un político capaz de aglutinar el voto del elector del PP "de toda la vida". Pero con menos atractivo para nuevos votantes o de perfil más moderado, sector en el que le gana Inés Arrimadas.

En clave interna, a Rajoy le puede generar más de un dolor de cabeza haberse implicado de forma significativa en Cataluña. En el PP no hay un sector crítico visible, como sí ocurría en la etapa de Esperanza Aguirre, pero si el ascenso de Ciudadanos es como el que describen las encuestas podría empezar a cundir el nerviosismo entre cargos municipales y autonómicos.

En la recta final de esta campaña que el PP concibió bajo el eslogan de "España es la solución", los conservadores se volcaron en destacar que la cita ante las urnas es "decisiva".

En un intento de arañar votos de Ciudadanos, se ha subrayado que por la Ley D´Hondt el último escaño en tres provincias se lo están jugando el PP, la CUP o ERC. Está por ver si, una vez analizados los resultados, se deduce que caló el mensaje. "El voto al PP no falla nunca. Es un voto a favor de la concordia y de los derechos de todos", puede leerse en el último argumentario de la formación.

Un de los puntos estrella del programa de García Albiol tiene que ver con poner en marcha medidas para la vuelta de las empresas que cambiaron sus sedes con motivo del 1-O, "Aprobaremos un plan de choque para incentivar nuestro tejido empresarial. Lo haremos con un triple objetivo: que todas las empresas que han abandonado Cataluña vuelvan cuanto antes; que nuevas empresas instalen sus negocios en nuestra región; y que crezca el tamaño y la capacidad de internacionalización de las que se han quedado", refleja la oferta electoral del PPC.

Desde el primer momento, la candidatura de Albiol destacó que iban a huir del cuerpo a cuerpo con el PSC y Cs porque su principal objetivo era la suma de las fuerzas constitucionalistas. En todo caso, el partido sí ha hecho hincapié en que no es lo mismo votar a Ciudadanos o a los socialistas que al PP. De Ciudadanos recuerdan que "ahora" se presentan como federalistas y que no apoyaron el 155 hasta no ver "que tenía el apoyo mayoritario de la población". Al PSOE le presentan como el partido que "quiso pactar con Pablo Iglesias para apartar a Rajoy cuando ganó las elecciones".

Además, han puesto en valor que ellos, en el PP, son la única fuerza que ha dejado claro desde el inicio de campaña cómo actuarán tras el 21D: apoyando solo opciones constitucionalistas. Los conservadores son conscientes de que Ciudadanos y el PSC, por sus resultados, van a tener que retratarse en las próximas semanas sobre las posibles alianzas.

Dos de los momentos más polémicos de la campaña tienen como protagonistas a Xavier García y Albiol, de un lado, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de otro. El candidato arrancó la campaña al grito de "A por ellos", una expresión que incluso dentro del PP vieron poco afortunada si se tiene en cuenta, además, que es el cántico con el que fueron despedidos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Cataluña para el dispositivo del 1O.

Mientras, Santamaría, una de las piezas claves del Gobierno central en Cataluña, indignó al bloque independentista. "¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC, Junts per Catalunya y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el PP", dijo en un acto en Girona el pasado sábado. Los aludidos sostienen que es una prueba muy gráfica de que en España no existe la separación de poderes. 

Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (JuntsxCat), Inés Arrimadas (Ciutadans), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (CatEnC-Podem), Carles Riera (CUP) y Xabier García Albiol (PP).

Los partidos soberanistas, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, a pesar de sus diferencias a la hora de idear la ruta más viable hacia la independencia y, sobre todo, acerca de quién debe presidir la Generalitat —el huido Carles Puigdemont o el encarcelado Oriol Junqueras— echaron este martes el resto para movilizar hasta el último voto independentista con un único objetivo: revalidar la mayoría absoluta parlamentaria que conquistaron en las elecciones de 2015 y que el pasado mes de septiembre les permitió poner en marcha la ruptura unilateral con España.

Al otro lado del espejo, Ciudadanos, PSC y PP, hicieron los propio para motivar a los ciudadanos contrarios a la independencia y llevarlos este jueves a las urnas con el objetivo de romper la hegemonía política soberanista en el Parlament en una jornada electoral en la que se prevé una participación histórica, por encima del 80% del censo.

En medio de ambos bloques, Catalunya en Comú-Podem, ahogada por las encuestas, agotó su voz hasta el último minuto en defensa de un acuerdo transversal y de izquierdas en compañía de Esquerra y el PSC.

La excepcionalidad de la situación, con la autonomía suspendida, con los promotores de la república catalana huidos a Bélgica, encarcelados o en libertad provisional —todos acusados de graves delitos que implican largas condenas de cárcel— y con la opinión pública internacional pendiente de que el resultado de las urnas valide o desautorice las aspiraciones soberanistas en Cataluña, todo el mundo contiene la respiración.

Lo que ocurra a partir del 21D dependerá, en primer lugar, de que el independentismo renueve o pierda el control del Parlament. Si suman al menos 68 escaños —la mitad más uno de los 135 que componen la Cámara autonómica catalana—, el debate pasará a ser otro. Y hay que tener en cuenta las ausencias: varios candidatos en puestos con escaño garantizado están huidos o en prisión y no está claro que las autoridades judiciales les vayan a permitir votar el día en que se constituya la Cámara (y se elija la Mesa que debe gobernarla) o incluso en el debate de investidura.

En primer lugar, y suponiendo que sumen 68 votos en este escenario, los independentistas deberán decidir quién debe ser presidente ser presidente, porque Esquerra propondrá a Junqueras (las encuestas predicen que será la formación soberanista más votada) y JuntsxCat insistirá en restaurar a Puigdemont en la Presidencia y cerrar así el ciclo del 155.

Y, en segundo lugar, tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué hará el Govern a partir de ese momento, porque las hojas de ruta de los tres partidos no son ni mucho menos coincidentes. JuntsxCat y ERC hablan de abrir una negociación con el Gobierno central (los primeros sobre la base del reconocimiento de la independencia) que fuerce la mediación internacional que no consiguieron tras la celebración del referéndum del 1 de octubre. Pero la posición de la CUP, será, como ya ocurrió en 2015, decisiva. Los anticapitalistas sólo están dispuesta a dar apoyo a una mayoría de gobierno si es para poner en marcha la república catalana ignorando la oposición del Estado. Sin negociaciones.

La inexcusable contribución de la CUP a la mayoría anticipa que, en caso de acuerdo entre los tres grupos independentistas, el Govern resultante tratará de hacer realidad la república proclamada a finales de octubre. En ese caso, como ya ha señalado el Gobierno, es más que probable que Rajoy invoque de nuevo la aplicación del artículo 155 abriendo un escenario lleno de incertidumbre.

¿Y que pasa si la moneda no cae del lado independentista? En ese supuesto se abre un escenario aún más imprevisible. Ninguna encuesta garantiza a los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) mayoría absoluta para formar gobierno. Y los vetos cruzados entre partidos hacen prácticamente inviable cualquier combinación para formar mayorías.

Las cuentas de los constitucionalistas

Ciudadanos, a quien los estudios de intención de voto sitúan a la cabeza de las preferencia de los votantes no independentistas (varias encuestas prevén incluso la posibilidad de que sus candidaturas sean las más votadas de cuantas se presentan a ls elecciones), quiere que PSC, PP y Catalunya en Comú faciliten que su candidata Inés Arrimadas se convierta en la primera presidenta de Cataluña. En contra tiene a los comunes y a los socialistas que, con diferencias de énfasis (más claramente los primeros) ya han dicho que no le darán su apoyo. E incluso al PP, cuyos dirigentes han dejado caer que prefieren una Presidencia del PSC.

Más complicada, aunque teóricamente posible, es la apuesta del PSC. Miquel Iceta, sabedor de que genera menos rechazo que Arrimadas, ya ha anticipado que quiere jugar esa carta y proponerse a sí mismo para la Presidencia. Para conseguirlo necesita que Ciudadanos, Catalunya en Comú y hasta el PP le den su apoyo.

Los comunes de Xavier Domènech, a los que las encuestas anticipan un resultado muy modesto, quieren hacer valer su posición intermedia entre el bloque soberanista y el constitucionalista y negociar una salida de izquierdas con la participación de ERC y el PSC. En contra tiene a los socialistas, que han dicho que no pactarán con los republicanos. Y a Esquerra, que sitúa al PSC en la órbita de los defensores del 155. Sin contar con que será muy difícil que las tres fuerzas políticas sumen votos suficientes para ganar una investidura.

En un escenario sin mayoría absoluta, la única manera de evitar la repetición de las elecciones es que alguien ceda. O bien el PSC y Catalunya en Comú, facilitando un gobierno de Ciudadanos, o bien Ciudadanos y los comunes haciendo presidente a Iceta. O, si dan las cuentas, PSC y ERC poniéndose de acuerdo para formar una mayoría de izquierdas con Catalunya en Comú.

La necesidad de todos los partidos de marcar distancias y esconder las coincidencias durante la campaña electoral ha alimentado el pesimismo. el pesimismo.La creencia de que será poco menos que imposible formar una mayoría para una investidura se ha asentado y algunos dirigentes ya consideran muy probable que se agoten los plazos sin pactos y haya que repetir las elecciones. Sin embargo, las mismas formaciones cuyos vetos cruzados dificultan los acuerdos no quieren ni oír hablar de volver a votar. Entre otras razones porque nada garantiza que los ciudadanos vayan a cambiar de preferencias.

La legislatura que acaba de terminar con la abrupta destitución del Gobierno y la intervención de la autonomía catalana ya empezó así. El veto de la CUP a votar la investidura de Artur Mas, el candidato de Junts pel Sí (una coalición integrada por Esquerra, las facciones independentistas de la antigua CiU y representantes de organizaciones sociales soberanistas, como ANC) a punto estuvo de provocar la repetición de las elecciones. Sólo la decisión de Mas, en el último minuto, de abandonar su ambición de ocupar la Presidencia y proponer para ese puesto a un entonces poco conocido Carles Puigdemont, permitió a la CUP sumar sus votos a los de JuntsxSí y dar inicio a la legislatura. Justo cuando el acuerdo parecía más difícil, la cesión de una de las partes lo hizo posible.

En cualquier caso, la evolución del voto en Cataluña en elecciones autonómicas pone de manifiesto la hegemonía que el nacionalismo catalán ha tenido en este tipo de comicios, ya que en tres de las once elecciones autonómicas celebradas desde el año 1980 ha superado el 50% de los votos y en la mayoría de las demás convocatorias han estado próximos a ese porcentaje. La única excepción es precisamente la más antigua: las primeras elecciones de 1980, en la que la suma de ERC y CiU consiguió apenas el 36,73% de los votos.

Las encuestas

Aunque ahora todo el mundo está pendiente de las encuestas prohibidas, que no se pueden publicar en España por imperativo legal pero que se pueden consultar libremente en periódicos de Andorra y Escocia, el desacierto de la mayoría de los estudios de predicción de voto se ha hecho evidente en los últimos años y ahora, en un contexto tan excepcional como el catalán, no faltan voces avisando de que hay más motivos que nunca para que se equivoquen.

En 2012 nadie previó el hundimiento de CiU, pero en 2015 la mayoría de los estudios de intención de voto anticiparon a grandes rasgos el resultado. Muchos creen que aquel acierto se puede repetir, pero el sociólogo Joaquín Arango no es uno de ellos. El también catedrático de la Complutense citó esta semana hasta siete motivos para perder la fe en las encuestas del 21D.

En primer lugar, la dificultad a la hora de prever la participación y la imprevisibilidad de la movilización de los abstencionistas, que los expertos en opinión pública consideran mayoritariamente constitucionalistas en una proporción de 2 a 3, justo lo contrario de lo que ocurre con los nuevos votantes, entre los que se presume una mayoría de independentistas.

El tercer motivo para dudar del acierto de las encuestas del 21D, siempre según Arango, es el elevado porcentaje de indecisos (por encima del 25%), que él además considera en realidad “opacos”: personas que ya saben a quién van a votar pero que dicen lo contrario.

La excepcionalidad de las elecciones (las citas “históricas” son más propensas a la sorpresa), la diversidad de opciones y lo escasa horquilla que las separa tampoco ayudan a las empresas de sondeos. Como tampoco las dos últimas razones citadas por Arango: la dificultad de prever el impacto de una lista tan peculiar como la encabezada por Carles Puigdemont (el cabeza de lista está en otro país y sus integrantes han sido cuidadosamente elegidos para movilizar el voto en las áreas más afines al independentismo) y el hecho de que la votación vaya a tener lugar en un contexto insólito (un día laborable).

El calendario

Para conocer el resultado de la votación ya sólo hay que esperar a la noche del jueves. El día del escrutinio general –que tendrá que ser antes del miércoles 27 de diciembre– se contabilizará el voto procedente del extranjero, que ha subido de forma notable aunque hasta ahora en Cataluña nunca ha sido decisivo en la distribución de escaños. El resto de fechas depende de la presentación de reclamaciones (el plazo límite es el 28). En cualquier caso, la proclamación definitiva de electos tendrá que realizarse como muy tarde el 5 de enero.

La excepcionalidad derivada de la aplicación del artículo 155 no terminará el 21D sino cuando haya nuevo Govern. Por esa razón, a falta de un president en funciones, tendrán que ser Mariano Rajoy y su Gobierno quienes decidan la fecha de constitución del nuevo Parlament, aunque tendrán que hacerlo antes del 23 de enero, tal y como establece la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern.

Apenas a unas horas de que finalice la campaña electoral más extraordinaria de la historia de Cataluña, las grietas en el bloque independentista no hacen más que agrandarse. A lo incierto del resultado —el margen de error de las encuestas mantiene viva pero no garantiza la posibilidad de una victoria en escaños de las fuerzas que impulsaron la proclamación de la república independiente de Cataluña— se suma la incógnita acerca de cómo se repartirá el voto soberanista entre Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. Las tres formaciones coinciden en el rechazo al artículo 115 y a la persecución judicial de los promotores de la independencia pero discrepan en casi todo los demás. Esa circunstancia, especialmente visible en los últimos días, se ha manifestado abiertamente en torno a la cuestión de la unilateralidad, una estrategia de ruptura con España que en este momento sólo asume claramente la CUP, y el problema de quién debe ser presidente, en el caso de que la aritmética parlamentaria les sea favorable.

Carles Puigdemont ha construido su campaña desde Bruselas en torno a una idea fija: las elecciones deben servir, exclusivamente, para devolver al Govern a él mismo, en calidad de president, y al resto de los consellers que fueron cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y a partir de ahí, forzar una negociación con el Estado sobre la base de la república ya proclamada.

El cabeza de cartel de Junts per Catalunya no se ha desviado un milímetro de ese objetivo a pesar de que ERC ya dio muestras desde el principio de no compartir esa estrategia, empezando por su negativa a formar una candidatura de unidad. La llamada lista del president ha hecho de Puigdemont un símbolo de las aspiraciones de la Cataluña soberanista con el objetivo de atraer al máximo número posible de ciudadanos partidarios de la proclamación de la república. Y no le ha ido mal: desde que empezó la precampaña, las expectativas de JuntsxCat han ido a más, en perjuicio precisamente de Esquerra, aunque las encuestas siguen situando a los de Puigdemont por debajo de los republicanos.

El president cesado repite casi cada día que su objetivo es volver a la Presidencia y a Cataluña con el apoyo de ERC y la CUP. Su discurso pide conseguirlo, restaurar lo que él llama el Govern legítimo y poner fin a la persecución judicial de los promotores de la independencia.

Su directora de campaña, Elsa Artadi, dejó bien claro este lunes, por si alguien tiene dudas, que JuntsxCat no investirá “a ningún president diferente a Puigdemont”. Lo hizo apenas unas horas después de que Rac1 emitiera una entrevista con Oriol Junqueras, grabada telefónicamente desde la prisión madrileña en la que permanece desde hace casi siete semanas, en la que el que líder de Esquerra marca distancias con los huidos a Bruselas al proclamar que está en la cárcel porque no se "esconde" nunca de lo que hace y porque es consecuente con sus actos. Y, lo que es más importante, en esas declaraciones Junqueras anunció que no tiene intención alguna de dar la Presidencia a Puigdemont. “Espero poder ir a la sesión de investidura y poder formar Govern, que seguro que formaremos, y que si así lo decide el Parlament tendré la posibilidad de presidir”, subrayó. En coherencia con ese planteamiento, Esquerra desplazará este martes a sus principales candidatos a pocos metros de la cárcel de Estremera (Madrid) para escenificar el respaldo a su candidato a la Presidencia.

Las palabras de Junqueras no hacen sino confirmar la estrategia de ERC de liderar el bloque independentista que está en el origen de la decisión de no aceptar que el soberanismo se presentase a las elecciones bajo el paraguas de una lista única. Las relaciones entre el líder republicano y Puigdemont ya estaban muy deterioradas en los días previos a la proclamación de la república y la gestión que cada uno hizo de su situación personal tras la destitución del Govern (uno huyendo a Bruselas y el otro afrontando en España las acusaciones de los tribunales) anticipó las propuestas muy diferentes con las que ambos se han presentado a las elecciones: JuntsxCat proponiendo volver al día de la intervención de Cataluña; ERC renunciando a la unilateralidad.

El mensaje de Junqueras, reclamando para ERC la Presidencia si su partido es el más votado en el bloque soberanista, llegó poco después de que trascendiera, este fin de semana, que la ANC había pedido a sus asociados que el jueves 21 voten a Puigdemont como ul único presidente legítimo.

El president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, también en una entrevista emitida por Rac1, evitó el enfrentamiento directo, pero insistió en la necesidad de conseguir la restauración del Governrestauración, lo que significa que sigue defendiendo que los tres grupos soberanistas le devuelvan la Presidencia. “La única manera de derrotar el 155 de Mariano Rajoy es que las cosas sean lo más parecidas posibles a lo que se quiso cargar”, insistió.

Marta Rovira, número dos de ERC por Barcelona, intentó quitar hierro a las palabras de Junqueras prometiendo que los soberanistas se pondrán “de acuerdo como siempre” han hecho. "ERC siempre será leal a los mandatos democráticos”, señaló.

Los signos de división, sin embargo, son muy evidentes. El número tres por Barcelona de la CUP, Vidal Aragonés, aprovechó un acto en Cornellà de Llobregat (Barcelona) para enviar un aviso a ERC y JuntsxCat: “Si generamos la mínima duda sobre que es necesario avanzar, nos arrasará la derecha españolista”. La gente que votó el 1-O “no se merece un paso atrás”. Por esa razón, proclamó, la CUP no coincidirá con quienes no quieran seguir adelante con la república de manera unilateral, informa Europa Press.

Una unilateralidad en la que los cupaires ya no ven a ERC pero tampoco a JuntsxCat y sin la cual, después del 21D, no están dispuestos a hacer presidente a nadie.

El día después, según Rovira

Sobre ese escenario, el que vendrá después de votar en el caso de que el independentismo conserve la hegemonía parlamentaria que conquistó en 2015, Marta Rovira dio este lunes algunas pistas. Si el independentismo consigue un “mandato muy incuestionable”, explicó, en el exterior tendrá que ser leído como una victoria inequívoca. “Es fundamental”, explicó en un acto organizado por la agencia Efe, “comunicar el resultado a nivel internacional, ver cómo es leído a nivel internacional y, a partir de aquí, estudiar cómo abrimos una vía bilateral, con quién abrimos esta vía bilateral y quién nos quiere acompañar a abrir esta vía bilateral”.

Con ayuda de esa “mediación” o “acompañamiento” internacional para garantizar que "todo el mundo" asume el resultado electoral, ha dicho Rovira, habrá que "ver si este acompañamiento permite abrir una vía dialogada, honesta y sincera que respete el mandato democrático" emanado de las urnas.

Las tensiones en el bloque independentista crecen espoleadas por lo apretado de las previsiones de las encuestas y de los últimos datos conocidos, que hablan de un incremento de los indecisos y afirman que la mayoría soberanista no está garantizada. Un escenario que tampoco contribuye a sembrar la paz en el bloque constitucionalista, muy dividido desde el comienzo de la campaña.

Miquel Iceta (PSC) reafirmó, una vez más, su rechazo a pactar con Puigdemont o con Junqueras, aunque sí señaló que, en su opinión, el líder republicano “está preparando el terreno para ampliar ERC a sectores menos radicales como los que ha representado hasta ahora”. Y volvió a señalar su convencimiento de que es el candidato no independentista mejor situado para conseguir la combinación de apoyo y abstenciones que hacen falta para ganar la investidura en el Parlament.

En busca de que el voto útil contrario a los independentistas le asegure ser la candidatura más votada, Ciudadanos insistió este lunes en sembrar dudas entre los potenciales votantes del PSC. “Nuestros votantes no nos perdonarán nunca haber dejado pasar esta oportunidad”, aseguró su candidata a la Presidencia, Inés Arrimada, en un acto organizado por El Períódico. “Nos preocupan los vetos de otras formaciones políticas, especialmente el PSC”, señaló. “Pensamos que es una preparación para un acuerdo con ERC”, lo que en su opinión implicaría alargar el proceso independentista.

En el extremo del arco parlamentario, el PP se aplicó en un único mensaje: la economía catalana está sufriendo las consecuencias del gobierno independentista. Se puede recuperar, coincidieron en defender al unísono el ministro Luis de Guindos, el candidato Xabier García Albiol y el delegado del Gobierno Enric Millo, pero hace falta un cambio de rumbo político.

En medio de ambos bloques, Catalunya en Comú-Podem sigue pugnando por abrirse hueco con un escenario de izquierda transversal. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insistió en su apuesta y avisó a PSC y ERC de que si mantienen sus vetos mutuos, serán los responsables de una repetición electoral que cada vez más empieza a pesar como una amenaza en los estados mayores de los partidos.

El Partido Popular y el Gobierno afrontan con nerviosismo los días previos al 21D. Con unas encuestas nada favorables, el propio presidente del Gobierno y de la formación conservadora ha decidido echar el resto e incrementar su presencia en Cataluña en la recta final de campaña para hacer una defensa cerrada del "voto útil" y del PP como máximo exponente de ello. Pase lo que pase el jueves en las elecciones en Cataluña, señalan, el Gobierno central seguirá siendo el mismo y eso, defienden en el PP, es una garantía de que se va a seguir respetando la Constitución y, si es necesario, se van a poner en marcha todas las herramientas para que así siga siendo.

Esta implicación de Mariano Rajoy –mayor de la que se anunció en un principio– conducirá a que los resultados del 21D sean también analizados en clave nacional. A ello también contribuirá el hecho de que uno de los ejes de la campaña del PP esté siendo hacer bandera del artículo 155 de la Constitución, una herramienta puesta en marcha por el Gobierno tras haber obtenido el apoyo del PSOE y Ciudadanos en el SenadoSenado.

Desde la dirección nacional del PP preparan ya el terreno y destacan que una victoria del bloque constitucionalista será una victoria de Rajoy como último responsable de la puesta en marcha del artículo 155. Y rechazan que lo que pueda pasar en Cataluña vaya a tener su reflejo en el resto de España en las municipales y autonómicas de 2019 o en las próximas generales. Una cita, está última, a la que Rajoy puso fecha hace poco más de una semana en un desayuno informativo: junio de 2020.

En el PP enmarcan dentro de la "normalidad" la posibilidad de que Ciudadanos intente sacar rédito de un buen resultado en Cataluña con una extrapolación a lo que podría ocurrir en el resto de las comunidades o en España. En este sentido, ven también dentro de la normalidad que en cuadros regionales y autonómicos del partido se analice el mayor o menor empuje de la formación de Albert Rivera. Pero no creen que la situación pueda llegar desbordarse. En estos momentos, en el Partido Popular no hay un sector crítico con fuerza para hacer frente a Rajoy.

Aguirre, González, Aznar...

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue durante antes uno de los principales contrapesos internos al poder de Rajoy. Hoy está fuera de la política. El que fue uno de los hombres fuertes de su Gobierno y sucesor en la Presidencia regional, Ignacio González, también está fuera de juego tras haber pasado por prisión su implicación en el caso Lezo. Tampoco José María Aznar, el hombre que escogió a Rajoy para sucederle al frente del PP, está en la posición ideal para agitar el liderazgo del jefe de los conservadores después de que FAES se desvinculase del partido. 

Hasta la fecha, uno de los barones más críticos con Rajoy ha sido el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Tras las autonómicas de mayo de 2015, cuando el PP perdió gran parte del poder regional y municipal, Herrera le recomendó mirarse al espejo y reflexionar antes de decidir su candidatura a las generales. Ahora está de salida y no repetirá como candidato.

A día de hoy, de los dirigentes que siempre son fijos en las encuestas ante una eventual sucesión de Rajoy –el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núnez Feijóo; la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal– quien más lejos ha ido a la hora de pronunciarse sobre Cataluña ha sido Cospedal. 

La también secretaria general del PP ha asegurado este fin de semana en una entrevista concedida a El Mundo que "posiblemente habría que haber actuado de otra manera" en Cataluña. Unas declaraciones que han dejado descolocados a algunos de sus compañeros de partido.

El candidato Albiol

Según la encuesta del CIS del pasado 4 de diciembre el PP se desploma. Si en 2015 fue la penúltima del Parlament con 11 diputados y el 8,5% de los sufragios, ahora se quedaría con 7 escaños y el 5,8% de los votos. En definitiva: el partido menos votado y con menor representación en el Parlament. Tampoco pasa inadvertido que, según este mismo sondeo, el 46% de los votantes del PP en las elecciones catalanas de septiembre de 2015 tiene decidido votar ahora a Cs.

De darse este resultado, los conservadores obtendrían su peor registro, en porcentaje de voto, de los últimos 29 años. Quedarían por detrás de la CUP.

En la dirección nacional del PP y en el PP de Cataluña piden observar los números con prudencia. "En Cataluña siempre hemos ganado a las encuestas", destacan. No obstante, algunos de los dirigentes consultados señalan que un mal resultado de Albiol podría tener consecuencias aunque este siempre podría "repartir culpas al Gobierno y a su partido".

En los días previos a la proclamación de la candidatura de Albiol, sectores del PP debatían si era el mejor candidato. "Gusta a la gente del PP de toda la vida. Pero no atrae un solo voto de gente que no sea del PP", resume uno de los dirigentes consultados.

Los restos: al PP o al independentismo

Los sectores más pesimistas del PP alertan de una posible "doble derrota".  A saber: que ganen los independentistas, por lo que Rajoy no podría arrogarse el triunfo del bloque constitucionalista, y que Albiol quede por detrás de la CUP el 21D. Para alertar contra este escenario, los conservadores se están volcando estos últimos días de campaña en el mensaje de que el último escaño en algunas provincias se lo están jugando el PP y los independentistas, bien de la CUP o de ERC. Esto implica, sostienen, que en algunos casos votar a Ciudadanos puede acabar dando el último escaño, por ejemplo a la CUP. "Es una especie de voto indirecto al indepententismo", describe un diputado.

En el argumentario de este lunes, el PP subraya que estamos ante "un momento decisivo". "Nada está decidido aún. El último escaño en tres provincias se lo están jugando el PP, la CUP o ERC", advierten. "Más del 20% de los llamados a votar no han decidido su voto. Es necesario que la gente sepa qué puede pasar con su voto", mantiene un miembro del Comité Ejecutivo Nacional en conversación con este diario.

En un escenario como el catalán, añade la misma fuente, los indecisos se mueven por bloques. Es decir, buscan su opción de voto dentro del llamado bloque constitucionalista o dentro de los independentistas. El último documento interno del PP sobre el 21D destaca que "no es lo mismo" votar a Ciudadanos que votar al PSC. PSC

Definen a la formación naranja como "un partido que ahora se presenta como federalista y que no apoyó el 155 hasta no ver que tenía el apoyo mayoritario de la población". Y al PSOE como el partido "que quiso pactar con Iglesias para apartar a Rajoy cuando ganó las elecciones".

Como ya ha informado infoLibre, para el PP sería un "mal menor" que acabara gobernando el socialista Miquel Iceta. En clave catalana, que el Govern esté en manos de un no independentista sería ya un "gran avance", consideran. Y en clave nacional, sostienen que una victoria de Inés Arrimadas serviría para dar "aire" a Cs en un momento en el que se aproximan municipales y autonómicas.

El PP hará su primer análisis de los resultados del 21D un día después. A las 12.00 horas del viernes Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

El debate entre los partidarios de la independencia, los que prefieren reformar la Constitución para mejorar su encaje en España y los que simplemente quieren dejar las cosas tal y como están se ha adueñado del debate electoral en Cataluña. Pero si los partidos consiguen formar gobierno, desarrollarán políticas que afectarán a las vidas de siete millones y medio de catalanes.

infoLibre repasa las propuestas de los partidos en cinco ámbitos muy diferentes: empleo, turismo, financiación, educación y reforma electoral.

  Empleo

Todos los programas incluyen un apartado en materia de creación de empleo que, en su mayor parte, se limita a manifestar la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo. Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont, propone “impulsar un proceso de concertación laboral para un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales entre agentes sociales, con la tutela del Govern, que se convierta en un gran pacto para vertebrar políticas que nos dirijan hacia un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales” en el que las condiciones de trabajo estén “equiparadas a las de los países de nuestro entorno para volver a garantizar a nuestros trabajadores los derechos que protegen la calidad en el puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo”. El programa de Puigdemont defiende reformular las modalidades de contratación laboral, pero no precisa cómo, promete “centrar los esfuerzos de las políticas activas en programas específicos para reducir el paro de los colectivos más afectados (jóvenes, mayores de 50 años, menos formados y paro de larga duración)” y asegura que promoverá incrementar “el salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.

Es casi la cifra que propone la CUP (1.200 euros). Los anticapitalistas detallan numerosas medidas para luchar contra la precariedad y el paro, algunas tan concretas como la creación de “Planes de Empleo Público con contratación directa”. La CUP propone además la reducción de la jornada laboral (primero a 35 horas semanales y después a 30), el acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años y un año sabático voluntario y pagado cada 10 trabajados con derecho a conservar el mismo puesto de trabajo. Como casi la mayoría de los partidos, los cupaires también prometen mejorar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

ERC, que en los últimos dos años ejerció tareas de gobierno en materia económica, se suma a esta idea: impulsar el sistema de empleo y el Servei Públic d'Ocupació “como ente de referencia para combatir el paro, mejorar la empleabilidad de las personas” y “crear empleo de calidad”. Los republicanos también dicen que darán prioridad en su programa a “los colectivos más vulnerables en el diseño y el acceso a los servicios y programas de empleo, especialmente a los jóvenes no cualificados, los parados de larga duración, mayores de 45 años, a las mujeres y, en su conjunto, a las personas con menos recursos”. Esquerra también reclama “el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de desempleo y otras ayudas y subsidios estatales”.

  Todos manifiestan la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo

El programa del PSC también incluye promesas genéricas: “un programa marco de empleo y reactivación económica con el objetivo de reducir el paro y contribuir a hacer un tejido productivo más sostenible”. Su prioridad en el gobierno será “la disminución del paro hasta llegar a las actuales tasas europeas, para conseguir los objetivos de la UE del pleno empleo”. Para lograrlo se proponen tomar medidas “dirigidas a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas y especialmente la de los jóvenes, las mujeres y las personas paradas de larga duración, incrementando la oferta de formación profesional y garantizando el acceso a la evaluación y la acreditación de la experiencia profesional. Una de las acciones en las que ha incluido cifras concretas es la que hace referencia a “un Plan de Promoción de Empleos Verdes para movilizar recursos públicos y privados que supongan la creación de más de 50.000 empleos mediante el impulso de actividades relacionadas con la rehabilitación de viviendas, mejora de la eficacia y eficiencia energética de viviendas, edificios y locales, incluidos los de titularidad municipal, así como la introducción de cláusulas medioambientales en los contratos públicos”. Los socialistas no podían ser menos y también quieren “hacer del Servei Català d’Ocupació una fábrica de más y mejores oportunidades de empleo para los trabajadores y las trabajadoras que buscan o cambian de trabajo”. Y no dan una cifra concreta de SMI, aunque sí prometen “un salario mínimo que esté en el 60% del salario medio en los próximos tres años”.

Catalunya En Comú-Podem ha presentado el programa más extenso (162 páginas; nueve veces más que el PP, cuyas promesas se resumen en 18), también en materia de empleo. La candidatura de Xavier Domènech propone “impulsar una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno en las materias siguientes: igualdad en el acceso al empleo, relaciones laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido y negociación colectiva”. Su promesa sobre salario mínimo es que alcance “el 60% del salario medio pactado en convenio colectivo (actualmente, 1.000 euros)” y vincularlo al IPC. Quieren, además, “repartir el trabajo mediante la reducción generalizada de la jornada laboral, por ley y sin reducción de sueldos, penalizar a las empresas que realicen horas extra“ y, como el PSC, “crear empleo en sectores clave como la economía verde”. Además, claro, de “superar las reformas laborales de PP y PSOE porque son injustas y inútiles”, y “recuperar el carácter público de las actividades de los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación con finalidades lucrativas”.

El PP de Xavier García Albiol también se apunta a redefinir el Servei d’Ocupació “para que se convierta de verdad en un organismo que ayude a que los desempleados puedan encontrar una oportunidad”. En empleo público promete estabilizar y consolidar “las plantillas de la administración de la Generalitat para los años 2018-2021 aprobando una oferta pública” centrada en “servicios públicos como enseñanza, sanidad o seguridad”. Quieren limitar la temporalidad en el empleo al “8% en cada sector” y lanzar “una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las empresas contraten a personas mayores de 45 años”. El partido de Mariano Rajoy asegura que también desarrollará “una estrategia de trabajo público protegido para las personas mayores de 50 años que se encuentran en desempleo”.

Ciudadanos no ahorra términos contundentes en sus propuestas: “Revolucionaremos los sistemas de orientación, formación y reintegración de desempleados para reducir a la mitad el paro de larga duración en Cataluña”, sostienen. Prometen implementar el “cheque-formación” para que los desempleados “puedan adquirir directamente la formación que más se adapte a sus necesidades”, así como implantar un complemento salarial “para que los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo”. “Estableceremos”, afirma el partido de Inés Arrimadas, un “sistema de incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral y despidan menos”.

  Turismo

La presión turística y el debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años, impulsado sobre todo por la CUP, que incluso llegó a apoyar campañas de sensibilización. No es extraño que sean precisamente los anticapitalistas los que más espacio dediquen a este asunto. proponen, entre otras cosas, revertir el modelo actual para “desarrollar un turismo justo, sostenible y comunitario, que respete los derechos de la población local y de las trabajadoras del sector”. Ese nuevo modelo “pasa necesariamente por el decrecimiento” y por garantizar que los visitantes puedan “acceder al derecho a conocer la Cataluña real”. La CUP quiere indicadores que permitan medir el impacto del turismo sobre “la población residente, los recursos ambientales, las fuentes energéticas, los sectores productivos, los servicios públicos (sanidad, transporte, etc.), o los derechos de las personas (viviendas, espacio público, movilidad, etc)” y “poner la participación de las vecinas en el centro de la toma de decisiones turísticas, ya sea en el marco de referencia de un pueblo o de un barrio de ciudad”. Eso implica, sostienen, “revisar los privilegios de las empresas turísticas” o “combatir los grandes equipamientos destinados al ocio”, entre otras muchas medidas.

JuntsperCat, la candidatura de Puigdemont, en cambio, pone la actividad turística en el centro de la economía de Cataluña, aunque reconoce que hace falta negociar “una política de objetivos compartidos por un amplio consenso social y empresarial, que proyecten el país no sólo como referente turístico europeo, sino mundial”, pero “basado en los activos territoriales, su identidad y una propuesta de valor sostenible y competitiva que priorice la calidad, la innovación y la excelencia como pilares básicos del sector”.

Esquerra también apuesta por “calidad y sostenibilidad del servicio a los turistas y visitantes para atraer turismo de valor añadido, generar empleo de calidad y distribuir los beneficios de la actividad”.

  El debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años

Los socialistas no evitan la polémica sobre este asunto, pero tampoco la resuelven. Se limitan a prometer que liderarán “un debate en profundidad sobre la estrategia turística catalana que ordene y asegure una gobernanza equilibrada y una visión compartida a largo plazo y que consolide un sistema de calidad, excelencia y de proyección internacional” haciendo frente a “los nuevos fenómenos de economía colaborativa en el sector”.

Catalunya en Comú-Podem, también recurre a la palabra mágica: “sostenibilidad”. Para conseguirlo aseguran que, entre otras cosas, potenciarán “las oportunidades económicas y sociales de la actividad turística priorizando iniciativas empresariales redistributivas, sostenibles y responsables con su entorno”.

Los de Arrimadas prometen recuperar “la imagen de Cataluña como destino turístico de referencia nacional e internacional”, que consideran dañada. E implícitamente reconocen un problema en el sector, porque proponen encargar “estudios de impacto social y económico del turismo como punto de partida para nuevas formas de gestión turística” así como impulsar una “transición turística hacia un modelo con el que competir también en calidad, no sólo en costes”.

El PP ignora en su programa cualquier referencia al turismo.

  Educación

Más allá de su condición de servicio púbico esencial, la enseñanza se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la política catalana. Defendida a ultranza por unos, atacada por los otros. Las medidas de todos, con diferentes matices, se dirigen a incrementar el apoyo a la educación en las edades más tempranas y a la adopción, por ejemplo, de medidas para la prevención del acoso y la lucha contra la exclusión social. Es la lengua vehicular el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos. JuntsperCat, por ejemplo, se propone “reforzar el catalán como un eje vertebrador de la acción educativa, para posibilitar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en torno a una lengua compartida”, pero también “formar en el plurilingüismo, a partir de la centralidad del catalán, para desarrollar al máximo las competencias lingüísticas de los alumnos en un mundo globalizado”.

La CUP, pensando en un Estado independiente, propone redactar una “nueva ley de educación de Cataluña desde la base, escuchando a toda la comunidad educativa, así como a los profesores y expertos en educación, que regule una única red educativa de titularidad y gestión pública. Esta escuela será”, reivindican, “catalana, crítica, gratuita, laica, coeducadora, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora y participativa”. Los anticapitalistas quieren que no se renueven “los conciertos educativos que vencen entre 2018 y 2020 y hacer posible que se integren, si lo desean, los centros y trabajadoras que reúnan los requisitos a la red pública en un plazo de 10 años”. Y haga de “la escuela pública catalana” el “primer servicio público constructor de ciudadanía que trabaja para la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Los republicanos de Oriol Junqueras, por su parte, apuestan por una “educación laica, pública, de calidad, no sexista y en catalán que se fundamente en la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. Y proponen, entre otras muchas medidas, “un plan de choque contra la segregación escolar y el abandono escolar prematuro, centrándose la inversión en los centros de alta complejidad social”.

El PSC se plantea recuperar y actualizar el Pacto Nacional para la Educación “con la participación, implicación e identificación de toda la comunidad educativa”. Y no tiene dudas sobre la lengua: “Defenderemos el sistema de inmersión lingüística en la enseñanza, garantizando la cohesión de la sociedad y el progreso consensuado, atendiendo a la diversidad sociolingüística de nuestro país”, prometen. Apostando, al mismo tiempo, “por fortalecer la competencia lingüística del alumnado en una lengua extranjera, preferentemente el inglés, persiguiendo el objetivo de convertirse en una sociedad multilingüe”. Los socialistas, como hacen varias de las otras candidaturas, apuestan por incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 6% del PIB.

  La lengua vehicular es el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos

Esa es la cifra que da también Catalunya en Comú, que se compromete a defender “los principios básicos de nuestra escuela”, que están siendo “objeto de ataques que ponen en duda” su trabajo. “Hay que consolidar el modelo de escuela pública catalana, gratuita, laica, científica, humanística, pluralista, democrática, intercultural, solidaria, y coeducativa” manteniendo y defendiendo “el modelo basado en la inmersión lingüística, ya que favorece la convivencia de todo el alumnado, mantiene el actual equilibrio en la utilización de las lenguas oficiales de nuestro país e introduce las extranjeras”. Eso sí, ofreciendo a la red de centros públicos “el aprendizaje de diversas lenguas de las familias del alumnado, de manera que quien quiera pueda seguir profundizando en su lengua y en el marco del sistema educativo”. Los comuns quieren, además, “revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y demás confesiones religiosas y eliminar la asignatura de religión, así como “disminuir progresivamente los conciertos en los centros privados, empezando por aquellos que segregan por sexo u origen cultural y económico”.

Frente a estos partidos se sitúan nítidamente PP y Ciudadanos. Ambos apuestan por lo que llaman “un modelo educativo trilingüe. Los de Rajoy también prometen ampliar la inversión hasta el 6% del PIB, “libros de texto gratuitos para las familias con rentas bajas y medias” y el mantenimiento del sistema actual de “centros educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando en todo caso su estabilidad, vigencia y suficiencia”. El partido de Albert Rivera, el que más bandera ha hecho contra la escuela catalana, dice en su programa querer que “el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el inglés sea utilizado también como lengua vehicular”. Y que, entre otras medidas, “todos los alumnos tengan libros de texto gratis para ahorrar a las familias catalanas más de 200 euros al año”.

  Financiación autonómica

JuntsxCat, quizá en coherencia con su apuesta independentista, ignora esta cuestión en su programa. La CUP, en cambio, entra de lleno: “El ejercicio de la plena soberanía popular requiere no sólo romper con las imposiciones de España, sino también de la UE y la Troika, instituciones antidemocráticas que actualmente dictan las políticas neoliberales de austeridad”. Por esa razón, los anticapitalistas se comprometen a “suspender inmediatamente el pago de la deuda” y “defender la realización de una auditoría popular de la deuda con el apoyo de la administración que tendrá como objetivo saber cómo y en qué se han gastado los recursos”.

Esquerra explica en su programa que cuando habla de independencia se refiere “más a un medio que a un fin en sí mismo”. “Lo que reclamamos”, prosigue el documento, “es disponer de las competencias y los recursos para garantizar el binomio equidad/eficiencia. Porque hoy muchos de nuestros recursos se dañan en un sistema de financiación perverso que, en nombre del equilibrio territorial, acaba congelando e incluso aumentando las disparidades regionales. Desde la restauración democrática, sólo Madrid ha ganado peso económico a costa del resto de regiones españolas, las supuestas beneficiarias de nuestras transferencias fiscales”. A juicio de los republicanos, “el proyecto de soberanía reclama disponer de nuestros recursos y de la capacidad política para satisfacer nuestras necesidades”.

  Todos, salvo Ciudadanos, defienden aplicar “el principio de ordinalidad”

El PSC promete impulsar la negociación de un Pacto Fiscal Federal que pasa por conseguir “más recursos para afrontar las competencias” con una mayor participación “en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las Comunidades Autónomas”. El objetivo, subrayan, es conseguir “un sistema que garantice que todo el mundo es tratado de la misma forma ante esfuerzos fiscales similares” y la aplicación del criterio de ordinalidad en los recursos finales” (que después de redistribuir el dinero entre comunidades, aquellas que más aportan no pierdan posiciones en el ranking por territorios), así como la “equiparación de resultados, independientemente del modelo de financiación que se aplique, sea régimen común o régimen foral”. El nuevo modelo de financiación, reclaman, debe ser “muy simple y eliminar muchos de los problemas técnicos y políticos que han incidido en la inestabilidad y opacidad de los resultados finales del modelo actual. No sólo es necesario que se publiquen los resultados a tiempo y de forma comprensible y comparable entre todos los sistemas de financiación —tanto de régimen común como los de convenio y concierto—, sino que, en el marco de un Senado federal reformado, se genere un debate anual sobre la base de los resultados obtenidos”.

Los comuns de Domènech proponen la creación de una “hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña” para “lograr la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña, en plena coordinación con las competencias actuales y futuras de la UE”, y disponer “de los recursos económicos que se generan en el país para atender las políticas sociales y económicas”. Este sistema, asegura el programa de Catalunya en Comú-Podem, “continuaría siendo coherente con el principio de solidaridad territorial, que se haría efectiva a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial” sin alterar “el principio de ordinalidad”, el mismo que reclama el PSC.

Un principio que levanta ampollas en las comunidades más pobres, sean del PSOE o del PP, pero cuya aplicación reclama hasta la candidatura de Albiol: “pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad”.

Ciudadanos es aquí la excepción: ni siquiera menciona la ordinalidad. Para el partido de Arrimadas la reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más justo que “garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones”.

  Ley electoral

Cataluña no tiene ley electoral propia y a la hora de votar se rige por la legislación de Estado. Esquerra es la única de las siete candidaturas con opciones a estar en el Parlament que no propone cambiar esta situación.

Junts per Catalunya no da muchas pistas, pero sí reivindica usar “las nuevas tecnologías” para minimizar “costes”. “En el nuevo régimen electoral”, proponen, “implantaremos el voto electrónico y facilitaremos el voto por correo y anticipado. Reduciremos la duración de las campañas electorales y minimizaremos los gastos con un envío único de información electoral, y con un riguroso control previo y posterior de los gastos de las candidaturas”. También prometen eliminar, tal y como reivindican los colegios de periodistas, “el sometimiento de los medios a los bloques electorales, garantizando una política de información en base a criterios periodísticos”. La candidatura de Puigdemont, siempre en clave de estado independiente, también se compromete a crear “un órgano que vele por la calidad democrática del proceso electoral”.

La CUP también quiere cambiar de modelo. “La república catalana debe tener su ley electoral propia que permita un ejercicio del derecho de voto desde el exterior sin las restricciones que la vigente ley de régimen electoral impone”, razona el programa de esta candidatura. “Esta futura ley electoral propia debería garantizar también los derechos de voto de los catalanes residentes en las comunidades autónomas de España que así lo deseen” e incluir “la creación de una circunscripción electoral específica por los catalanes del exterior”.

  La proporcionalidad es el gran objetivo de los partidos no nacionalistas

Los socialistas de Miquel Iceta son de los que quieren que Cataluña tenga un nuevo sistema electoral, en este caso para mejorar “la proporcionalidad del actual modelo, para conseguir que el partido que tenga más votos sea también el que tenga más escaños y garantice un adecuado equilibrio territorial y el principio democrático ‘de una persona, un voto”. El objetivo es poner fin “a la discriminación histórica que significa que el valor del voto de algunos ciudadanos es el doble o el triple que el de otros”. El PSC incluye en su programa los detalles de su propuesta, que incluye la “creación de siete demarcaciones electorales y 57 distritos uninominales asignados a las demarcaciones, más un distrito uninominal para los residentes en el exterior”; 
un sistema electoral mixto “con dos urnas en que la ciudadanía elegirá el diputado de cada uno de los 58 distritos y un partido político en cada demarcación (lista nacional cerrada, pero desbloqueada con votos preferentes)” y “un sistema de recuento nacional para garantizar que los votos tengan el mismo valor en todo el territorio. Y apuestan, como JuntsxCat, por avanzar en “el voto telemático”, además de prometer “la introducción del voto a partir de los 16 años”.

Catalunya en Comú-Podem también detalla en su programa su propuesta electoral. Sus prioridades son “la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlamento, la veguería como circunscripción electoral, la creación de una Sindicatura Electoral en Cataluña, el estudio de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Quieren, además, dar derecho al voto a “todas las personas a partir de los tres años de residencia y los 16 años” y limitar “los mandatos a dos, en cuanto a responsabilidades ejecutivas, y tres respecto a las representativas”.

Por la reforma electoral está igualmente el PP de Albiol, en su caso para compaginar “la proporcionalidad y la representación territorial. El sistema que proponemos se inspira en el doble voto propio del modelo alemán: un voto a las candidaturas por circunscripciones electorales y un voto directo a los candidatos de pequeños distritos electorales”.

El partido de Inés Arrimadas propone una reforma más detallada, también pensando en garantizar “una verdadera proporcionalidad para asegurar una justa representación de los votos”. Los partidos nacionalistas, subrayan en su programa, “no han hecho nada para solucionarlo, ya que el actual sistema les beneficia con una sobrerrepresentación en el Parlament”. El modelo de Ciudadanos incluye desbloquear las listas electorales “para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes” y “que los políticos rindan cuentas ante sus electores; eliminar el voto rogado para los ciudadanos residentes en el extranjero; regular “la celebración de debates electorales” y reducir “el límite de gastos de las campañas electorales”.

La evolución del voto en Cataluña en elecciones autonómicas pone de manifiesto la hegemonía que el nacionalismo catalán ha tenido en este tipo de comicios, ya que en tres de las once elecciones autonómicas celebradas desde el año 1980 ha superado el 50% de los votos y en la mayoría han estado próximos a ese porcentaje. Su peor resultado lo obtuvieron en las primeras elecciones de 1980, en la que la suma de ERC y CiU consiguió el 36,73% de los votos, pese a lo cual Jordi Pujol fue investido presidente.

Desde la instauración de la democracia se han celebrado once elecciones autonómicas en Cataluña, en las que CiU ha sido el partido hegemónico en la mayoría de los comicios. En los primeros, los de 1980, el resto de partidos lograron recabar más apoyos que CiU y ERC al aglutinar un 54,47% de los votos. Pero esta tendencia se invirtió inmediatamente en la cita electoral de 1984, en la que el porcentaje del voto obtenido por el bloque nacionalista ascendió al 51,21%.

En los siguientes comicios, celebrados en 1988, el nacionalismo experimentó un ligero descenso al cosechar el 49,86% de los votos. Por su parte, la suma del PSC, Alianza Popular y PSUC pasó del casi 55% al 43,39.

La suma de CiU y ERC se incrementó en los comicios de 1992, en los que alcanzó su máximo porcentaje de voto, que fue del 54,15%. Ya en las elecciones de 1995, este apoyo bajó, aunque obtuvo el 50,44%.

Por debajo del 50% desde 1999

Desde ese momento, el porcentaje de voto nacionalista no ha vuelto a situarse por encima del 50%. De hecho, en la convocatoria de 1999 el respaldo a los partidos nacionalistas cayó significativamente al bajar algo más de cuatro puntos –46,37%–.

Aunque en 1999 Jordi Pujol continuó en la Presidencia de Cataluña –gobernó desde 1980 hasta 2003–, en esa cita electoral el PSC le superó por primera vez en votos. Es más, esa fue una de las contadas elecciones en la que el porcentaje de voto obtenido por el resto de partidos que obtuvieron representación superó la suma de CiU y ERC. El PP, PSC e ICV lograron sumar el 49,57%.

Este crecimiento del bloque no secesionista se mantuvo en los comicios celebrados en 2003 que pusieron punto y final a los 23 años de Pujol al frente de la Generalitat y que dieron paso al primer gobierno del tripartito PSC-ERC-ICV. En esa ocasión, ERC y CiU sumaron el 47,38% de los votos totales, mientras que el PSC, el PP e ICV consiguieron el 50,33%.

45,55% en 2006, el mínimo de votos

La caída más notable del respaldo al bloque nacionalista se produjo en los comicios del año 2006, cuando la suma de los votos cosechados por CiU y ERC alcanzó su mínimo, marcado en el 45,55% mientras el PSC, el PP, ICV y Ciudadanos se ubicaron por encima del 50%. Esa cita electoral, a la primera que concurrió el partido naranja, dio paso a la segunda legislatura del tripartito PSC-ERC-ICV.

Tras esa etapa, el voto nacionalista cogió fuerzas: en los comicios de 2010, CiU y ERC recabaron el 48,72% del total de votos y, de este modo, CiU recuperó el Gobierno de la Generalitat con Artur Mas de candidato.

Por su parte, en esa convocatoria en 2010, los apoyos al bloque no independentista se vieron recortados en casi en diez puntos al obtener el 41,51% de los votos totales, frente a los que cosechó en los comicios de 2006 que concretamente fue del 50,02%.

Es en este momento cuando empezó a palparse el viraje de CDC –integrado en la coalición de CiU– hacia la autodeterminación de Cataluña, algo que se evidenció cuando Mas convocó elecciones anticipadas en el 2012 con un programa electoral que precisamente ponía el foco en el soberanismo.

Esta apuesta obtuvo un mayor respaldo electoral al bloque nacionalista en los comicios de ese año en los que el apoyo a todos los partidos independentistas experimentó una subida al lograr el 49,18% del total de los votos. En esa ocasión, la CUP logró tres escaños, aunque Solidaridad Catalana por la Independencia no logró ninguno –en los comicios de 2010 obtuvo cuatro parlamentarios–.

El porcentaje de voto nacionalista bajó al 47,8% en las elecciones de 2015las elecciones de 2015, planteadas por el nacionalismo como unos comicios plebiscitarios. A las mismas concurrieron por este espacio la coalición Junts per Sí –integrada principalmente por CDC y ERC– así como la CUP.

Por su parte, el grupo de partidos contrarios a la independencia –incluyendo la coalición Catalunya Sí que es Pot que está a favor del derecho a decidir– alcanzó la suma del 48,05% del total de los votos, superando así al bloque soberanista aunque con poca diferencia.

El Círculo de Empresarios pidió a varias compañías del ÍBEX 35 aportaciones para cubrir los gastos de las conferencias que el ex primer ministro francés Manuel Valls impartió esta semana en Madrid y Barcelona, en las que se mostró muy crítico con el independentismo catalán. La información la adelantó este miércoles el periódico digital catalán Elnacional.cat, que asegura poseer una copia del correo que el secretario general del lobby empresarial, Jesús Sainz Muñoz, envió a mediados de noviembre a los responsables de las grandes compañías con copia a su presidente, Javier Vega de Seoane.

En el email, Sainz Muñoz destaca la “extraordinaria importancia” de que “los ciudadanos españoles, y especialmente los catalanes con vistas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, conozcan su opinión [la de Valls] sobre el futuro de Cataluña como parte integrante de España en el futuro de la UE”. El político francés, nacido en Barcelona, habló el lunes 11 en Barcelona y el martes en Madrid. El Círculo de Empresarios solicitaba ayuda económica para cubrir “los costes del viaje, de la cena del domingo 10 con los patrocinadores y un reducido número de invitados y del almuerzo […] en el Casino de Madrid el lunes 11”. Según elnacional.cat, esos costes ascendieron a 40.000 euros.

El Círculo de Empresarios, preguntado por infoLibre al respecto, rechazó confirmar o desmentir la existencia del correo y de la solicitud de fondos. “No vamos a comentar nada sobre el asunto”, indicó un portavoz, quien se negó a desvelar qué empresas habían pagado la gira del político francés.

“Tenemos intención de aprovechar la estancia de Manuel Valls […] para que sus declaraciones tengan un amplio eco en los medios de comunicación […] particularmente en Cataluña”, explica el secretario del Círculo de Empresarios en el correo, según el periódico catalán.

En los últimos tiempos, el político francés se ha prodigado en declaraciones y entrevistas en España sobre el procés. El ex primer ministro francés defiende la necesidad de “un nuevo patriotismo en España” y considera que el independentismo en Cataluña es un riesgo para Europa.

Presencia mediática en Francia y España

En el acto de Barcelona, organizado con la escuela de negocios Esade y el think tankCírculo de Economía, además de patrocinado por el Banco Sabadell, Valls conversó con Javier Solana, ex alto representante de Política Exterior de la UE, ante otros políticos como el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el exlíder del PSC Pere Navarro. El coloquio celebrado en Madrid el día 12, uno más de la serie Encuentros para el diálogo que patrocinan Banco Santander y la Mutua Madrileña, fue moderado por la presentadora de Espejo Público (Antena 3), Susana Griso. Y en él Valls conversó con el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane.

Manuel Valls abandonó la primera línea política en Francia tras dimitir como primer ministro, postularse a la presidencia del país y perder las primarias. Se negó a respaldar al ganador, Benoît Hamon, dejó el Partido Socialista y ahora está adscrito a La République en Marche, el grupo parlamentario del nuevo presidente, Emmanuel Macron. En los últimos tiempos, Valls ha multiplicado su presencia en los medios franceses. Ha sido protagonista de una agria disputa con Mediapart, el socio francés de infoLibre, a propósito del intelectual musulmán Tariq Ramadán –acusado de dos violaciones– y el laicismo.

Catalunya En Comú Podem afronta la recta final de la campaña electoral para el 21D con las encuestas en contra. Los sondeos pronostican que la coalición entre los comuns y Podemos será la quinta fuerza del Parlament, un resultado escaso para una formación que ganó las elecciones generales en Cataluña tanto en 2015 como en 2016. Pero, más allá del desgaste que ha podido experimentar su posición, esta diferencia tan grande también se explica por el distinto comportamiento de los electores en los comicios estatales y en los autonómicos, un fenómeno clásico en Cataluña que ahora podría afectar especialmente a Catalunya En Comú Podem y, en sentido opuesto, a Ciudadanos.

Este fenómeno, conocido como voto dual, lleva produciéndose en Cataluña prácticamente desde la vuelta de la democracia, aunque hasta el año 2010 sus dos protagonistas principales eran CiU y el PSC. Mientras los nacionalistas ganaron todas las elecciones autonómicas entre 1980 y 2012 a excepción de dos –1999 y 2003–, los socialistas fueron primera fuerza en absolutamente todos los comicios generales celebrados entre 1977 y 2008, y perdieron por primera vez la hegemonía en 2011, donde su debacle en Cataluña acompañó a la que sufrieron en el resto de España.

Según los expertos, históricamente han sido dos las principales la principales diferencias entre las elecciones autonómicas y generales en Cataluña: no sólo es que algunos votantes escogieran papeletas diferentes en una y en otra cita, sino que había una buena parte de la población que no se sentía interpelada en los comicios autonómicos y que, por tanto, no acudía a votar. Así lo explica Ignacio Lago, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que señala que quienes se abstenían en las autonómicas, habitualmente, respondían a un perfil más proclive a votar a partidos no nacionalistas catalanes: "castellanoparlantes, a veces procedentes de fuera de Cataluña y con una identidad [nacional] dual". 

Los números son claros a este respecto: el promedio de participación en las elecciones generales celebradas entre 1977 y 2012 fue del 72,57%, mientras que el de los comicios autonómicos apenas llegó al 61,2%. En 2012 comenzó a romperse esa tendencia, ya que la participación en las autonómicas fue del 67,7%, casi un punto más que en las generales del año anterior. Y el nuevo escenario se confirmó en 2015, donde las elecciones autonómicas –que el independentismo calificó de plebiscitarias– tuvieron una participación histórica del 77,4%, frente al 70% de las generales de ese mismo año.

Para los comicios del 21D, las encuestas pronostican una participación históricamente alta, por lo que esta "abstención diferencial" –como la denomina Lago– quedaría definitivamente enterrada. Pero eso no implica que el voto dual –el hecho de que ciertos votantes cambien de partido con respecto al que escogieron en las generales– vaya a desaparecer, y por lo que parece este fenómeno podría "concentrarse en Catalunya En Comú Podem", explica Lluis Orriols, que explica que la coalición morada "pierde votos [con respecto a los obtenidos en las generales] que van tanto a ERC como a la CUP". 

¿Por qué se produce este fenómeno? Según Orriols, tradicionalmente el voto dual ha tenido varias explicaciones. "Algunos analistas sostienen que el eje nacional cobra más importancia en las elecciones autonómicas" mientras en las generales el votante elige la papeleta pensando más en el eje izquierda-derecha, apunta el politólogo, que explica que otras teorías argumentan que en los comicios estatales lo que prima a la hora de votar es "quién se crea que está más capacitado para gobernar", es decir, el "voto útil" con el fin de concentrar los diputados en un partido con opciones reales de llegar al Ejecutivo.

Unas elecciones centradas en la independencia

"En las elecciones del 21D va a haber una enorme polarización y van a estar centradas en el eje nacional", y eso explica la caída de Catalunya En Comú Podem respecto a las generales y también el ascenso de Ciudadanos, quinta fuerza el 20D y sexta fuerza el 26J pero al que algunas encuestas sitúan incluso en primera posición en las autonómicas precisamente porque el partido naranja tiene una posición fuerte en lo relativo al nacionalismo. Así lo explica Orriols, que apuntala su argumento señalando que Ciudadanos obtuvo resultados mucho peores tanto en las generales como en las municipales, elecciones que no giran –como sí lo hacen las del 21D– en torno a la cuestión nacional.

Lago coincide a este respecto. "En estas elecciones, el tema del que se habla es la independencia, justo el que más perjudica a Catalunya En Comú Podem, porque no tiene una posición fuerte", señala el politólogo, que apunta que "ahora mismo, nadie tiene en la cabeza a la hora de votar la corrupción, la regeneración o los derechos sociales", los asuntos en los que la coalición morada se siente más cómoda. ¿Implica eso que votantes de En Comú Podem en las generales vayan a pasar a votar a Ciudadanos, pese a que son partidos claramente opuestos? Según Orriols, no, pero sí hay trasvases entre partidos más próximos ideológicamente: "De PSC a Ciudadanos, de comuns a PSC o de comuns a ERC", ejemplifica.

Y a eso hay que unirle, sostiene Lago, que el aumento de la participación que se espera –y que ya se produjo en las elecciones autonómicas de 2015– beneficia precisamente a quienes hace años se veían perjudicados por el hecho de que una parte del electorado que sí iba a votar en las generales no lo hiciera en las autonómicas: PSC, Ciudadanos y el PP. "Antes, la dimensión catalana ganaba peso en las autonómicas y había una parte de la población que no votaba, pero ese sector se ha movilizado y vota mayoritariamente" a las formaciones claramente no independentistas, señala el politólogo.

Las diferencias a la hora de votar en las municipales, las autonómicas y las generales quedan claramente reflejadas en el área metropolitana de Barcelona, una serie de municipios históricamente conocidos como el "cinturón rojo" porque en ellos, tradicionalmente, se imponía el PSC. Ese cinturón continuó siendo rojo en las elecciones locales de 2015, pero se tiñó de naranja en las elecciones autonómicas de septiembre ese mismo año, cuando Ciudadanos se impuso en 10 de las 36 ciudades que lo componen y fue segunda fuerza –la mayor parte de las veces tras la coalición de Junts pel Sí, que aunó el voto de PDeCAT y ERC– en todas las demás. Apenas tres meses más tarde, en las generales del 20 de diciembre, el cinturón volvió a cambiar de color y pasó a ser morado conquistando municipios tradicionalmente socialistas como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà.

El propio Carles Puigdemont puso el martes la cuestión encima de la mesa. Primero por la mañana, cuando en un acto organizado por la agencia autonómica de noticias ACN —que él mismo fundó cuando todavía ejercía el periodismo— aseguró que “a lo mejor vale la pena” ser investido presidente en el Parlament si gana las elecciones y automáticamente ser detenido por las mismas ideas que habrían avalado los catalanes. Después lo hizo en un mitin en Vic (Barcelona) donde —por videoconferencia desde Bruselas— emplazó a los ciudadanos catalanes a darle una “autopista de votos” que le permita volver al Govern, “de donde no nos tendrían que haber echado”. Su aspiración es volver desde Bélgica acompañado de todo el Govern cesado, subrayó. Si los catalanes quieren su restitución, “hay que hacerlo posible, y esto es incompatible con el exilio y la cárcel”.

La posibilidad de que Puigdemont regrese a Cataluña ya no es una simple especulación. Dirigentes del PDeCAT consultados por infoLibre entienden que está obligado a volver si la candidatura de JuntsxCat gana las elecciones y se convierte en aspirante a la Presidencia en una hipotética votación de investidura. De hecho, si las expectativas siguen al alza y se hace evidente la victoria, también está en consideración, según las mismas fuentes, la opción dar un golpe de efecto y hacer que aterrice en Cataluña antes incluso de la votación para dar así un impulso adicional a sus candidaturas, consolidar algunos escaños más y marcar diferencias con los demás partidos. Su más que previsible detención, habiendo sido el ganador de las elecciones, volvería a poner inmediatamente el foco de la atención internacional sobre lo que está pasando en Cataluña.

No obstante, los mismos dirigentes admiten que en la decisión final de Puigdemont también influirán lógicamente los factores "personales", ya que sabe que si regresa a España tiene prácticamente garantizado su ingreso en prisión.

¿Y podría Puigdemont ser investido presidente si vuelve a España y es detenido? Un informe encargado por Esquerra para avalar que ese derecho asiste a su candidato, Oriol Junqueras, parece confirmarlo.

Según Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, del análisis de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley General Penitenciaria, el reglamento del Parlament, la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern y sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (esta última es la que permitió hace años acudir al debate de investidura a un candidato de la izquierda abertzale en prisión preventiva) sólo se puede concluir que Junqueras (y por extensión Puigdemont, si regresa a España) “tiene derecho al sufragio pasivo”.

Y, “a pesar de encontrarse en situación de privación de libertad”, concluye el informe, “puede acceder a la plena condición de diputado, participar de un eventual Pleno de investidura como candidato a la Presidencia y, si obtuviera el apoyo de la Cámara, ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña”.

La clave de ese informe es precisamente la sentencia del Superior de Navarra: “Si la legislación permite a los ciudadanos en prisión preventiva, aunque estén acusados ​​de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o a presidentes de las comunidades autónomas y son elegidos democráticamente, poner trabas al ejercicio de su derecho lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores”.

Puigdemont va lanzado

Con las encuestas señalando un desplazamiento de voto nacionalista hacia Puigdemont, la expectativa de que dé un vuelco a la campaña regresando por sorpresa de Bruselas ya está condicionando la recta final del 21D. De hecho, en el PP trabajan con la hipótesis de incrementar la presencia en Cataluña del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los días previos a la votación. Fuentes conservadoras consultadas por infoLibre aseguran que, según sus datos, Puigdemont va lanzado en los sondeos de intención de voto, así que el PP quiere dar una vuelta de tuerca y hacer valer entre los votantes unionistas la idea de que Rajoy es quien ha conseguido parar la secesión de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Con Junqueras en prisión, la campaña sigue girando en torno a Puigdemont, incluso para otros partidos. El anuncio del candidato del PSC, Miquel Iceta, de que pedirá el indulto para el president cesado y todas las personas que eventualmente resulten condenadas en relación con los acontecimientos que dieron lugar a la declaración de independencia, provocó inmediatamente una airada respuesta por parte de PP y Ciudadanos. Y un silencio elocuente por parte de la cúpula del PSOE, al que las palabras de Iceta colocaron en una situación incómada el mismo día en el que Pedro Sánchez acudía a apoyar a su candidato, pero cuyos dirigentes evitaron desautorizar en plena campaña a su aspirante a la Presidencia. 

Fuentes de los dirección socialista catalana confirmaron a infoLibre que la afirmación de Iceta fue el resultado de “un error” que sólo introduce “ruido” en la campaña del PSC. Tanto Iceta como Pedro Sánchez han mantenido siempre la tesis de que la solución al conflicto catalán no vendrá de la mano de los jueces sino de la política. Pero aunque en el PSC están convencidos de que si algún día se llega a un acuerdo con el nacionalismo para que acepte volver al marco constitucional será necesario resolver la situación judicial de quienes hayan sido condenados, también creen que este no es el mejor momento de plantearlo, especialmente cuando los socialistas intentan arañar votos entre quienes hace pocas semanas se manifestaban por las calles de Barcelona pidiendo a gritos el encarcelamiento de Puigdemont.

En plena campaña electoral y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, los partidos hacen balance de sus posibilidades para ganarse al electorado de las cuatro provincias de la comunidad. Los sondeos prevén resultados ajustados y disputas prácticamente aseguradas por la mayoría parlamentaria. Es aquí donde entra en juego el último escaño en cada circunscripción, que puede presentarse como elemento decisivo para el peso que alcancen las candidaturas. 

Se trata del reparto de los denominados restos de la Ley D'Hondt, el sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos de cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. La fórmula, además, establece que en una circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos.

El Partido Popular  ya subrayó este miércoles la importancia de las provincias donde el último escaño se debate entre los conservadores y la CUP, por lo que votar a Ciudadanos, consideran, podría suponer dar un apoyo a los independentistas. Creen que esto podría ocurrir en Lleida, Girona o incluso en Tarragona.

Las elecciones celebradas en el año 2012 en suelo catalán muestran que CiU logró el último escaño en las provincias de Lleida y Girona, mientras que el PSC lo consiguió en Tarragona y Ciudadanos lo obtuvo en Barcelona. Por otra parte, los nacionalistas de CiU se quedaron a las puertas de obtener un diputado más en Barcelona y Tarragona. El PSC en Lleida y ERC en Girona fueron las formaciones que más se aproximaron al último diputado en el reparto, sin conseguirlo.

En cuanto a los comicios de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último asiento en dos provincias –Tarragona y Lleida–, mientras que el PP lo obtuvo en Barcelona y Catalunya Si que es Pot en Girona. En estas dos últimas provincias fue Junts pel Sí la candidatura que se quedó a las puertas, mientras que en Tarragona fue el PP y en Lleida el PSC.

  Barcelona

Barcelona se presenta como la circunscripción con mayor presencia en el Parlament. La provincia cuenta con un total de 85 diputados elegibles, que en el año 2012 quedaron en manos de los 2.748.482 votantes que participaron en los comicios en dicha circunscripción.

Tras el proceso electoral celebrado en el mes de noviembre, Ciudadanos fue el partido que se hizo con el último escaño de la provincia, obteniendo un total de ocho. A las puertas se quedó CiU, que consiguió posicionarse como el partido más votado con 26 actas, pero que no alcanzó la número 27. Se quedó a las puertas por una distancia de 10.089 votos, es decir, el 0,37% de los votantes.

En el año 2015 fue el PP quien, también con ocho asientos, se hizo con el último escaño de Barcelona. Junts pel Sí, la coalición encabezada por Carles Puigdemont que logró 32 diputados en la provincia, se quedó a las puertas. Fueron 12.427 votos, el 0,4% de los 3.094.362 barceloneses que acudieron a las urnas entonces, los que separaron a la coalición independentista de conseguir un escaño más.

  Girona

La provincia de Girona, por su parte, cuenta con 17 diputados a escoger. En el 2012, año en que 347.893 votantes acudieron a ejercer su derecho a sufragio, fue CiU quien se hizo con el último escaño, quedándose con un total de nueve. Este último asiento en juego se lo arrebató CiU a la candidatura de ERC, que por una diferencia de 4.528 votos –el 1,3%– se quedó en tres escaños en lugar de los cuatro que hubiera podido obtener.

Ya en el año 2015, el último asiento fue a parar a manos de Catalunya Sí que es Pot. Fue gracias a este escaño que la formación logró obtener representación en la provincia. Junts pel Sí, en cambio, se quedó a las puertas del último asiento, debido a una distancia de 4.467 votos, el 1,15% de los 387.913 votantes que depositaron su papeleta en las urnas. Los independentistas lideraron entonces los resultados en la circunscripción con un total de once escaños.

  Lleida

La provincia de Lleida cuenta con menor representación parlamentaria, con un total de 15 diputados de los 135 que componen la Cámara autonómica. En las elecciones que celebró la comunidad en 2012, participaron un total de 209.143 electores en la provincia. CiU se hizo entonces con el último escaño, logrando encabezar los resultados con un total de ocho. Los nacionalistas arañaron por 662 sufragios –el 0,32%– este último escaño al PSC, que se quedó con un único parlamentario en la circunscripción.

Los socialistas volvieron a quedarse a las puertas también en el año 2015. Tras las últimas elecciones, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, posicionándose con un total de diez, y de nuevo el PSC se quedó con uno. En la provincia el último parlamentario se jugó por 6.022 papeletas –el 2,61% de los 231.004 votantes– , que impidieron al PSC ocupar un segundo escaño por Lleida.

  Tarragona

Los diputados escogidos por los votantes en la provincia de Tarragona ascienden a un total de 18. En los comicios de 2012, en los que participaron un total de 362.792 votantes en la provincia, fue el PSC el partido que conquistó el último escaño en detrimento de CiU, que esta vez se quedó a las puertas. De esta manera, los socialistas catalanes lograron un total de tres, mientras que los nacionalistas se quedaron a una distancia de 16.063 votos –el 4,43% del total– de hacerse con un octavo asiento en la circunscripción.

Respecto a las elecciones celebradas en septiembre de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, logrando un total de nueve en la circunscripción. A las puertas, un PP que podría haber alcanzado su segundo diputado de no ser por la distancia de 1.375 votos –el 0,33% de los 416.917 votos emitidos– que separaron a los conservadores del reñido último escaño. 

La ley electoral utilizada para las elecciones autonómicas en Cataluña –la misma que se utiliza en los comicios generales– ha tenido efectos bastante proporcionales para casi todos los partidos desde que se celebraron las primeras elecciones al Parlament de la democracia en 1980. Pero hay una excepción a esta regla: CiU. La coalición entre CDC y Unió –que se presentó ininterrumpidamente entre 1980 y 2012– ha sido históricamente la gran beneficiada de esta norma, tanto por su carácter hegemónico (ganó en votos todas las elecciones salvo las de 1999 y 2003) como por sus claras victorias en Tarragona, Lleida y Girona, provincias sobrerrepresentadas en número de escaños con respecto a Barcelona.

Cataluña carece de ley electoral propia y, para sus elecciones autonómicas, utiliza la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Desde 1980 se han celebrado once de estos comicios (en 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012 y 2015), en los que se han escogido 135 escaños para el Parlament de Cataluña: 85 por la provincia de Barcelona, 18 por la de Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Este reparto perjudica a Barcelona, que pese a elegir únicamente el 62,9% de los diputados cuenta ahora mismo con el 73,8% de la población de Cataluña.

Ese es uno de los motivos fundamentales de que CiU –y, en 2015, Junts pel Sí– haya sido la formación más beneficiada por la ley electoral en las autonómicas, ya que históricamente los resultados de la coalición han sido sensiblemente mejores en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona que en la de Barcelona. De hecho, en ninguno de los comicios CiU consiguió nunca superar el 45% de los votos en Barcelona, cota que sobrepasó ampliamente en varias ocasiones en Lleida y Girona, con un hito máximo del 59,64% de los sufragios en la provincia gerundense en 1984.

Otro buen ejemplo de este funcionamiento son las elecciones de 2012: pese a que CiU sufrió un enorme batacazo y sufrió sus peores resultados desde 1980 con un 30,7% de los votos, en Lleida y Girona la coalición obtuvo un 42,5% y un 42,4% de los sufragios, respectivamente. Eso permitió a CiU hacerse con 8 y 9 diputados en esas provincias de los 15 y 17 que se repartían, respectivamente, por lo que más de la mitad de las actas de las dos demarcaciones menos pobladas de Cataluña fueron para ellos.

Esta fortaleza en las provincias más representadas proporcionalmente, unida al hecho de que CiU fue la fuerza hegemónica prácticamente sin interrupción en todas las elecciones autonómicas, ha disparado históricamente su porcentaje de escaños en el Parlament con respecto a su número de votos reales. La diferencia más notable se produjo en 2010, cuando con un 38,43% de los sufragios, el entonces president Artur Mas se hizo con 62 escaños, el 45,93% de la Cámara: siete puntos y medio más de los que a CiU le hubieran correspondido en un sistema proporcionalmente perfecto.

Pero esta distorsión, lejos de haberse producido en una convocatoria en particular, se trata de una dinámica histórica. En ninguna de las elecciones autonómicas celebradas desde el inicio de la democracia CiU tuvo menos porcentaje de escaños que de votos: cuando más parejas estuvieron ambas cifras fue en 2003, cuando la coalición sumó el 30,94% de las papeletas y el 34,07% de los diputados (un total de 46). Sin contar las elecciones de 2015 –donde CDC se presentó integrada en Junts pel Sí y Unió lo hizo por separado–, el porcentaje de actas que ha obtenido CiU en las autonómicas ha sido de media 5 puntos superior a su porcentaje de votos.

Además, la sobrerrepresentación de CiU se trasladó en 2015 a los resultados de Junts pel Sí. La coalición que suscribieron CDC y ERC alcanzó el 39,59% de los votos, aunque fuertemente diferenciados entre provincias: mientras en Girona (56,06%) y Lleida (55,22%) arrasó, en Barcelona (36,09%) y Tarragona (41,63%) sus resultados fueron más discretos. Junts pel Sí consiguió 62 actas, el 45,93% del Parlament, un porcentaje 6,34 puntos superior al que le hubiera correspondido en un sistema proporcional puro.

Para el resto, mucha proporcionalidad

Esta distorsión de la proporcionalidad no afecta al resto de formaciones políticas, ni nacionalistas ni no nacionalistas, para las que la ley electoral ha funcionado históricamente de manera bastante proporcional en las elecciones autonómicas. Tras CiU, ha sido el PSC –el otro gran partido catalán hasta 2012– quien más se ha beneficiado del método de reparto de la LOREG, pero ni mucho menos en la misma proporción, ya que no ha sido históricamente tan fuerte en las tres provincias sobrerrepresentadas –sus mejores resultados siempre han sido en Barcelona– ni tampoco ha llegado a concentrar tanto voto como CiU (su mejor resultado fue en 1999, cuando consiguió el 37,85% de los sufragios).

Las elecciones de 2010 fueron en las que más se benefició el PSC de la ley electoral, aunque su porcentaje de votos se tradujo bastante fielmente a escaños: los socialistas obtuvieron un 18,38% de las papeletas y un 20,74% de los diputados (un total de 28), apenas 2,36 puntos más. De media, el PSC únicamente ha conseguido un porcentaje de escaños 0,82 puntos superior a su porcentaje de votos, e incluso en 2015 fue levemente perjudicado por la ley electoral –su porcentaje de escaños era 0,87 puntos menor del que le hubiera correspondido por sus votos en un sistema proporcional puro–.

ICV-EUiA –y las diferentes marcas y formatos con los que se ha presentado, PSUC en los 80 o Catalunya Sí que es Pot en 2015–, por su parte, siempre han sido perjudicados por el reparto promovido por la ley electoral, aunque de manera muy poco apreciable: la desviación mayor se produjo en 1995, cuando ICV consiguió el 9,71% de los votos y 11 escaños, que sumaban el 8,15% de los presentes en el Parlament. Tampoco el PP ha sido especialmente beneficiado por la LOREG –su porcentaje de voto fue hasta dos puntos superior a su porcentaje de diputados en 1995–, si bien en 2010 y 2012 el reparto terminó favoreciéndole.

La ley electoral también ha funcionado de manera bastante proporcional en el caso de ERC, ya que la máxima desviación que ha tenido entre su porcentaje de votos y su porcentaje de escaños se produjo en 2012 y fue a su favor: con el 13,7% de los sufragios, los republicanos obtuvieron el 15,56% de las actas, un total de 21. De hecho, la distorsión entre ambas cifras ha sido menor a un punto en todas las elecciones menos las de 1980, 2006 y 2012.

Ciudadanos y la CUP

Ni siquiera para los llegados hace menos tiempo al Parlament la ley electoral ha sido una barrera. Ciudadanos obtuvo sus primeros tres escaños en 2006 –que suponían un 2,22% de todos los presentes en la cámara– y repitió este resultado en 2010, con un 3,03% y un 3,39% de los votos, respectivamente. De hecho, en las elecciones de 2015 que supusieron su despegue (pasaron de 9 a 25 diputados), la Loreg benefició levísimamente al partido naranja, que consiguió controlar el 18,5% del Parlament con el 17,9% de los votos.

La CUP tampoco tiene motivos para denunciar la ley electoral, aunque bien es cierto que ni en 2012 ni en 2015 –las únicas ocasiones en las que los anticapitalistas se han presentado a las elecciones autonómicas– les terminó beneficiando. Sus tres escaños de 2012 se corresponden con el 2,22% del Parlament, aunque la CUP consiguió el 3,47% de los votos en toda Cataluña. En 2012, la formación ascendió hasta el 8,21% de los sufragios, lo que le reportó 10 diputados: el 7,4% de la cámara.