Ni aunque hubiera sido diseñado por sus enemigos –feministas, laicistas, progresistas, movimiento Lgtbi–, podría haber tenido Katalin Novák un final más paradójico y, al mismo tiempo, más vergonzoso. Musa dentro y fuera de las fronteras de Hungría de los defensores de la "familia tradicional" –también llamada "familia natural", es decir, con padres heterosexuales– y de los protectores de la infancia frente a las supuestas desviaciones de un progresismo inmoral, esta sobresaliente ejecutora del programa más conservador de Viktor Orbán ha caído... por el indulto al encubridor de un pederasta.

Pero con su dimisión como presidenta de Hungría, un cargo de escaso poder real pero gran importancia simbólica que da idea de la proyección que llegó a tener la figura de Novák (Szeged, Hungría, 1977), no sólo cae la guerrera tradicionalista contra el aborto, el feminismo y el divorcio que había hecho carrera en el país magiar, sino la mujer identificada como ejemplo a seguir por las más destacadas figuras de la derecha ultracatólica en medio mundo. También en España, donde Novák había sido elevada a la categoría de referente por Santiago Abascal (Vox), Jaime Mayor Oreja (NEOS) o Ignacio Arsuaga (Hazte Oír), entre otros.

Desde el sábado, cuando anunció su dimisión, el silencio entre los entusiastas de esta musa de los ultracatólicos –siendo ella cristiana calvinista– es la tónica dominante.

Con sólo 44 años, Katalin Novák se convirtió en 2022 en la primera mujer, también en la persona más joven en presidir Hungría. Allí la colocó Viktor Orbán, jefe de su partido, el Fidesz, y primer ministro del país, convertido en un laboratorio de ensayo del autoritarismo nacionalista en pleno corazón de la UE.

Novák llegó hasta allí tras haber sobresalido hasta tal punto entre los meritorios del orbanismo que en 2017 ya era vicepresidenta del partido, donde había deslumbrado con un doble perfil. Economista y abogada políglota con experiencia como diplomática, siempre derrochando confianza en sí misma, aficionada al deporte –practica el boxeo y corre maratones desde los 18 años–, telegénica y hábil en el uso de las redes sociales, Novák aportaba un barniz modernizador a un régimen acusado de arcaico. Pero, al mismo tiempo, con ella llegaba a la presidencia la más entusiasta guardiana de las esencias conservadoras del proyecto de Orbán.

Porque Novák se convirtió en una celebridad política como ministra de Familia, el área donde Orbán libra con mayor beligerancia su batalla cultural contra los valores progresistas. Señalada por Forbes como la mujer más influyente de Hungría, fue secretaria de Estado de Juventud y Familia entre 2014 y 2020 y después titular de esa misma cartera hasta diciembre de 2021.

Eso le otorgó un papel relevante como ejecutora de parte sustancial de las medidas en defensa de los roles de género tradicionales y la "familia natural" emprendidas por el Fidesz, convirtiéndose en un icono de su política de "valores cristianos". ¿Un ejemplo? La ley, inspirada en una norma rusa, que prohíbe los contenidos Lgtbi en horario infantil o en libros pensados para menores, y que ha levantado las alertas en Bruselas.

Con un currículo así –al que se añade que su marido, István Veres, es un alto dirigente del Nacional de Hungría–, todo apuntaba hacia el cielo político para Nóvak. Hasta que todo se torció.

En mayo de 2023 Novák indultó al subdirector de un centro de menores condenado por encubrir a su jefe, que había abusado sexualmente de una decena de niños. El hombre cargaba con una pena de tres años y cuatro meses de prisión por obligar a una de las víctimas a firmar una declaración falsa y ofrecer a otra dinero si se retractaba de su testimonio. Se trataba de proteger al director del orfanato, Cruz de Bronce al Mérito de Hungría antes de este caso, que ahora cumple una condena de ocho años. Al encubridor le quedaban por pasar nueve meses en la cárcel cuando se benefició de la medida de gracia con motivo de la visita del papa Francisco a Budapest.

Era el principio del fin de Novák.

Si hubo un cálculo político según el cual la opinión pública iba a pasar por alto el indulto, fue erróneo. A pesar del férreo control que Orbán y los suyos ejercen sobre la mayoría de los medios públicos y privados, el tema caló. Caló en la prensa y caló también en las bases del propio movimiento político dominante. Encuestas encargadas por el Gobierno testaron un importante malestar social, que llegó a expresarse en protestas en la calle. No sólo fue el fin de Novák, también de Judit Varga, que cuando se produjo el indulto era ministra de Justicia y ahora iba a ser cabeza de lista del Fidesz en las europeas de junio.

Así que de una tacada Orbán ha perdido a dos de las figuras femeninas más destacadas dentro de un esquema de poder hipermasculinizado.

Novák anunció su dimisión el sábado en un mensaje en húngaro subtitulado en inglés. Entre justificaciones y proclamas de amor a su país, admitió haber cometido un error que "causó confusión y malestar".

"Me pronuncié en favor de la clemencia creyendo que el convicto no abusaba de la vulnerabilidad de los niños que tenía a su cargo. Me equivoqué, porque la decisión y la ausencia de justificación podrían generar dudas sobre la tolerancia cero con la pedofilia [...]. Los niños son nuestro tesoro más importante. Creo que la nación está unida en esto, a pesar de todas las diferencias de opinión. Proteger a los niños es nuestro deber común. Di a luz a tres niños, así que experimenté personalmente cómo una vida desprotegida y vulnerable necesita seguridad y protección".

Novák ha sido en parte víctima de la presión que ejercen fuerzas aún más radicales que el Fidesz, como la ultraderechista Jobbik. Pero también ha sido víctima de su propia trayectoria. La ya expresidenta ha sido impulsora de una obsesiva campaña política que presentaba a los menores como seres expuestos a una permanente amenaza de corrupción moral y sexual. Es el tipo de paranoia, cebada también por los republicanos en EEUU y por Vox en España, según la cual el lobby Lgtbi y otras fuerzas afines tratan de desviar a los niños del recto camino. Es también el tipo de discurso que ha moldeado en Hungría un conservadurismo incapaz ahora de transigir con el indulto.

Al mismo tiempo, esta vitola de defensora de los niños y las familias en peligro contribuyó a hacer de Novák una figura reverenciada por la derecha cristiana a nivel internacional. La extitular de Familia húngara se lo ganó a pulso. Durante años ha sido máquina de regalar titulares a favor de la maternidad múltiple, la natividad nacional como complemento a las políticas de freno a la inmigración, la familia tradicional y la diferencia de roles de hombres y mujeres. Esa es Novak: desacomplejada amalgama de identidad nacional y religiosa, ideas de regusto medieval soltadas con frescura y editadas para Instagram, guiños de regusto nacionalcatólico y una sonrisa para la cámara con el pulgar levantado.

Todo ello le ha granjeado una legión de ardientes defensores. ¿En España? Por supuesto. Y destacados.

Ya en 2015 recibió el premio Luchador por la Familia de la Plataforma per la Familia de Catalunya. "Para mí ser madre de tres hijos es más importante que cualquier cargo público que pueda ostentar", declaró entonces.

La relación más estrecha y fructífera de Novák en España ha sido con Jaime Mayor Oreja. El uno es referente de la otra y viceversa. Novák entregó en 2016 al exministro del Interior (PP) el Premio Pro Familis, “en reconocimiento a su inmensa y incansable labor por los valores de la familia, como fundamento de nuestras sociedades”. "Estoy especialmente orgulloso que me lo dé un Gobierno de Hungría, que está sufriendo muchos ataques por tener una posición valiente y por atreverse a decir la verdad de la familia", dijo Mayor Oreja. En noviembre de ese mismo año fue Mayor Oreja el que la agasajó como anfitrión en un debate organizado en Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas, que sirvió de escenario para que Novák sacara pecho de las políticas profamilia húngaras.

Más referentes españoles de la derecha dura han encumbrado en Novák. Hazte Oír la galardonó en 2021 por "su trabajo para promover la familia y proteger a los niños del adoctrinamiento". Los conductores de la gala en que se hizo entrega el galardón se deshacían así en elogios. "Lo que está consiguiendo esta mujer al frente del Ministerio de Familia en Hungría es un éxito sin paragón". Frente al discurso a favor de la inmigración de los "gurús globalistas", Novák ha optado por "incentivar la natalidad nacional" y ha contribuido a convertir Hungría en "un baluarte contra el despotismo ideológico de Bruselas" y en "todo un referente en la lucha de las naciones por defender nuestras frontera y nuestra identidad".

Acudió a recibir el premio –de manos del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga– la embajadora húngara Katalin Tóth, que leyó unas palabras de la entonces ministra Novák. Agradecida por el "prestigioso" galardón, que aquel año recibió también Alvise Pérez, Novák exaltó los valores "históricos y tradicionales" que son "menospreciados en la actualidad", como "la familia" y "la vida". La reducción de los divorcios y los abortos en Hungría, dijo Novák por voz de Tóth, son una "puerta a la esperanza" que puede servir de "ejemplo para otras naciones".

infoLibre solicitó una valoración sobre la dimisión de Novák tanto a NEOS, la red de asociaciones que ahora lidera Mayor Oreja, como a Hazte Oír. Sin respuesta.

Tampoco contestó Vox, donde Novák lleva años causando fascinación. El presidente del partido, Santiago Abascal, que ha mantenido con Novák al menos dos encuentros, acudió a su toma de posesión como ministra y se fotografió con ella, "un referente en la lucha por defender las raíces, la soberanía, la familia y las tradiciones". "Firme defensora de la familia y de las tradiciones. Una política valiente, madre y luchadora", la ha descrito la diputada Lourdes Méndez Monasterio, la figura del partido con mayor penetración en el intrincado bosque de organizaciones de la derecha católica.

Otros puntales de este movimiento en Vox, como Gádor Joya y Francisco José Contreras, han expresado también su admiración por Novák. La ya expresidenta tiene incluso etiqueta propia en la web La Gaceta, vehículo de propaganda de Vox, que le dedica titulares en los que "reivindica la maternidad y la familia tradicional ante la ONU", "advierte sobre la cultura woke en su visita a California" o "fortalece la alianza con Bolsonaro".

Ilustra la vinculación de Novák con Vox el que llegara incluso a pronunciarse sobre asuntos de política española, como cuando en 2021, siendo ministra de Familia, expresó su preocupación –en español– tras un acto de Abascal en la precampaña de las autonómicas en Vallecas que terminó con cargas policiales, detenciones y heridos. Le agradeció el gesto Jorge Buxadé, otro dirigente dado a la propaganda sobre el modelo húngaro.

Pero los admiradores de Novák en la política española no se limitan a Vox. En el PP, Javier Puente, cara visible del sector más conservador del partido en cuestiones morales, la ha presentado como un referente por su "excelente trabajo en defensa de la familia, de la maternidad, de los jóvenes".

Novák ha sido un nombre destacado en el organigrama de la red de organizaciones internacionales por "la vida" y "la familia". Cuando Mayor Oreja dejó en 2019 la presidencia de la Political Network of Values, una red de políticos de derecha católica contra el aborto y el feminismo, fue Novák quien lo sucedió. Él se quedó, eso sí, como presidente de honor, donde continúa.

Ella lo tenía todo para estar al mando de los generales de la cruzada cultural de la derecha de base religiosa. "La ministra Novák –escribió sobre ella en 2021 el filósofo conservador Enrique García-Máiquez– presume de estabilidad conyugal en sus redes sociales y de la fidelidad de sus padres y suegros. Hay una constante apelación pública a la bondad de las virtudes familiares. También en la publicidad institucional. Más aún, se trabajan los contenidos educativos y de concienciación de la juventud. Se promueve sin complejos una cultura pro-vida para construir un país pro-familia". Finalmente Novak dejó el cargo en 2022 para centrarse en la presidencia de Hungría que ahora ha tenido que abandonar. Al frente de Political Network for Values la sustituyó el líder ultraderechista chileno José Antonio Kast.

En 2021 Novák fue anfitriona en Budapest de la Cumbre Demográfica, donde hubo altos representantes de la República Checa, de la República Srpska –una de las dos entidades de Bosnia y Herzegovina–, de Serbia y de Estados Unidos, entones liderados por Donald Trump, que envió nada menos que a su vicepresidente, Mike Pence. También estuvo Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y gran promesa de la extrema derecha francesa, además de fundadora de una escuela de formación y pensamiento que tiene delegación en España, el Issep, estrechamente vinculado a Vox. También acudió Mayor Oreja, que dijo con tristeza: “Esta conferencia no podría haber tenido lugar en España, Italia o Francia. En la mayor parte del mundo occidental hemos desperdiciado puntos de referencia como la familia”.

A todos ellos se dirigió Novak, asegurándoles que sí, que existe la tierra prometida para los guerreros cristianos y está atravesada por el Danubio, como demostraban las políticas de Orbán: "No hay alternativa a la familia. Se necesitan pensamiento y acción comunes. No hay desarrollo sostenible sin tener hijos. El mayor problema en el mundo occidental es que no nacen suficientes niños. Tenemos que defender los valores tradicionales y tomar decisiones que apoyen a las familias", afirmó en su discurso.

Con declaraciones así no es raro que los líderes de su familia política hayan tenido su foto con ella: de Jair Bolsonaro a Marine Le Pen, de Giorgia Meloni a Abascal. Está por ver cuántas fotos con se hacen con ella a partir de ahora.

Porque el futuro político de Novák es una incógnita. Eso sí, el ideario que ha contribuido a expandir parece tener el porvenir garantizado.

La cristiandad reserva el 25 de marzo para celebrar la Anunciación, o la Encarnación, en suma para recordar cuando el Arcángel Gabriel se presentó a María para adelantarle que sería la madre de Jesucristo. Nueve meses después, el tiempo del embarazo, el 25 de diciembre, Navidad, la Virgen dio a luz al hijo de Dios en un pesebre de Belén, según el relato cristiano. Por eso el movimiento católico provida celebra en torno al 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, sus marchas anuales contra el aborto. La fecha concreta depende de los organizadores. Hay que buscar un domingo. Este año han encontrado uno, este mismo, 12 de marzo, para celebrar en Madrid la "Marcha Sí a la Vida".

Se prevé una jornada fresca y soleada. También es previsible –si los mensajes se alinean con los vertidos estos días para calentar la marcha– una convivencia entre las críticas al Gobierno, las llamadas contra la rendición de los "provida" y riadas de tremendismo sobre una sociedad que ha perdido su anclaje religioso y se desliza hacia la "cultura de la muerte". Sí, el lobby ultracatólico, sacudido por el aval del Tribunal Constitucional a la Ley del Aborto, se mostrará este domingo como el último bastión de un viejo orden que sea cae, como el faro desatendido en medio de la tormenta del relativismo.

Pero, ¿es así? ¿Puede decirse con justicia que el movimiento de los Mayor Oreja, Arsuaga y compañía esté aislado y desatendido? Lo cierto es que no. Los hechos firmes demuestran que sus posiciones avanzan. Objetivamente, deberían estar de enhorabuena. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, afirma: "Claro que estamos teniendo éxito porque cada vez está llegando la verdad a más rincones" [ver aquí la respuesta completa de Latorre a las cuestiones planteadas por infoLibre].

La convocatoria corre a cargo de la Plataforma Sí a la Vida, que aglutina a más de 500 asociaciones, entre ellas los grandes terminales del movimiento "provida". Al frente de la organización está la Federación Española de Asociaciones Provida, presidida por Alicia Latorre, el rostro más visible de la convocatoria. Movilizarán a los suyos el Foro de la Familia, Hazte Oír, Cristianos en Democracia, E-Cristians... Lo harán las asociaciones de padres de alumnos católicos y los farmacéuticos contrarios a la píldora del día después, los médicos objetores y la propia Iglesia diocesana, los Propagandistas Católicos del CEU y los "bioéticos", los "jóvenes" de Más Vida y los rescatadores –subvencionados– de embarazos de Red Madre. Todos. Los organizadores se han esmerado buscando patrocinadores, reclamando donativos, poniendo autobuses, encargando merchandising...

Es hoy imposible saber la asistencia, pero lo previsible es una marcha con gente suficiente para ser destacada en los telediarios del domingo y ser foto de portada el lunes. La cita es en la calle Serrano, esquina con Goya, a mediodía. Acabará en Cibeles, en un acto conducido por tres influencers –al igual que el Congreso Mundial de las Familias, el objetivo es dar una imagen "joven"–.

Los organizadores optan por una sola manifestación. La idea es no dispersar las fuerzas y mostrar el vigor del movimiento contra el aborto –y contra la eutanasia, y contra la Ley Trans y resto de las llamadas "leyes Lgtbi", y a favor de la "familia natural", etcétera–. Estos días las asociaciones multiplican el envío de correos y la publicación de mensajes. El momento es delicado. El movimiento acaba de llevarse el palo del Constitucional. Por eso es el mensaje más insistente es de resistencia. Si en la derecha católica la tendencia natural es ya de por sí a la épica del perseguido, la decisión del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido –uno de los villanos de la función, junto a Pedro Sánchez e Irene Montero– ha acentuado el victimismo y el resistencialismo.

Una muestra de la determinación de no dar la batalla por perdida la ha dado la Asamblea por la Vida, con más de 150 organizaciones y dentro de la Plataforma Sí a la Vida, que ha emprendido una guerra judicial contra el Constitucional. La consigna es clara: en esta hora oscura, luchar. "Urge dar la cara, no rendirse", ha declarado Alicia Latorre.

Pero lo cierto es que, lejos de esta imagen de fortaleza asediada, los hechos indican que la influencia de este movimiento se expande, tanto por el fortalecimiento de su estructura como por su peso en el PP y Vox.

Los históricos enfrentamientos, como el del Foro de la Familia y Hazte Oír, están hoy superados u orillados. A pesar de las distintas sensibilidades, cada vez hay más iniciativas comunes. La Marcha Sí a la Vida es un ejemplo. Pero hay más, como la Asamblea por la Vida, que tiene a Jaime Mayor Oreja como referente y se dedica a la presión política. También el exministro del PP lidera NEOS, una suma de organizaciones que ha hecho algo hasta ahora inédito: una síntesis del cuerpo ideológico del movimiento tema a tema, que junto al catálogo provida y por la familia natural integra una defensa cerrada de la monarquía y un rechazo a la Agenda 2030 que guiña el ojo a negacionistas y conspiranoicos.

La Asociación Católica de Propagandistas, que trata de adueñarse del discurso contra la "cultura de la cancelación", ha abierto un periódico, El Debate, con su propio espacio ya en el saturado mercado derechista, donde la televisión 7NN –que tuvo entre sus impulsores a Marcial Cuquerella, vinculado a Hazte Oír– también da cancha a las posiciones de la cruzada.

María San Gil, de la Fundación Villacisneros, y otros referentes del lobby ultracatólico han tenido un papel destacado en la organización de grandes manifestaciones contra el Gobierno esta legislatura, como las celebradas contra las cesiones al independentismo en junio de 2021 y enero de 2023.

Más. Referentes del enjambre ultracatólico han alcanzado posiciones destacadas en la estructura internacional de este movimiento. Mayor Oreja, además de presidente de la liga europea One of Us, que realiza tareas de lobby en Bruselas, es presidente de honor de Political Network for Values, un punto de encuentro de políticos y activistas cristianos de todo el mundo que tienen al republicanismo trumpista y a Viktor Orbán como referentes. Acompañan a Mayor Oreja en Political Network for Values Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go, y el senador del PP Javier Puente, a quien nadie desautoriza en la dirección de su partido. Leonor Tamayo, histórica activista de Profesionales por la Ética, lidera Women of The World, una organización internacional contra el feminismo y en defensa del rol de mujer-madre.

Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo dando por "correcta" en general la Ley del Aborto de 2010 han suscitado malestar. Vox las ha aprovechado para presentar al PP como un partido rendido al consenso progresista. Pero un examen detenido en absoluto muestra a un PP ajeno a las posiciones duras. El PP ha votado junto a Vox tanto en contra de la reforma del Código Penal que castiga el acoso a embarazadas a las puertas de las clínicas de aborto como de la ley de Irene Montero que permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno, ya con Feijóo como presidente.

La idea de un PP blando en contraste con un Vox duro es engañosa. En las filas de Feijóo hay posiciones indistinguibles de las de Santiago Abascal y los suyos. El mejor ejemplo es la Fundación Familia y Dignidad Humana, que defiende la prohibición del aborto incluso si hay violación y en la que ha llegado a haber siete parlamentarios y cargos del PP, entre ellos su presidente, Javier Puente, que ha anunciado que estará este domingo en la marcha.

Está por ver qué representación popular hay en la manifestación. En una protesta similar en junio del año pasado, en la que se celebró la sentencia del Supremo de Estados Unidos que derogó el derecho al aborto a nivel federal, hubo una presencia significativa. Además de Puente, acudieron sus compañeros en el Senado Rodrigo Mediavilla –ya no es senador–, Ana Camíns, Antonio Román y Patricia Rodríguez Calleja y el diputado en el Congreso José Ignacio Echániz. Entre los representantes del PP de Madrid estuvo su secretario general, Alfonso Serrano. También hubo cuadros de Nuevas Generaciones.

En declaraciones a infoLibre, Latorre advierte, en un mensaje veladamente dirigido al PP: "Los políticos que vengan bienvenidos sean como cualquier otra persona, aunque lo que queremos ver es el compromiso cuando toca defender la vida humana en la política. Este es un tema para nosotros innegociable y por supuesto que hay una parte importante de la sociedad muy atenta no solo a las palabras sino a la forma de actuar de cada partido".

La presión de organizaciones como Hazte Oír, con el vicepresidente Juan García-Gallardo en su punto de mira por ser el primer gobernante autonómico de Vox, contribuyó al anuncio por parte del Ejecutivo de Castilla y León de un "protocolo" para que las madres que quisieran abortar oyeran antes el "latido fetal". Finalmente el PP reculó y el protocolo está en suspenso. Eso sí, García-Gallardo insiste en que se implantará y se reúne con la embajadora de Hungría, país al que Vox pone como ejemplo de políticas en defensa de la vida y la familia, sin que el presidente Alfonso Fernández Mañueco le replique.

Con el protocolo de "latido fetal" ha pasado algo parecido a lo acontecido con el pin parental, idea promovida por Profesionales por la Ética y Hazte Oír. Vox no ha logrado materializarlo como quería en las comunidades en que ha sido clave: Andalucía, Madrid y Murcia, pero sí meterlo de lleno en el debate, demostrando que el PP está dispuesto a ceder en el tema. Murcia sí aplica una versión rebajada de esta herramienta, que alimenta la idea de que en las aulas públicas se instruye a los menores en una sexualidad antinatural.

El PP –antes de que Feijóo fuera su presidente, pero sin que haya dado el menor síntoma de desacuerdo– no sólo ha votado en contra, sino que ha recurrido ante el Constitucional la Ley de Eutanasia.

También han votado PP y Vox juntos en contra de la ley trans. En Madrid Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que la próxima legislatura cambiará la ley aprobada en 2016 con Cristina Cifuentes. El PP va hacia atrás en este tema. Feijóo también ha dicho que derogará la norma nacional si puede. Esto rompería lo que viene siendo una constante: el PP vota en contra de algunas normas polémicas para su base más conservadora–el matrimonio igualitario, por ejemplo–, pero una vez consigue una mayoría, no las deroga. Feijóo también ha prometido derogar las leyes del solo sí es sí, el aborto y la eutanasia.

"Invierno demográfico" y Valle de los Caídos

Ayuso es una figura ecléctica. Por un lado, se desmarca de Feijóo al defender que las adolescentes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno. Por otro, conecta con el tono de los sectores más corrosivos de este movimiento. Lo hace cuando presenta el aborto como un capricho propio de una sociedad inconsciente, igual que hacen Mayor Oreja y los suyos. Así dijo en octubre de 2021: "[El aborto] no se ha de celebrar como una fiesta [...] Muchas [...], como no ven alternativas, pues, venga, 'me lo quito de encima'".

La presidenta no complace a organizaciones como Hazte Oír, que le pide obedecer todo lo que exige Rocío Monasterio (Vox). Pero ofrece guiños como sus bromas con la transexualidad –como esa sobre su futura vicepresidenta "Enriqueta Ossorio"–, que considera una "moda". Además, es altavoz de numerosas líneas de discurso del lobby ultracatólico. Por ejemplo, su Ley de Patrimonio Cultural establece la protección del Valle de los Caídos, un fetiche de la derecha cruzada.

Tanto Vox como un sector del PP liderado por Ayuso están alineados con parte de las ideas de los "provida" sobre natalidad –se vincula el aborto con el "invierno demográfico"–, contra la Agenda 2030 o sobre la historia de España, nación narrada con nostalgia de su pasado de imperialismo católico en Latinoamérica. Referentes como Ayuso, Abascal o José María Aznar abanderan esta cruzada revisionista cebada por el boom del españolismo cultural y el éxito editorial de la teoría de la "leyenda negra", líneas de pensamiento de gran fuerza en el movimiento católico radical. Su alerta ante el ocaso de la "civilización occidental" es ya indiscutida en PP y Vox. Los discursos que alertan del peligro de la continuidad histórica de la nación si vuelve a ganar la izquierda se han oído en foros ultracatólicos antes de llegar a los partidos: "Sánchez o España".

Andalucía, presidida por el considerado adalid del ala moderada del PP, Juan Manuel Moreno, se erige como ejemplo la profundidad de los logros de la factoría católica radical. Durante la legislatura en que Gobierno dependió de Vox, la mayoría del partido de ultraderecha, PP y Cs introdujo medidas como el "teléfono de violencia intrafamiliar" o el encargo a asociaciones antiabortistas de la atención a embarazadas. Son medidas que siguen hoy, ya con la formación de Abascal en la irrelevancia parlamentaria.

España no está todavía como EEUU o de Brasil, donde los sectores integristas –en su caso, evangélicos– marcan casi al milímetro el rumbo de la derecha. Pero esos son los referentes del movimiento católico radical español, que ni deja de organizarse ni baja los brazos. Y que también tiene referentes cerca, como Hungría o Polonia, con agresivos planteamientos "provida" y "profamilia", que son del agrado de Giorgia Meloni en Italia. El propio entorno europeo demuestra que un revival nacionalcatólico es posible.

Una federación europea de organizaciones "provida". Una plataforma internacional contra el feminismo y por la mujer-madre. Una organización obsesionada con meter en las aulas el "pin parental". Otra inspirada por el ejemplo Isabel la Católica. One of Us, Women of the World, Profesionales por la Ética y Enraizados tienen mucho en común: su defensa de la llamada "familia natural" –es decir, del matrimonio heterosexual con hijos, lo "tradicional"–, su lucha por la financiación pública de la educación concertada católica –lo que llaman "libertad de educación"–, su reivindicación antifeminista del rol tradicional de la mujer, su beligerancia contra la izquierda...

Y dos rasgos más: uno, que son entidades registradas como lobbies en la UE, donde tratan de impulsar políticas en línea con su ideario ultracatólico; dos, que las organizaciones o bien son españolas o bien tienen como máximos responsables a figuras españolas del movimiento integrista.

El papel de estas cuatro organizaciones es indicativo de la ambición política del movimiento ultracatólico español, que tiene un creciente peso internacional y ha fijado sus ojos en las instituciones europeas. Felipe G. Santos, investigador postdoctoral de la Universidad de la Ciudad de Londres, explica por qué la UE es un escenario óptimo para el despliegue de este tipo de grupos: "A pesar de que la UE no tiene demasiadas competencias en temas de género y derechos de las mujeres, una práctica común entre los lobbies es intentar introducir sus temas en legislación que aparentemente no tiene mucho que ver con ello. Así, intentan limitar el apoyo a políticas de planificación familiar a través de las políticas de ayuda al desarrollo. Estas prácticas también se han hecho en la comisión de industria o de comercio internacional". Además, añade, la UE permite a este tipo de grupos "enterarse fácilmente de la evolución política en cada país en los temas que les interesan" e "incidir sobre ella, porque entre los eurodiputados hay mucha gente con gran influencia". La tercera ventaja de actuar en la UE es que permite "crear redes".

Santos y su colega Dorit Geva, catedrática del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Centroeuropea, ya alertaron en un reciente trabajo de las técnicas de penetración usadas por el movimiento contrario al feminismo y los derechos Lgbti en la Eurocámara. En su investigación analizaron el papel de 39 grupos, entre ellos One of Us y Profesionales por la Ética. "Los lobbies están ganando peso en la UE. Bruselas es la segunda ciudad en la que se destina más dinero a la incidencia política, después de Washington. Y dentro de esta tónica general, los lobbies ultras también están creciendo de manera considerable, gracias a toda la financiación que reciben tanto desde Rusia como desde EEUU. Desde 2013, los lobbies ultracatólicos no han parado de crecer tanto en número como en tamaño y profesionalidad", afirma Santos en una consideración general, no referida específicamente a los cuatro grupos que detalla este artículo.

infoLibre preguntó a las cuatro entidades por escrito detalles sobre actividad en la UE. Sólo respondió Profesionales por la Ética, que explicó que su actividad en Bruselas es "mínima" y tiene un coste de unos 3.000 euros anuales. "En estos años hemos mantenido relación con diversas asociaciones internacionales de perfil parecido al nuestro", señala la organización, que afirma que no ha celebrado reuniones con eurodiputados.

De las cuatro citadas, la organización con más peso político es One of Us, una federación europea de entidades "provida" –contra el aborto y la eutanasia–, a favor de la familia tradicional, contra la educación sexual y contra el reconocimiento de derechos de las personas Lgtbi. La integran un total de 48 entidades de 20 países europeos. España es el país que más aporta, un total de 17, entre ellas faros del activismo católico derechista como la Fundación Familia y Dignidad Humana –donde coinciden cargos del PP y Vox en rechazo del aborto incluso si hay violación–, Hazte Oír –con acreditadas conexiones con la órbita del Kremlin–, Valores y Sociedad –presidida por el exministro de Interior español Jaime Mayor Oreja–, Profesionales por la Ética –próxima a Hazte Oír y Abogados Cristianos–, Foro de la Familia y Red Madre –dos clásicos del movimiento provida–.

Figura como presidente de One of Us el propio Mayor Oreja, que junto a Ignacio Arsuaga –Hazte Oír-Citizen Go– es reconocido como una de las voces más autorizadas del movimiento católico radical a nivel internacional. Organización defensora del modelo político y social de Viktor Orbán en Hungría, One of Us tiene una firme vocación de influencia en la UE. Su propia sede está en Bélgica, concretamente en la localidad de Saint Ghislain. No obstante, su oficina de relaciones con la UE tiene domicilio en la madrileña calle Montalbán. La persona jurídicamente responsable de la entidad es también española: Ana del Pino, coordinadora de One of Us, responsable de las relaciones con la UE.

One of Us dedica ocho personas a actividades de presión ante las instituciones europeas, según figura en el registro. Allí señala que su "misión" es la defensa de "cada vida humana desde la concepción a la muerte natural". La entidad, que figura inscrita como lobby desde julio de este año aunque recoge actividades anteriores, señala como políticas objeto de seguimiento aquellas que pretenden la "legalización del aborto", así como las que implican la "experimentación" con células humanas. One of Us celebró en Bruselas en mayo una "convención por el futuro de Europa" centrada en el rechazo al aborto. También participó en un foro en Madrid en diciembre de 2021 organizado por Vox y el grupo de Conservadores y Reformistas, al que pertenece el partido de Santiago Abascal. One of Us se ha movilizado contra el llamado "informe Matic", que pretende garantizar el derecho al aborto. El lobby de Mayor Oreja colabora con la Comece, el grupo de presión de las diócesis europeas, al que la Conferencia Episcopal Española dedicó 130.000 euros en 2021. Ambos incluyen en sus acciones de lobby las reuniones con eurodiputados.

No se trata del único empeño organizativo de Mayor Oreja. Si One of Us es su iniciativa para cohesionar el movimiento "provida" y contra la "ideología de género" a escala europea, en Political Network for Values –donde es presidente de honor– se entrelazan políticos conservadores europeos con americanos del norte y el sur, compartiendo apoyo a las políticas de Orbán y de los Estados republicanos de EEUU. Por último, NEOS, también apadrinada por Mayor Oreja, intenta convertirse en un referente conservador en España, dotando de cohesión organizativa y discursiva al movimiento.

Con sede en Pozuelo de Alarcón, habitual de los listados de municipios más ricos de España, Women of the World (WoW) es una plataforma internacional de organizaciones que reivindican el rol tradicional de la mujer, oponiéndose a lo que llaman "feminismo radical". Se presenta como una red apoyada por 146 ONG de 47 países, que suscriben una declaración según la cual "en los países occidentales las mujeres son hoy discriminadas por su maternidad". Las organizaciones fundadoras son la española Profesionales por la Ética, la belga Woman Attitude y la francesa Femina Europa. Entre las asociadas está Citizen Go, rama internacional de Hazte Oír.

La coordinadora general y máxima responsable de WoW es Leonor Tamayo, que se presenta como "esposa y madre de diez hijos". "Eso es lo que realmente me define", dice. Se trata de una figura ya clásica del activismo católico español, donde lleva dando que hablar al menos desde 2007. Entonces tanto ella como su marido presentaron en el colegio de sus hijos, un concertado en Pozuelo, una declaración de objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. "La muestra de lo que va a ser la Educación para la Ciudadanía es que las organizaciones de homosexuales [...] acaban de recordar que esta materia escolar es importante como avance [...]", alegaba para justificar su insumisión. Tamayo fue en 2015 la anfitriona de un significativo homenaje: el brindado por Profesionales por la Ética, organización de la que proviene, a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados con Mariano Rajoy. Allí estaba la diputada del PP Lourdes Méndez, hoy en el Congreso con Vox y el miembro del partido con mayor peso en el lobby ultracatólico. Acudieron a aquel homenaje figuras hoy destacadas de Vox –entonces un partido marginal– como Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

La coordinadora general de WoW es tanto la persona jurídicamente responsable de la organización como la encargada de las relaciones con la UE, en cuyo registro de transparencia figura desde 2018. WoW, que dedica cuatro personas a tareas de lobby, se presenta en el registro de la UE como "la voz de las mujeres que hablan en términos de mujer". Su misión: "Evitar que desde las instituciones y organismos internacionales, o desde los gobiernos nacionales, se promulguen leyes o resoluciones que ignoren, anulen o desprecien la identidad femenina, el valor y la dignidad de la maternidad, o la dedicación prioritaria a la familia". También "devolverle a la mujer su verdadera y completa identidad, en complementariedad con el hombre". La entidad se declara con "interés" en iniciativas de la UE como el "compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019" o "plan de acción de género 2016-2020". Entre sus actividades cubiertas por el registro de la UE figuran un "informe sobre mobbing maternal o el "proyecto 1.000 maneras de ser mujer".

Profesionales por la Ética, además de pertenecer a Women of the World, es una organización registrada por sí misma como lobby en la UE desde 2014. Nacida en 1992 tras la IV Jornada Mundial de la Juventud en Czestochowa (Polonia), bajo la inspiración de Juan Pablo II, tiene entre sus fines combatir "la cultura de la muerte y la ideología de género". Es una de las organizaciones que más ha empujado para convertir el "pin parental" en un ariete de Vox. Ha estado vinculada a Profesionales por la Ética Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid.

Con sede –también– en Pozuelo, el presidente de Profesionales es el consultor Miguel Gómez de Agüero, que a su vez es la persona jurídicamente responsable de la entidad y su encargado de relaciones con la UE. La entidad, con dos personas dedicadas a trabajos de presión e influencia en la UE, se declara interesada en las políticas que tengan relación con los siguientes temas: "derecho a la vida, derechos de la familia, libertad de educación, protección del menor, libertad y objeción de conciencia profesional". Dentro de sus actividades como lobby ante la UE registra una campaña "contra las leyes autonómicas sobre la igualdad y no discriminación de LGTB", divulgación a favor del "pin parental" o "concienciación sobre la eutanasia".

Enraizados es una organización próxima a Hazte Oír, Profesionales por la Ética y la Asociación Española de Abogados Cristianos. Se trata de uno de los terminales más activos del movimiento, integrado tanto en Women of the World como en las plataformas Pin Parental y Los 7.000, esta última contra la eutanasia.

Su afán principal es defender los símbolos religiosos de toda ofensa, lo que ha llevado a Enraizados a denunciar a las activistas de Femen por su irrupción sin camiseta en una marcha católica, a recoger firmas contra la colocación de la conocida como "estatua del diablillo", en Segovia, y a lanzar campañas contra la exhumación de Franco, contra la posible expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y contra el hipotético derribo de su gigantesca cruz. He aquí otras campañas de Enraizados. "Firma: Metro de Madrid dará pases gratuitos a transexuales. ¿Por qué a ti y a mí no?". "Defiende la libertad religiosa y de expresión ante los ataques injustificados y totalitarios al obispo de Granada por publicar Cásate y sé sumisa". "PSOE y Podemos quitan la Misa de TVE. Pide al Defensor del Pueblo que defienda a los católicos".

Enraizados se declara inspirada por el legado de Isabel La Católica, cuya "reivindicación" es "la mejor forma de iluminar algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos". ¿Por qué? "En Isabel encontramos un ejemplo práctico del papel de la mujer, esposa, madre, trabajadora (como Reina)". La asociación imparte cursos de "doctrina social de la Iglesia" y "matrimonio, sexualidad y familia", porque "llegó la hora de devolverle a la sexualidad su contexto: ¡el del amor fiel y comprometido!". Al activismo contra el aborto y la eutanasia, contra el "lobby gay" y el "adoctrinamiento" en las aulas, Enraizados suma la glorificación del pasado español.

Con sede en Madrid, Enraizados está inscrita como lobby en la UE desde 2017. Su presidente es José Castro, jurídicamente responsable de la organización ante la UE ¿En qué políticas se interesa? En las que tienen que ver con la "libertad religiosa" en España y China, con la "migración", con la "solidaridad e integración de los refugiados", con la "libertad de educación", con la "defensa de los cuidados paliativos frente a la eutanasia", con la "defensa de la familia" y con la "protección de toda vida humana". Dentro de actividad como lobby, a las que dedica una persona, Enraizados ha desarrollado acciones como "peticiones por la defensa de la libertad religiosa, la libertad de educación y la defensa de la vida", la publicación del libro Hogares de amor y perdón y un estudio sobre "cristianofobia en Nigeria".

Si hiciéramos una "nube de tags", ese resumen visual en el que se ven más grandes las palabras más repetidas del discurso, destacarían "aborto", "lobby LGTBI", "tradición" y "familia", pero también aparecería –y no en pequeño– el término "impuestos". Y siempre, claro, para bajarlos. Hablamos del movimiento católico radical español, con una creciente veta ultraliberal que amplía su campo de conexiones y lo empuja a ver cualquier intervención del Estado en la economía –salvo excepciones como financiar la educación privada– como un ataque a la libertad e incluso a la familia o como un intento de comprar votos.

Un ejemplo del matrimonio entre lo moralmente ultraconservador y lo económicamente ultraliberal, fenómeno directamente importado de Estados Unidos, está en NEOS, la nueva organización aglutinante de referencia en España en esta familia. NEOS ha desarrollado, apoyándose en académicos y activistas conservadores, una extensa producción de contenido sobre los temas que le preocupan, como aborto, memoria histórica, ataques a la Corona y Agenda 2030. Su objetivo es construir un almacén argumental para la "batalla cultural" contra los valores progresistas. Pues bien, la pobreza brilla por su ausencia en el corpus de NEOS, que en cambio sí difunde un mensaje de Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los Legionarios de Cristo, ridiculizando el interés del Gobierno por la "pobreza menstrual". Es un discurso calcado del que lanza desde hace años la miríada de grupos integristas que ha logrado disciplinar al Partido Republicano en Estados Unidos: cualquier gasto o política que no encaje en lo "natural" –bajar impuestos a "familias" y "empresas"– es caricaturizado como un capricho ideológico.

Veamos mensajes de organizaciones de NEOS. Se trata de entidades que pueden ser adscritas a lo que en la primera legislatura Zapatero (2004-2008) se dio en llamar el movimiento "teocón", que aunaba un discurso beligerante en el terreno moral y visceralmente antiizquierdista en lo económico, todo ello bajo la protección de Antonio María Rouco Varela, cuyo legado sigue muy presente en un episcopado que se resiste a los empeños reformistas del papa Francisco.

Valores y Sociedad, dedicada a priori a temas morales, difunde mensajes de Rocío Monasterio y Francisco Contreras, de Vox, que logran vincular el discurso profamilia con la reivindicación de los impuestos bajos. Según estas tesis, son los impuestos lo que machaca a "las familias" y lo que impide a los jóvenes casarse y procrear, facilitando así la sustitución de la población local por la ajena a nuestros valores, es decir, inmigrante y sobre todo musulmana. Todo cuadra.

La disyuntiva que se presenta es esta: más impuestos o más familia. ¿Y cómo se paga entonces el Estado del bienestar? ¿Con qué se sufragan, por ejemplo, las ayudas a los más necesitados? La respuesta: no está claro que tal cosa sea tan necesaria. Quien con menos complejos lo ha dicho es Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros, que en 2020, en plena expansión del gasto social por el covid, planteó: "¿No se podría pensar en que todo aquel que está subvencionado por el Estado pierde el derecho a voto?". Y añadió: "No creo que la función del Estado sea ayudar a los más débiles. Los tenemos que ayudar la iniciativa privada, las empresas, las personas, las familias, la Iglesia, la caridad. ¿Desde cuándo el Estado tiene que ser el papá y la mamá?".

El propio Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, advierte del "riesgo del colectivismo y de una España tan subsidiada que no haya iniciativa", lo cual constituye "una base social" óptima para la izquierda.

Más. El Debate, el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), volcado en una remoralización de la sociedad, es en el terreno económico un surtidor de contenido business friendly. Es una constante en la argumentación de la ACdP: preocupa la decadencia moral, la pérdida de valores cristianos, el aborto y la eutanasia. Y preocupan –mucho– las recetas económicas de la izquierda.

Qveremos, también en NEOS, tiene esas dos almas: al derechismo duro en la batalla cultural –contra el aborto y la memoria histórica– se suma un discurso económico que firmarían las voces más anti-Estado del PP, Vox o Cs. En concreto, defiende las políticas de austeridad y recorte del gasto y presenta una propuesta de semiprivatización de las pensiones: "O cambiamos el modelo o España quiebra". ¿Qué tienen que ver el aborto no y el pensiones privadas sí? Sea mucho o poco, lo seguro es que aquí conviven en perfecta armonía.

Son varias las voces que se han revuelto contra el ingreso mínimo vital, una ayuda que ha probado capacidad de sobra para detonar inquietud en la derecha católica radical. Es el caso del Foro de la Familia, en este caso fuera de NEOS, para el que esta prestación alienta "el fraude y el pesebrismo".

Ignacio García-Juliá, presidente del Foro, habitualmente ocupado de su agenda provida y mudo sobre economía, rompió en este caso su silencio para reclamar que la ayuda fuera "temporal" y "siempre incentivando la búsqueda de trabajo".

Hazte Oír-Citizen Go no se limita a los autobuses tránsfobos y las acciones a las puertas de las clínicas de aborto. También alerta de la "ruina económica" a la que conduce a España el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de querer nacionalizar empresas y subir impuestos. Lo usual es que el conglomerado de Ignacio Arsuaga ponga como excusa para su discurso antiimpuestos el empleo de fondos públicos para algún fin supuestamente innoble. Son elocuentes las campañas en Citizen Go: "Ni un céntimo de mis impuestos para aborto". "Ni un céntimo de mis impuestos a organizaciones LGTBI". "Burlas a los cristianos: no con mis impuestos". "Con mis impuestos no se paga fiesta gay". "Que mis impuestos no paguen un Padrenuestro blasfemo" Pero no siempre hace falta una percha relacionada con sus temas fetiche. He aquí otras dos campañas de Citizen Go: "Sánchez, baje los impuestos del gas y la gasolina YA" y "Montero, baje el IVA de la luz". Hazte Oír ha apoyado incluso una campaña por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Tan alejada del cristianismo social como de los empeños reformistas del papa, Hazte Oír sí comparte en cambio la admiración por la riqueza propia de corrientes de influencia en la Iglesia española como la Teología de la Prosperidad, que incide en la bendición de aquellos que logran la riqueza y el bienestar. Citizen Go ha llegado a difundir una campaña para pedir el premio Príncipe de Asturias para Amancio Ortega, "ejemplo mundial de empatía".

La Fundación Civismo constituye un caso singular. Se presenta como un think tank en "defensa de la libertad personal bajo los principios del liberalismo clásico", como la "primacía del individuo", el "imperio de la ley", la "propiedad privada" y el "Estado limitado". Para ubicarlos ideológicamente, son útiles algunos nombres propios. Isabel Díaz Ayuso recibió en 2021 el "Premio Sociedad Civil" de la fundación por "su valor cívico encomiable" durante la pandemia. Civismo da cobertura a actos de Rosa Díez, de la ya extinta UPyD, Fernández-Lasquetty, Cayetana Álvarez de Toledo –también galardonada por la fundación– o Beatriz Fanjul, todos ellos del PP.

Pero junto a las citas de Montesquieu, Locke y Jefferson, hay conexiones con grupos dudosamente liberales. Cuando en 2016 nació la Plataforma por las Libertades para combatir las llamadas "leyes LGTBI" por "favorecer de manera discriminatoria al colectivo LGTBI", Civismo se sumó a la iniciativa junto a Hazte Oír, Profesionales por la Ética, Enraizados y Tomás Moro, como recogió la información de Actuall, medio de cabecera de Hazte Oír, y la propia cuenta de Twitter de la plataforma.

Juan Félix Huate, vicepresidente de Civismo, es uno de los impulsores de NEOS. Otras entidades destacadas por sus posiciones económicas de neoliberalismo duro como El Club de los Viernes, el Instituto Juan de Mariana y la Red Floridablanca, todas ellas vinculadas a la Fundación Civismo, también dan amplia difusión a discursos antiabortistas. No es exagerado hablar de una pauta.

infoLibre trató de recabar el punto de vista de la Fundación Civismo, sin respuesta.

Es colaborador de Civismo Agustín Laje, un popular polemista de la derecha argentina, autor de títulos como El libro negro de la nueva izquierda o La batalla cultural. Se define como "una especie de minarquista", es decir, partidario del Estado mínimo. Ojo, no es un anarcocapitalista, porque el Estado no debe desaparecer, sino existir como garante de la "seguridad jurídica" del mercado. En lo moral-cultural, el incorrecto Laje rechaza "el relativismo" y "otros engendros". ¿En qué se traduce esto? En lo de siempre: en una reivindicación de la tradición y una oposición total al aborto. En 2019 Hazte Oír lo premió por sus méritos en la "batalla cultural". Laje se formó en la Universidad de Navarra, del Opus, que él ve "la línea más afín al libre mercado" en la Iglesia.

Un ejemplo aún más extremo de esta dualidad lo encarna el economista Javier Milei, imitador en fondo y forma de Donald Trump en Argentina, que pretende presentarse a las presidenciales de 2023. Milei, tan ultraliberal como Laje, afirmó en el reciente acto de Vox Viva 22 que la mera idea de "justicia social" es "violenta" porque supone "quitarle a uno para darle a otro". Su entusiasmo por la "libertad" económica llega a tal punto que defiende la venta de órganos como "un mercado más" y responde "depende" cuando le preguntan si vería aceptable la compraventa de bebés. ¿Y el aborto? Eso no. El aborto es un "asesinato", dice Milei. La frontera de los ultraliberales económicos está en la agenda provida. La frontera de los ultraconservadores morales está en los impuestos bajos.

Laje y Milei no han llegado al relieve adquirido en Chile por José Antonio Kast, candidato presidencial –hasta ahora fracasado– de la extrema derecha que no oculta sus simpatías por el pinochetismo, sobre todo en lo económico. Pues bien, al mismo tiempo Kast es presidente de Political Network for Values, una red de políticos cristianos que tiene como modelos a seguir a Viktor Orbán en Hungría y los Estados republicanos de EEUU que están aprobando leyes ultrarrestrictivas sobre el aborto. El aborto a juicio de Kast es "derecho a matar". Es un pensamiento similar al hegemónico en Vox y un sector radicalizado del PP encabezado por el senador Javier Puente. Jair Bolsonaro, en Brasil, es otro producto –y productor– de esta visión de la sociedad: cero intervención económica, máxima intervención moral.

Todo viene, por supuesto, de Estados Unidos. Nuria Alabao, doctora en Antropología e investigadora que ha profundizado en la historia de las luchas ideológico-culturales, pone perspectiva sobre el asunto. En los años 70, neoliberales y conservadores encuentran una causa común contra las "luchas antinormativas" de la izquierda, cuya reivindicación del fin de la discriminación por género, orientación sexual o raza llevaba aparejada una "ampliación del gasto social", explica Alabao autora en Ctxt. La confluencia de las dos familias de la derecha estaba servida. Una rechazaba la igualdad de derechos, otra el gasto público.

La consistencia de esta alianza se prolonga hasta hoy, encarnada en un trumpismo tan ardiente en su desconfianza hacia el Estado como en su intransigencia religiosa. Un personaje poco conocido en España que lleva cuarenta años sembrando ese terreno es Allan Carlson, un historiador putinófilo que puede considerarse padre del Congreso Mundial de Familias, el evento que celebró edición en México hace dos fines de semana y en el que participó Tamara Falcó. Carlson martillea desde los 80 con el argumentario anti-LGTBI y antifeminista y al mismo tiempo contra los impuestos, otra cara más del Mal. El porqué está en la Declaración de Praga, publicada con motivo del primer Congreso Mundial de Familias, hace ya 25 años: los "sistemas fiscales" tienden a "debilitar la vida familiar". El dogma sigue vigente.

Discursos como este forman parte del ADN del Tea Party y han contribuido a convertir a Donald Trump, un empresario bajo sospecha fundamentada de evasión de impuestos que colecciona denuncias de acoso sexual, en una inspiración para la derecha evangelista en teoría más rigorista en cuanto a la conducta. La conclusión es que el consenso antiimpuestos actúa para la derecha ultrarreligiosa como un pegamento más eficaz que la virtud.

Así que no es casual que la derecha católica en auge en Europa, desde Viktor Orbán a Giorgia Meloni pasando por Marine Le Pen o –el ahora no tan en auge– Santiago Abascal, exhiban más sintonía en "valores" con Trump que con el papa. Es más, para los sectores más radicalizados del evangelismo en EEUU, con el ejemplo extremo de los seguidores de QAnon, Francisco es un traidor.

El caso del pontífice en España es más que llamativo. El trato que le dispensa la derecha católica dura oscila entre la indiferencia y la crítica más o menos velada. La causa es evidente y explica también el desdén hacia el papa de las extremas derechas en toda Europa, como ha observado el politólogo Pablo Simón: las prioridades del pontífice han sido la denuncia de las causas económicas de la pobreza y de la indiferencia ante el sufrimiento del migrante. Es decir, temas ajenos a la agenda integrista.

El idilio entre la cruz y el neoliberalismo en España es congruente con el carácter de la jerarquía católica española, que no sólo es conservadora en lo moral, sino también presa de una histórica aversión al izquierdismo en el terreno económico. Su más perfecto alineamiento con Roma fue con Juan Pablo II (1978-2005), que articuló su papado en torno al anticomunismo. La principal aportación del Opus a la Iglesia en el último siglo ha sido el Opus, síntesis de integrismo religioso y ambición económica. La propia Iglesia tiene uno de sus mayores focos de influencia en las escuelas de formación de élites del Opus y la Compañía de Jesús. No puede extrañar que la Conferencia Episcopal, escéptica ante las líneas estratégicas del papa, salude en cambio con "esperanza" el nacimiento de NEOS y lo presente como ejemplo de la doctrina social de la Iglesia.

El maridaje teocón no sorprende a Román Cuesta, autor del capítulo sobre radicalismo religioso del informe De los neocón a los neonazis, que no lo ve exclusivo del catolicismo integrista, sino propio de toda una corriente de la derecha social. "Dentro del espectro ideológico de seguidores de Vox y el PP, uno de los grupos más combativos es el de los seguidores de Milton y David Friedman, anarcocapitalistas, herencia de la coyunda con los grupos norteamericanos de esta ideología, fervientes seguidores de Trump. En España apoyan a Ayuso y Abascal", señala Cuesta, que afirma que esta corriente acaba relacionada con los "grupos cristofascistas" a través de la "batalla cultural" en defensa de "la familia".

"Dios te va poniendo a los que te pueden ayudar en el camino", filosofa Tamara Falcó, que alerta al público de que vivimos "un momento muy complicado para la humanidad". ¿Por qué? "Hay –desarrolla– tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal". Es en conjunto un mensaje confuso, poco concluyente. Pero algo queda claro: Falcó, ponente en el Congreso Mundial de Familias –WCF, por sus siglas en inglés– celebrado el pasado fin de semana en Ciudad de México, despertó el entusiasmo de las masas. "Ha nacido una estrella ultraconservadora", titulaba El País, que contaba cómo Falcó, invitada en calidad de "marquesa de Griñón, influencer y conductora de televisión", salió "aclamada" tras quebrarse al tocar el espinoso tema de una reciente "infidelidad", la que tanta atención ha concitado.

El tirón mediático, la sonrisa perfecta y el pelo impecablemente recogido de Falcó se han convertido en el gancho, el reluciente neón del WCF. Pero detrás, en la trastienda, hay algo más oscuro: una miríada de grupos fanáticos que usan esta cita para coordinar a escala global su estrategia discriminatoria contra el aborto y los derechos Lgtbi. No es una cita cualquiera. El WCF, en cuyo nacimiento y desarrollo fue crucial la aportación rusa, es la cumbre entre las cumbres de la derecha cristiana radical.

Human Rights Campaign, citado con frecuencia como el mayor lobby a favor de los derechos Lgtbi en EEUU, considera al WCF como la "más influyente organización implicada en las políticas anti-Lgtbi en todo el mundo". Literalmente, lo llama "exportador de odio". "Gracias a sus conexiones, a su retórica y a su voluntad de asociarse con activistas radicalmente homófobos y transfóbicos, ha tenido una influencia desmesurada", anota HRC en un informe de 2015. Y añade: "Ninguna otra organización ha tenido un impacto tan negativo en los derechos Lgtbi a nivel mundial". HRC ve especialmente censurable su apoyo a leyes contra los Lgtbi en países de África donde estas personas son ya "detenidas y asesinadas". El Southern Poverty Law Center, una organización en defensa de los derechos civiles en EEUU, considera al WCF un "grupo de odio".

¿Qué es en detalle el WCF? Se trata de un congreso convocado por la Organización Internacional para la Familia –IOF, en inglés–, con sede en Illinois (EEUU), que lucha para evitar la igualdad de derechos y reconocimiento entre la "familia natural" y el resto, es decir, para situar en inferioridad a las personas Lgtbi. La meta del WCF, según su promotor, es unir "líderes, organizaciones y familias" de todo el mundo para "defender la familia natural como la única unidad fundamental y sostenible de la sociedad". Ojo, la "única". El resto, no.

El congreso suma 25 años y 14 ediciones. La primera cita fue en Praga en 1997. Luego ha tenido lugar en Ginebra (1999), Varsovia (2007), Amsterdam (2009), Madrid (2012), Budapest (2017) y Verona (2019), entre otras ciudades. El presidente, tanto del WCF como del IOF, es Brian Brown, un señor que considera a Putin un ejemplo en políticas de familia. Aunque aún no llega a los 50 años, Brown es un veterano del lobby cristiano radical. Lleva más de veinte años fundando y/o presidiendo entidades, que le han ido sirviendo de ariete y altavoz. Además del IOF y el WCF, ahora también lidera la influyente Organización Nacional para el Matrimonio. Un colaborador de Brown el IOF es Rob Siedlecki, también ponente en México DF, que fue alto cargo en la Administración Trump y defiende que el "orgullo" gay es "un ataque directo al cristianismo". Tal cual.

Uno de los frentes por los que ataca Brown es el judicial, intentando frenar las leyes que ve contrarias al orden "natural". Por eso causó polémica la publicación en 2019 de una foto en la que aparecía junto a dos jueces conservadores del Supremo, justo cuando el tribunal tenía entre manos varios casos de derechos Lgtbi. Al hilo de la polémica, la periodista de The New Yorker Masha Gessen escribió: "Brown [...] cree que las personas Lgtb no tienen derecho a la protección contra la discriminación laboral [...]. De hecho, es peor que eso. Brown cree que [...] no deberían existir. Lo sé porque me lo dijo".

En la foto, dentro del tribunal, también aparecían Gloria von Thurn und Taxis, aristócrata alemana y activista anti-Lgtbi, y Gerhard Ludwig Müller, un cardenal alemán que afirma que la Iglesia está carcomida por una "red homosexual", a la que culpa de la pederastia. Tanto Müller como Von Thurn und Taxis han sido speakers en el congreso [La palabra "speaker" es la que usa el WCF, incluso cuando se expresa en español. Todo lo que le dé aire moderno es bienvenido].

Aunque con base en EEUU, el IOF tiene como propósito la expansión internacional de su ideario. Para ello convoca el WCF. Y para ello publica The natural family, una revista para martillear con el ideario integrista. También ha lanzado iFamNews, que quiere ser el mayor medio "verdaderamente global" profamilia y provida. Ya se publica en ocho idiomas, entre ellos español y ruso.

iFamNews tiene secciones de "Familia", "Vida" o "Ciencia", donde se encuentran artículos como estos: "La OMS juega a ser Dios" o "Lo que no te cuentan del cambio climático". Aquí se afirma: "[En la ONU] utilizan la ecología para introducir los nuevos derechos del 'aborto libre y gratuito' y de los nuevos estilos de vida Lgtbi". Eso es el IOF. Eso hay tras la fachada de charla Ted y el tono entre motivacional y redentorista.

La vocación global de Brown lo ha llevado a trabajar codo a codo con los dos españoles de mayor estatus en la derecha cristiana radical a nivel mundial: Jaime Mayor Oreja e Ignacio Arsuaga. En relación con el primero, Brown es parte de la junta directiva de Political Network for Values (PNfV), una organización nacida en 2014 a iniciativa del exministro del Interior para ser "plataforma global de políticos y líderes a nivel mundial".

Del mismo modo que el WCF culmina el trabajo del IOF, las "cumbres transatlánticas" son la guinda de la tarea de PNfV. Ambas citas tienen algo en común: se han celebrado en Hungría, un país cuyo primer ministro, Viktor Orbán, es objeto de veneración por los máximos responsables de los dos grupos. No en vano, el IOF, convocante del WCF, fue patrocinador junto al Gobierno húngaro de una cumbre en mayo de este año en el país magiar en defensa de las leyes prohibicionistas sobre el aborto de los Estados republicanos de EEUU. En la cita estuvieron representados Vox y el PP.

Brown coincide en la directiva de PNfV, además de con Mayor Oreja, con tres popes de la causa cristiana radical que a su vez han figurado como ponentes en el programa del WCF de México. La primera es Sharon Slater, presidenta de Family Watch International (FWI), fundada en 1999 para presionar contra una supuesta epidemia de "promoción de la homosexualidad" y oponerse al aborto, al control de la natalidad, al sexo antes/fuera del matrimonio y al uso del condón. En el punto de mira de FWI está la ONU, acusada de alentar la homosexualidad y el aborto en todo el mundo. FWI es promotora de la campaña Stop CSE, contra la educación sexual y en defensa de la "guerra contra la niñez". El discurso emparenta la homosexualidad con la pedofilia.

El Southern Poverty Law Center, una organización en defensa de los derechos civiles en EEUU, considera a FWI un "grupo de odio" por usar la "pseudociencia" para argumentar que la homosexualidad es un "trastorno mental" sanable con "terapia". Es el tipo de mensaje que FWI defiende no sólo en EEUU, sino también en África. Una de sus dirigentes en el continente africano ha sugerido que la organización terrorista Boko Haram "podría estar conspirando" con el lobby Lgtbi "para atacar a los cristianos", según ha alertado el Southern Poverty Law Center. En casa, en EEUU, donde FWI tiene base en Arizona, Slater y sus soldados apuntan los cañones contra la "teoría crítica de la raza", que trata de explicar la historia de EEUU en base a las desigualdades raciales.

Otro nombre en el programa del Congreso Nacional de Familias que comparte directiva con Brown en PNfW es Rodrigo Iván Cortés, que comanda el Frente Nacional por la Familia, una entidad que nació de la mano de Citizen Go 2016 en como respuesta a las políticas del entonces presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, como introducir la diversidad sexual en los contenidos educativos.

A Brown, Slater y Cortés se suma, en su doble condición de conferenciante en México y de miembro de la dirección de PNfV, Ignacio Arsuaga. Brown es un admirador del presidente de Hazte Oír y Citizen Go. "Necesitamos cientos de Ignacios Arsuaga", declaraba en 2016. El presidente del WCF figura como miembro del patronato de Citizen Go, la rama global del conglomerado de Arsuaga. El Foro Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos –EPF, por sus siglas en inglés–, en un informe de 2021 titulado La punta del iceberg, vincula la presencia en Citizen Go de Brown con el compromiso de aportación anual de 50.000 euros.

Citizen Go es una organización clave en el WCF, del que es convocante junto al IOF. Arsuaga lleva más de una década relacionado con el WCF. En 2010 el activista español –formado como agitador en el Instituto Phoenix, precisamente en Arizona– recibió el encargo de participar en la organización en Madrid del Congreso Mundial de Familias, que finalmente tuvo lugar en 2012, como detalla el investigador Román Cuesta, especializado en movimientos de la derecha integrista, en el informe de 2021 De los neocón a los neonazis. Cuesta atribuye al WCF de Madrid de hace una década un papel fundamental para dar el "último impulso" a Citizen Go, que nació en 2013, el mismo año que Vox. Arsuaga ha sido desde entonces un habitual de las distintas ediciones del WCF.

Arsuaga conduce a su vez a la pista rusa. Como reveló infoLibre, en Citizen Go ha figurado como patrono –junto a Brown– el propagandista del Kremlin y de la Iglesia ortodoxa Alexey Komov, con contactos en la élite económica rusa. Komov, que ha defendido que la homosexualidad es un "pecado", ha actuado como nexo entre Hazte Oír y el oligarca y financiador del movimiento antifeminista Konstantin Malofeev, sancionado por aportar dinero a fuerzas prorrusas en Ucrania. Arsuaga llegó a solicitar 100.000 euros a Malofeev, como ha acreditado Wikileaks.

El informe de 2015 de Human Rights Campaign era incisivo en la denuncia de los "estrechos" y "profundos" vínculos del WCF con el régimen de Putin y la Iglesia ortodoxa rusa. De hecho, HRC asegura que el congreso ha contado con apoyo económico de la oligarquía rusa. El informe vincula al WCF con Rusia desde sus orígenes, concretamente a partir de un viaje en 1995 a Moscú de Allan Carlson, un destacado pensador de la derecha integrista estadounidense, que se citó allí con Anatoly Antonov y Victor Medkov, ambos profesores de Sociología de la Universidad Estatal Lomonosov. Como dijo Falcó, "Dios te va poniendo a los que te pueden ayudar en el camino". Así que los tres –Carlson, Antonov y Medkov–, de acuerdo en la idea de que el feminismo y la homosexualidad eran culpables de una grave crisis demográfica, concibieron una conferencia internacional de activistas "provida", lo que fue el origen Congreso Mundial de Familias, explica HRC.

El investigador Román Cuesta añade que Anatoly Antonov, en calidad de "cofundador del WCF", se convirtió en "líder intelectual de las fuerzas anti-gay de Rusia", lo que le asigna una alta responsabilidad en la legislación discriminatoria impulsada por el régimen de Putin. Su sucesor como representante en el WCF de Rusia –añade Cuesta– fue Alexey Komov, al que HRC atribuye la preparación del Congreso Mundial de Familias en Rusia en 2014, que finalmente se suspendió tras la anexión de Crimea. No obstante, aquel conflicto no puso fin al culto a Putin en significativos sectores de la derecha cristiana radical estadounidense, incluido el WCF. En 2020 Brian Brown aún defendía, pese a su declarado "amor a Ucrania", que Putin había hecho "mucho bien en temas de familia". En la edición mexicana del WCF no ha habido ya rastro de Rusia. Invadir Ucrania ha sido demasiado, incluso para estómagos fuertes.

Además del IOF (Brown) y Citizen Go (Arsuaga), son convocantes del Congreso Mundial de Familias entidades mexicanas como Red Familia, Familia Unida, Juntos por México y Unión Nacional Cristiana. A nadie puede sorprender la potencia del movimiento católico ultraconservador en México, el país de los Legionarios de Cristo –que ha aportado tres participantes– y cuna El Yunque, la organización sectaria y secreta de la que ya nadie quiere acordarse, y de la que no consta vinculación directa con el congreso.

infoLibre contactó con el WCF, con el IOF y con FWI, sin respuesta.

La invitación a Falcó forma parte de una estrategia del WCF para lucir modernidad y atractivo para los jóvenes. Buena parte de su programa estaba orientado a la juventud. A primera vista, por puesta en escena, la cita mexicana más podría parecer una conferencia de coachers que de integristas. La nómina de ponentes es indicativa de las diferentes capas y registros de un movimiento que no quiere llegar sólo a los convencidos, aunque tampoco se permite perder a ninguno de estos con cesiones ideológicas. Y ello sin descuidar la relación con el gran empresariado y con la propia jerarquía católica.

Entre asesores de Trump, representantes del empresariado mexicano y altos dignatarios de la Iglesia –sobresaliendo entre ellos el arzobispo primado de México–, se cuelan en el programa psicólogos, "terapeutas espirituales", creadores de "contenido positivo", conferenciantes/predicadores, consultores familiares e incluso algún defensor de la castidad...

En medio de esa miscelánea apareció Falcó. Ella puso la foto y el gancho mediático. Pero el contenido ideológico duro y la orientación estratégica eran cosa de otros. Por ejemplo, del mencionado Allan Carlson, al que se puede considerar uno de los padres del WCF y que hoy es una eminencia en el avispero integrista. No tiene la chispa de Falcó, pero habla más claro. "Los niños criados dentro del matrimonio natural –dice desde el escenario del WCF– serán más saludables, brillantes, trabajadores, honestos, obedientes y ecológicamente responsables que aquellos criados en otros entornos".

El aplauso no es tan entusiasta como a Falcó. Pero es que Carlson, Brown, Slater y Arsuaga y otros muchos no quieren un aplauso efímero, aspiran a cambiar pacientemente las mentes para cambiar el mundo.

El radicalismo antiabortista, ya hegemónico en Vox, avanza entre los sectores más conservadores del PP, creando lazos entre los dos partidos. El movimiento provida, que en su vertiente más extrema aplaude las "leyes de latido fetal" de Estados Unidos, incluidas las que prohíben abortar en caso de violación, se ha erigido en un fértil terreno de colaboración de ambas formaciones. La dirección de Alberto Nuñez Feijóo no desautoriza las posiciones más duras en el PP. El panorama hace prever un duro enfrentamiento en el eje izquierda-derecha en torno a la reforma de la legislación del aborto que prepara el Gobierno.

El partido más radical sobre la interrupción del embarazo es Vox, que va más allá de la defensa de la derogación de la actual ley y propone "suprimir" el aborto de la sanidad pública junto a las operaciones de "cambio de género".

El antiabortismo radical es un rasgo que Vox usa para diferenciarse del PP y atraer voto ultraconservador desde 2014, cuando la ley impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón y frenada por Mariano Rajoy afloró las dos almas del partido. Aquella crisis provocó la formación de un grupo de al menos nueve parlamentarios díscolos en el PP, entre ellos Lourdes Méndez Monasterio, hoy portavoz de Vox en las comisiones de Derechos Sociales y de Igualdad en el Congreso, la representante que pronuncia el discurso más rigorista que puede oírse en las Cortes Generales.

Méndez Monasterio es partidaria de sancionar a los médicos que practiquen abortos. También es la diputada que más insiste la idea de defender la vida "desde su concepción", el tipo de discurso popularizado entre las bases evangélicas del Partido Republicano de EEUU que ha inspirado las leyes más duras. Entre estas, destacan las de "latido fetal". Se trata de normas para prohibir el aborto desde que puede detectarse actividad cardiaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas. La ley Texas, considerada una de las más duras, no fija excepciones en caso de violación o incesto. Pues bien, no escasean en Vox los entusiastas de estas leyes.

El diputado Francisco Contreras es un activista a favor de las "leyes de latido fetal", señaladamente la texana.

Contreras expresa su deseo de que la sentencia del Supremo de EEUU "permita que los Estados prohíban el aborto". El diputado también defiende la restrictiva legislación polaca, a pesar de que el Parlamento europeo considera que su "hace peligrar la vida de las mujeres". Otra defensora de la ley de Texas es la diputada Rocío de Meer, para quien dicha norma pone a aquel Estado norteamericano "camino de la civilización".

infoLibre preguntó a Vox si defienden la implantación de una "ley de latido fetal" como las que aplauden sus responsables en EEUU, sin respuesta.

También en el Congreso sobresalen por su beligerancia los diputados Carla Toscano, que considera el aborto un "crimen", y José María Sánchez, que llamó en el hemiciclo "bruja" a una representante socialista que defendía la reforma del Código Penal para castigar el hostigamiento a las embarazadas a las puertas de las clínicas de aborto.

Precisamente una histórica del activismo a las puertas de las clínicas es la diputada la Asamblea de Madrid Gádor Joya, defensora de las "leyes de la latido fetal" y concretamente de la de Texas, que quiere traer a España.

Joya, pediatra de trayectoria vinculada a Hazte Oír, ha practicado ecografías ante las clínicas para que las mujeres escuchen el latido de los embriones. Es uno de los puntales "provida" de Vox junto a sus compañeras Rocío Monasterio y Alicia Rubio, teórica contra la "ideología de género" que llamó a unas feministas defensoras del derecho al aborto "homicidas por diversión" y que "en ningún caso" está a favor del aborto, tampoco si hay violación. El primer vicepresidente de un gobierno autonómico de Vox, Juan García Gallardo, de Castilla y León, afirmaba en 2013 que el aborto era "el holocausto del siglo XXI".

Vox ha utilizado además su presencia en los parlamentos autonómicos para reabrir el debate sobre el aborto. En la Región de Murcia el grupo de Vox presentó en octubre de 2021 una iniciativa para cambiar los protocolos de aborto y que incluyan que la mujer vea antes la ecografía en 4D –en movimiento– del feto y escuche los latidos de su corazón. En Andalucía Vox eligió en 2018 un candidato, Francisco Serrano –hoy fuera del partido al estar investigado por un caso de posible fraude–, que considera que decir "aborto seguro" es como decir "Holocausto bien planificado".

El partido de Abascal llevó al Congreso en septiembre de 2021, concretamente a la Comisión de Derechos Sociales, a Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida. El diputado Contreras mostró su entusiasmo por el "histórico" acontecimiento que protagonizó Latorre al mostrar fotos de gran tamaño de fetos sanguinolentos.

Entonces, ¿es el antiabortismo radical materia exclusiva de Vox? En absoluto. Como ha publicado infoLibre, al menos siete políticos en activo del PP pertenecen a la dirección de la fundación Familia y Dignidad Humana, que rechaza el aborto incluso en caso de violación al apoyar las "leyes de latido fetal" de los Estados más conservadores de EEUU. Figuran en la dirección el senador Javier Puente, presidente de la fundación, otros dos senadores y el portavoz adjunto en el Congreso, José Ignacio Echániz. A ellos se suman dos altos cargos de la Comunidad de Madrid. En la dirección aparecen el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la secretaria general del PP de Madrid, Ana Comíns. Lo que más abunda en la dirección de Familia y Dignidad Humana son antiguos representantes del PP en las Cortes. Ahí están los exsenadores Gari Duran (vicepresidenta), Luis Peral (secretario), Beatriz Elorriaga y José Ignacio Palacios. Y también los exdiputados Ángel Pintado (tesorero), José Eugenio Azpiroz, Antonio Gutierrez Molina y Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior y está ahora implicado en el caso Kitchen.

El senador Puente, presidente de la fundación, se muestra como un entusiasta de las "leyes de latido fetal" impulsadas por el Partido Republicano y por las políticas provida de los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Polonia. El consejero de Transportes de Madrid, David Pérez, directivo también de Familia y Dignidad Humana, es otro de los que apoyan la ley del aborto de Texas. Puente es además miembro del consejo asesor de Political Network for Values, una organización internacional de políticos de la derecha cristiana que hace activismo a favor de las "leyes de latido fetal". También forma parte de Political Network for Values Ignacio Arsuaga, presidente de Citizen Go y Hazte Oír, organizaciones que defienden en España una legislación siguiendo el ejemplo texano.

Cristina Fabre, miembro del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), considera que tanto la prohibición del aborto cuando hay latido fetal como la obligación de que la madre lo escuche antes de abortar son propuestas "minoritarias" en las sociedades europeas, pero que alcanzan fuerza política por "la insistencia de posiciones ultraconservadoras" que imitan al derechismo radical de Estados Unidos. Dicha imitación, afirma, ya se ha producido con la "negación de la violencia de género". Añade Fabre que se trata de un fenómeno que hay que tomar "en serio", porque estas ideas son impulsadas por una "red de asociaciones" que jamás dejan de presionar. "Ocurre igual con la violencia de género. Su negación puede parecer muy marginal, pero en España ya hay leyes en marcha", afirma, en referencia a la norma de "violencia intrafamiliar" pactada en Castilla y León por el PP y Vox.

El PP practica cierta ambigüedad. El aborto no es un tema cómodo, porque divide a sus cuadros y a sus bases. La salida de parlamentarios antiabortistas entre acusaciones de traición a las esencias que se produjo tras la retirada de la ley de Gallardón debía en teoría aportar homogeneidad, pero lo cierto es que sigue habiendo integrantes con visiones radicales, difícilmente distinguibles de las de Vox.

De hecho el antiabortismo es un espacio en el que ya trabajan juntas destacadas figuras del PP y Vox. La directiva de la Fundación Familia y Dignidad Humana es un ejemplo. Junto a una pléyade de políticos en activo o retirados del PP figuran en su dirección Méndez Monasterio y Rocío Monasterio, ambas de Vox. Y no es el único punto de encuentro.

Desempeña un papel destacado como intersección Jaime Mayor Oreja, un referente de la derecha cristiana radical no sólo en España, sino a nivel internacional, en calidad de presidente de la Fundación Valores y Sociedad, de la federación europea de asociaciones One of Us y de Political Network for Values (en este caso presidente de honor). Además, es portavoz de la plataforma católica antiabortista NEOS.

Valores y Sociedad, que defiende las "leyes de latido fetal", tiene en su patronato a Francisco Contreras (Vox) junto a históricos del PP como María San Gil o Eugenio Nasarre, exdiputado y patrono de la Fundación FAES. A ellos se suman los exparlamentarios Luis Peral, Ángel Pintado y Gari Durán, los tres a su vez dirigentes de Familia y Dignidad Humana.

Otro espacio de encuentro es la Fundación Villacisneros, en cuya dirección coinciden Mayor Oreja, María San Gil, Esperanza Aguirre y los eurodiputados Hermann Tertsch (Vox) e Isabel Benjumea (PP). Esta última, Benjumea, despliega un duro discurso antiabortista según el cual la interrupción del embarazo es la "vía fácil". "No, Europa no puede apostar por la muerte", afirmó en enero en el Europarlamento en un discurso contra la inclusión del aborto en Carta de Derechos de la UE. Benjumea no es un verso suelto. El PP se ha opuesto en la Cámara europea a garantizar el aborto como derecho (junio de 2021) y a condenar la legislación de Texas (octubre de 2021). En este caso, los españoles del grupo de los Populares votaron en contra, pese a que en total unos 50 de esta familia política votaron a favor o se abstuvieron.

La fundación a la que pertenece Benjumea, Villacisneros, es una de las asociaciones antiabortistas más activas de España, defensora de la vida "desde la concepción" y habitual convocante de manifestaciones provida. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, participó en febrero en el Senado en el evento Por la Vida y la Libertad, en rechazo a la reforma del Código Penal para castigar el hostigamiento a las puertas de las clínicas. Participaron en el evento los parlamentarios Jacobo Robatto y Javier Puente (PP), entre otros. Otra vez, PP y Vox unidos en la causa antiabortista.

¿Qué posición concreta tiene la dirección de Feijóo? infoLibre lo preguntó a través del equipo de prensa, sin respuesta. Al hilo de la información sobre la fundación Familia y Dignidad Humana, una periodista le preguntó este martes a Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, por la postura de su grupo y su dirección. La postura, respondió, "es clara y es la que hemos mantenido siempre". No dio detalles.

Feijóo no se adherido durante su trayectoria a las posiciones más duras sobre el aborto. En 2014 llegó a expresar su temor ante la posibilidad de que con la ley de Gallardón las mujeres españolas tuviesen que volver a salir del país para abortar. Este miércoles no entró al fondo del debate después de que se conociera el borrador de la reforma del Gobierno. Lo que hizo fue señalar que es un borrador aflorado por el Ejecutivo para tapar la crisis por las escuchas con Pegasus.

Lo cierto es que Feijóo, al margen de un discurso sin estridencias, llega al liderazgo de un partido donde se han ido abriendo paso posiciones duras. ¿Mayoritarias? No, al menos a tenor de las declaraciones públicas. Pero sí asentadas. Es más, el anterior presidente, Pablo Casado, coqueteó con discursos difíciles de escuchar en Mariano Rajoy. "A favor de la vida sin complejos", Casado defendía que las mujeres que fueran a abortar "sepan lo que llevan dentro" para "conocer" que ya es "una vida autónoma". Pretendía derogar la ley de José Luis Rodríguez Zapatero y volver a la de Felipe González, la de supuestos, incluso aunque el Constitucional avalase la norma.

Isabel Díaz Ayuso coincide con Casado en que el aborto un tema explotado de forma "sectaria" por la izquierda. La presidenta madrileña, sin haber sido clara sobre qué modelo defiende, suele realizar declaraciones explosivas sobre el tema, sacando el aborto del ámbito de los derechos para presentarlo casi como un capricho en una sociedad inconsciente. Así dijo en octubre de 2021: "[El aborto] no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación [...]. Cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales [...], que lo venden como una fiesta, como una celebración, me parece que es horroroso [...] Muchas mujeres son empujadas a hacerlo y muchas veces, como no ven alternativas, pues, venga, 'me lo quito de encima'".

Siete parlamentarios, altos cargos y dirigentes autonómicos del PP forman parte de la cúpula de una fundación española que rechaza el aborto incluso en caso de violación. Familia y Dignidad Humana apoya las "leyes de latido fetal" de los Estados más conservadores de EEUU, con respaldo expreso a la norma de Texas, extrema incluso para los estándares del Partido Republicano. Para Familia y Dignidad Humana, el aborto es "un asesinato" incluso si hay violación. El senador Javier Puente, presidente de la fundación, para quien el aborto es un "genocidio", se muestra como un entusiasta de las políticas provida más radicales del Partido Republicano y de los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Polonia, país del que aplaude su "prohibición casi total" del aborto.

Junto a Puente figuran en la dirección de la fundación otros dos senadores y el portavoz adjunto en el Congreso, José Ignacio Echániz. A ellos se suman dos altos cargos de la Comunidad de Madrid. En la dirección aparece el presidente del PP catalán y la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, diputado autonómico y senadora, respectivamente. No sólo hay políticos en activo del PP, también dos de Vox.

Consultado por infoLibre, Puente invoca la tradición humanista cristiana recogida en los estatutos del PP para afirmar que sus posiciones tienen cobertura en el partido. "Un partido no es una secta", afirma. Coincide Echániz: "El PP no es monolítico".

La dirección nacional del PP, que dirige Alberto Núñez Feijóo, no respondió a las preguntas de infoLibre [ver La Caja Negra al final del artículo].

El presidente de Familia y Dignidad Humana desde junio 2021 es Javier Puente (Santander, 1976), senador del PP por Cantabria, que sucedió en el cargo a la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, destacada referente del partido de Santiago Abascal en el movimiento católico provida.

Puente, que ya fue senador en la anterior legislatura y diputado entre 2011 y 2015, se significó dentro de la corriente más antiabortista del PP en el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando la ley que preparó y finalmente acabó llevando a la dimisión a Alberto Ruiz-Gallardón hizo aflorar las dos sensibilidades del partido sobre este tema.

A diferencia de los diputados provida que rompieron definitivamente con el PP ante lo que juzgaron una traición de Rajoy a los principios del partido –caso de Méndez Monasterio–, Puente se mantiene en las filas de la formación que ahora dirige Feijóo.

El senador cántabro, premio Hazte Oír en 2016 cuando era vicepresidente de Familia y Dignidad Humana, no oculta sus posiciones sobre el aborto. "Prefiero estar en la cárcel que en silencio", suele decir. El presidente de Familia y Dignidad Humana se refiere al aborto como "matar al ser más indefenso" e "inocente", una práctica a la que eleva a la categoría de "genocidio". El senador del PP es explícito en su respaldo a las llamadas "leyes de latido fetal" de Estados Unidos, como ha hecho con las de Carolina del Sur y Texas.

Se trata de normas para prohibir los abortos a partir del momento en que puede detectarse actividad cardiaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas. La aprobación de normas así en diversos Estados ha suscitado un intenso debate político, social y jurídico. La de Texas es considerada –junto con la de Oklahoma– una de las leyes más duras de entre las de "latido fetal". Dicha norma no fija excepciones en caso de violación o incesto. Así lo recogen las noticias compartidas en Twitter en apoyo a la ley por Familia y Dignidad Humana y su presidente. Puente aplaudió en mayo de 2021 una información de La Razón que detallaba sobre la norma tejana: "[Con la ley de Texas] no importa si fue producto de una violación o un caso de incesto, la mujer deberá dar a luz a su hijo".

Familia y Dignidad Humana le dio apoyo a la norma acompañando de un elogio una información sobre la norma, que "prohíbe abortar a partir de las 6 semanas de gestación aunque una mujer haya sido violada".

Su historial de mensajes muestra una organización con posiciones que generan dudas sobre su compatibilidad con la "moderación" que reivindica el PP, sobre todo con Feijóo. El aborto, según Familia y Dignidad Humana, sigue siendo un "asesinato" incluso en caso de "violación".

Familia y Dignidad Humana y Puente como su presidente muestran también respaldo a las políticas "en defensa de la vida y la familia" y contra la "ideología de género" de los gobiernos de Hungría y Polonia. Puente se muestra como un entusiasta de las políticas de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y de Mateusz Morawieck, su homólogo polaco. De Polonia, Puente aplaude su "prohibición casi total" del aborto.

El presidente de Familia y Dignidad Humana no sólo tiene una posición relevante en el movimiento provida español, sino que también ha ascendido en su red internacional. En noviembre entró a formar parte del consejo asesor de Political Network for Values, una organización de políticos de la derecha cristiana de EEUU, Latinoamérica y Europa.

El presidente de honor de Political Network for Values es el exministro Jaime Mayor Oreja. De la organización forman parte referentes provida de todo el mundo, entre ellos el español Ignacio Arsuaga, al frente de Hazte Oír y Citizen Go. Political Network for Values hace activismo a favor de las "leyes de latido fetal".

Además de Puente, hay al menos seis representantes electos y cargos públicos más del PP que forman parte de la cúpula de Familia y Dignidad Humana. Todos son vocales salvo una, que es portavoz.

– Jose Ignacio Echániz, diputado por Guadalajara y portavoz adjunto del PP en el Congreso. Llevó la voz del partido durante el debate sobre la Ley de Eutanasia, a la que el PP se opuso y que incluso recurrió ante el Tribunal Constitucional.

– Ana Camíns, senadora por designación de la Asamblea de Madrid y secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid.

– Rodrigo Mediavilla, senador por Palencia.

– Alejandro Fernández, presidente del partido de Cataluña y diputado en el Parlament.

– Rocío López, comisionada de Gobierno para la Atención a las Víctimas de Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Es la portavoz de Familia y Dignidad Humana.

– David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de Madrid. El exalcalde de Alcorcón también se ha mostrado a favor de la ley de Texas.

infoLibre preguntó a todos los citados si las posiciones descritas, como el rechazo al aborto incluso en caso de violación y el apoyo a las conocidas como "leyes de latido fetal", eran las suyas y si podían chocar con las del PP. Echániz, a través del equipo del PP en el Congreso, afirma: "El PP es un partido de amplio espectro, no monolítico, en el que existen distintas sensibilidades pero siempre ha defendido la cultura de la vida". El grupo del PP recuerda que Echániz, como médico afiliado a la formación desde 1983, "siempre ha defendido el derecho a la vida por motivos humanísticos, bioéticos, de dignidad humana y antropológicos [...]". "Entre otras muchas cosas –recuerda el PP–, fue responsable de la puesta en marcha de la Maternidad de O’Donnell, fue responsable del Plan Estratégico de ayuda a la Familia y también del Programa Operativo de apoyo a la Maternidad de Castilla-La Mancha [...]".

David Pérez contestó a través de su equipo de prensa oficial: " [Pérez] siempre se ha definido como provida y su posición por tanto es la del compromiso en la defensa de la vida, la protección del ser humano no nacido y el apoyo a las mujeres con dificultades a consecuencia de su embarazo con la creación de recursos y medidas positivas de apoyo a la familia y a la natalidad, desde el respeto siempre a todas las personas".

Rocío López afirmó que su opinión sobre el aborto, dijo, "no interfiere" en su "labor" institucional, en la que también defiende la "vida" al ser Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo". "En coherencia con mi defensa de la vida como esencia de mi actual responsabilidad, defiendo mis principios e ideas desde aquellos espacios democráticos que considero siempre en pro de la vida y de la libertad", añade López, que considera que "el aborto no es un derecho de la mujer". "Es –afirma– un gran y triste drama tanto personal como social y creo que todos debemos contribuir a paliar y ayudar desde posiciones éticas, dignas y no fáciles, como manifiesta tanto la comunidad jurídica o las diferentes culturas".

Los senadores Camíns y Mediavilla declinaron expresamente responder. infoLibre no recibió respuesta de Alejandro Fernández, del que trató de recabarla a través del PP catalán.

Junto a todos ellos son vocales dos figuras de Vox relevantes en el activismo provida: 1) Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia del partido de Santiago Abascal. Entre 2004 y 2015 ocupó escaño por el PP. Es el alma máter y anterior presidenta de Familia y Dignidad Humana. Encarna las posiciones más rigoristas de Vox contra el aborto, la eutanasia y la "ideología de género" y defiende que el "matrimonio natural" es sólo entre hombre y mujer. 2) Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de Madrid y portavoz del partido en la Asamblea.

Lo que más abunda en la dirección de Familia y Dignidad Humana son antiguos representantes del PP en las Cortes. Ahí están los exsenadores Gari Duran (vicepresidenta), Luis Peral (secretario), Beatriz Elorriaga y José Ignacio Palacios. Y también los exdiputados Ángel Pintado (tesorero), José Eugenio Azpiroz, Antonio Gutierrez Molina y Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior y está ahora implicado en el caso Kitchen, pendiente de juicio. También es vocal de Familia y Dignidad Humana Carlos Salvador, exdiputado de UPN.

Javier Puente afirma que la asociación, fundada en 2008, cuenta con más de un centenar de miembros, entre los que está –aunque no en la dirección– Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la federación europea One of Us, así como portavoz de la plataforma NEOS. Todo un referente de la derecha antiabortista.

En conversación con infoLibre, Puente se reafirma en su apoyo a las leyes de "latido fetal" en EEUU. "Nos parecen unas buenas leyes provida, que avanzan en la dirección de progreso que queremos. Una sociedad de progreso es aquella que defiende la vida y a los más débiles", explica. En cuanto al borrador de sentencia del Supremo de Estados Unidos, que tumba el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, señala que se trata de "un paso más" en la línea de defensa de la vida.

El senador niega que sus posiciones o las de la asociación choquen con la postura del PP. "Un partido no es una secta. No somos monolíticos, somos personas. Ahí está la riqueza de la sociedad, en su pluralidad", señala Puente, que recalca que los estatutos del PP recogen la defensa del "derecho a la vida" y atribuyen al partido una "perspectiva humanista cristiana". Además, subraya que su moción por un "plan de apoyo a la maternidad", todavía pendiente de debate, cuenta con el apoyo de su grupo en el Senado.

Hay un punto en el que infoLibre insiste por escrito. ¿Es compatible con el PP incluso el apoyo a las "leyes de latido fetal"? ¿Y el rechazo al aborto en caso de violación? Puente ofrece una extensa respuesta [ver aquí completa], sin entrar en el detalle de los mensajes desglosados en este artículo. Sus ideas centrales son: "Existen [en el PP] muchas sensibilidades y ahí radica parte de su fuerza, ya que la sociedad española es [...] diversa [...]. Pero en nuestro día a día nadie coincide al 100% con las ideas de un partido, ni de su pareja, ni de sus padres, ni de sus amigos". "[...] Podemos hacer un achaque a esas feministas que siempre están con el apoyo a la mujer y, realmente, cuando más apoyo necesita una mujer, que es cuando está embarazada [...] se la deja abandonada".

CitizenGo, la fundación creada por la asociación ultra Hazte Oír como plataforma internacional de campañas contra todo lo que considera lesivo para la ideología conservadora, comenzó 2020 contratando a una Comunidad de Bienes (The Community of the Ring C. B.) para la "prestación de servicios profesionales de asesoría de marketing digital y fundraising online". Es decir, recaudación de fondos en línea. Y según ha confirmado a infoLibre el Ministerio de Cultura, a esa C.B. pertenece el presidente de Citizengo, Ignacio Arsuaga. El contrato fue autorizado por el Ministerio de Cultura, que ejerce el Protectorado -órgano de control externo- de las fundaciones estatales.

A diferencia de las sociedades limitadas o anónimas, una C.B. es una asociación de personas físicas creada para administrar un proyecto empresarial o un patrimonio común [puedes ver aquí los artículos del Código Civil que la regulan]. La C.B. carece de la condición de entidad jurídica. Y eso, subrayan los expertos consultados, implica que sus datos sobre composición, ingresos y pagos no se incluyen entre los de acceso público a través del Registro Mercantil.

El Ministerio de Cultura autorizó la firma del contrato el 7 de enero de 2020, según la respuesta escrita facilitada por sus portavoces a este periódico. El departamento que dirige Miquel Iceta no precisó si el acuerdo de prestación de servicios continúa vigente ni por qué importe se cerró. El silencio de Citizengo impide también conocer cuántos miembros forman esa Comunidad de Bienes. Y quiénes son.

Arsuaga, el único accionista de la SL que tenía el contrato anterior

Pero ni siquiera era el primero el permiso otorgado en 2020 por Cultura –previa solicitud de Citizengo al amparo de la normativa sobre fundaciones– para que se hicieran cargo del contrato Ignacio Arsuaga y los otros miembros de The Community of Ring C.B. El 19 de octubre de 2015, y así consta en su respuesta, el ministerio había dado vía libre a Citizengo para contratar con Grass Communications SL., "administrada –señala Cultura– por el presidente de su Patronato [Ignacio Arsuaga]". El plazo del contrato, "un año de duración", prosigue el ministerio. Pero Grass Communications SL no solo tenía a Arsuaga como administrador sino como único socio. Así lo corrobora la información mercantil recabada este lunes sobre esa sociedad, que quedó extinguida en mayo de 2017.

En marzo de ese año infoLibre había preguntado a una portavoz de Hazte Oír, matriz de Citizengo, si alguno de los miembros del equipo directivo estaba contratado. No hubo respuesta. Dicha portavoz tampoco aclaró si la organización mantenía algún tipo de relación comercial con Grass Communications SL. A los dos meses, Ignacio Arsuaga disolvió la sociedad. Para entonces, los ingresos de la asociación Hazte Oír ya habían aumentado un 69% desde que en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy la declaró de utilidad pública.

En los últimos años, las cuentas anuales que Citizengo debe entregar una vez finalizado cada ejercicio constituyen un misterio. El Registro de Fundaciones confirmó en diciembre que no se habían depositado las de las seis últimas anualidades. Ahora, Cultura precisa que las de 2016 se encuentran "pendientes de subsanación por la Fundación"; que las de 2017 las presentó el 15 de diciembre, dos días después de la información de infoLibre sobre el largo periodo de opacidad contable; y que las de 2018, 2019 y 2020 están en manos del Protectorado desde el 9 de febrero de 2022. Una vez "examinadas y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente", se procederá "a depositarlas en el Registro de Fundaciones", completa Cultura.

La portavoz de Citizengo, a quien en diciembre y de nuevo este lunes envió infoLibre preguntas sobre la contabilidad del grupo que capitanea Ignacio Arsuaga, guarda silencio. En consecuencia, permanecen en el campo de las incógnitas las siguientes cuestiones: ¿cómo y quién fiscaliza o fiscalizó la ejecución de los contratos suscritos primero con la empresa y luego con la Comunidad de Bienes (C.B.) de Ignacio Arsuaga? ¿A qué importe asciende cada uno de esos contratos? ¿Sigue vigente el autorizado el 7 de enero de 2020? Según la respuesta del Ministerio de Cultura a este periódico, Ignacio Arsuaga es el "presidente" de Community of the Ring C.B.

Antes de conocer la existencia de un segundo contrato –el de 2020 con Community of the Ring C.B.– y si constaba autorización oficial, infoLibre ya preguntó en diciembre por este asunto a la Asociación Española de Fundaciones. "En el caso de las fundaciones el cargo de patrono es gratuito", respondió por escrito su directora jurídica, Isabel Peñalosa. "Esto -agregó- quiere decir que en ningún caso pueden recibir retribuciones por el mero hecho de ser patronos (el equivalente a miembro de la junta directiva)". Pero los patronos, continuó explicando Peñalosa, "pueden prestar servicios a la fundación por funciones distintas a las del mero hecho de ser patrono – es decir tiene que tratarse de una prestación de servicio laboral o mercantil que no sea simplemente la de ser miembro del patronato - pero necesitan la autorización previa del Protectorado".

También ha consultado este periódico al jurista Ramón Pérez Lucena, especializado en fundaciones. ¿Es usual que una fundación contrate la prestación de servicios con su presidente? "Si se hace de forma esporádica –respondió este lunes durante una conversación telefónica– nadie te va a decir nada, eso es totalmente normal cuando las fundaciones son pequeñas y si no hay subvenciones. Absolutamente posible". En el caso de las grandes entidades "depende de cada fundación", añadió a renglón seguido. Es legal, remató Pérez Lucena. Y a continuación puso un pero: "Queda un poco feo pero solo se puede oponer el Protectorado cuando haces daño a tu propia fundación, aunque el Protectorado solo diría que no si fijas un pago periódico muy alto y vas fuera de lo que es el mercado".

Citizen Go, el brazo internacional del grupo católico radical Hazte Oír, mantiene en su cúpula tras la invasión de Ucrania a Alexey Komov, propagandista internacional del Kremlin y de la Iglesia ortodoxa con contactos en la élite económica rusa. Komov, que ha defendido que la homosexualidad es un "pecado", es el nexo entre Hazte Oír y el oligarca y financiador del movimiento antifeminista Konstantin Malofeev, sancionado por aportar dinero a fuerzas prorrusas en Ucrania. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go, llegó a solicitar 100.000 euros a Malofeev, según ha desvelado Wikileaks.

Hazte Oír-Citizen Go no responde a la pregunta específica de si ha sido financiado por Malofeev. Este periódico también preguntó a Vox, con relación con Hazte Oír desde su origen en 2013, si había recibido dinero de las organizaciones de Arsuaga. El partido de Santiago Abascal tampoco respondió [ver La Caja Negra al final del texto].

Que Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go, ha exhibido posiciones alineadas con Putin es un hecho demostrable. En Twitter mantiene numerosos mensajes de sintonía o de respaldo al presidente ruso. ¿Ejemplos? Arsuaga ha difundido un artículo negando que Putin persiga a los homosexuales (julio de 2013) para meses después difundir una carta abierta de Scott Lively, autor de La esvástica rosa. Homosexualidad en el Partido Nazi, que agradece a Putin su "postura firme e inequívoca" contra la "lacra" de la homosexualidad (octubre de 2013). "Cada vez es más claro que Rusia se ha convertido en defensor de la familia y el matrimonio, en un mundo cada vez más anti-familia", escribía Arsuaga en septiembre de 2014. Unos meses antes compartía el artículo ajeno titulado Rusia se preocupa por sus hijos, en el que se celebra la ofensiva de Putin contra el "lobby gay": "Ese gran país está dando algunas lecciones al mundo, y muy especialmente a Occidente".

El jefe de Hazte Oír, que ha dado testimonio de al menos una visita a Rusia, en 2009, dejó escrito en noviembre de aquel año: "Rusia y Corea ganan a España en derechos humanos". En julio de 2011 celebraba: "Bien por Rusia! La publicidad abortista deberá informar sobre los graves riesgos para la mujer". Dos años después, en agosto de 2013, difundía el artículo de Jorge Soley El necolonialismo progre contra Rusia.

Para entonces, agosto de 2013, Arsuaga ya había empezado sus tratos con radicales rusos en la órbita de Putin.

Todos estos mensajes nos acercan al retrato ideológico de Arsuaga, feroz opositor al aborto, al feminismo y a la "ideología de género". Se trata de una visión que encuentra fácil acomodo en el modelo de Putin. No en vano, el nacionalismo moralmente reaccionario ruso ha seducido a múltiples líderes de la extrema derecha europea, que ahora tras la invasión de Ucrania se esmeran en borrar o disimular las huellas.

A diferencia de Santiago Abascal y del dirigente de Vox en Barcelona Jordi de la Fuente, Arsuaga mantiene accesibles las huellas de su sintonía con Putin incluso después de la anexión de Crimea en 2014. En realidad, tiene razones para no molestarse en borrar, porque hay otro rastro más significativo y más difícil de eliminar, que sale directamente de Rusia y llega hasta el mismísimo patronato de Citizen Go.

El Foro Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF, por sus siglas en inglés), en un informe titulado La punta del iceberg publicado en agosto de 2021, desveló que Hazte Oír está conectado con un oligarca ruso a través de uno de los referentes de Citizen Go, el entusiasta de Putin de discurso homófobo Alexey Komov.

El estudio del EPF, un análisis de las actividades y el dinero del movimiento católico radical en Europa, pone el foco en dos oligarcas rusos, Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, a los que atribuye un papel destacado en la financiación de actividades antifeministas, anti-Lgtbi y contra la "ideología de género" en Europa entre 2013 y 2018.

De los dos, el que pone sobre la pista de Arsuaga es Malofeev, fundador de la inversora Marshall Capital, al que el informe del EPF atribuye un patrimonio de más de 200 millones de euros. ¿Qué sabemos de Malofeev? El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe de agosto de 2021, lo considera un "apoderado de las prioridades del Kremlin en Europa, patrocinando reuniones y conferencias de partidos ultraconservadores, así como financiando directamente a políticos y creadores de opinión que critican los valores liberales". EEUU recalca que Malofeev ha sido sancionado "por financiar fuerzas respaldadas por Rusia en Ucrania". Malofeev, promotor de plataformas propagandistas al servicio de la Rusia de Putin, figura como presidente de Katehon, un think tank creado en 2016 que según el EPF sirve a la "injerencia rusa en Occidente". Estados Unidos vincula esta entidad con la televisión pro-Kremlin Tsargrad, inspirada en Fox News. Y un dato más: Mediapart, socio editorial de infoLibre, atribuye a Malofeev un papel decisivo en la obtención de un crédito de dinero ruso por parte de Marine Le Pen.

El informe del EPF otorga al conocido como "oligarca ortodoxo" un rol sobresaliente en el movimiento católico radical. Por ejemplo, lo sitúa como convocante de una "reunión secreta" en Viena (Austria) en 2014 que tuvo como orador estelar al ultranacionalista Alexandr Dugin, considerado un inspirador de Putin y una herramienta de su propaganda exterior. Además, el EPF atribuye a Malofeev la creación en Moscú en 2007 de la Fundación San Basilio el Grande, dedicada a la presión antiabortista. Se trata, según el Gobierno, de "una de las fundaciones privadas más grandes de Rusia".

Según el informe de agosto de 2021 del EPF, Malofeev ha usado como delegado internacional a Alexey Komov, un propagandista del Kremlin al que atribuye la condición de miembro de la Fundación San Basilio el Grande. Komov figura además como miembro de la dirección del Congreso Mundial de Familias y como responsable internacional de la Comisión Patriarcal para la Familia, la Maternidad y la Protección de la Infancia de la Iglesia ortodoxa rusa. Según el EPF, Komov es "el punto focal de las relaciones exteriores de la Iglesia ortodoxa rusa", cuyo patriarca (Kirill) está alineado con Putin.

Pero el dato clave sobre Komov, el que lo une a Arsuaga, es otro. El señalado como colaborador de Malofeev figura como integrante del patronato de Citizen Go, la organización internacional con base en Madrid presidida por Arsuaga que se dedica al lanzamiento de campañas de presión y agitación en 12 idiomas, entre ellos español, inglés y ruso. Komov está en el patronato junto al propio Arsuaga y otros seis miembros, todos ellos considerados "líderes sociales y expertos en temas de familia, vida y libertad".

Komov no ha tenido inconveniente en mostrarse como un fervoroso seguidor de Putin. Así lo hizo en el congreso de La Lega italiana, en diciembre de 2013, donde se llevó una ovación al afirmar que el 90% de la población rusa está contra el "pecado de la homosexualidad" y otra al presumir de la ley contra la propaganda gay de Putin. Luego, crecido, cerró su discurso puño en alto y exclamando: "¡Putin!".

Aquel congreso eligió líder de La Lega a Matteo Salvini, que se acabó convirtiendo en vicepresidente del Gobierno de Italia (2018-2019) y en el máximo valedor de los intereses del presidente ruso en la UE junto a la francesa Marine Le Pen. Los dos, Salvini y Le Pen, han sido acusados de actuar condicionados por la financiación rusa.

Pero, ¿y Hazte Oír y Citizen Go? ¿Han recibido financiación rusa?

Hay un documento que indica que Arsuaga lo intentó. Lo desveló Wikileaks, que en agosto de 2021 publicó 17.000 papeles internos de las dos organizaciones. Uno de ellos es una carta en inglés, firmada en París por Arsuaga el 4 de abril de 2013 [ver aquí]. Lleva un "plan de negocio" adjunto y va dirigida a Konstantin Malofeev, al que Arsuaga le pide dinero así: "Como sabe, estamos buscando socios para financiar el lanzamiento de Citizen Go. Gracias a Dios, ya hemos encontrado dos donantes que se han comprometido a ayudar a lanzar Citizen Go con 170.000 euros. Pero aún nos faltan 258.000 euros [...]. Espero que esté interesado en participar en el lanzamiento de este proyecto con una aportación inicial de 100.000 euros". Y le deja su e-mail y su teléfono.

Las primeras cuentas de Citizen Go, de 2014, recogen que la fundación ingresó en 2014 un total 937.439,15 euros, de los que 801.450,81 (85,49%) fueron "donativos puntuales", 133.476,51 "donativos regulares" (14,24%) y 2.511,83 (0,27%) "eventos y otros". ¿Entró ahí dinero de Malofeev? Hay un dato de interés. La investigación del EPF La punta del iceberg, basada en documentos secretos de las organizaciones católicas radicales, vincula la presencia en el patronato de Citizen Go de al menos dos miembros, Brian Brown y Luca Volontè, con el compromiso de sendas aportaciones anuales de las organizaciones ActRight (50.000 dólares) y Nova Terrae (12.000 euros), información que concuerda con la documentación filtrada por Wikileaks. ¿Ocurrió igual con Komov-Malofeev? infoLibre preguntó a Hazte Oír y a Citizen Go si han recibido dinero de Malofeev, sin respuesta [ver La Caja Negra]. El único pronunciamiento al respecto está en la web de Citizen Go [ver aquí]: "Citizen Go no ha recibido nunca donativos, por ninguna cantidad, provenientes de 'oligarcas' rusos, ni de ningún empresario o corporación relacionada con Putin o su gobierno". Hazte Oír-Citizen Go no responde directamente sobre Malofeev, ni en la web ni a preguntas de este periódico.

Nacida en 2001 con las simpatías del entonces presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y del sector más duro del PP de José María Aznar, cuyo estandarte era Jaime Mayor Oreja, Hazte Oír despuntó en las movilizaciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y la asignatura de Ciudadanía en la primera –y convulsa– legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Tras la llegada a La Moncloa en 2011 de Mariano Rajoy, comenzó a alejarse del PP, al considerar blanda su línea. La ruptura se consumó con la retirada de la Ley del Aborto de Alberto Ruiz-Gallardón en 2014.

Vox había nacido el año anterior, en 2013, el mismo año que Citizen Go. La relación entre el partido de Abascal y las organizaciones de Arsuaga es estrecha desde el origen de Vox. Es elocuente el listado de agraciados con los premios anuales de Hazte Oír, que han recaído en múltiples figuras que eran o han terminado siendo referentes de Vox, como Francisco Contreras (2014), Lourdes Méndez Monasterio (2016), Hermann Tertsch, Alicia Rubio (2017), Javier Ortega Smith (2018) y Francisco Serrano (2019). Han compartido movilización con Arsuaga dirigentes como Abascal y Rocío Monasterio, entre otros. El propio Abascal fue premiado por HO en 2012 por su papel como presidente de la fundación nacionalista Denaes.

En 2019 Open Democracy publicó una investigación que desvelaba lazos entre Hazte Oír y Vox. En conversación con un reportero que se hacía pasar por un contribuyente, Arsuaga se refería a Vox como "mis amigos". Ante la pregunta de cómo burlar la legislación de financiación de campañas, cómo donar a Vox más de lo permitido y cómo hacerlo anónimamente, Arsuaga –siempre según desveló Open Democracy– explicó: "Uno hace una donación a título privado a una organización sin ánimo de lucro, no es necesario que se sepa”. Añadía después que Citizen Go no canalizaría el donativo directamente al partido sino a “cualquier fundación a quien no le importe transferir los fondos a Vox… Esa es una muy buena opción”.

infoLibre preguntó a Vox si tenía constancia de que dinero con origen en Malofeev hubiera terminado en el partido. Como es habitual con el partido de Abascal, no hubo respuesta.

Las fortunas de dos oligarcas rusos, Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, ceban la lucha contra el feminismo, la diversidad de género y la aceptación de las formas de familia distintas a la "tradicional" en Europa. Así lo señala el informe La punta del iceberg, realizado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que atribuye a estos dos millonarios el empleo de más de 170 millones de euros en esta causa.

El informe La punta del iceberg cifra en 707,2 millones de dólares (más de 650 millones de euros) los fondos empleados entre 2009 y 2018 por la malla de campañas y organizaciones antifeministas, antiabortistas y contrarias a los derechos de las personas Lgtbi que actúan en Europa.

De este dinero, en torno a 75 millones de euros salen de Estados Unidos (11,5%), más de 400 millones de Europa, excluyendo a Rusia (61,9%), y entre 170 y 175 de Rusia, que son atribuidos a cuatro entidades de los dos citados oligarcas rusos (26,6%), según detalla el informe del EPF.

Aunque el informe barre el periodo 2009-2018, en el caso de Rusia especifica que el dinero sólo aparece a partir de 2013. De modo que los 188,2 millones de dólares habría que dividirlos sólo entre seis años, lo que da un resultado de 31,36 millones de dólares al año, unos 28,8 millones de euros.

El informe circunscribe la selección de organizaciones a aquellas que han participado en actividades o campañas "antigénero" significativas en Europa como patrocinadoras o financiadoras [ver aquí la metodología en la página 9].

La financiación con dinero ruso de organizaciones cristianas radicales obedece a una lógica política, tanto interna como externa. Así lo indica el análisis de vínculos, actividades y financiación realizado por el EPF y escrito por su secretario, Neil Datta, que concluye que "la financiación antigénero encaja con los intereses y objetivos geopolíticos rusos". "Los discursos antigénero desempeñan un importante papel en la formulación de políticas internas y en la legitimación política de Rusia, así como en su posicionamiento geopolítico internacional", añade.

El informe afirma que "gran parte de la financiación rusa" es "opaca", pero sí detecta el empleo de fondos de entidades vinculadas a dos "oligarcas" rusos, que cifra en los citados 188,2 millones de dólares. El informe no detalla el fin último de todo este dinero, ni las organizaciones en las que acba, pero sí lo atribuye a actividades "antigénero".

Los dos oligarcas son Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, que utilizan tres entidades y una entidad, respectivamente, según el informe.

El EPF atribuye a Yakunin una fortuna de entre 600 y 1.000 millones de dólares, supuestamente armada gracias a su paso por la jefatura de la empresa estatal rusa de ferrocarriles. Presentado como estandarte de la "versión respetable" y el "poder blando" en defensa de los intereses del Kremlin, Yakunin es uno de los sancionados por la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, según el EPF.

Su "fábrica de influencia" abarca estos terminales, siempre según el informe:

– Fondo de Dotación Istoki. Creado en 2013 en Moscú, tiene como objetivo "reforzar las bases espirituales de la sociedad rusa" y "la educación moral basada en la ortodoxia". Recibe sus fondos del capital del propio Yakunin y de donaciones del sector privado ruso, que superaron los 15 millones de dólares en 2018. Es la entidad que más ha empleado en la causa: más de 90 millones de dólares, es decir, más de 83 millones de euros, según el EPF. Istoki sirve para financiar el programa Santidad de la Maternidad, dirigido por la esposa de Yakunin, Natalia Yakunina, así como dos fundaciones, Andrew the First-Called y Centre for National Glory, con las que persigue sus "objetivos religiosos y patrióticos".

– Instituto de Investigación del Diálogo de Civilizaciones. Think tank creado en 2015 y con sede en Berlín, es organizador de un foro internacional anual en la isla griega de Rodas que se convierte en cita de referentes antifeministas.

En cuanto a Malofeev, el conocido como "oligarca ortodoxo" es fundador de la empresa de inversiones Marshall Capital, con un patrimonio estimado en 225 millones de dólares (más de 205 millones de euros), señala el informe, que le atribuye la condición de "poder duro" en el apoyo al Kremlin. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un informe de agosto de 2021, considera a Malofeev como un "apoderado de las prioridades del Kremlin en Europa" y lo señala como financiador del separatismo en Crimea y el este de Ucrania. El Gobierno estadounidense recalca que también ha sido sancionado "por financiar fuerzas respaldadas por Rusia en Ucrania".

Neil Datta, del EPF, sitúa a Malofeev como convocante de una "reunión secreta" en Viena en 2014 para conmemorar el 200º aniversario de la conocida como "Santa Alianza" entre el zar de Rusia y los emperadores austríacos y prusianos para rehacer Europa tras la derrota de Napoleón en 1815. Según el informe del EPF, un orador estrella de la cita fue el filósofo ultranacionalista Alexandr Dugin, considerado un inspirador de Putin. Citando a Mediapart, socio editorial de infoLibre, la investigación del EPF atribuye a Malofeev un papel relevante en el "desbloqueo del préstamo ruso" de 11 millones de euros recibido supuestamente en 2014 por el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, hoy rebautizado como Agrupación Nacional.

Dentro de la causa ultraconservadora, antifeminista y anti-Lgtbi, el informe del EPF vincula a Malofeev con estas entidades:

– Fundación Benéfica San Basilio el Grande. Creada por Malofeev en Moscú en 2007, presiona para restringir el aborto y obligar a las mujeres a escuchar el latido de su feto antes de interrumpir su embarazo, señala Datta. Se trata, según el Gobierno de Estados Unidos, de "una de las fundaciones privadas más grandes de Rusia". El EPF le atribuye un gasto de más de 77 millones de dólares, que equivalen a más de 70 millones de euros.

– Katehon. Es un think tank creado en 2016 y presidido por Malofeev que difunde artículos de autores de "extrema derecha" y es "considerado uno de los instrumentos de la injerencia rusa en Occidente", señala Datta. Según Estados Unidos, se trata de una entidad "subsidiaria" de Tsargrad, compañía fundada por Malofeeev y "afiliada a la televisión pro-Kremlin Tsargrad", un portal de noticias ortodoxo inspirado en Fox News.

Malofeev delega su proyección internacional en Alexey Komov, según el informe La punta del iceberg. ¿Quién es Komov? Según Datta, ha actuado como "representante de exteriores de la Iglesia ortodoxa rusa" y como miembro destacado de la Fundación San Basilio el Grande. Komov figura como integrante del patronato de Citizen Go, la fundación internacional con base en Madrid que preside Ignacio Arsuaga, a su vez presidente de Hazte Oír.

Komov, que se ha mostrado como un entusiasta de Putin, aparece así como el hombre que conoce tanto al oligarca Malofeev como a Arsuaga, líder del conglomerado de derecha católica radical vinculado con Vox desde el origen del partido en 2013.

infoLibre trató de recabar la valoración de Yakunin y Malofeev sobre la información aportada por el informe del EPF y recogida en este artículo, sin éxito. Ni Hazte Oír como organización ni Komov como patrono de la misma respondieron.

El informe La punta del iceberg también señala al propio Estado ruso como promotor de una "diplomacia blanda" en el exterior para condicionar el debate sobre los derechos de la mujer, por ejemplo a través del Fondo Alexander Gorchakov, la agencia federal Rossotrudnichestvo y la Fundación Russkiy Mir. "Varios financiadores antigénero ocupan importantes funciones en los consejos de administración del Fondo Gorchakov (Vladimir Yakunin) y de Russkyi Mir (Vladimir Yakunin)", anota Data en su informe de agosto del año pasado, que también cita la tarea que desempeña el Foro de Mujeres de Eurasia.

El análisis realizado por el EPF destaca el papel de propia Iglesia ortodoxa a través de una entidad bajo sus auspicios, la Comisión Patriarcal para la Familia, la Protección de la Maternidad y la Infancia, centrada en "promover una agenda de valores tradicionales". Entre sus miembros, según el EPF, está Malofeev, Komov y Natalia Yakunina, la esposa de Vladimir Yakunin.

Tres de las organizaciones más beligerantes del activismo católico, la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Villacisneros y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), ultiman una nueva plataforma de la derecha española para que los postulados contra el aborto y la eutanasia y a favor de "la familia", "España como nación" y "la Corona" ganen peso político y social. Así lo indica a infoLibre el exministro del Interior y exlíder del PP vasco Jaime Mayor Oreja, presidente de Valores y Sociedad, defensor de la unidad de la derecha política y uno de los promotores de la iniciativa. La nueva "corriente", que llevará por nombre NEOS, se presentará en el Hotel Novotel, en Madrid, el 26 de noviembre. Las tres organizaciones impulsoras destacan por su rechazo al aborto y la eutanasia, su reivindicación de la "civilización cristiana" y su voluntad de plantear una "alternativa cultural" a la izquierda, que a su juicio ha logrado acomplejar a la derecha en el terreno de las ideas y los valores.

Las letras del nombre NEOS se corresponden con los cuatro puntos cardinales, "norte", "este", "oeste" y "sur", ya que pretende convertirse en una "brújula" ante la pérdida de referencias, explica Mayor Oreja, que acredita una larga trayectoria de defensa de la unidad entre el PP y Vox. El exministro, que es también presidente de la federación europea de asociaciones "profamilia" y "provida" One of Us, afirma que NEOS no va a tener cargos orgánicos y va a ser una "corriente abierta", sin vinculación con partidos y plural. Como ejemplo, expone que prevé el apoyo a la iniciativa, "por decir tres nombres", de Francisco Vázquez, que fue embajador en el Vaticano y alcalde del PSOE en A Coruña, Adolfo Suárez Yllana (presidente de la fundación del PP Concordia y Libertad) y José Antonio Ortega Lara (uno de los fundadores de Vox). "No somos embrión ni germen de un partido político", recalca Mayor Oreja, que insiste en que "esto no es político, es cultural" y en defensa de los "valores cristianos".

Lo que sí quiere NEOS es ganar influencia en los partidos, aunque –insiste Mayor Oreja– sin formar parte ni tener vínculos con los mismos. "Pretendemos que nuestras posiciones tengan voz. Vamos a presentar una alternativa cultural, fundamentada en valores cristianos, para irrumpir con modestia y humildad en la opinión pública. Aunque sea tarde, más vale tarde que nunca", explica Mayor Oreja, que cita entre las causas fundamentales del movimiento la defensa de "la dignidad humana, la familia, España como nación, la Corona y la libertad, especialmente la libertad de educación y religiosa", todo ello para evitar el "suicidio" que supone la "destrucción de las bases del orden social" y sus "fundamentos cristianos". Y añade: "Desde nuestro diagnóstico, de todos los proyectos en marcha, el más grave de todos es aquel que quiere remplazar un orden social por otro. Ese fue el acuerdo básico de [José Luis Rodríguez] Zapatero y ETA cuando arranca el mal llamado proceso de paz". El exministro cree que España "debe dejar atrás los complejos de inferioridad" y asumir un "papel relevante" en la "civilización cristiana", de la que ha sido protagonista.

Valores y Sociedad

Mayor Oreja es un referente fundamental del movimiento católico radical. Y no sólo en España. El exeuroparlamentario preside la federación europea de asociaciones One Of us y es presidente de honor de Political Network of Values, con vocación de puente entre Europa y América y que ensalza el modelo nacionalista católico húngaro. No en vano, preside esta organización Katalin Novák, la ministra de Familia de Viktor Orbán.

A nivel nacional, Mayor Oreja está al frente de Valores y Sociedad, creada para combatir la "crisis de valores". En el patronato de dicha fundación, presidida por el propio Mayor Oreja, están entre otros el diputado de Vox Francisco Contreras; Eugenio Nasarre, exdiputado del PP y patrono de la Fundación FAES de José María Aznar; Luis Peral, exsenador y exconsejero en Madrid con el PP; Ángel Pintado, exdiputado del PP; Margarita Gari Durán, exsenadora del PP; y Lola Velarde, directora de Political Network of Values. Los nombres del patronato de Valores y Sociedad se despliegan en forma de red por nuevas organizaciones. Peral forma parte de Familia y Dignidad Humana, donde coinciden miembros del PP y Vox; Pintado figura como presidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia; Nasarre es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y patrono las fundaciones Humanismo y Democracia y Educación Católica; Manuel Zayas, otro patrono de Valores y Sociedad, es presidente de Qveremos, una organización que se ofrece a recoger todas las cruces derribadas por la Ley de Memoria Histórica en la iniciativa La Pradera de las Cruces.

Mayor Oreja ocupa un papel central en todo este entramado, como acredita su condición de portavoz de la Asamblea por la Vida, constituida en enero de 2021 y destacada en su activismo contra la Ley de Eutanasia y su presión para que PP y Vox recurrieran la norma, objetivo finalmente conseguido. Un reguero de declaraciones ilustra su actual posición política. A su juicio, hace falta una "alternativa cultural" al "Frente Popular", tras "décadas de incomparecencia" de las ideas y convicciones de la derecha. Alerta además del creciente "desorden y el caos", que le trae ecos de la República y la Guerra Civil. También "del colectivismo y de una España tan subsidiada que no hay iniciativa", lo cual es "una base social que puede ser aprovechada por el Frente Popular". "Cataluña ya está al límite de la violencia terrorista", decía en 2019 en El Mundo. Además de este deterioro socioeconómico y nacional, advierte del retroceso de los valores cristianos en una sociedad impávida ante el aborto y la eutanasia mientras avanza la "ideología de género".

Su empeño más insistente desde la llegada al poder del PSOE en 2018, defendido desde su tribuna en el movimiento ultracatólico, ha sido la unidad de la derecha para derrotar al "Frente Popular". Algunos ejemplos. Enero de 2020: "Si hacemos una competencia de los tres partidos [PP, Cs y Vox], uno ganará a otro, pero perderemos todos". Enero de 2021: "Me produce tristeza que los partidos del centroderecha estén en competencia. La alternativa existirá cuando haya un proyecto o dirección común". Marzo de 2021: "El problema es que si el PP no entiende que su función social es unir el centroderecha, está perdiendo su objeto social".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tratado de capitalizar la posición de Mayor Oreja, llegando a tantearlo como candidato en su moción de censura, según una información no desmentida de Abc. Eso "pertenece al pasado" y a la "intimidad" de sus "conversaciones", declara Mayor Oreja, preguntado al respecto por este periódico.

Fundación Villacisneros

Otra figura clave de Valores y Sociedad es María San Gil, exlíder del PP vasco, que es a su vez vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, una organización en cuya dirección coinciden el propio Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, Isabel Benjumea (eurodiputada del PP) y Hermann Tertsch (eurodiputado de Vox).

El presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, fue el autor de la sugerencia, en mayo de 2020, en la fase más aguda de la pandemia, de retirar el voto a los "subvencionados por el Estado", para reducir así la población "cautiva" del Gobierno y por lo tanto el apoyo electoral de la izquierda.

San Gil fue una de las impulsoras de la manifestación en junio en la Plaza de Colón contra los indultos, que recibió el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos.

Propagandistas Católicos

Además de Valores y Sociedad y Villacisneros, la tercera organización impulsora de NEOS es la Asociación Católica de Propagandistas, presidida por Alfonso Bullón de Mendoza, que es además "gran canciller" de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como presidente del patronato de las obras de la asociación, entre ellas la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y el Colegio Mayor Universitario de San Pablo. La ACdP mantiene un elevado perfil en el rechazo a las políticas del Gobierno, especialmente por la sus leyes educativa y de eutanasia.

Este mismo fin de semana la ACdP ha celebrado la 23ª edición de su congreso Católicos y Vida Pública, bajo el título Corrección Política: Libertades en peligro. Durante su desarrollo María San Gil dio una pista sobre los planes de las tres asociaciones que impulsan NEOS. Frente a "un Frente Popular sin límites", dijo, "tenemos un deber moral de alzar la voz". "Están destruyendo nuestros pilares de la cultura cristiana y no debemos quedar impasibles. Es el momento de que nos comprometamos todos en la defensa de nuestros fundamentos cristianos. Hay esperanza siempre que nos movilicemos”.

El catolicismo español más militante se extiende a nivel mundial y sus referentes, como Ignacio Arsuaga, Jaime Mayor Oreja o Leonor Tamayo, ganan posiciones dentro de una trama organizativa internacional en permanente agitación. Hazte Oír y su brazo exterior Citizen Go se sitúan en la vanguardia de la ofensiva "provida" y contraria los principios feministas en la UE, con conexiones en Italia, Alemania y Hungría, y aceleran la expansión de sus redes por América, en paralelo a Vox, según acreditan diversas investigaciones. Las campañas de Citizen Go llegan ya a medio centenar de países. "Su fuerza es innegable y y tiene conexiones tanto en Europa como en América Latina y Estados Unidos", señala el investigador Juan Francisco Albert. Junto a Citizen Go, el ultracatolicismo español es prominente en redes internacionales como One of Us –que este fin de semana ha celebrado un encuentro en Lisboa–, Political Network of Values –valedor del modelo de Viktor Orbán– y la internacional antifemnista Women of the World. 

Una campaña mundial permanente

Hazte Oír ejerce el papel de principal baluarte de la internacionalización. El informe Restaurar el orden natural, elaborado por el Foro Europeo sobre Población y Desarrollo, una red de parlamentarios de la UE contra la intolerancia religiosa, ya puso en 2018 en el punto de mira a la organización fundada en 2001 y presidida por Ignacio Arsuaga por su contribución al despliegue a nivel continental de la agenda antiabortista, antifeminista y contraria a los derechos Lgtbi. El estudio situaba a Hazte Oír al nivel de otras tres organizaciones punteras: La Manif pour Tous –nacida en Francia por oposición a "le mariage por tous", o el matrimonio para todos–, In the Name of the Family (Croacia) y Ordo Iuris (Polonia). Además, integraba a Arsuaga –próximo a Santiago Abascal y a otros referentes de Vox como Rocío Monasterio– en el ramillete de figuras destacadas de la llamada Agenda Europa, un entramado "informal" de asociaciones, iglesias, académicos y políticos que "trabajan en red, debaten y elaboran estrategias sobre cómo hacer avanzar la cosmovisión religiosa dentro de Europa", en palabras de Neil Datta, secretario del Foro Europeo sobre Población y Desarrollo.

Hazte Oír lleva al menos ocho años de implantación internacional acelerada. Y no sólo en Europa. En 2013 nació Citizen Go, su brazo internacional, organización también presidida por Arsuaga y que replica el esquema de agitación constante de Hazte Oír pero en inglés, francés, portugués, italiano, alemán, polaco, ruso, croata, húngaro, holandés y eslovaco. Sus iniciativas se dirigen ya a instituciones y partidos de unos 50 países, según se desprende del análisis de sus campañas, dirigidas contra todo lo que suena a pro-aborto, pro-eutanasia, partidario de mostrar como algo normal la diversidad sexual y afectiva –sobre todo a los niños– o mínimamente fuera del canon en su representación de la iconografía católica. Es decir, dirigidas –son sólo algunos ejemplos– contra la ONU por "desmantelar la libertad religiosa" e "impulsar el aborto, promover la agenda LGTB, defender el feminismo radical e imponer la ideología de género"; contra Disney y Barrio Sésamo por promover la homosexualidad; contra Netflix por emitir una película irreverente sobre Cristo; contra la Asociación Médica Americana por querer "eliminar la designación de hombre o mujer de los certificados de nacimiento"... Inversamente proporcional al rechazo a estos objetivos es su apoyo a leyes, iniciativas o figuras destacadas por los valores contrarios, sea en el espacio republicano duro en Estados Unidos o en la UE, donde Polonia y Hungría funcionan como espejos de valores.

Expansión "de la mano" de Vox y Hazte Oír-Citizen Go

Citizen Go presume de contar con más de 16 millones de "ciudadanos activos" en todo el mundo, una cifra que según Juan Francisco Albert, director del centro de análisis sobre extrema derecha Al Descubierto, "hay que coger con pinzas". "Pueden exagerar, pero lo seguro es que Citizen Go ha conseguido una fuerza innegable y tiene conexiones tanto en Europa como en América Latina y Estados Unidos, al igual que Vox", señala Albert, que traza un paralelismo entre la expansión del partido ultra y de Hazte Oír-Citizen Go.

"Su actividad, tanto de Hazte Oír como de Citizen Go, se resume en una campaña permanente. Sus campañas no siempre obtienen la misma repercusión, a veces se quedan en poca cosa, pero lo seguro es que polarizan y mantienen activas a sus bases no sólo a favor de sus causas, sino poniendo en el punto de mira aquellas contra las que ir", afirma. Román Cuesta, autor del capítulo sobre radicalismo religioso del informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español, publicado este año por la Fundación Rosa Luxemburgo, explica a infoLibre que Vox y Hazte Oír "comparten estrategia" y "van de la mano" en su expansión desde el nacimiento del partido de ultraderecha en 2013, mismo año en que vio la luz Citizen Go, que supuso "un salto significativo en las ambiciones de los líderes de Hazte Oír".

Hungría y Estados Unidos

"2013 es el año en que se consolida el proyecto, se cierran las alianzas con otras organizaciones europeas y americanas y se coordina una ofensiva internacional para propagar sus postulados ultraconservadores", recoge Cuesta en su trabajo. También en 2013, Arsuaga recibió el premio al "Hombre del Año en Defensa de la Familia" en el Congreso Mundial de Familias celebrado en Sidney. Ese año Viktor Orbán recibió a su vez el premio Hazte Oír por aprobar una Constitución "que reconoce las raíces cristianas de Europa y, en consecuencia, defiende el derecho a la vida y protege el matrimonio". Arsuaga ya admiraba el modelo húngaro, hoy convertido en referente para Vox.

Una investigación de Open Democracy, que muestra una frenética actividad de la marca internacional de Arsuaga, desvela nexos entre Citizen Go y partidos de extrema derecha no sólo en España, sino también en Italia, Alemania y Hungría. "Citizen Go ha estado también implicado en la formación de activistas italianos, incluyendo talleres de cuatro días en 2018 con el Leadership Institute, un grupo ultraconservador norteamericano que tiene entre sus alumni de la formación en los EEUU al vicepresidente Mike Pence", recoge el informe de Open Democracy. Arsuaga nunca ha perdido de vista al país de las barras y estrellas. No en vano, sus orígenes están vinculados al Phoenix Institute americano, un think tank neoconservador que patrocinó la primera campaña de Hazte Oír hace ahora 20 años, según contó el propio Arsuaga a El País.

Estados Unidos es clave. En primer lugar, por el dinero. En 2019, los medios integrantes del proyecto periodístico European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, detectaron el envío de 17,2 millones de euros entre 2012 y 2017 desde organizaciones estadounidenses a filiales y entidades con agenda provida y antifeminista en la UE. Las vinculaciones de la red abarcan a figuras próximas a Donald Trump, contratistas militares y millonarios conservadores. En segundo lugar, EEUU es importante por el modelo que ya sabemos que defiende –lo sabemos por hechos, no sólo por ideas– el integrismo made in USA. Allí el antiabortismo beligerante ya condiciona severamente a todo el Partido Republicano, del mismo modo que Hazte Oír y otros grupos de la derecha católica española intentan hacer con el PP de Pablo Casado, dando por descontada la adhesión de Santiago Abascal y los suyos. Sólo años de trabajo constante del lobby ultra en Estados Unidos explican que haya podido aprobarse en 2021 en Texas una ley que restringe el aborto incluso en casos de violación.

El rastro del dinero y la sombra de El Yunque

También tras la pista del dinero, el informe La punta del iceberg, del Foro Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos acaba de cifrar en más de 600 millones de euros la financiación del movimiento religioso radical europeo en diez años, provenientes de organizaciones y think tanks estadounidenses, europeos y rusos. Hazte Oír-Citizen Go se sitúa en la sexta posición del ranking con un gasto de más de 28 millones de euros de 2009 a 2018, según el informe. “La imagen que surge es la de una comunidad transnacional de extremistas religiosos con ideas afines y actores relacionados de extrema derecha y que toman decisiones estratégicas de financiación a través de las fronteras internacionales”, señala el informe.

Hazte Oír adquiere un cada vez más pronunciado relieve mundial. Se observó, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Familias, celebrado en Verona (Italia) en 2019 para "defender la familia natural como la única unidad fundamental y sostenible de la sociedad". La nómina de patrocinadores ofrece una panorámica de los transatlánticos de la derecha provida mundial: National Organization for Marriage, Americans United for Life, Australian Family Coalition, SOS Ragazzi... y Citizen Go, cuya estructura también obedece a una estrategia de despliegue internacional. En su patronato figuran Alexey Komov, identificado por Open Democracy como socio del “oligarca ortodoxo" Konstantin Malofeev, y Brian Brown, director del National Organization for Marriage, entre otros.

Una de las obsesiones de Hazte Oír es desvincularse de El Yunque, hasta el punto de que el grupo español llegó a acudir a la justicia para intentar forzar a Google a eliminar más de 150 enlaces que lo relacionan con la sociedad secreta de origen mexicano. Para Román Cuesta, que investiga la expansión internacional de El Yunque, Hazte Oír nace como "experiencia piloto" de la sociedad mexicana para implantarse en redes sociales en España y hoy "quizá sea la más influyente" de sus pantallas aquí, como a juicio del investigador empezó a quedar acreditado con una sentencia de 2014 que destapaba supuestos vínculos entre ambas organizaciones. Hazte Oír ha negado cualquier vínculo.

infoLibre trató de recabar la versión de los dos grupos presididos por Arsuaga, sin respuesta.

Un obispo, un bioético y muchos políticos

El binomio liderado por Arsuaga también forma parte de One of Us, una red de organizaciones donde vuelve a hacerse patente la proyección internacional del catolicismo radical español. Presidida por Jaime Mayor Oreja, One of Us, organización de derecho belga, integra a 49 organizaciones de 19 países europeos. 17 grupos son españoles. Ningún país aporta más. Otra prueba más de la fuerza española en el movimiento: la investigación de 2019 del European Investigative Collaborations desveló que de 21 organizaciones dedicadas al lobismo ultracatólico en Bruselas, tres eran netamente españolas –Asociación de Abogados Cristianos, Profesionales por la Ética y Enraizados– y otras diez tenían representación, delegaciones o sede en España. Entre ellas figura One of Us, consolidada como otro referente a nivel europeo.

A finales de octubre, One of Us celebró en Lisboa su V Foro Europeo, en cuya jornada inaugural participó Jaime Mayor Oreja. En la capital portuguesa se reunieron representantes de instituciones como la Federación Portuguesa por la Vida, la Fundación Jérôme Lejeune –de cuyo comité de expertos es miembro Nicolás Jouve, miembro del Comité de Bioética de España–, el European Center of Law and Justice, con base en Francia; el Instituto Mária Kopp (Hungría); el Movimiento Italiano por la Vida; Africa Life Youth; y HeartBeat International (Estados Unidos), entre otras.

El programa incluía figuras políticas como el maltés Tonio Borg, excomisiario europeo, ferviente antiabortista; la eslovaca Anna Zsáborská, exeurodiputada, del Partido Unión Cristiana; y Alojz Peterle, exprimer ministro de Eslovenia, entre otros. Junto a figuras de Portugal, Francia, Italia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Austria y Eslovaquia, España estuvo representada a través del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, del ala dura del episcopado; Julio Tudela, director de Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia, y Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, de la que ha sido colaboradora la líder de Vox en Madrid Rocío Monasterio.

En declaraciones a infoLibre, Ana del Pino, coordinadora de One of Us, cita a España entre los países cuyas organizaciones más peso tienen, destacando el relieve de la figura de Mayor Oreja. Junto a España, recalca el importante papel de Francia –en concreto la Fundación Jérôme Lejeune–, Italia, Portugal y países del conocido como Grupo de Visegrado como Hungría, Polonia y Eslovaquia, que van "en línea con nuestros planteamientos". 

Political Network for Values

Mayor Oreja España ejerce en España como el referente con mayor influencia en este ámbito. Santiago Abascal lo llegó a tantear sin éxito como candidato para su moción de censura, según una información no desmentida de Abc. Bajo el manto de su red organizativa, que tiene como epicentro en España la Fundación Valores y Sociedad, se entremezclan referentes políticos de derecha y extrema derecha.

Fuera de España, Mayor Oreja también luce galones. No sólo al frente de One of Us. También como presidente de honor de Political Network for Values, una plataforma de representantes políticos de 17 países de toda América –incluyendo Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos– Europa y África. Si One of Us es identificable por su alcance europeo, en Political Network for Values es obvia la vocación de llegar a América. 

Preside el club Katalin Novák, la ministra de Familia del Gobierno de Viktor Orbán, en Hungría, un país cuyo modelo levanta suspiros de envidia en estos círculos. El vicepresidente es Rodrigo Iván Cortés, a su vez líder del Frente Nacional por la Familia de México, otro país que funciona como surtidor de cuadros y proyectos en este ámbito, y donde Vox está haciendo un especial esfuerzo de implantación.

España está abundantemente representada en Political Network for Values. Y no sólo con Mayor Oreja. Una mujer próxima al exministro del Interior, Lola Velarde, es la directora ejecutiva. Ignacio Arsuaga forma parte de la junta directiva, además de su compañero en Citizen Go Brian Brown.

Luis Peral, exsenador y exconsejero en Madrid con el PP, uno de los impulsores de la iniciativa para forzar al Tribunal Constitucional a dictar la sentencia de la Ley del Aborto, forma parte del consejo asesor. En el "comité de expertos" de Political Network for Values figura Luca Volonté, fundador de Terra Novae y miembro también del patronato de Citizen Go.

"El papel de España es clave" en la red por su "vocación de puente entre España y América", explica a infoLibre la directora general, Lola Velarde, en respuesta por escrito. Velarde afirma que son "referentes" tanto Mayor Oreja como la ministra de Familia húngara, "una entusiasta promotora de los valores que nos unen". "Ella es artífice, entre otras cosas, de una política familiar única en Europa, que ha logrado indicadores de éxito muy llamativos", explica [ver aquí la respuesta completa de Velarde].

Political Network for Values tiene prevista para noviembre una "cumbre transatlántica" en Budapest donde están confirmados, junto a Mayor Oreja y Arsuaga, las ministros de Familia de Hungría, Polonia y Eslovaquia, la secretaria nacional de Familia de Brasil, el secretario de Estado para la Ayuda a los Cristianos Perseguidos y del Programa Hungría Ayuda y las líderes de Family Watch International y el International Centre on Sexual Exploitation, dos marcas del movimiento cristiano radical en Estados Unidos, entre otros. Además, estaba prevista la participación de Alejandro Chafuén, director del Acton Institute, "influyente dentro de Atlas Network", uno de los mayores lobbies de presión mundial detrás de ideas ultraliberales", según el centro de investigación Al Descubierto, que vincula a Atlas Network con la FAES de José María Aznar. Finalmente, no podrá acudir, confirma Political Network for Values.

Citizen Go aparece entre los patrocinadores de esta cumbre, que reserva a Vox un espacio privilegiado, con la confirmación de ponencias del eurodiputado Hermann Tertsch y la diputada en el Congreso Lourdes Méndez Monasterio. La cumbre se realiza en un momento de potente actividad internacional de Vox, que gana aliados en América Latina y Estados Unidos –directamente o a través de la Fundación Disenso– al mismo tiempo que en Europa se acomoda cada vez más en del bloque nacionalista de Hungría y Polonia. Hazte Oír-Citizen Go y Vox pueden presumir de haberse incorporado al movimiento cristiano radical en pie de igualdad con los extremistas protestantes, histórica vanguardia del frente provida, profamilia y anti-Lgtbi.

La internacional antifeminista

Junto a Hazte Oír, forma también parte de One of Us la asociación Profesionales por la Ética, ligada a su vez al conglomerado de Arsuaga. Profesionales, otra organización clave para entender el despliegue internacional del lobby integrista español, es fundadora –junto a la belga Woman Attitude y la francesa Femina Europa– de Women of the World (WoW), red internacional dedicada al combate contra el "feminismo radical" y el lobby Lgtbi y a la defensa del rol maternal de la mujer.

Su coordinadora general, máximo cargo ejecutivo, es la española Leonor Tamayo, expresidenta de Profesionales, conocida por su activismo "provida", antiizquierdista, contra el "lobby Lgtbi" y de objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tamayo fue además en 2015 la anfitriona de un homenaje brindado por figuras y colectivos de la derecha católica a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados a Mariano Rajoy y algunos de los cuales, como Méndez Monasterio, acabaron formando parte de la escisión por la derecha del PP que es –en parte– Vox. Women of the World cuenta con asociaciones en 15 países de Europa, América, África y Asia. De España, figuran Citizen Go –global ya, en realidad–, el Instituto de Política Familiar, Cidevida, Enraizados, Actúa Familia y Temp de Dones.

Profesionales está además integrada en Euthanasia Prevention Coalition, Life is Beautiful y Family Rights Caucus.

Otro referente del despliegue internacional del movimiento provida español es Jorge Soley, que fue fundador y presidente de la organización belga European Dignity Watch. European Humanist Federation, ONG defensora de las sociedades laicas en la UE, atribuye a European Dignity Watch la creación de una "red de expertos que se reúnen con los eurodiputados y los funcionarios de la UE para proporcionarles análisis e investigaciones científicas desde el punto de vista de la lucha contra el aborto". Aunque en el periódico Actuall, ligado desde su origen en 2015 a Hazte Oír, Soley se presenta aún como presidente de European Dignity Watch, en respuesta a preguntas de infoLibre asegura que "fue disuelta y ya no existe". Soley es hoy patrono de la Fundación Pro Vida de Catalunya.

Con un plantel abiertamente alineado con las posiciones de la extrema derecha y una marca registrada por una nueva productora en la que aparecen como únicos accionistas dos miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco, el canal 7NN comienza sus emisiones este próximo martes 12 de octubre. Capitaneado por Marcial Cuquerella, exdirector general de Intereconomía, columnista hasta junio del digital de Vox –gaceta.es– y persona vinculada a la asociación ultraconservadora Hazte Oír, todo indica que el canal nace con un propósito inequívoco: fortalecer la difusión de los postulados de un segmento político y social que domina el partido de Santiago Abascal.

7NN nace también marcada por un enigma: el de quiénes financiarán una televisión llamada como primer paso a competir con medios como Trece TV y otros como El Toro TV,  heredero oficial de Intereconomía, fundada por un hombre clave de la constelación Vox, Julio Ariza. La nómina de medios con los que disputará audiencia se engrosa con Libertad Digital, el grupo de Federico Jiménez Losantos. 7NN prevé emitir en toda España pero también en distintos países de Latinoamérica donde la ultraderecha ha ido tejiendo alianzas. Constituida el 19 de mayo, la empresa –que ya ha solicitado el registro de la marca 7NN, Producciones Audiovisuales Hispania SA– nace con un capital social de 2,5 millones de euros, de los que solo se han desembolsado 650.000.

Como accionistas a partes iguales, y así lo detalla la información registral obtenida por infoLibre, figuran los hermanos José Ángel, que consta como presidente, y Jaime Alonso García. Los dos aseguran en la escritura constituyente que actúan en su propio nombre. El día en que se constituyó la empresa, acudieron también a la cita con el notario otros dos fundadores que se integran como consejeros. Uno de ellos se llama Jaime Alonso Gila. Su nombre y apellidos sugieren que pertenece a la misma familia que los dos miembros de la Fundación Franco ya mencionados. Y coinciden exactamente con el de un asesor parlamentario de Vox en el Congreso pero no ha sido posible verificar si se trata de la misma persona. La sede de la productora se localiza en el bufete de abogados del primero de ellos.

Su entrada en escena convierte a 7NN, que ha elegido la Fiesta Nacional como fecha inaugural de su programación, en un participante de relieve en la carrera con que la derecha mediática ha dado el pistoletazo de salida del recién iniciado otoño. En esa misma carrera ya avanza el digital El Debate, dirigido por el exdirector de ABC Bieito Rubido, y propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, a su vez dueña de la universidad privada CEU San Pablo. Y en una fecha todavía imprecisa se incorporará La Séptima, la televisión que pretende darle un bocado a la audiencia de los gigantes del sector y cuyo rostro visible es ya Marcos de Quinto, expresidente de Coca-Cola en España y exdiputado de Ciudadanos. La panoplia se cierra, de momento, con otro digital: The Objective. Fundado hace ocho años por la empresaria colombiana y venezolana de adopción Paula Quinteros, The Objective aspira a ser un medio de referencia en el ámbito del centro-derecha y la derecha tras fichar como director a Álvaro Nieto, que durante una breve etapa llevó las riendas del también conservador vozpopuli.com.

Salvo sorpresas, el medio más cercano al extremo derecho de la vara será 7NN.  Que la presidencia de la compañía recae sobre un integrante de la fundación que reivindica con uñas y dientes al dictador ya fue adelantado a mediados de septiembre por pandemiadigital.net. La misma web subrayó que Marcial Cuquerella mantiene vínculos con la organización ultraderechista y secreta El Yunque. Fue elconfidencial.com el que en mayo de 2014 publicó que varios testigos habían revelado en un juicio la identidad de distintos miembros de la secta. Además de a Cuquerella, El Confidencial incluyó en la lista a Luis Losada, que fue director de La Gaceta cuando pertenecía a todos los efectos a Intereconomía. Losada dirigirá un programa en 7NN.

Defendiendo al dictador y arropando a Mario Conde

En España, la transmisión de acciones de una sociedad no requiere ser comunicada al Registro Mercantil salvo que se produzca una ampliación de capital. Pero si la financiación de 7NN permanece en la sombra, de lo que no existe duda es de que los hermanos José Ángel y Jaime Alonso pertenecen a la Fundación Franco: de hecho, el segundo fue vicepresidente de la fundación, que esta semana abre su web con un artículo suyo donde se lanza a degüello contra la Ley de Memoria Democrática. En 2016, los dos hermanos actuaron como avalistas de Mario Conde para respaldar la fianza de 300.000 euros de cuyo pago dependía que el banquero saliera de prisión. 

Aunque Marcial Cuquerella no ostenta ningún cargo en el organigrama de Producciones Audiovisuales Hispania SA ni participó en su constitución, representa la cara visible de 7NN. Este periódico no ha logrado contactar con él. Tampoco con los hermanos Alonso. Todo lo que se conoce sobre los entresijos del nuevo canal televisivo es lo que reflejó Cuquerella en uno de sus tuits: que fueron "empresarios audaces" quienes iniciaron hace un año "un proyecto de tv nacional alternativo" cuya programación –asegura– será accesible en TDT, cable y móvil. A día de hoy, sigue sin conocerse la identidad de los "audaces" inversores de un medio con destacados componentes o simpatizantes de la ultraconservadora asociación Hazte Oír y cuya marca no llegó a la Oficina de Patentes (OEPM) hasta hace un mes: exactamente la solicitud de registro quedó fechada el 8 de septiembre.

Pero la marca real y definitoria de 7NN se acerca de forma vertiginosa tanto a Hazte Oír como a Vox. Entre los periodistas del canal ocupa un puesto Javier Villamor, antiguo portavoz de Hazte Oír y que en 2019 protagonizó un sonoro encontronazo televisivo durante una entrevista en La Sexta. Y otro ejemplo: uno de los programas del canal estará dirigido por Fernando Paz, el candidato de Vox por Albacete que en 2019 hubo de renunciar tras cuestionar la propia existencia del Holocausto nazi. 

Antes de que la empresa que gestionan los dos hermanos miembros de la Fundación Franco presentaran en la OEPM la solicitud para inscribir 7NN, un despacho de abogados ya había inscrito el 19 de abril otra marca que no guarda relación con Cuquerella pero que también remite al número 7: La Séptima Suma. Aunque permanece en el campo de las incógnitas cuándo comenzará a emitir, La Séptima ya ha quedado anudada al nombre de Marcos de Quinto. Vicepresidente de Coca-Cola hasta 2017, el empresario cruzó dos años más tarde la puerta giratoria en sentido inverso al habitual para convertirse en el número dos de Albert Rivera en las elecciones generales y engrosar el ala menos centrista de Ciudadanos. Apenas doce meses más tarde, dejó el escaño: lo hizo porque, con la pandemia en la cresta de la ola, el partido había decidido apoyar otra prórroga del estado de alarma. Y así cruzó otra vez la puerta, ahora para situarse de nuevo en el ámbito empresarial.

La puerta giratoria de Marcos de Quinto y el misterio de las licencias

¿Es la trayectoria de Marcos de Quinto un anticipo de lo que será la cadena? Los portavoces del grupo que se prepara para lanzar La Séptima, grupo cuyo nombre ni siquiera ha salido a la luz, se centran en tres mensajes: que el canal perseguirá hacerse con "el más amplio espectro del centro"; que pretende tener capacidad para "competir con los grandes operadores, Antena 3 y la Sexta". Y que la empresa titular del canal continúa en la ronda de contactos para obtener financiación.

Asociado al empresario murciano Juan Francisco Zambudio, propietario de una tv privada en esa comunidad, el perfil de De Quinto aventura sin embargo que el centro del canal se ubicará probablemente en la derecha. ¿Tanto como el de 7NN? Eso parece improbable. Fuentes consultadas por infoLibre recalcan que no hay por medio dinero venezolano ni de ningún país de Latinoamérica. Ni de ninguna sociedad con sede en Miami, ciudad clave en el mapa del exilio cubano. Las mismas fuentes aseguran que la ronda de contactos con potenciales inversores se está centrando en España. Y como colofón agregan que De Quinto no necesariamente será el nombre más sonoro de quienes manejen los hilos de La Séptima.

Entre las incógnitas relativas tanto a 7NN como a La Séptima hay una fácil de resumir: ¿de dónde van a sacar la licencia que ha de permitirles operar? Como publicó hace una semana eldiario.es, el mercado de la TDT está hoy cerrado. En total hay 21 canales en abierto para todo el territorio, más de la mitad en manos del duopolio  de Mediaset (con siete licencias) y Atresmedia (con seis). Alquilar una de esas señales supondría un desembolso de entre siete y ocho millones de euros al año. Y comprarla, agrega el citado medio, podría superar los 25.

Pero los interrogantes persisten. Por ejemplo, ¿qué factor explica que la derecha más conservadora y la ultraderecha hayan entrado en erupción y ultimen el desembarco de dos nuevas televisiones y el nacimiento de un medio digital como El Debate? "Buscan –sostiene en referencia a 7NN Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga– reforzar el voto de una derecha extrema e incluso dirigir el discurso del PP para aproximarlo a Vox". Chaparro cree que "Vox busca dirigirse a su propia audiencia para no depender de canales ya orientados a las tesis del PP como 13 TV".  "Estamos –continúa– ante la ideologización extrema en líneas editoriales cada vez más vinculadas a intereses políticos y posicionamientos económicos neoliberales". Pero lo más grave, razona, es "la instrumentalización de las emociones mediante discursos fáciles e informaciones extremadamente sesgadas".

Fundador de Teledetodos, grupo de investigación que aglutina a profesionales, académicos e investigadores, el periodista Pedro Soler ofrece a esa pregunta una respuesta cimentada en el origen de la expansión de la extrema derecha: "Ha crecido en España debido a un descontento social, pero el papel de los medios ha contribuido considerablemente a su auge". Soler, que en 2004 fue asesor del Consejo de Sabios para la Reforma de la RTVE, se cuenta entre quienes no albergan ni un ápice de duda sobre la obligación de dar espacio informativo a Vox.  "En una sociedad democrática –dice– no se puede silenciar a partidos que, como Vox, tienen una amplia representación en las instituciones. Pero los medios de comunicación, especialmente los públicos, tienen la obligación de contextualizar sus mensajes o directamente desmentirlos si se trata de falsedades o verdades manipuladas".

¿Guerra interna en la ultraderecha?

 ¿Se está gestando el nacimiento de una especie de Fox española? En España, diagnostica Chaparro, ya existe una discípula de Fox: "Creo que 13 tv está bien cerca, como Jiménez Losantos y, en algunos casos, periodistas empotrados en otras cadenas que orientan su información en favor de una derecha intransigente". Así que, salvando las distancias, el espacio de Fox  "ya está ocupado". Pero surge un pero: que en cualquier caso "una cadena centrada en espectacularizar la política, basada en la construcción de mentiras desde hechos insustanciales o inexistentes no es deseable y solo será posible si el resto de medios no es capaz de combatir estos intereses espurios".

Pedro Soler acude a una frase literalmente de cine ante la pregunta sobre Fox: “Hay muchas personas entre nosotros que no saben qué creer. Si les dices lo que tienen que pensar las pierdes, pero si les dices lo que tienen que sentir, son tuyas”. El entrecomillado –explica el periodista tras dejar constancia de una de esas citas difíciles de olvidar– se le atribuye a Roger Ailes, fundador de Fox News, en la miniserie La voz más alta. "Los impulsores de estos grupos –prosigue el experto– han debido pensar: ya que otros medios nos han allanado el terreno, vamos a crear el nuestro con una línea editorial sin complejos y un discurso claramente orientado a nuestros votantes potenciales". El fundador de Teledetodos no descarta un ascenso mediático de tales grupos en un futuro cercano. Y traza una analogía casi a modo de aviso: "Tampoco se le dio importancia a Vox y ahora tienen 52 diputados".

¿Se está produciendo una guerra interna dentro de la ultraderecha dado que El Toro TV existe y otorga un papel estelar a Julio Ariza pese a que, según su web, pertenece a una empresa ajena a Intereconomía? Fuentes del sector que piden expresamente no ser identificadas creen que sí hay una guerra interna en la ultraderecha mediática. Y que el hecho de que 7NN vaya a contar con periodistas que han abandonado El Toro TV para trabajar con Cuquerella lo confirma. Y esa guerra se está desarrollando "entre 7NN e Intereconomía" aunque "también están por medio los de 13TV".

La reciente bronca de Federico Jiménez Losantos con Santiago Abascal, a quien reprochó en una entrevista que se negase a revelar si se había vacunado o no contra el Covid-19, emerge en este escenario de dudas. Pero las mismas fuentes sostienen que una de las cuestiones por resolver gira en torno a qué posición adoptará Vox, cuyo digital gaceta.es surgió como fruto de una "cesión gratuita temporal" de la marca. En esa cesión tuvo un papel protagonista Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza y personaje capital en la malla societaria próxima al partido de Abascal. Por ejemplo, una de sus empresas –Lepanto Strategy SL– era la propietaria del dominio gaceta.es, cuyo nombre es un calco del diario que editaba Intereconomía hasta que sus cuentas cayeron en picado, tanto que su nombre acabó en la lista de morosos con Hacienda. Otra, Tizona Comunicación SL, asomó en marzo de 2020 como la que había solicitado a Patentes y Marcas inscribir la marca comercial ISSEP. Es decir, la que representa al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), sucursal española del centro fundado en Lyon por la ultraderechista francesa Marion Maréchal-Le Pen.

"Una inversión política más que económica"

Guerra potencial de la ultraderecha al margen, queda otra pregunta que genera incertidumbre: la de si hay espacio para dos nuevas televisiones, en este caso para 7NN y La Séptima. "Espacio comercial –responde ahora el catedrático Manuel Chaparro en referencia a la primera– no hay. Incluso muchos anunciantes no quieren que se les vincule a estos canales". 

El profesor abre con su discurso una línea inexplorada: saber de dónde llegan los recursos destinados a financiar las nuevas televisiones "será un desafío de transparencia que la Ley general de Comunicación Audiovisual de 2010 no resolvió y que muy probablemente, por lo que se desprende del nuevo Anteproyecto de Ley General Audiovisual, tampoco se resolverá". Chaparro remarca que el espacio radioeléctrico "es un bien común". Y que su administración debe responder a intereses generales: "Auditar la transparencia y la rentabilidad social de los medios son medidas de importancia para que la audiencia reconozca las marcas y entienda quiénes la financian".

Pedro Soler no cree que la  clave resida en si caben más televisiones o no. "No creo que la intención de estos grupos –argumenta en referencia a 7NN– sea tanto la búsqueda de una rentabilidad comercial a corto plazo como la búsqueda de un posicionamiento mediático dentro de una estrategia política más amplia que les permita diferenciarse nítidamente del PP". Se trata, concluye el periodista, "de una inversión política más que de una inversión económica".

He aquí un primer vistazo al perfil y la actividad de los miembros del Comité de Bioética, el organismo público que asesora al Gobierno sobre temas como el aborto y la eutanasia. ¿Hay algo que llame la atención? Veamos.

El presidente, Federico de Montalvo, es vicerrector de una universidad católica y ha cargado duramente contra la Ley de Eutanasia, sobre la que asesora al Gobierno, en un acto organizado por el episcopado. Los vocales Álvaro Gándara y Nicolás Jouve, que figuran como profesores de una universidad católica, son destacados puntales del movimiento provida. Gándara impulsa un intento de tumbar en el Constitucional la ley de eutanasia, sobre la que firma informes en el comité público asesor. Ambos son firmantes del manifiesto contra la eutanasia de la Plataforma Los 7.000, integrada por grupos de la esfera ultracatólica. Jouve, premio Hazte Oír por su compromiso antiabortista, preside la asociación Cívica, que tiene un contador de bebés muertos por aborto. Además, firmó una carta enviada al papa para advertirle contra los planes de Pedro Sánchez antes de una reunión que ambos líderes iban a mantener.

Más. Vicente Bellver, otro vocal, es también firmante del manifiesto contra la ley de eutanasia y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, a la que ha pertenecido el también vocal José Miguel Serrano. Natalia López Moratalla, miembro del Opus, firma el manifiesto de la Plataforma Los 7.000. Manuel de los Reyes, otro vocal, tiene relación profesional con instituciones católicas.

Cuatro miembros del comité, de los 11 con derecho a voto, figuran como relacionados profesionalmente con organizaciones de la Iglesia católica, que mantiene una dura oposición a la ley de eutanasia y a otras materias sensibles desde el punto de vista bioético, como el aborto. Al menos cinco han participado en actos o iniciativas planteados de forma claramente contraria a la Ley de Eutanasia [ver La Caja Negra]. Cuatro pertenecen o apoyan a grupos del ámbito ultracatólico y provida.

Sobresale un dato. Más de la mitad de los miembros con derecho a voto del comité público asesor sobre aborto y eutanasia, 7 de 11, tienen estrecha vinculación con la Iglesia católica y sus instituciones. De Montalvo es vicerrector de la Universidad Pontificia Comillas y colaborador de San Juan de Dios; Gándara, profesor en la Católica de Ávila, es un destacado referente del movimiento católico provida, al igual que Nicolás Jouve. Vicente Bellver es miembro de la Academia Pontificia por la Vida, creada por Juan Pablo II, de la que ha sido miembro también José Miguel Serrano. Natalia López, miembro del Opus, también es firmante del manifiesto de la Plataforma Los 7.000, que reúne a la crema del lobby provida español. Manuel de los Reyes es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de Comillas y coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto San José, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Ley de eutanasia

No hay nada irregular en lo narrado en los anteriores párrafos, pero lo cierto es que las críticas al trabajo del comité se han extendido ya a las posiciones públicas de algunos de sus miembros. El detonante ha sido su trabajo sobre la eutanasia.

El organismo publicó en octubre de 2020 un informe contra el derecho a la eutanasia. En julio de este año, ya aprobada la norma, sacó otro a favor de la posibilidad de objeción no sólo de los sanitarios implicados, sino de todo el personal, incluso los celadores. El informe defendía –en contra de lo que dice la ley, el manual de buenas prácticas, el código ético de la Organización Médica Colegial y comités bioéticos como los de Andalucía y Cataluña– que la objeción de no debe ser sólo individual, sino también colectiva, con lo que pueden acogerse las instituciones de la Iglesia e imponerla a los trabajadores de sus hospitales, y todo ello sin perder sus conciertos públicos.

El informe sobre la objeción avala la posición de la Conferencia Episcopal (CEE), que ha solicitado el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia", y también con la de cinco agentes católicos de peso en el mapa sanitario que han advertido que no aplicarán la norma: la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer).

De Montalvo, presidente del comité, ha acudido además en calidad de tal a un foro de la CEE contrario a la ley de eutanasia, donde se significó "en contra" de la norma. A su juicio, crea una "pendiente resbaladiza" que puede suponer 20.000 muertes al año. Ante los asistentes, De Montalvo habló de sí mismo como persona vinculada a la Iglesia. 

El Comité de Bioética está en el punto de mira. Y las críticas no se refieren sólo a sus argumentos, sino también a las conductas de sus miembros. El PSOE, a través de su secretaria de Salud, la exministra María Luisa Carcedo, ha afirmado que el comité se ha posicionado por las "creencias" de sus miembros. También se ha pronunciado el senador socialista y catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas, que calificó la presencia de De Montalvo en el foro de la CEE como "absoluta falta de decoro".

Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, fue directo en Al Rojo Vivo. El comité, dijo, está siendo usado como una "herramienta" por la "jerarquía católica" para "dificultar la eutanasia". Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, afirma que el comité, lejos de limitarse a su labor asesora, "intenta movilizar a la ciudadanía" contra la ley. En un voto particular al informe sobre la objeción, la vocal del comité Leonor Ruiz Sicilia apreciaba "incoherencias" que "parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones", en aparente referencia a las organizaciones religiosas.

Comité de Bioética

De modo que las referencias a los nexos Comité de Bioética-Iglesia son múltiples. Pero, ¿quién forma este organismo que, a juicio de Derecho a Morir Dignamente, se ha sumado a una campaña de entorpecimiento de la ley? ¿Es justificable calificarlo de "herramienta" de la jerarquía católica?

El comité fue creado en 2007 por ley como un órgano "independiente" y "consultivo" adscrito al Ministerio de Sanidad para emitir informes para los poderes públicos “en asuntos con implicaciones bioéticas”, como el aborto, la eutanasia o las vacunas. Sus miembros son nombrados por Sanidad, a propuesta de las comunidades y el Gobierno, establece la ley. No ha entrado ni un solo miembro desde que gobierna el PSOE.

Su reglamento no sólo recoge que los miembros actuarán "con independencia de las autoridades" que los colocaron, sino que en el artículo 13, que regula el "conflicto de intereses", señala que "se inhibirán" de participar en asuntos "en que pudiera verse comprometida su independencia, imparcialidad u objetividad".

Federico de Montalvo

El presidente es Federico de Montalvo, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, de la que además es vicerrector y secretario general. Comillas, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, es una universidad erigida por la Santa Sede, con su dirección encomendada a la Compañía de Jesús. La universidad ofrece "una respuesta cristiana desde el mensaje de Jesús de Nazaret", dice la institución, cuyos profesores deben tener "identificación" con la "misión" de la universidad. De Montalvo, vicerrector de esta institución, trabaja con la Orden de San Juan de Dios y ha colaborado con las Hermanas Hospitalarias, explicó él mismo el martes en un acto de la Conferencia Episcopal.

De Montalvo niega, en conversación con infoLibre, que su criterio venga marcado por sus vínculos con instituciones católicas. Su posición en contra de "cargarnos un sistema que funciona", el de los conciertos con entidades de la Iglesia, "no es hacer clericalismo, es bioética" en defensa del paciente. Afirma que habla con total libertad, tanto de eutanasia en el foro de la CEE, como del pasaporte covid en la progresista Fundación Alternativas. De Montalvo recuerda que el informe contra la eutanasia como prestación de octubre de 2020 fue aprobado por unanimidad y el favorable a la objeción institucional sólo cosechó un voto particular. Y explica así el porqué de la abundancia de personas vinculadas a la Iglesia en el ámbito bioético y en el propio comité: "Los que han trabajado la ética y la moral históricamente han sido los teólogos. La ética a España llega con los jesuitas. La funda en España Francesc Abel. En la Iglesia, mucha gente se ha dedicado a eso".

Rogelio Altisent

El vicepresidente del comité, Rogelio Altisent, ya aparecía como un público opositor a la nonata ley de eutanasia antes de su nombramiento en 2018. En la presentación de ¡Doctor, no haga todo lo posible!, libro del sacerdote Pablo Requena, Altisent afirmó que “es una irresponsabilidad legislar la eutanasia en estos momentos” [ver La Caja Negra].

Álvaro Gándara

Álvaro Gándara, que figura como profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila, es un activista contra la eutanasia y la ley que la regula. Gándara ha protagonizado un intento de tumbar la ley en el Tribunal Constitucional mediante un escrito, firmado por él mismo, según el cual la ley "ha creado un nuevo derecho subjetivo individual, matar”.

Según explicó Gándara en abril a este periódico, la iniciativa pretendía –más allá de su propósito jurídico– “remover un poco el cotarro”, “tensar la cuerda” y “poner las pilas" a PP y Vox para que "no se duerman" y presenten sus recursos, como finalmente hicieron. Gándara ya celebraba los pasos de los dos partidos hacia el recurso desde antes de aprobarse la ley. Y todo ello siendo vocal del comité público que asesora al Gobierno sobre eutanasia.

Gándara es firmante de la campaña contra la eutanasia Plataforma Los 7.000, a la que están adheridos colectivos como One of Us –red europea provida liderada por Jaime Mayor Oreja–, Hazte Oír, Profesionales por la Ética, la Asociación Española de Abogados Cristianos, la Asociación Católica de Propagandistas y E-Cristians, entre otros. La plataforma anima a formar parte de la llamada Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, liderada por Mayor Oreja. Además, Gándara figura como miembro del comité científico del Instituto Europeo de Bioética, contrario al aborto y la eutanasia y que ha hecho lobby provida en Bruselas.

Gándara es una figura destacada del mundo provida español. En 2015 los parlamentarios más antiabortistas del PP orillados por Mariano Rajoy recibieron una cena-homenaje, a la que asistieron numerosos referentes del lobby integrista y dirigentes de Vox. En la crónica del acto, Actuall cita a Gándara entre las personalidades que no asistieron pero "quisieron sumarse al aplauso".

Nicolás Jouve

Otro miembro del comité que, según la crónica de Actuall, quiso en 2015 "sumarse al aplauso" a Lourdes Méndez Monasterio –hoy puntal de Vox en el movimiento ultracatólico– y el resto de parlamentarios díscolos del PP fue Nicolás Jouve. Al igual que Gándara, este catedrático emérito de Genética figura como profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila. También suscribe el manifiesto de la Plataforma Los 7.000, contraria a la ley de eutanasia. Además, aparece como firmante de una carta al papa Francisco, de octubre de 2020, suscrita por grupos e individuos católicos para advertir al cabeza de la Iglesia, antes de una reunión con Pedro Sánchez, de los planes del Gobierno de impulsar las leyes de eutanasia, aborto y educación, que "chocan de pleno con la concepción cristiana de la vida".

Jouve es presidente de la asociación antiaborto y antieutanasia Ciencia, Vida y Cultura (Cívica), cuya última entrada en la web es un texto de un sacerdote y socio de la entidad contra la "criminalización de grupos provida". La web también tiene un "contador" de bebés muertos por aborto.

Jouve, miembro del órgano asesor del Gobierno sobre aborto y eutanasia, forma parte de la "red de expertos" de la Fundación Jérôme Lejeune, que colabora con la Universidad de Navarra (Opus) en "formación bioética". Tanto Cívica como Jérôme Lejeune están dentro de la red europea de asociaciones provida One Of Us (Mayor Oreja), de la Plataforma Sí a la Vida y de la Plataforma Los 7.000. Cívica formó además parte en 2016 del surgimiento de la Plataforma por las Libertades, contra la "ideología de género".

Eldiario.es publicó en 2013, tras ser nombrado Jouve miembro del comité el año anterior, que había escrito un artículo en el que afirmaba que "la conducta homosexual" es "un modo de vida" "irregular y desordenado”.

En 2010 Hazte Oír le dio uno de sus premios anuales por ser promotor del texto contra el aborto conocido como "Manifiesto de Madrid".

"Soy un académico, soy profesor, soy genetista, soy catedrático, lo único que me interesa es la verdad científica. Lo mío no son opiniones ideológicas. El inicio de la vida es la fecundación, eso no lo puede rebatir nadie. Sobre el aborto, sobre la utilización de los embriones, lo que yo puntualizo es que se trata de manipulaciones de vidas humanas", señala a infoLibre Jouve, que cree que en el comité hay suficiente pluralidad y que la política queda al margen de sus decisiones. Jamás se ha visto en conflicto, asegura. En la asociación Cívica, en la Plataforma Los 7.000, en su artículo sobre la homosexualidad, ¿no hay ideología?, le pregunta el periodista. Lo rechaza de plano. Lo único que hace es "puntualizar con datos científicos".

Vicente Bellver

La firma del filósofo del derecho Vicente Bellver figura también el manifiesto de la Plataforma Los 7.000 (contra la eutanasia). Bellver, miembro de la Academia Pontificia por la Vida, una institución creada por Juan Pablo II, fue anunciado por la Archidiócesis de Madrid como miembro de la mesa inaugural del X Congreso de Familias y Docentes Católicos de 2020 junto a Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Finalmente se suspendió.

"No parece que la respuesta del Gobierno ante la pandemia que sufrimos deba consistir en aprobar una ley que permita dar muerte a los más mayores, enfermos y dependientes", escribía Bellver en Las Provincias en noviembre de 2020 sobre la eutanasia. Y añadía: "Las personas con enfermedades crónicas o terminales van a sentir todos los días en sus oídos el susurro de una insidiosa pregunta: ¿seguro que te sigue valiendo la pena vivir en esas condiciones?".

Bellver no ve conflicto alguno. "Hay gente muy celosa de su libertad de conciencia y hay gente que obedece a instancias distintas de su conciencia. Yo te aseguro que no tengo más criterio de pensamiento y decisión que el de mi conciencia", explica el catedrático, que rechaza "la utilización de la biografía" de alguien para "proyectar un halo de sospecha" y destaca la pluralidad interna de la propia Iglesia. "El hecho de ser católico no significa tener un alineamiento alienante", expone. ¿No compromete sus posiciones formar parte de la Plataforma Los 7.000 o de la Academia Pontificia por la Vida? "Yo no soy un lobista, soy un académico", responde el miembro del comité, a cuyo juicio "lo fundamental" en un comité es "garantizar" la "pluralidad".

José Miguel Serrano

De la Academia Pontificia por la Vida creada por Juan Pablo II también ha formado parte José Miguel Serrano, filósofo del derecho y miembro del comité.

Natalia López

La catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular Natalia López incluye en su trayectoria la dirección de estudios, un vicedecanato y un vicerrectorado de la Universidad de Navarra, controlada por el Opus Dei, organización de la que es miembro.

López "ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Panamericana de México [también católica] por su defensa de la vida desde la ciencia", señala su currículo en el comité, del que es vocal.

Al igual que Gándara y Jouve, también López figura como firmante del Manifiesto de la Plataforma Los 7.000. Es decir, milita en la causa contra la eutanasia.

En una entrevista publicada en 2013 por la Fundación Vida SV, de El Salvador, López respondía así cuando se le preguntaba qué pasa ante la posibilidad de abortar tras una violación: "Depende de los países. [...]. No se ha demostrado, pero si al trauma de la violación le sumas el del aborto, destruyes a la mujer". El Opus difunde puntos de vista de López Moratalla, a la que sitúa entre las "mujeres de vanguardia".

En respuesta por escrito a preguntas de este periódico, López señala que su "defensa de la vida es siempre desde la ciencia, con argumentos llenos de rigor científico y respeto a quienes opinan de forma diferente". "Nunca he tenido el más mínimo conflicto entre la ciencia y mi fe", asegura. Afirma que jamás ha observado ningún motivo para inhibirse en ningún tema. "Mis colegas en comité son profesionales de prestigio, cada informe tiene detrás un trabajo serio, que respeta las opiniones justificadas de los demás y procura y consigue el máximo entendimiento", señala.

Manuel de los Reyes

Manuel de los Reyes López, especialista en cardiología, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. En su currículo en el Comité de Bioética, figura como coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto San José, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Emilia Sánchez Chamorro

Emilia Sánchez Chamorro, secretaria técnica del comité y por lo tanto sin voto, ha trabajado en Servicios Centrales de Sant Joan de Déu como directora de Desarrollo Profesional y Estratégico, y posteriormente como directora de Proyectos e Innovación.

Los otros vocales son Encarnación Guillén, Leonor Ruiz Sicilia y Fidel Cadena.

Los nombramientos

El comité tiene 12 miembros, ocho hombres y cuatro mujeres. Una no tiene derecho a voto, la secretaria.

Hay dos fechas clave para entender cómo se configuró la actual composición del cuadro de 11 miembros con voto. La primera es el 19 de noviembre de 2012, cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato (PP), firma una orden, publicada el 12 de enero de 2013, que incluye el nombramiento de Federico de Montalvo, Nicolás Jouve, Vicente Bellver, Manuel De los Reyes –por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud–, Natalia López –por acuerdo del Ministerio de Industria– y José Miguel Serrano Ruiz-Calderón –por acuerdo del Ministerio de Sanidad–. Además, también fue nombrado entonces, a propuesta del Ministerio de Justicia, el fiscal Fidel Cadena. Todos ellos, siete de los 11 miembros con derecho a voto, siguen hoy en el comité.

La segunda fecha que hay que observar es el 9 de mayo de 2018, cuando la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, firma otra orden que supone la renovación de De Montalvo, Jouve, Natalia López, José Miguel Serrano y Fidel Cadena, en virtud de la posibilidad de hacerlo que brinda la Ley de Investigación Biomédica. Además, el ministerio de la propia Ana Mato propone y nombra Álvaro de la Gándara y Rogelio Altisent.

La nómina se completa con Leonor Ruiz Sicilia –por acuerdo de las comunidades autónomas– y Encarnación Guillén, por el Ministerio de Economía. El acuerdo se publicó el 2 de junio de 2018, el mismo día, exactamente el mismo, en que se publicó el cese de los ministros del último gobierno de Mariano Rajoy, que había caído víctima de una moción de censura unos días antes. Aquella fue la última renovación del Comité de Bioética, que reforzaba la mayoría conservadora que ya existía antes.