La Audiencia Nacional finaliza la investigación de 'Kitchen' con Fernández Díaz como presunto 'cerebro'

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz a su llegada a la comisión de investigación de la operación ‘Kitchen’ del Congreso de los Diputados.

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre Kitchen concluyendo que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado ahora los indicios en los que se basa su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entienden que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, deberá efectuarla el órgano enjuiciador. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", concluyen.

Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala de lo Penal ha ratificado el procesamiento del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

No ve indicios suficientes contra la exdirigente conservadora

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar junto a su marido, Ignacio López del Hierro.

La Sala de lo Penal ha optado por mantener el statu quo, de modo que De Cospedal y su marido quedan definitivamente fuera de la causa, al igual que el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, que nunca ha estado investigado pero que el Ministerio Público pedía interrogar como tal en el caso de que se reabrieran las pesquisas.

Para los magistrados, los indicios que señalan los fiscales anticorrupción para sostener la imputación contra Cospedal y su marido no son suficientes, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de Villarejo, Gómez Gordo y Ríos.

A este respecto, subrayan que las reuniones que tanto Cospedal como López del Hierro reconocieron que habían mantenido con Villarejo fueron por "cuestiones al margen de los hechos investigados".

En la misma línea, creen que no hay indicos suficientes para imputar a Cosidó, el único eslabón de la cadena de mando policial de la época que ha quedado al margen de la investigación judicial de Kitchen.

Los teléfonos de Villarejo

La Sala de lo Penal ha rechazado asimismo las diligencias destinadas a determinar a quién pertenecía cada uno de los cinco números de teléfono con los que Villarejo dice que se comunicaba con Rajoy para tenerle informado sobre los avances del presunto espionaje a Bárcenas.

Se ha pronunciado específicamente sobre un número de teléfono de titularidad del PP para recalcar que tampoco hay indicio alguno de que Villarejo se comunicara con dicha línea. "En modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número", indican los magistrados.

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