El informe de la Agencia Tributaria que atribuye a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, los delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que acaba de ser imputado pone sobre la mesa un dato hasta ahora desconocido: que el pelotazo de dos millones obtenidos por mediar en la venta de mascarillas a una empresa –Mape Asesores– que luego se las suministró a la Xunta de Galicia no es el único. Entre 2020 y 2021, González recibió nada menos que 1,6 millones de Quirón Prevención SL, la filial del gigante sanitario adjudicataria del servicio de reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid.

Dos pagos de los recibidos por González Amador de Quirón Prevención SL fueron directos: 275.000 euros en 2020 facturados por su empresa Maxwell Cremona en concepto de consultoría y 722.000 en 2021 por idéntica vía. Pero ese segundo ejercicio, clave en la historia porque fue cuando la revista Lecturas desveló el 2 de junio la relación sentimental entre la presidenta y González Amador, entró en escena otra sociedad: una mera pantalla, siempre según Hacienda, destinada a rebajar la carga fiscal de su dueño y denominada Masterman&Whitetaker.

Igualmente propiedad al 100% de la pareja de Ayuso, en 2021 Masterman&Whitetaker abonó a Maxwell 600.000 euros cuyo origen volvía a estar en el mismo sitio. Es decir, en Quirón Prevención SL, que en diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022 –o sea, al comienzo del siguiente ejercicio– aceptó sendas facturas de la mercantil fantasma pese a que carecía de personal y medios para prestar ningún servicio, según Hacienda.

El primero de esos dos cargos facturados a Quirón lo emitió Masterman&Whitetaker por la “expansión Latam”, abreviatura que hace referencia a Latinoamérica. Hasta el 12 de mayo de 2022, González Amador permaneció en el Registro Mercantil de Panamá como directivo de Insumos Médicos del Pacífico SA, compañía cuya existencia desveló diariored y amplió al día siguiente eldiario.es. El cese de González Amador de su cargo se había producido en abril pero no se inscribió hasta aquel 12 de mayo. Fue ese mismo día cuando la Agencia Tributaria –que siempre se lo comunica al investigado– inició sus averiguaciones sobre el posible fraude fiscal detectado en los datos fiscales de 2020 y 2021.

Lo narrado en los párrafos anteriores se puede resumir como sigue: el hombre con quien vive la presidenta de la Comunidad de Madrid nunca cobró por contratos con la Comunidad de Madrid pero sí recibió "ingresos cuantiosos" –así lo expone la jueza instructora– de una empresa que presta servicios a la Comunidad de Madrid y está incardinada en el holding sanitario que es principal beneficiario del proceso de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid. No en vano, Quirón gestiona cuatro hospitales financiados por las arcas públicas sin que las cantidades aportadas por la Administración madrileña se hayan conocido nunca con exactitud.

La Comunidad de Madrid y su presidenta ocupan así dos de los tres vértices de un triángulo que evoca al que en 2022 provocó un escándalo político y mediático, así como una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción archivó en cuatro meses. En aquel caso, Tomás Díaz Ayuso nunca suscribió un contrato con la Comunidad de Madrid que preside su hermana y copropietaria de una mercantil administrada por él mismo –Sismédica SL–, pero percibió 234.000 euros de comisión por la venta de mascarillas que la empresa de un amigo, Priviet Sportive SL, efectuó a la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

A tenor de los documentos desgranados por Hacienda, el técnico sanitario cuya faceta como comisionista ha salido ahora a la luz había realizado, antes de cobrar 1,6 millones de Quirón Prevención SL, trabajos de consultoría para dicha compañía, con la que González Amador estableció relación contractual en septiembre de 2017 a través de su mercantil Maxwell Cremona –y así consta en el citado informe de Hacienda–. No obstante, su vinculación con el coloso sanitario es incluso anterior: en 2016 ya representó al grupo en un evento organizado por el Gobierno de República Dominicana.

Desde febrero de 2020 ocupa la presidencia de Quirón Prevención SL Fernando Camino, con quien González Amador tiene en común su paso por una empresa panameña, Insumos Médicos del Pacífico SA, de la que el primero fue fundador en 2013. Además, González Amador fue apoderado de Fraterprevención, una de las cuatro empresas que acabarían fusionándose en 2018 en Quirón Prevención SL, precisamente la compañía que ahora preside Camino.

Para Maxwell Cremona, la empresa principal de González Amador, aquel 2020 acabó con 2.330.111,85 euros en ingresos. La mayor parte procedía de Mape Asesores. Y ahí aparece otra conexión entre González Amador y Fernando Camino, que desde julio de 2019 ocupa un asiento en el consejo de administración de Mape.

Quirón Prevención SL, la empresa que ha pagado 1,6 millones a González Amador, se alzó el 22 de febrero de 2018 con el que fuentes de la compañía confirman como su primer contrato relativo a la sanidad pública madrileña: 840.068 euros para la gestión de los reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid. La orden de adjudicación fue firmada el 6 de marzo de aquel año por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia y que en una fecha que no ha trascendido acabaría convirtiéndose en pareja de González Amador. A base de prórrogas, el contrato se extendió hasta junio de 2021. Y la cuantía se duplicó, pasando a 1.677.335 euros.

Que aquella primera adjudicación para chequeos médicos se produjo en febrero de 2018 lo verifica el expediente de la licitación, en la que Quirón Prevención desbancó al anterior prestatario del servicio, Más Prevención SL. Cuando en el verano de 2021 estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas para Quirón Prevención SL por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de “reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias”. Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario. Los dos contratos –uno por cada lote en que se dividía la licitación– se formalizaron el 17 de junio de 2021.

Teóricamente, la duración de este segundo encargo de reconocimientos médicos se extendería 12 meses. En la práctica, y tras dos prórrogas concedidas para cada uno de los dos lotes reseñados, Quirón Prevención SL seguirá gestionando los chequeos médicos hasta julio de 2024. El coste original para las arcas madrileñas se triplicó de sobra: pasó de los 481.621 euros a los 1.447.863 ya aprobados a fecha de hoy.

En total, las sucesivas prórrogas –cuatro en el caso del primer contrato y dos para cada uno de los dos lotes del segundo, es decir, ocho en total– han duplicado de sobra el importe previsto. Y lo han colocado ya en 3.125.198 euros.

El lunes pasado infoLibre preguntó a la Consejería de Hacienda de Madrid si dicho departamento conocía la relación profesional de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, con Quirón Prevención SL cuando se le adjudicó a dicha compañía el contrato de 2021. No hubo respuesta.

Ese mismo lunes y tras detallar por escrito la secuencia cronológica y la evolución económica de los contratos de reconocimiento médico para la Comunidad de Madrid, infoLibre preguntó asimismo a los portavoces de Quirón si la empresa conocía la relación personal entre Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso. La respuesta fue lacónica: “No”.

Hasta la fecha, Quirón no ha respondido a una de las preguntas que este periódico formuló el 12 de marzo a sus portavoces, la de por qué aceptó facturas emitidas por una sociedad distinta –Masterman&Whitetaker– de la que había prestado aquellos servicios –Maxwell Cremona– y por tanto falsas. Tampoco ha contestado a la pregunta de si continúa vigente el contrato de Maxwell con Quirón Prevención SL. infoLibre intentó igualmente sin éxito que la empresa facilitase contactos con Alberto González Amador y con Fernando Camino para recabar sus respectivas versiones.

Las fuentes consultadas en el holding sí subrayaron que Quirón Prevención “no hace reconocimientos [médicos] a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid”. Ante la repregunta de a cuántos miembros de la plantilla se les practican tales chequeos, ya no hubo respuesta. El pliego de condiciones del concurso de externalización de los servicios médicos –iniciada en 2014– aduce que el adjudicatario prestará tal servicio a los empleados que se encuentren “dentro del ámbito de actuación de la División de Prevención de Riesgos Laborales”, pero no ofrece cifras.

Fuentes sindicales consultadas por este diario explicaron que en el ámbito de actuación de la división mencionada permanecen "el personal del Convenio Único del personal Laboral de la Comunidad y todos los funcionarios del Acuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid". Quedan fuera "los estatutarios y las empresas públicas". Los estatutarios son los trabajadores de la sanidad pública.

Según la Consejería de Hacienda, de los reconocimientos médicos que realiza Quirón Prevención pueden beneficiarse 90.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Pero, "por libre decisión" solo se someten a los chequeos alrededor de 9.000 cada año.

La Comunidad de Madrid adjudicó contratos a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por importe de 3,56 millones de euros entre 2004 y 2011. Según la respuesta que el Gobierno regional ha facilitado a la diputada de Más Madrid Mónica García Gómez, todos los contratos fueron firmados con organismos y departamentos de la Consejería de Sanidad. MC Infortécnica SL se dedicaba al suministro de equipamientos médicos. En 2011 consiguió de Avalmadrid un aval que jamás devolvió y que ha destapado el trato de favor recibido, no sólo por ella sino también por otras empresas vinculadas al PP, de esta sociedad de garantía recíproca, participada por la Administración autonómica madrileña.

El mayor volumen de contratos, todos ellos de suministros y servicios, lo obtuvo MC Infortécnica SL de los centros hospitalarios dependientes de la Comunidad de Madrid, a los que proveyó de equipos médicos por valor de 2,63 millones de euros. Para las áreas de Atención Primaria, Sanidad le adjudicó suministros de 382.496,96 euros. La Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias pagó a la empresa de los padres de Ayuso un total de 215.704 euros entre 2004 y 2011. El Summa 112, el servicio de urgencias médicas de Madrid, le adjudicó contratos por importe de 192.000 euros en ese periodo, mientras que el Instituto de Salud Pública le concedió 139.300 euros en suministros y servicios.

Entre 2004 y 2011 gobernó en Madrid Esperanza Aguirre, en cuyo gabinete de presidencia trabajó Isabel Díaz Ayuso de 2008 a 2009.

Detalle de los contratos

Aunque en su pregunta parlamentaria, García Gómez solicita a la Comunidad de Madrid la “relación de todos los contratos” adjudicados, en su respuesta el Gobierno regional no detalla ni el número ni el objeto o las fechas de ninguno de ellos, sólo el importe total por departamento en esos siete años. 

Pero infoLibre ha analizado las adjudicaciones públicas a este grupo de empresas a partir del verano de 2008. Dos de las siete compañías analizadas recibieron algún tipo de adjudicación: además de MC Infortécnica SL, Hamilton Medical España SA. Entre el 2 de diciembre de 2008 y el 21 de junio de 2011, ambas recibieron al menos 13 contratos de la Administración madrileña. Todos ellos fueron adjudicados o por las propias mesas de contratación de varios hospitales de la región o por la propia Consejería de Sanidad.

El 2 de diciembre de 2008, Hamilton Medical España y MC Infortécnica se hicieron por procedimiento negociado sin publicidad con dos adjudicaciones del Servicio Madrileño de Salud para el Hospital Clínico San Carlos con las que se embolsaron 147.000 euros. En concreto, la primera firma se hizo con el contrato para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario –59.000 euros–. La segunda, con el de “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”, una adjudicación de 88.000 euros.

A estos dos contratos, sumaron otros tres durante el año siguiente. En mayo de 2009, las dos sociedades consiguieron vía procedimiento negociado una licitación de la empresa pública Hospital del Sur para el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con el que ingresaron 81.550,56 euros –14.430,56 euros para Hamilton Medical España y 67.120 euros para MC Infortécnica–. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más. El primero, por un importe de 148.223,68 euros, estaba destinado al suministro de ecógrafos para los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. El segundo, por 89.987 euros, tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. En estos dos últimos casos, las adjudicaciones se produjeron por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Pero de todos los ejercicios, el de 2010 fue el más productivo. Durante ese año, las dos firmas se hicieron con cuatro licitaciones por valor de 282.506,8 euros. La primera llegó en mayo, cuando se embolsaron 92.580 euros –65.280 para MC Infortécnica y 27.300 para Hamilton Medical España– gracias a una adjudicación del Servicio Madrileño de Salud lograda por procedimiento negociado para la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. Le siguieron otros dos contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad en junio y noviembre: uno para MC Infortécnica –28.000 euros– por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para el Hospital Universitario Doce de Octubre y otro para Hamilton Medical España – 33.622,80 euros– por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsó 128.304 euros por el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para el Doce de Octubre y el San Carlos.

En 2011, todas las adjudicaciones recibidas por el grupo empresarial del que formaban parte los progenitores de Díaz Ayuso fueron a parar a MC Infortécnica. Durante ese ejercicio, la firma consiguió al menos tres contratos de la administración madrileña mediante procedimiento abierto. Así, en junio, justo tres meses después de que se formalizara el préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid a MC Infortécnica, esta compañía se hizo con parte de un contrato de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros– y con dos lotes de otra licitación para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario Doce de Octubre –75.448,80 euros–. Un mes después, en agosto, se adjudicaron a la misma firma cuatro lotes de un contrato para el suministro de material fungible para respiradores en el Hospital Gregorio Marañón, que permitió a MC Infortécnica facturar 81.210,60 euros.

Tres adjudicaciones más

Además de todas estas licitaciones, el grupo empresarial también ha logrado hacerse al menos con un contrato menor. Lo consiguió en diciembre de 2016, cuando la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Madrileño de Salud, otorgó a Hamilton Medical España un contrato por 249,56 euros para el suministro de una “cánula adulto alto flujo para vapotherm” destinado al Hospital Universitario de Getafe.

Este periódico también ha podido localizar otros dos procedimientos que tenían a MC Infortécnica como una de las beneficiarias, aunque dichos contratos no han sido incluidos en la suma total por diferentes motivos. Por un lado, figura como una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad había acordado, en septiembre de 2009 y por tramitación de emergencia, adquirir “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe A por un importe total de 3,32 millones de euros. Sin embargo, este diario no ha podido conocer qué parte de esa cantidad fue a parar a la firma del grupo empresarial de los padres de Díaz Ayuso.

Por otro, figura en un documento de adjudicación provisional del Servicio Madrileño de Salud del año 2010 como una de las beneficiarias de una licitación por importe de 19.245 euros, aunque este diario tampoco ha podido conocer si tal adjudicación terminó siendo la definitiva.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

El crédito-aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso se justificó mediante un engaño. El dinero se solicitó, en enero de 2011, para financiar la compra de material médico destinado a cumplir con una adjudicación que MC Infortécnica SL había recibido supuestamente del Servicio Vasco de Salud. Pero los datos de facturación de esta empresa con Osakidetza, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que esa relación contractual no existió: en 2011 el Gobierno vasco abonó 703 euros a MC Infortécnica SL y de 2012 en adelante no le pagó ni un céntimo. 

En años anteriores, MC Infortécnica SL sí había trabajado para el Servicio Vasco de Salud. En concreto, ingresó 65.000 euros en 2009 y 39.000 euros en 2010 por servicios prestados a Osakidetza. Y otra empresa del mismo grupo empresarial, Hamilton Medical España, recibió adjudicaciones del Gobierno vasco hasta 2007.

Avalmadrid aprobó la operación de ayuda a MC Infortécnica SL con la condición expresa de que los 400.000 euros sólo podrían destinarse a la compra de material a tres proveedores concretos: la compañía alemana Esinomed GmbH, la holandesa Advantech Europe BV y la estodounidense Rubbermaid Medical Solutions. Por su parte, la empresa participada en un 25% por los padres de Ayuso destinaría los equipos adquiridos a cumplir con una supuesta adjudicación del Servicio Vasco de Salud.

En el expediente de concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, en el apartado "destino de los fondos" se indica literalmente lo siguiente: "Solicita una operación de aval-crédito por importe de 400.000 euros a un plazo de 36 meses, con el objeto de financiar la adjudicación de carros informatizados Rubbermaid, distribuidos en exclusiva por el Grupo MC, habiéndose adjudicado en el Servicio Vasco de Salud para dotar a todos los servicios y convertir al Hospital de Cruces en un "hospital sin papeles". La sociedad nos informa que el consejero vasco de Salud se encuentra interesado en ampliar la cobertura de estos carros a todo el servicio de la Comunidad Autónoma Vasca".

A continuación se asegura que el "Servicio Vasco de Salud está implementando las pantallas de visualización de Esinomed comercializadas por MC en todas sus unidades quirúrgicas operativas. El total de unidades adjudicadas es de 120 estaciones para quirófano modelo OP-PACS Single & Duplex".

De acuerdo siempre con el contenido del expediente de Avalmadrid, los hospitales vascos estaban "retirando las placas de rayos X con lo que es necesario visualizar las pruebas en pantallas de alta definición. Además, los ordenadores de uso hospitalario tienen que ser de grado médico (permiten limpieza, esterilización y libres de ángulos de difícil acceso). Por ello los hospitales tienen que adquirir hardware informático adecuado, para ello Grupo MC a través de su empresa MC Infortécnica SL soluciona a través de tres proveedores". Esos proveedores son los citados Esinomed GmbH, Advantech Europe BV y Rubbermaid Medical Solutions. 

El 2 de febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobó la operación con MC Infortécnica SL. En el acuerdo de dicho órgano se establece expresamente que "la disposición de la póliza quedará limitada al pago" de los tres proveedores citados.

El Comité Directivo estaba formado entonces por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid), Juan Luis Fernandez-Rubíes (consejero delegado), Antonio Chorro (director de Riesgos), Alejandro Gómez (director de Operaciones) y Borja Cubillo (director Comercial).

Las gestiones de Ayuso

La presidenta madrileña, según confesó ella misma en una entrevista en Tele 5, ya hizo en ese momento una primera gestión con Avalmadrid para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada".

Efectivamente, Isabel Díaz Ayuso tomó posesión como diputada autonómica el 15 de julio de 2011, "tiempo después" de aquella primera gestión ante Avalmadrid. La política del PP no ofreció ningún dato más, pero dado que MC Infortécnica SL solicitó el préstamo el 5 de enero de aquel año y que el Comité Directivo lo aprobó el 2 de febrero, necesariamente las gestiones de Ayuso tuvieron que realizarse a finales de 2010 o principios de 2011.

La presidenta madrileña, en su estrategia de opacidad absoluta y de escudarse en su padre fallecido para no responder de sus propias actuaciones, no ha aclarado tres cuestiones esenciales: con qué persona le dijeron que se necesitaba hablar para que Avalmadrid aprobara la operación "si se daban las garantías", qué gestiones concretas hizo ella y qué sabía exactamente sobre la situación económica de MC Infortécnica SL y sobre el destino que pensaban darle al dinero.

A ello habría que añadir una cuestión previa: si tal y como afirma ella nunca se interesó por la marcha de la compañía, y sus padres ya no formaban parte en 2011 del equipo ejecutivo de la misma (aunque seguían siendo los dueños del 25% de la compañía), ¿por qué realiza Ayuso gestiones relacionadas con la solicitud del préstamo de 400.000 euros?

Medio año después, tal y como desveló infoLibre, Ayuso volvería a interesarse por el préstamo de Avalmadrid. Solucionada la concesión del crédito, escriturada el 15 de marzo, ahora le preocupaban los efectos que tendría el impago del mismo en el patrimonio de su familia, a la vista de que sus padres y los otros seis socios de MC Infortécnica SL eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Por mediación de Eva Piera, entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ayuso entró en contacto con un directivo de Avalmadrid el 14 de julio y al menos durante los dos meses siguientes le estuvo solicitando información confidencial. Tras tener la certeza de que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no devolvería el dinero, Ayuso aceptó el 7 de octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.

El delito de estafa

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que, si la concesión del crédito de Avalmadrid se realizó mediante un engaño, los hechos podrían constituir un delito de estafa. El artículo 248.1 del Código Penal establece que "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Y el artículo 250.5º castiga dicho delito con penas de prisión de uno a seis años de cárcel cuando "el valor de la defraudación supere los 50.000 euros".

Las mismas cantidades y penas existían en la versión del Código Penal vigente en 2011, cuando se cometieron los hechos. La comisión de ese presunto delito prescribiría a los diez años.

La principal incógnita que abre el hecho de que MC Infortécnica SL no dedicase el dinero a la compra de material destinado al Servicio de Vasco de Salud, pese a que ese fue el objeto de la concesión del crédito, es saber qué ocurrió con los 400.000 euros. 

Más Madrid presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la comisión de varios presuntos delitos por parte de la presidenta madrileña (alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias)  y de la cúpula de la sociedad de garantías (trato de favor y administración desleal). Una de las peticiones expresas que hace en su texto el partido de Iñigo Errejón es que la Fiscalía pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo o si ha existido una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval.

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que solicita la apertura de diligencias y el ejercicio de acciones penales contra la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la cúpula de Avalmadrid por cuatro delitos: alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal.

Buena parte del relato de los hechos que Más Madrid considera perseguibles por el Código Penal recoge las informaciones que infoLibre ha publicado sobre el caso Ayuso desde junio. He aquí las más importantes:

1. Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres y evitó su embargo por Avalmadrid (21 de junio de 2019)

La última declaración de bienes de Isabel Díaz Ayuso sólo incluye una vivienda en Madrid, que adquirió el 7 de octubre de 2011. Tiene 90 metros cuadrados y está situada en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de la capital. El valor catastral que declara Ayuso es de 140.547 euros, aunque su valor de mercado es más alto. Según la documentación que obra en poder de infoLibre, la adquirió gracias a una donación de sus padres –que empezaban a acumular deudas importantes por la empresa de la que eran socios, MC Infortécnica SL– para evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Un objetivo que se cumplió ya que, a día de hoy, Díaz Ayuso sigue siendo la propietaria del inmueble y los acreedores de sus padres continúan sin cobrar. La donación a la hoy presidenta de la Comunidad, entonces diputada de la Asamblea, y a su hermano se recogen en el hecho séptimo de la denuncia enviada a la Fiscalía Anticorrupción.

El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años.

2. Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso (5 de julio de 2019)

Avalmadrid, una entidad participada por la Comunidad de Madrid que concede avales a pymes y autónomos para facilitarles el acceso a préstamos bancarios, lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Pero Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL presentaron como garantía un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios, como recoge el hecho undécimo de la denuncia de Más Madrid.

3. El correo de Ayuso que la delata: “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra” (9 de agosto de 2019)

El 14 de septiembre de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribió un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid donde le comenta: “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra”. “La otra” es MC Infortécnica SL, cuyos socios eran los padres de Ayuso y otros tres matrimonios. La entonces diputada del PP sospecha que estas seis personas han podido montar empresas paralelas. Es decir, ese correo demuestra que Ayuso sabía ya que MC Infortécnica SL no podría devolver el aval de Avalmadrid y que sus padres –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente– tendrían que responder con sus bienes. El conocimiento por parte de Ayuso de la situación es el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito al aceptar la donación de los dos inmuebles realizada por sus padres.

La denuncia de Más Madrid acusa a los avalistas de MC Infortécnica de haber actuado “de manera activa y con conocimiento de los hechos, como claramente se observa en los correos electrónicos de Isabel Natividad Díaz Ayuso” para poner fuera del alcance de Avalmadrid su patrimonio.

4. Avalmadrid trató la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de Presidencia de la Comunidad de Madrid (10 de agosto de 2019)

El 14 de julio de 2011 Isabel Díaz Ayuso escribió desde su cuenta de Gmail un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid. En el campo del “asunto” se lee: “Datos MC Infortécnica”, la empresa de la que eran socios sus padres. La hoy presidenta de la Comunidad quería obtener información sobre el aval y sus posibles consecuencias para el patrimonio de sus progenitores. Al día siguiente, el directivo reenvió el mensaje para solicitar los datos que pedía Ayuso. Y en el “asunto” indica: “RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. El correo prueba que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces estaba en manos de Esperanza Aguirre.

Con el directivo había contactado previamente Eva Piera Rojo, que en aquel momento era viceconsejera de Economía del Gobierno de Aguirre y que entre 2006 y 2008 había sido presidenta de la propia Avalmadrid. El 13 de julio de 2011, Eva Piera había escrito un correo electrónico a su contacto en Avalmadrid: “Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 xx xx xx. Abzs. Eva”. Es lo que la denuncia ante la Fiscalía considera que puede ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias. Ayuso envía su primer correo en la tarde del 14 de julio de 2011. Al día siguiente se convirtió en diputada del PP en la Asamblea madrileña; es decir, en ese momento ya puede ser considerada “autoridad” a efectos penales, señala Más Madrid. Al directivo de Avalmadrid le pide información sobre “la actividad comercial, la facturación y quiénes son los clientes” de las empresas de los socios de sus padres. Información confidencial que consiguió “prevaliéndose de sus relaciones personales”, se asegura en la denuncia a la Fiscalía.

5. Los correos que prueban que Ayuso miente sobre su relación con Avalmadrid (27 de agosto de 2019)

La presidenta madrileña aseguró en una entrevista en Telecinco que su única relación con Avalmadrid había sido “preguntar con qué persona se podía hablar” para que a la empresa de sus padres le concedieran un crédito “si se daban las garantías”. Por tanto, reconoció que se había interesado por la concesión del aval, pese a que la periodista Ana Terradillos sólo le había preguntado si gracias a la mediación de una viceconsejera de Esperanza Aguirre había conseguido “información de Avalmadrid que cualquier otro ciudadano no habría obtenido”. El aval se concedió en marzo de 2011.

La denuncia ante la Fiscalía incorpora los correos electrónicos que infoLibre publicó y donde se demuestra que Isabel Díaz Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo durante meses en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien no sólo le pidió información sobre la solvencia de varias empresas familiares, sino también datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos.

6. Avalmadrid mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del ‘caso Ayuso’ (28 de agosto de 2019)

Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizaba Avalmadrid, le planteó en marzo de 2015 dos opciones para proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL. Cuatro años y medio después sigue esperando respuesta. La completa pasividad de la sociedad de garantías ha permitido operaciones como el presunto delito de alzamiento de bienes del que la denuncia de Más Madrid acusa a Díaz Ayuso y a los socios de sus padres en MC Infortécnica SL.

Así, tras cubrir el primer impago de la empresa a Caja España, la entidad que le había concedido el préstamo de 400.000 euros, Avalmadrid tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Después, cuando por fin acordó iniciar dos procedimientos judiciales, sólo facilitó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de ellos. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto se entregó en el juzgado equivocado. Y, al parecer, en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid ni respondió. 

La denuncia a la Fiscalía habla de “omisión dolosa” por parte de los directivos de Avalmadrid, a los que acusa de administración desleal, reprochándoles su “temerario desprecio por los protocolos internos”. No sólo por desoír a los órganos de control de la morosidad, sino también “por incumplir los plazos de judicialización de la deuda y no colaborar en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

7. Avalmadrid incumplió su normativa al estar siete meses sin actuar desde el primer impago del préstamo del 'caso Ayuso' (28 de agosto de 2019)

La normativa interna de Avalmadrid le obliga a judicializar los impagos en un máximo de 15 días desde la fecha en que tenga que abonar al banco el dinero que dejó sin pagar el moroso. Algo que no hizo con MC Infortécnica SL. Por el contrario, dejó transcurrir siete meses antes de iniciar el primer trámite. Los padres de la presidenta madrileña aprovecharon ese tiempo de inactividad para traspasar bienes a sus hijos en operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

El 30 de abril de 2011, Avalmadrid entregó a Caja España 106.000 euros en concepto de primera cuota impagada por la empresa copropiedad de los padres de Ayuso. Por tanto, debió acudir al juzgado antes de 15 días desde esa fecha. Pero no entregó el expediente a Cobralia hasta el 26 de noviembre. Y el proceso para embargar la nave de Sotillo de la Adrada que figuraba como garantía no se inició hasta el 28 de enero de 2013. Fue la única actuación para recuperar la deuda. Como queda dicho, Avalmadrid nunca actuó para hacerse con los bienes personales de los socios de MC Infortécnica SL. La deuda que sigue viva asciende a día de hoy a 270.000 euros. Lo cuenta también la denuncia en su hecho duodécimo.

8. Avalmadrid permitió operaciones de alzamiento de bienes a los ocho avalistas del préstamo del 'caso Ayuso' (29 de agosto de 2019)

Los ochos socios de MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Isabel Díaz Ayuso, realizaron operaciones de alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado un préstamo de 400.000 euros avalado por la sociedad de garantías madrileña, según los documentos registrales analizados por infoLibre.

A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Ocho de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, dos se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es la nave en el municipio de Sotilllo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Cuatro meses después de quebrar la empresa ya se habían desprendido de todos los bienes que podían, como destaca también la denuncia de Más Madrid.

También asegura que se trató de un “plan orquestado” para dejar fuera del alcance de Avalmadrid este patrimonio y precisa que las transmisiones de bienes se prolongan desde 2011 hasta 2016, cuando se produce la última venta.

9. Una auditoría de Avalmadrid admite que su Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso (3 de septiembre de 2019)

El Comité de Morosidad de Avalmadrid analizó en su reunión del 2 de abril de 2012 el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que examinó, se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de uno de los inmuebles que garantizaban la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato fundamental, se estaban escondiendo dos cuestiones: la existencia de un más que probable alzamiento de bienes y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política.

La omisión quedó al descubierto en una auditoría interna encargada por la expresidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre desvelase en junio la operación que permitió a Ayuso apropiarse del piso en el centro de Madrid en fraude de acreedores.

“En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación”, destacaba el documento de Avalmadrid, con fecha del pasado 30 de julio.

“Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”, afirma también la auditoría. Como queda dicho más arriba, los morosos empezaron a traspasar sus bienes en 2011.

Finalmente, en el documento se fechan en 2015 y 2016 dos operaciones de venta de inmuebles. Si las fechas son correctas, Avalmadrid podría aún ejercer acciones tanto civiles como penales, ya que los hechos no habrían prescrito en ningún ámbito. Fue lo que le solicitó por burofax el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez a la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey, y al ya ex director general, Pedro Embid, el pasado 10 de julio. Sin recibir respuesta.

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el delito de alzamiento de bienes lo pueden haber cometido no sólo Díaz Ayuso, sino también sus progenitores y los otros tres matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos que consiguió un aval de 400.000 euros para pedir un préstamo a Caja España. Nunca lo devolvió y Avalmadrid tampoco reclamó después los bienes personales que los socios pusieron de garantía, por lo que éstos aprovecharon para donarlos a sus hijos –la presidenta de la Comunidad madrileña y su hermano– o transmitirlos a terceros e impedir así que les fueran embargados para cubrir la deuda.

El escrito aprecia la existencia de “indicios muy consistentes” de la “clara voluntad de perjuicio” a Avalmadrid por parte de los socios de MC Infortécnica, mediante un “plan orquestado”. De hecho, destaca Más Madrid que si bien las primeras transmisiones de estos bienes se realizaron en 2011, “el delito no se perfecciona hasta el último hecho de alzamiento”, que se produjo en 2016, cuando se terminó de vender el último inmueble. También cometen el delito de alzamiento de bienes quienes, como Díaz Ayuso y su hermano, aceptan la donación que puso fuera del alcance de Avalmadrid los bienes utilizados como garantía. En este caso se trató de dos pisos situados en Madrid y en Sotillo de la Adrada (Ávila), respectivamente. Además, destaca la denuncia, la participación de Isabel Díaz Ayuso en el delito sería aún mayor porque la información “privilegiada y confidencial” que obtuvo en razón de su pertenencia al PP permitió a sus padres “adelantarse al resto de los socios” en la desaparición de los bienes personales en juego y hacerlo con los propios “en menos de cuatro meses”.

Precisamente por haber obtenido esa información confidencial “prevaliéndose de sus relaciones personales”, apunta Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso también puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. La hoy presidenta de la Comunidad madrileña solicitó a un directivo de Avalmadrid datos sobre la solvencia, facturación y clientes de las empresas de los socios de sus padres, una información protegida por el deber de confidencialidad, señala el escrito. El contacto del directivo se lo había facilitado a Díaz Ayuso previamente Eva Piera Rojo, entonces viceconsejera de Economía y miembro del consejo de administración de Avalmadrid. Y lo hizo sólo un día antes de que la primera fuera nombrada diputada de la Asamblea de Madrid. Hasta ese momento era la responsable de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

En contra de la opinión del analista de riesgos

Respecto al trato de favor, la denuncia apunta también hacia los directivos y altos cargos de la entidad que primero concedieron el aval a MC Infortécnica SL y luego fueron negligentes en el proceso de recuperación de la deuda. Así, relata Más Madrid, el aval fue aprobado a pesar de la cautela expresada por el analista de riesgos, quien advirtió al entonces director general, Juan Luis Fernández Rubíes, de que el valor de tasación del inmueble utilizado como garantía –la nave de Sotillo de la Adrada– era “manifiestamente inferior al importe del crédito solicitado” por la empresa. Además, le avisó de que la nave podía ser demolida. Pese a ello, Fernández Rubíes le contestó en un correo electrónico con un lacónico y explícito “Ok. Adelante”. La operación se firmó en marzo de 2011. La empresa no llegó a pagar ni el primer plazo de devolución, fijado para el mes de noviembre de ese año. Pero, como queda dicho, Avalmadrid no ejerció acción alguna para hacerse con los bienes utilizados como garantía.

Pese a que su comité de morosidad decidió en abril de 2012 y, de nuevo, en noviembre de ese año cancelar el préstamo y ejecutar la citada nave y los bienes personales de los socios, Avalmadrid no movió un dedo, pese a que sus propias normas le obligan a actuar en un plazo de 15 días. En realidad, tardó siete meses en encargar a Cobralia, su empresa de recobro, que reclamara el inmueble en el juzgado. Casi tres años después, en 2015, Avalmadrid no respondió cuando Cobralia le preguntó si actuaba contra los socios de MC Infortécnica SL. Y no fue hasta abril de 2018 cuando el juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid. Mientras, los otros tres matrimonios habían vendido ya sus inmuebles a familiares y terceros, relata la denuncia.

Para Más Madrid, los directivos de la sociedad de garantías favorecieron a unos acreedores frente a otros y mostraron un “temerario desprecio” por sus propios protocolos internos, “desoyendo a los órganos de control de la morosidad, incumpliendo los plazos de judicialización de la deuda y no colaborando en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

Pregunta al Servicio Vasco de Salud

Es más, el partido destaca que Avalmadrid no contestó ni reaccionó a los burofaxes que uno de sus diputados, Eduardo Gutiérrez, envió tanto a la presidenta, Rosario Rey, como al director general, Pedro Embid, instándoles a emprender acciones legales para recuperar la deuda. De ahí que considere a los responsables de Avalmadrid culpables de un delito de administración desleal, tras recordar que el trato de favor a empresas vinculadas a su cúpula ya ha sido descubierto por el Banco de España e incluso por la propiedad sociedad de garantías en una denuncia ante la Fiscalía que ésta archivó por considerar prescritas las operaciones.

La denuncia de Más Madrid también pide a la Fiscalía Anticorrupción que pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo de 400.000 euros que quería solicitar a Caja España. El partido quiere comprobar así si ha existido o no una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval. Además, hace una segunda petición: que solicite a Telecinco la grabación de la entrevista que le concedió Isabel Díaz Ayuso el pasado 26 de agosto, donde “reconoció tanto el posible tráfico de influencias como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”, sostienen los denunciantes.

Finalmente, Más Madrid resalta el carácter público de la sociedad de garantías madrileña, rechazado por el PP, asegurando que entre la Comunidad de Madrid y Bankia –propiedad del FROB en un 61,7%– poseen seis de los 10 miembros del consejo de administración, así como un 80% del capital si se excluyen las acciones en manos de los socios partícipes. Éstos son los clientes de Avalmadrid, los empresarios y autónomos que deben adquirirlas cuando consiguen un aval y cuyo número e identidad varían según son afianzados o cancelan su deuda. Incluidos los partícipes, la Comunidad de Madrid cuenta con un 26,1% del capital y Bankia, con un 25,3%. Pero llegaron a tener el 31% y 30,1%%, respectivamente, en 2013.

¿Un documento con la relación de bienes de unos morosos, a los que supuestamente se va a embargar, y en el que se oculta quién es el titular de uno de esos inmuebles? En Avalmadrid casi todo era posible. Y es que eso fue exactamente lo que ocurrió en la reunión del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de la empresa MC Infortécnica SL, entre cuyos propietarios estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso. En la propuesta analizada por el Comité de Morosidad se ocultó que la entonces diputada del PP era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando una deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato fundamental, se estaban en realidad escondiendo dos cuestiones: la existencia de un más que probable alzamiento de bienes y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política.

Esta circunstancia no le ha pasado desapercibida al autor de una auditoría interna encargada por la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre desvelase en junio la operación que permitió a Ayuso apropiarse del piso en el centro de Madrid en fraude de acreedores. Lo hizo por medio de una donación de sus padres, que le transfirieron el 7 de octubre de 2011 la nuda propiedad del inmueble, mientras ellos se reservaban el usufructo. "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación", se destaca en el documento de Avalmadrid, con fecha del pasado 30 de julio y a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre.

Pero el trabajo de encubrimiento de los dirigentes de Avalmadrid fue más amplio aún. Y es que aquel 7 de octubre de 2011, Isabel Díaz Ayuso no fue la única que aceptó una donación de sus padres. Lo mismo hizo su hermano Tomás, que de esta forma pasó a ser el dueño de una vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Este inmueble también figuraba en la relación de bienes aportada a Avalmadrid por los Díaz-Ayuso para demostrar su solvencia económica. Y también desapareció de su patrimonio sin que los dirigentes de Avalmadrid se diesen por enterados. "En la referida propuesta al Comité de Morosidad no se incluye ninguna mención relativa a esta finca [la vivienda de Sotillo]", se indica en el informe de Avalmadrid, que analiza las actividades de recuperación realizadas en relación con la deuda de MC Infortécnica SL.

Y no es precisamente que la familia Díaz Ayuso se hubiese ocultado. El cambio de titularidad del piso de Madrid en favor de la diputada del PP se inscribió el 8 de noviembre de 2011, en el Registro de la Propiedad Número 28 de Madrid, sólo un mes después de la firma de la escritura de donación. Mientras que su hermano Tomás formalizó los trámites de cambio de propiedad incluso un poco antes: el 25 de octubre de aquel año ya figuraba en el Registro de la Propiedad de Cebreros como nuevo dueño de la vivienda de Sotillo de la Adrada.

Los accionistas de MC Infortécnica SL eran cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Ayuso. Todos ellos firmaron un contrato de afianzamiento (una póliza) con Avalmadrid, por el que se convertían en avalistas solidarios del préstamo de 400.000 euros. Eso comprometía a los ocho a responder con todos sus bienes presentes y futuros de la devolución del dinero. Además, realizaron una declaración de bienes, que en el caso de Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente incluía las dos viviendas donadas a sus hijos el 7 de octubre de 2011. De acuerdo con su propia valoración, el piso de Madrid costaba 480.000 euros y la casa en el pueblo abulense, 61.000.

El Comité de Morosidad estaba formado entonces por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid); Juan Luis Fernández-Rubíes(consejero delegado); Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (directora del departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones). El encargado de elevar la propuesta al Comité fue Hernández Martínez.

En la declaración de bienes del padre de Ayuso —fallecido en 2014— figuraban otros dos inmuebles: dos naves industriales en Sotillo de la Adrada. De una era dueño al 50% y también dejó de ser de su propiedad antes de aquella reunión del Comité de Morosidad, ya que la vendió el 25 de febrero de 2012. En este caso, los adquirientes fueron dos personas ajenas a su familia. En cuanto a la otra nave, que le pertenecía al 100%, fue el único bien hipotecado como garantía del préstamo, así que no pudo enajenarlo.

La decisión del Comité de Morosidad fue ejecutar la hipoteca sobre la nave abulense y proceder contra los ocho avalistas. Siete años y cinco meses después, Avalmadrid sigue sin actuar contra los bienes personales de los morosos. A 30 de junio de 2019, la deuda de MC Infortécnica SL con Avalmadrid ascendía a 270.000 euros.

  "No se ha efectuado un análisis hasta junio de 2019"

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", se explica en la auditoría de Avalmadrid, en lo que supone una descripción bastante clara de la actuación negligente por parte de la entidad, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid (31% del capital) y Bankia (30%).

Sin embargo, el informe peca de optimismo cuando señala que "algunos de los bienes" ya no están en el patrimonio de los morosos. Veámoslo.

A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

La situación actual de esas propiedades, tal y como desveló infoLibre la semana pasada tras reconstruir la historia registral  de los 14 inmuebles, es la siguiente: siete cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley; tres se los adjudicaron filiales inmobiliarias de Caixabank y del Santander; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es la nave en Sotilllo de la Adrada hipotecada como garantía del crédito y que un Juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

En definitiva, no es que falten "algunos de los bienes", es que faltan todos. Doce cambiaron de titular y los otros dos están ya en una ejecución hipotecaria instada por Caixabank.

  las operaciones que menciona la auditoría

En la auditoría de Avalmadrid se mencionan expresamente seis de los cambios de titularidad producidos.

Además de las dos viviendas donadas a Isabel y Tomás Díaz Ayuso, se explica que José Luis Santos Marcelino Santamaría y Victoria Suñer Cordero vendieron el 10 de mayo de 2012 un piso y una plaza de garaje que tenían en El Campello, "sin que esta circunstancia se mencionara en la propuesta del Comité de Morosidad de noviembre de 2012". Es decir, al igual que en el caso de la diputada del PP y de su hermano, se ocultó de nuevo que se había producido un alzamiento de bienes. 

En la composición del Comité de Morosidad del 16 de noviembre de 2012 había un único cambio respecto a abril: ya no estaba Darío B. Hernández Martínez como responsable de Recuperaciones y su lugar lo ocupaba Jaime Echeverría Rey. Los otros cuatro —Santos-Suárez, Fernández-Rubíes, Gómez Vivas y Parga— repetían. El encargado de elevar la propuesta al Comité de Morosidad fue Echeverría.

El documento de Avalmadrid señala que Juan Carlos Herrero Casasola y Victoria Fernández Moyano vendieron "en agosto de 2016" un piso que tenían en Oleiros (A Coruña). Sin embargo, según ha podido comprobar infoLibre mediante documentos registrales, esta información no es correcta. El piso se lo adjudicó Caixabank, en un procedimiento de embargo, el 8 de julio de 2014. El 25 de noviembre de ese año, el banco cedió la adjudicación de la finca en favor de una de sus filiales inmobiliarias, denominada Buildingcenter SAU. Y esta última, el 19 de agosto de 2016, vendió el inmueble a terceros. 

En cuanto a los bienes del cuarto matrimonio, formado por Juan Manuel Pitarch Divar —fallecido en 2012— y María del Carmen Angulo López-Cancio, en el informe se indica que vendieron con fecha "1 de octubre de 2015" un piso que tenían en Tapia de Casariego (Asturias) "a tres familiares". Este inmueble figuraba antes de la venta como propiedad 100% de Angulo. De nuevo, la fecha que figura en la auditoría de Avalmadrid es errónea, según ha podido comprobar este periódico con documentos registrales. La venta se produjo efectivamente a los tres hijos del matrimonio, pero el 29 de junio de 2012. En otro informe encargado por Avalmadrid al bufete de abogados Racmo, se califica esta operación como "una donación encubierta".

Hay dos transmisiones fraudulentas que no se mencionan expresamente en la auditoría de Avalmadrid: la citada venta de una nave en Sotillo de la Adrada en febrero de 2012 —propiedad en un 50% de Leonardo Díaz Álvarez— y el cambio de titularidad de un piso en Majadahonda (Madrid) propiedad de los Pitarch-Angulo. Este inmueble fue aportado el 26 de julio de 2012 a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Como administrador único de la compañía figura a día de hoy el propio Pitarch, aunque falleció tan solo tres semanas después de constituir Las Pantorgas SL, y como apoderada consta su mujer.

Los escándalos que protagoniza la presidenta madrileña del PP tienen algunos aspectos complejos, y ciertos hechos se entremezclan en uno y otro caso, pero lo que los tres esconden es muy fácil de entender.

Primero: trato de favor. Isabel Díaz Ayuso usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre para contactar con un directivo de Avalmadrid a quien pidió información sobre varias empresas y este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Segundo: alzamiento de bienes. Isabel Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito.

Tercero: impago de impuestos. Isabel Díaz Ayuso es dueña, junto a su hermano, de una sociedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble que estaba a su nombre.

Los hechos de los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI fueron desvelados durante los dos últimos meses por infoLibre mientras la dirigente del PP no daba ni una sola explicación. Y cuando finalmente lo hizo esta semana en la entrevista de Tele 5, Ayuso mintió sobre su relación con Avalmadrid y ofreció cuatro datos falsos sobre el impago del IBI, tal y como demostró documentalmente este periódico.

Y luego está el asunto de la desigualdad. Escuchar el testimonio de Ascensión Lucha, una pequeña empresaria a la que Avalmadrid y Cobralia persiguieron durante diez años, ya era estremecedor cuando lo ofreció ante la Asamblea de Madrid el 14 de febrero de 2018. Oírlo ahora, cuando se sabe que Avalmadrid lleva siete años sin actuar contra los socios morosos de la empresa de los padres de Ayuso, plantea además evidentes cuestiones sobre la injusticia que supone el trato desigual que a veces reciben los ciudadanos.

"¿Qué pretenden que hagamos?". Pagar impuestos, no delinquir para obtener propiedades, no usar un cargo público para lograr favores, no mentir y recibir igual trato que los demás ciudadanos son exigencias básicas que se plantean a los políticos en las sociedades democráticas.

A continuación, infoLibre explica las claves de los tres escándalos que tienen una única protagonista: Isabel Díaz Ayuso. No sus padres, por mucho que se afane en desviar la atención hacia su familia, sino ella misma: la entonces diputada autonómica del PP y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. 

  'caso avalmadrid': El trato de favor

Isabel Díaz Ayuso realizó gestiones a principios de 2011 para saber "con qué persona había que hablar" sobre la concesión de un préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SL, una empresa participada por sus padres. Medio año después, en julio de 2011, Ayuso recurrió a una alto cargo del Gobierno de Aguirre para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien primero le pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres y luego le solicitó información confidencial sobre otras compañías ajenas a su familia. El directivo consiguió parte de la información por sí mismo y solicitó más datos a otros trabajadores de la entidad de capital mixto, donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista con el 31% del capital.

En otras palabras: empleados y recursos de Avalmadrid se pusieron a disposición de quien entonces ya era diputada del PP, no para una cuestión relacionada con el ejercicio de sus funciones, sino para un asunto de su estricto interés personal.

Cuando ya tenía la certeza de que la empresa no devolvería el crédito, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid que figuraba entre los bienes que tuvo en cuenta Avalmadrid para conceder el préstamo. Pese a que en la documentación analizada entonces por los ejecutivos de Avalmadrid consta el cambio de titularidad, no actuaron judicialmente y permitieron que Ayuso se apropiase del inmueble en perjuicio de la propia Avalmadrid.

El Código Penal (CP), en su artículo 419, castiga a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase". A efectos penales, los diputados autonómicos tienen consideración de autoridad (artículo 24 CP). Este delito se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un máximo de 12 años. Los hechos no estarían prescritos (artículo 131 CP).

El resumen cronológico de la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid es el siguiente:

  'caso ayuso': El alzamiento de bienes

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.

Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento:

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

El conocimiento por parte de Ayuso del objeto de las donaciones recibidas es, en consecuencia, el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito. Ya se conocen dos hechos que prueban la existencia de dicho conocimiento por parte de la entonces diputada del PP: un correo que ella misma escribió y la confesión que realizó esta semana durante una entrevista. 

En cuanto a la prescripción, hay dos incógnitas por despejar antes de poder responder con seguridad. La primera es si las deudas de Avalmadrid se pueden considerar de Derecho público. Aunque en un reciente escrito la Fiscalía de Madrid manifestó que eran de Derecho privado, otros juristas e inspectores de Hacienda consultados por infoLibre sostienen lo contrario, a la vista de que entre el Gobierno autonómico y Caja Madrid controlaban entonces más del 50% de su capital. La segunda incógnita es saber si las dos donaciones que aceptó Ayuso sirvieron para burlar deudas de sus padres con Hacienda o la Seguridad Social. Si ambas incógnitas se terminan despejando de forma negativa —las de Avalmadrid no son deudas de Derecho público y no existían deudas con Hacienda o la Seguridad Social—, los presuntos delitos habrían prescrito a los cinco años. Si alguna de esas dudas se responde finalmente de forma afirmativa, no prescribirían hasta los diez años.

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente:

  'caso ibi': El impago de impuestos

Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble de su propiedad. 

La deuda la originó un local de oficinas situado en la calle Antonio López de Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL. La entonces diputada del PP y su hermano aceptaron que su padre les donase esta sociedad en abril de 2012. Desde esa fecha jamás pagaron el IBI.

infoLibre desveló este hecho el pasado 7 de agosto. Esta semana, la presidenta madrileña intentó por primera vez justificar el impago, pero lo hizo aportando cuatro datos falsos. 

Los cinco años de IBI impagados se corresponden con los recibos que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local eran propiedad de los hermanos Díaz Ayuso. 

El pago del IBI correspondiente al año 2017, tras la subasta del inmueble y su adjudicación a una filial de Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular. El responsable del pago del IBI es siempre el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este periódico encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas. 

De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad.

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente.

16 de abril de 2012: Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás aceptan la donación, a partes iguales, de la totalidad de las participaciones de Sismédica SL. Dicha sociedad es propietaria de un local de oficinas en Madrid.

5 de septiembre de 2013: en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo contra Sismédica SL.

30 de junio de 2014: la empresa celebra una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Los hermanos Díaz Ayuso acuerdan imputar a pérdidas de años anteriores los 6.295 euros de beneficios que habían obtenido en 2013.

5 de mayo de 2015: el Ayuntamiento publica en el BOAM número 7.405, página 391, una providencia de apremio y diligencia de acumulación de las deudas tributarias de Sismédica SL.

13 de enero de 2016: el Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 11, suplemento 1, página 7.013, una notificación de ejecución contra la sociedad.

11 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento publica en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

30 de diciembre de 2016: el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid adjudica en subasta el inmueble a Bankinter, que solicitó la ejecución hipotecaria después de que Sismédica SL dejase impagado un préstamo. Bankinter, a su vez, cede el inmueble a su filial Intermobiliaria SA.

9 de agosto de 2017: el Ayuntamiento publica en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

18 de octubre de 2017: el Juzgado dicta decreto de adjudicación de la oficina a favor de Intermobiliaria SA, que pasa a ser el nuevo titular del inmueble.

6 de junio de 2019: Ayuso incluye en su declaración de bienes y rentas que es propietaria del 50% de una sociedad limitada, que no identifica, pero que se trata de Sismédica SL. La sociedad está ahora inactiva y no tiene propiedades a su nombre.

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[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso]

Avalmadrid, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% de capital cada una–, no hacía la vista gorda con todos los expedientes de impago a los que se enfrentaba. Una prueba de ello se encuentra en el testimonio de Ascensión Lucha, que compareció el 14 de febrero de 2018 ante la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid. Era una pequeña empresaria que se benefició de una de las garantías de la entidad semipública. “Me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido prosperar y convertir un sueño en realidad gracias a Avalmadrid”, confesó la afectada durante su intervención, en la que explicó que llevaba diez años intentando “todo tipo de acuerdos para el pago” y que siempre había recibido por parte de la entidad “desprecio y silencio”. “Ya se han llevado mi dignidad, mi autoestima, mi carácter, mi vitalidad y hasta las ganas de vivir”, recalcó Lucha a lo largo de su comparecencia.

Avalmadrid lleva semanas en el ojo del huracán por el expediente sancionador que hay abierto contra ella en el Banco de España y, sobre todo, por su actuación en relación con el préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid concedió en marzo de 2011 a la empresa MC Infortécnica, participada por los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta operación tenía una única garantía hipotecaria –una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) propiedad del padre de Díaz Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de la empresa, que obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros de los avalistas. MC Infortécnica ni siquiera hizo frente en diciembre de 2011 al pago de la primera cuota. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la empresa acordó cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria y proceder contra los avalistas, tal y como reveló infoLibre. Siete años después, ninguno de los equipos directivos que ha tenido Avalmadrid ha emprendido acción alguna contra los accionistas morosos de la empresa, que aprovecharon para deshacerse de sus bienes: ocho de los 14 inmuebles de los accionistas de la firma participada por los padres de Ayuso han cambiado de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por ley.

La manera de proceder de Avalmadrid en relación con los socios de MC Infortécnica contrasta con la actuación de la entidad en el caso que expuso Asunción Lucha en la Asamblea de Madrid. Esta pequeña empresaria, siempre según su declaración, formalizó un préstamo de 47.000 euros en 2007 para montar una tienda de muebles y decoración. Un negocio, en el municipio madrileño de Las Rozas, que empezó a renquear un año después con el estallido de la crisis económica. “Ahí comenzó el declive y el inicio de mis problemas, que llevo arrastrando la friolera de diez años y que, a pesar de haber intentado todo tipo de acuerdos –que están documentados– para el pago, siempre han sido desoídos por parte de los diferentes responsables de la deuda”, comenzó relatando Lucha en el Parlamento madrileño. Tras ponerse en contacto con La Caixa, la entidada que había puesto el dinero que afianzaba Avalmadrid, empezó a negociar con los gestores de esta última entidad en busca de una “solución aplazada” de la deuda que todavía le faltaba por pagar.

“Desprecio y silencio” por parte de Avalmadrid

Su caso terminó recayendo en un trabajador de Avalmadrid que “jamás” le concedió “una cita” para personarse en las oficinas y “poder hablar” de su situación. “En cada llamada telefónica que yo realizaba, o me daba largas o me contestaba con frases del tipo: ‘Nosotros no somos una ONG”, señaló Lucha, quien aseguró durante su testimonio que llegó a ofrecer “la venta” de una vivienda que tenía en Talavera de la Reina (Toledo) para hacer frente a la deuda. “Su contestación fue que no eran una inmobiliaria”, apostilló la pequeña empresaria, explicando a renglón seguido que su desesperación llegaba hasta tal punto que en enero de 2009 optó por escribir directamente al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos Suárez, y a los líderes del Ejecutivo madrileño y central, Esperanza Aguirre y José Luis Rodríguez Zapatero. “¡Nunca recibí respuesta!”, exclamó Lucha en la Asamblea de Madrid.

Cada vez más “hundida”, la propietaria de este negocio intentó, sin éxito, comunicarse “directamente con doña Virginia del Águila, abogada de Avalmadrid”, de la que en el momento de su comparecencia todavía seguía “esperando una respuesta”. “Y, mientras tanto, yo intentaba buscar una solución y ellos no paraban de enviarme cartas reclamándome el total de la deuda. Si el propósito de tal envío era poder defender que se me habían hecho las oportunas reclamaciones, lo hicieron bien, pero entre medias yo intentaba, por otro lado, llegar a un acuerdo que nunca se produjo”, continuó relatando Lucha. Con la desesperación en aumento, le contó su situación al director del banco en el que ella tenía contratada la hipoteca. Y este se puso en contacto con la entidad semipública, “donde le contestaron que se metiera en sus asuntos”. “Si Avalmadrid hubiera querido renegociar esa deuda, diez años después ya estaría abonada más de la mitad”, aseveró Lucha, quien denuncia que sólo recibió “desprecio y silencio” por parte de la entidad.

“Me niego a seguir parada viendo cómo siguen hundiéndome”

En julio de 2013, siempre según su testimonio, recibió las primeras noticias de Cobralia, la empresa que entonces se encargaba del cobro de deudas de Avalmadrid y cuyo nombre también aparece en el caso Ayuso. Eso sí, con una diferencia: no consta que en el expediente de MC Infortécnica realizase una sóla gestión contra los morosos. En primer lugar, Cobralia le ofrece “la posibilidad de pagar 150 euros mensuales durante un año para demostrar la voluntad de pago” y para que el gestor con el que estuvo en contacto pudiera “negociar una quita y un pago aplazado”. A pesar de que su abogada se lo desaconsejó, contó Lucha en la Asamblea, la pequeña empresaria decidió abonar esa cuota durante esos 12 meses. Transcurrido el plazo, se volvió a poner en contacto con Cobralia a través de su abogada, a la que dijeron que no habría ninguna negociación hasta que Lucha no tuviera “una cantidad fija para negociar”. En enero de 2017, la empresa de cobros le ofreció una nueva propuesta: “pagar 300 euros al mes durante cinco años” a cambio de quitar la demanda del juzgado y que no se produjeran embargos.

“Me niego a seguir parada viendo cómo mis abogados de oficio, los diferentes abogados de Avalmadrid y Cobralia y sus respectivos gestores siguen hundiéndome y sumiéndome en esta condena”, continuó la beneficiaria del aval de la entidad semipública, quien aseguró que es “peor que estar en la cárcel” porque “cuando cometes un delito sabes que una vez que cumplas tu condena podrás ser libre”. “Pero a mí, ¿qué me queda? La soledad, el empobrecimiento, tener una hija sin posibilidad de poder seguir estudiando por no tener dinero ni un trabajo digno para poder costearlo. A mí, ¿qué me queda? Ya se han llevado mi dignidad, mi autoestima, mi carácter, mi vitalidad y, a veces, si no fuera por mi hija, hasta las ganas de vivir”, se sinceró Lucha ante los miembros de la Comisión de Economía.

“Me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido convertir un sueño en realidad con Avalmadrid”

Antes de finalizar su intervención, la afectada quiso responder a varias afirmaciones que había realizado anteriormente el ex director general de Avalmadrid Jorge Morán. “Según palabras suyas, los bancos no tienen la sensibilidad, ni el conocimiento, ni la flexibilidad, ni las características que tiene Avalmadrid. […] Y yo voy a contestar: me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido prosperar en la vida y convertir un sueño en realidad gracias a Avalmadrid”, dijo Lucha, que quiso dejar claro que esta entidad “recibe fondos públicos”. “Por último, [Morán] dijo: el emprendedor no tiene historial económico, es un proyecto sobre el papel que hay que evaluar. Pues a mí me pidieron la vida laboral, las escrituras de mi casa y el saldo de una cuenta bancaria, entre otros muchos documentos. Nada más”, cerró la compareciente en su primera intervención en la comisión parlamentaria.

“Hace cinco años me insultaban”

Tras las intervenciones de los distintos portavoces en el órgano de la Asamblea de Madrid, Lucha volvió a tomar de nuevo la palabra para cerrar definitivamente la comparecencia. Y durante algunos minutos más se centró, entre otras cosas, en relatar “lo que hace Cobralia, las extorsiones, los insultos”. “Me ponen música durante tres días seguidos de 8 de la mañana a 22 horas. Me ponen una musiquita y me llaman cada media hora o cuarenta minutos. (…) Se tiran dos semanas y no sé nada de ellos, a la tercera semana me llama una operadora para preguntarme: ¿Tiene usted la cantidad? ¿No? ¡Ah, venga, vale, adiós, ciao! Así es como me hablan. Esas son las faltas de respeto”, relató Lucha, que terminó aclarando que “eso ocurre con los de ahora, que son un poquito más civilizados”. “Hace cinco años me insultaban y me las he comido dobladas”, sentenció.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

No hace falta extendernos en la descripción de hechos contrastados que ponen en evidencia la campaña de intoxicación practicada por Ayuso (con la colaboración de no pocos medios informativos) intentando aparecer como víctima en lugar de explicar sus sospechosas actuaciones. Tampoco es necesario insistir en las clamorosas mentiras que ha intentado colocar después de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid, desmontadas por correos electrónicos que apuntan de forma meridiana a tratos de favor y uso de información privilegiada (ver aquí). A estas alturas reiterar que un cargo público sorprendido en falsedades debería apartarse o ser apartado de la política resulta no sólo una solemne obviedad sino que se percibe desgraciadamente como pura ingenuidad.

Lo que empezó siendo el caso Ayuso ha multiplicado su gravedad al desvelarse en detalle el funcionamiento de Avalmadrid, entidad de capital público-privado controlada por los sucesivos gobiernos del PP en Madrid. La gestión de esta sociedad supuestamente destinada a fomentar iniciativas de pequeñas y medianas empresas ha sido y es absolutamente opaca, lo cual no sorprende cuando comprobamos que sus administradores han permitido alzamientos de bienes (ver aquí) y al menos diez de sus exconsejeros han estado vinculados con operaciones que dejaron un ‘agujero’ de más de 10 millones de euros (ver aquí). El cese de su última presidenta (ver aquí) no debe servir de cortina de humo para ocultar el escándalo de que Avalmadrid haya dejado sin ejecutar durante ¡siete años! los avales de préstamos impagados pese a la decisión tomada por su Comité de Morosidad (ver aquí).

Es hora, por tanto, de que este asunto se dilucide (también) en los tribunales. Bien por iniciativa legal de las fuerzas políticas de oposición o por decisión propia de la Fiscalía actuando de oficio en defensa del interés público. ¿Que si hay base? Los indicios de alzamientos de bienes son meridianos, y para saber si ese delito ha prescrito conviene comprobar si hay deudas de Derecho público, porque entonces el plazo se extiende a diez años. Ni Díaz Ayuso ni el resto de avalistas vivos del préstamo de 400.000 euros nunca pagado se librarían de lo estipulado en el Código Penal si, en el momento de producirse las transmisiones ilegales de sus bienes, los morosos tuvieran ese tipo de deudas. Las pruebas de administración desleal por parte de los responsables de Avalmadrid son a su vez consistentes: por la concesión de créditos sin garantías suficientes, por los tratos de favor documentados y por el hecho irrefutable de no dar los pasos obligatorios para intentar recuperar un dinero que pertenece en parte a los contribuyentes madrileños.

Desde Ciudadanos andan sacando pecho con el cese de la presidenta de Avalmadrid, y parecen inclinarse más por el cierre de la entidad que por apoyar la comisión de investigación parlamentaria que exigen los partidos de oposición al trío de Colón. Lo sabremos en los próximos días, pero conviene mantener ojos y oídos muy abiertos, no vaya a ser que lo que se pretenda sea dar un sonoro cerrojazo al chiringuito que permita a los implicados irse de rositas (como es costumbre entre ilustres defensores del neoliberalismo especialistas en el saqueo de lo público). Sin pudor.

P.D. No hace falta acudir a los tribunales para exigir que se paguen los cinco años de IBI que una empresa propiedad de Díaz Ayuso y de su hermano debe al Ayuntamiento de Madrid (ver aquí). Basta con que su amigo, colega y alcalde Martínez Almeida cumpla su obligación y reclame y ejecute esa deuda (con intereses, como a cualquier hijo de vecino).

Desde el 15 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso era diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Y ese mismo mes entró en contacto con un directivo de Avalmadrid, gracias a la mediación de Eva Piera, entonces alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de la propia entidad avalista. Ayuso quería conocer, entre otros asuntos, las consecuencias que tendría el impago del préstamo para el patrimonio de sus padres. Avalmadrid es una entidad de capital mixto, cuyo principal accionista es la Comunidad de Madrid, que controla el 31% de las acciones.

A la hora de solicitar el crédito, en enero de 2011, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

infoLibre ha logrado reconstruir la historia registral de esos 14 inmuebles y el resultado es el siguiente: siete cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley; tres se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank en procesos judiciales de embargo; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que también están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es una nave en el municipio de Sotilllo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un Juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

En otras palabras: los morosos de MC Infortécnica SL se deshicieron de forma presuntamente ilegal de todos los bienes que tenían a su disposición, tras saber que no iban a devolver los 400.000 euros. Los únicos inmuebles que no traspasaron fueron aquellos que ya estaban hipotecados y, por tanto, no podían enajenarlos.

Los ocho socios de MC Infortécnica SL se convirtieron en avalistas solidarios del crédito de 400.000 euros, lo que significa que todos ellos responden de la deuda total con todos sus bienes presentes y futuros. A 30 de junio de 2019, la deuda con Avalmadrid ascendía a 270.000 euros. Una cantidad que se incrementa mes a mes por los intereses de demora.

  EL ALZAMIENTO DE BIENES

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.

Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. [La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento es amplísima. En la base de datos del Poder Judicial se pueden consultar cientos de sentencias sobre este delito. Un ejemplo, donde se incide en la comisión del delito antes de que la deuda sea exigible, es esta sentencia: STS 4396/2005].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores –los avalistas morosos en el caso de MC Infortécnica SL– y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. Esa sería, por ejemplo, la situación de Isabel Díaz Ayuso.

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

Los ocho accionistas de MC Infortécnica SL eran cuatro matrimonios, todos ellos casados en régimen de gananciales. Los ocho firmaron un contrato con Avalmadrid donde se establecían sus obligaciones jurídicas como avalistas solidarios, en especial la de responder con todos sus bienes en caso de que no devolvieran el dinero. Pese a ello, seis de los ocho transmitieron sus bienes de forma presuntamente fraudulenta, aun a sabiendas de que estaban realizando una conducta castigada por el Código Penal. Los otros dos —el matrimonio formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano— tenían todas sus propiedades hipotecadas.

Dos de los seis avalistas que cometieron los presuntos alzamientos han fallecido: Juan Manuel Pitarch en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez —el padre de la presidenta madrileña— en 2014. Los otros cuatro están vivos y podrían enfrentarse a una hipotética investigación penal en caso de que la Justicia certificase la existencia de un presunto delito y determinase además que no está prescrito. Para ello, obviamente, es necesario que alguien presente una querella o que la Fiscalía decida intervenir de oficio. 

En cuatro de las siete operaciones sospechosas de ilegalidad participaron hijos de los morosos que estaban transmitiendo los inmuebles: Isabel Díaz Ayuso se quedó con un piso en el centro de Madrid, su hermano Tomás con una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila), y los tres hijos del matrimonio formado por Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio recibieron un piso en Tapia de Casariego (Asturias) y una vivienda en Majadahonda.

Si se demostrase que esas cinco personas conocían el motivo por el que sus padres les estaban traspasando el patrimonio, podrían ser consideradas por tanto cooperadores necesarios en el alzamiento de bienes. También aquí habría que analizar si está prescrito o no ante una hipotética investigación penal. En el caso de la presidenta madrileña, infoLibre desveló un correo escrito por la propia Ayuso en el que semanas antes de que MC Infortécnica SL fuese a la quiebra admitió que la empresa estaba “muerta”. Tres semanas después de escribir ese correo, aceptó la donación del piso de sus padres.

En las otras tres operaciones los compradores de los inmuebles fueron personas ajenas a los vendedores, de forma que es improbable que tuvieran conocimiento de la ilegalidad que suponía la transmisión.

Además de las siete transmisiones irregulares, hay otra con una historia peculiar: la venta de uno de los garajes propiedad del matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, que se transmitió a una sociedad (Wineyards and Producers SL). Esta operación se realizó incluso antes de la concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, de forma que estaríamos hablando en realidad de un engaño en la información aportada por estos socios para justificar su solvencia y no de un alzamiento de bienes. Los administradores de Wineyards and Producers SL siempre han sido familiares de la pareja Marcelino-Suñer, incluidas dos hijas.

  EL DESTINO DE LOS 14 INMUEBLES, UNO A UNO

Veamos qué ocurrió con los 14 inmuebles que constaban en la documentación que manejó la cúpula de Avalmadrid tanto a la hora de conceder el crédito como en las reuniones del Comité de Morosidad tras el impago del mismo.

Cuatro de los 14 bienes pertenecían a los padres de la dirigente del PP. Dos eran de la sociedad de gananciales de Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente —un piso en Madrid y una vivienda en Sotillo de la Adrada—, mientras que de los otros dos era dueño el padre. Se trataba de dos naves en el pueblo abulense: de una tenía el 100% y de la otra el 50%.

Tal y como desveló infoLibre, Isabel Díaz Ayuso aceptó la donación de la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí, en una escritura firmada ante notario el 7 de octubre de 2011. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás.

Un tercer inmueble que figura en el expediente de concesión del préstamo, la nave de la que Leonardo Díaz era dueño al 50%, también dejó de ser de su propiedad al venderla el 25 de febrero de 2012. En este caso, los compradores fueron dos personas ajenas a su familia.

Y el cuarto bien es la otra nave en Sotillo de la Adrada, que fue el único bien hipotecado como garantía del préstamo de Avalmadrid, entidad que lo embargó y se lo adjudicó por vía judicial en abril de 2018.

En definitiva, de los cuatro bienes señalados por el matrimonio Díaz Ayuso para justificar su solvencia, uno no lo pudieron tocar porque estaba hipotecado, pero los otros tres desaparecieron de su patrimonio nada más tener la seguridad de que MC Infortécnica había quebrado y no devolvería el dinero. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

[infoLibre descubrió una segunda operación de presunto alzamiento de bienes de la que se aprovecharon la ahora presidenta madrileña y su hermano, un local de oficinas en Madrid, que también les fue donado por el padre. Este inmueble no se tiene en cuenta en esta información ya que no fue usado ante Avalmadrid para justificar la solvencia de la pareja].

El segundo matrimonio de accionistas, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda. En este caso también se produjo un sospechoso traspaso de la titularidad del inmueble, que desde el 26 de julio de 2012 pertenece a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Como administrador único de la compañía figura a día de hoy el propio Pitarch, aunque falleció tan solo tres semanas después de constituir Las Pantorgas SL. Como apoderada está su mujer. El capital de la empresa estaba repartido al 50% entre ambos en el momento de su constitución.

Tras el impago de la primera cuota del préstamo, Avalmadrid localizó otro bien que era propiedad exclusiva de María del Carmen Angulo: un piso de 60 metros en la localidad asturiana de Tapia de Casariego. Este inmueble fue vendido el 29 de junio de 2012 a tres hijos de la propietaria, en una operación que presenta las características de ser una donación encubierta. [En una auditoría interna de Avalmadrid, encargada después de que infoLibre desvelara el escándalo, se indica erróneamente que la venta del piso de Tapia se produjo el 1 de octubre de 2015. Los documentos registrales consultados por este periódico demuestran que dicha operación se produjo en realidad tres años antes].

El tercer matrimonio de avalistas era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que demostraron su solvencia con tres inmuebles: una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada y dos pisos en la localidad coruñesa de Oleiros. Los tres estaban hipotecados y los tres fueron embargados por Caixabank y Santander, que se los adjudicaron a sus filiales inmobiliarias [En la citada auditoría interna de Avalmadrid se indica erróneamente que uno de los pisos de Oleiros fue vendido por los avalistas en agosto de 2016 a una pareja con la que no tienen vínculos familiares. La venta se produjo en dicha fecha efectivamente, pero los vendedores no eran Herrero y Fernández, sino la sociedad del grupo Caixabank que se había adjudicado el inmueble dos años antes].

El cuarto matrimonio, formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, declaró cinco inmuebles en total: una vivienda en Villanueva de la Cañada, un piso en la localidad alicantina de El Campello, los respectivos garajes de ambos inmuebles y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón. En mayo de 2012 vendieron el piso y el garaje de El Campello a una pareja de extranjeros no relacionada con ellos familiarmente, y el 28 de septiembre de 2010 ya habían traspasado la plaza de aparcamiento de Alcorcón. El cambio de titularidad no se inscribió en el Registro hasta abril de 2011, por eso pudieron incluirla como propiedad al solicitar el préstamo aunque ya no era suya. La adquirió la empresa Wineyards and Producers SL, que siempre ha estado administrada por familiares del matrimonio.

En cuanto a la vivienda y el garaje de Villanueva de la Cañada sigue siendo de su titularidad, pero existe un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria planteado por Caixabank hace ya tres años, así que es posible que pronto sea adjudicado a la entidad financiera.

Pese a tener todos estos datos desde un primer momento, los dirigentes de Avalmadrid no hicieron nada para evitar la descapitalización de los avalistas. Notarios y abogados consultados por este periódico explican que la entidad pública debería haber adoptado dos medidas: presentar una demanda por la vía civil para anular las donaciones y ventas de inmuebles al haberse celebrado en fraude de acreedores y denunciar ante la Fiscalía los hechos para que investigase el posible delito de alzamiento de bienes.

  AVALMADRID NO ACTÚA ANTE LOS ALZAMIENTOS

El aval-crédito a MC Infortécnica SL se formalizó el 15 de marzo de 2011. La empresa recibía 400.000 euros a devolver en 36 meses. En junio, tres meses después de embolsarse el dinero, la empresa dejó de pagar a los trabadores. El 23 de septiembre despidió a la inmensa mayoría de la plantilla. Cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del préstamo, el 15 de diciembre de 2011, la compañía estaba en quiebra y no devolvió ni un euro.

El 2 de abril de 2012, se reunió el Comité de Morosidad de Avalmadrid. La propuesta fue regularizar el importe del préstamo que ya había vencido y estaba impagado —el dinero lo había prestado Caja España, pero con el afianzamiento de Avalmadrid, que pagaba en caso de que no lo hiciera la empresa—, ejecutar la hipoteca sobre la nave de Sotillo de la Adrada y actuar contra los bienes de los avalistas.

Aquel día ya habían desaparecido cuatro bienes del patrimonio de los morosos: la nuda propiedad del piso de Madrid, la vivienda de Sotillo y una de las dos naves del pueblo abulense propiedad de los Díaz-Ayuso, y una plaza de aparcamiento en Alcorcón de los Marcelino-Suñer.

Además, una mínima diligencia por parte de Avalmadrid habría hecho que estuvieran especialmente alerta ante esta operación puesto que, ya en julio de 2011, la diputada Isabel Díaz Ayuso había estado comunicándose con un directivo de la entidad para saber qué le podía pasar al patrimonio de sus padres en caso de impago del crédito.

El Comité de Morosidad estaba formado por las siguientes personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid); Juan Luis Fernández-Rubíes (consejero delegado); Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Darío Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (directora del departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones).

Pese a los acuerdos adoptados, Avalmadrid dejó transcurrir el tiempo sin hacer absolutamente nada. Y así se llegó a la siguiente reunión del Comité de Morosidad donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, el 16 de noviembre de 2012.

Respecto al acuerdo que dicho órgano había adoptado en abril sólo se había cumplido un aspecto: pagar a Caja España. Pero ni se había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, ni se había actuado contra los ocho avalistas solidarios.

Así que el Comité de Morosidad decidió en aquella reunión de noviembre otra vez lo mismo: seguir pagando el crédito a Caja España y poner en marcha la ejecución hipotecaria de la nave y la dineraria de los ocho morosos.

Pero aquel día ya no faltaban en el patrimonio de los avalistas cuatro inmuebles, sino siete. Además de los desaparecidos en abril, también habían cambiado de titular el piso y el garaje de los Marcelino-Suñer en El Campello y la vivienda de los Pitarch-Angulo en Majadahonda.

De nuevo, en la propuesta del Comité de Morosidad figura el listado de bienes de los avalistas, pero en esta ocasión con un nuevo agravante: se sigue atribuyendo la titularidad de los bienes de El Campello y Majadahonda a sus anteriores propietarios, a pesar de que los Marcelino-Suñer habían vendido los suyos en mayo y los Pitarch-Angulo, en julio. Y así constaba en los Registros de Propiedad respectivos: el de Campello inscribió el cambio de titularidad el 14 de junio de 2012 y el de Majadahonda el 12 de septiembre.

Por tanto, sólo hay dos opciones: o el Comité de Morosidad analizó el caso sin ni siquiera consultar qué bienes tenían los avalistas, algo que parece inverosímil porque se trata de una información básica en estos supuestos, o decidió ocultar conscientemente que los morosos habían vendido los bienes de El Campello y Majadahonda.

Sea como fuere, la realidad es que aquel 16 de noviembre de 2012, los dueños de MC Infortécnica ya habían traspasado la titularidad… ¡de 7 de sus 14 inmuebles! En operaciones de donación o venta presuntamente ilegales se habían deshecho de cuatro viviendas (dos los Díaz-Ayuso, una los Marcelino-Suñer y otra los Pitarch-Angulo y otra), dos plazas de garaje (ambas los Marcelino-Suñer) y una nave (los Díaz-Ayuso). Esos siete bienes eran todos los que podían enajenar al no estar hipotecados.

Y la cúpula de una empresa dedicada a avalar operaciones financieras como Avalmadrid, que tiene un Comité de Morosidad que se reúne con regularidad, no se dio por enterada de algo que estaba sucediendo de forma pública. Hay que recordar que todas estas operaciones se inscribieron en los respectivos Registros de Propiedad, cuyos datos son públicos.

En la composición del Comité de Morosidad de noviembre de 2012 había un cambio respecto a abril: ya no estaba Darío Hernández Martínez como responsable de Recuperaciones y su lugar lo ocupaba Jaime Echeverría Rey. Los otros cuatro —Santos-Suárez, Fernández-Rubíes, Gómez Vivas y Parga— repetían.

El segundo acuerdo del Comité de Morosidad de actuar contra los avalistas del crédito tampoco se cumplió. Y siete años después, Avalmadrid sigue sin actuar contra ellos. Como desveló ayer infoLibre, Avalmadrid lleva desde 2015 sin responder a Cobralia –empresa que utiliza para el cobro a morosos–, que en marzo de aquel año pidió instrucciones precisas para saber cómo actuar contra los bienes de los avalistas.

Lo único que hizo Avalmadrid fue activar el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el pueblo abulense. La demanda la presentó en enero de 2013 y le fue adjudicada en abril de 2018.

En definitiva, ante la pasividad continuada de Avalmadrid, los avalistas morosos cometieron los siete presuntos delitos de alzamiento de bienes: tres antes de abril de 2012 y cuatro entre ese mes y julio del mismo año. Una octava operación, la venta del garaje de Alcorcon, no se puede catalogar de alzamiento ya que se hizo antes de que se firmase la concesión del crédito de Avalmadrid.

Cabe plantearse una pregunta: ¿Y por qué no traspasaron los morosos los otros seis inmuebles? La respuesta es sencilla: no podían, aunque hubieran querido. Estaban hipotecados. En cinco casos los bancos iniciaron procedimientos de ejecución —tres viviendas fueron adjudicadas a filiales del Santander y de Caixabank y otros dos inmuebles están en un procedimiento judicial de embargo a favor de esta última entidad—. Y el sexto es la nave de Sotillo de la Adrada que embargó Avalmadrid.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

Tras más de un lustro dedicándose en exclusiva al sector privado, la exviceconsejera del Gobierno madrileño Eva Piera Rojo ha saltado nuevamente a la palestra a raíz del denominado caso Ayuso. Tal y como ha revelado infoLibre, la que fuera número dos de Economía del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se encargó de mediar a favor de Isabel Díaz Ayuso ante Avalmadrid cuando formaba parte del Consejo de Administración de la entidad semipública, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la propia Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% del capital cada uno–. Ayuso quería obtener información sobre el préstamo de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica, empresa participada por los padres de Díaz Ayuso. Y sitúa de nuevo el foco sobre una exviceconsejera de Economía que el pasado 25 de octubre tuvo que prestar declaración como testigo ante la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la trama PúnicaPúnica, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. 

infoLibre ha intentado recabar la versión de Eva Piera sobre el asunto, pero ha declinado responder a las preguntas planteadas.

El pasado mes de febrero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dio un impulso a las pesquisas que salpican al PP madrileño aportando a la Audiencia Nacional un detallado informe en el que se relataban “actos de favorecimiento” por parte de cargos públicos de la Comunidad de Madrid a la firma El Laboratorio de Almagro 36 SL, una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral a los conservadores madrileños en 2011 y que, según la Guardia Civil, habría “enmascarado gastos electorales” al PP de Madrid “al objeto de facilitar la financiación por encima del techo de gasto permitido”. “Los referidos tratos de favor de los que se ha beneficiado la empresa El Laboratorio de Almagro –sostienen los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado– se circunscriben a la adjudicación de contratos y desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid y a un marco temporal concominante con los comicios electorales investigados, y en donde habrían intervenido cargos públicos de la Comunidad de Madrid”.

La UCO detalla en el informe que los responsables de la empresa contaban con “contactos” que les proporcionaban “favores y ventajas” a la hora de conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Así, la Guardia Civil recalca que la trama funcionaba con un “modus operandi muy singular” consistente en “obtener favores” de “cargos y funcionarios públicos” de la Comunidad de Madrid para adjudicarse licitaciones “de manera encubierta, empleando para ello una empresa interpuesta que hace de pantalla en la adjudicación”. “Se aseguran la obtención de beneficios sin figurar como adjudicatarios de ninguna licitación”, apunta el informe. En este sentido, el Instituto Armado recalca la existencia de una “peculiar simbiosis” entre El Laboratorio y la formación conservadora en Madrid. Por un lado, recalca que la compañía tenía una “activa participación” en el “enmascaramiento de gastos electorales” del que se beneficiaba el PP madrileño. Por otro, se “beneficiaba de la obtención de favores por parte de los cargos públicos pertenecientes” al PP de Madrid.

Las pesquisas arrancaron en marzo de 2017, después de que la Unidad Central Operativa localizase documentación sobre la participación de la firma de publicidad en “las fases de licitación y ejecución” de un contrato de la Consejería de Economía y Hacienda centrado en una campaña orientada a incentivar el pago de impuestos entre los madrileños, valorado en 212.990 euros. Así, los expertos en delitos contra la Administración consideran acreditado, por un lado, que El Laboratorio “contó con información privilegiada antes de la publicación del concurso, lo que le permitió anticiparse varias semanas en la preparación de la oferta técnica, frente a los tan solo ocho días que dispusieron el resto de licitadores por tramitarse el citado contrato público por el procedimiento de urgencia”. La investigación, por otro lado, considera demostrada la “participación encubierta” de la firma de publicidad: aunque la adjudicataria fue Thinking Forward Spain SL, la empresa que “actuaba realmente como adjudicataria en la sombra” y que ejecutó la práctica totalidad de la licitación fue El Laboratorio.

“Desvío de fondos públicos”

Pero el informe policial, en el que se incluyen numerosos correos electrónicos en los que directivos de la firma de publicidad aseguran tener “contactos” y “amigos” en la Comunidad de Madrid, no solo confirma las sospechas que existían sobre esta licitación. También permite obtener “sólidos elementos probatorios” que acreditarían que el exviceconsejero de Presidencia madrileño Borja Sarasola y el ex secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda Francisco Lobo habrían participado en “el desvío de fondos públicos” con el único objeto de “beneficiar los intereses privados” de El Laboratorio “a instancia y en concierto con los responsables de la empresa”. Así, la UCO sostiene que todos ellos “habrían planificado y ejecutado diferentes actos que conllevarían el inicio de un expediente de contratación menor” con unas “necesidades inventadas”. En concreto, el contrato tenía por objeto recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre la fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid”.

“Articulándose finalmente la emisión de una factura falseada respecto al importe de dinero público facturado y abonado –21.228,20 euros– en comparación al importe real de los costes que verdaderamente fueron ejecutados, cifrados en tan solo 1.416 euros”, sostiene la Guardia Civil, que detalla que la “finalidad pretendida” no era otra que la de “sufragar unos gastos relacionados con el aplazamiento de la ejecución” del contrato principal investigado que tenía El Laboratorio con otra compañía. En total, la UCO sostiene que se detrajeron 19.812,40 euros de dinero público “a través de una factura en la que se justificaron unas necesidades ad hoc que parten de una finalidad espuria y cuyos costes reales fueron mínimos”. Es decir, que el beneficio logrado por la principal firma de publicidad que participó en la campaña del PP madrileño para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011 fue de un 93,33% del total facturado.

Piera reconoce su firma pero no haber firmado

Fue en el marco de este contrato menor cuando se puso sobre la mesa el nombre de Eva Piera. Como viceconsejera de Economía, su firma aparecía en varios documentos del expediente. Por un lado, en una factura emitida por El Laboratorio el 31 de diciembre de 2011 por importe de 21.228,20 euros a la Consejería de Economía y Hacienda. Con esa misma fecha, la rúbrica de Piera también estaba presente en el documento ADOK obrante en el expediente de contratación, que ponía de manifiesto que la número dos de Economía “conformaba la recepción de la factura” presentada por la compañía y “firmaba la propuesta de pago y a su vez la aprobación del mismo”. “Completa la documental obrante en el referido expediente de contratación menor un certificado emitido el mismo día 31 de diciembre de 2011 –también con la firma de Piera– (…) por el cual certificaba que los trabajos realizados por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL habían sido realizados de conformidad”, añade el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Con toda esta documentación sobre la mesa, Piera declaró el 25 de octubre de 2018 como testigo ante los agentes del Instituto Armado. En su comparecencia, la que fuera número dos de Economía del Gobierno madrileño reconoció su rúbrica en los documentos pero “en ningún caso” admitió haber firmado esos papeles –es más, negó la caligrafía que acompañaba a una de estas firmas–, tal y como consta en el acta de declaración a la que ha tenido acceso infoLibre. En este sentido, Piera señaló que era “llamativo” que la firma se produjese el día 31 de diciembre y apuntó que ella “nunca hubiese firmado un ADOK en una fecha como esa”. Además, resaltó que “jamás” ha trabajado un sábado –ese 31 de diciembre caía en sábado– de forma “presencial” en las dependencias administrativas de la Consejería de Economía y aportó un correo electrónico para intentar justificar que el día de la firma se encontraba de vacaciones lejos de Madrid. Por último, señaló que no reconocía “ni el contrato menor” y que nunca se reunió con algún responsable de El Laboratorio, una compañía que no conocía y de la que aseguró no conocer a nadie.

Regresaré sobre el tema de la familia al final del artículo, pero analicemos antes los dos elementos clave del debate de investidura en relación con los escándalos que implican de forma directa a la ya presidenta de Madrid: lo que no dijo y lo que dijo.

  Lo que Ayuso no aclaró

Las informaciones sobre la dirigente del PP publicadas por infoLibre desvelan básicamente tres cuestiones: el trato de favor que Ayuso recibió por parte de Avalmadrid, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. Los hechos y las preguntas que Ayuso sigue sin contestar son los siguientes:

El trato de favor de Avalmadrid

1. Eva Piera, viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre, escribió el 13 de julio de 2011 un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid para que atendiera a Isabel Díaz Ayuso. El texto decía: "Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 xx xx xx. Abzs. Eva". Ese era el contenido íntegro del mensaje, lo que demuestra que habían tratado previamente del asunto El empleado de la entidad semipública trató el encargo como si procediera de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", tal y como dejó por escrito en otro correo. 

La pregunta sin contestar: ¿cree Ayuso que estaba recibiendo un trato de favor o cualquier madrileño podía llamar a la viceconsejera de Economía para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid?

2. Al día siguiente, 14 de julio, Ayuso escribió un primer correo al directivo de Avalmadrid contactado por Piera. Quería conocer datos sobre la solvencia económica de varias empresas del Grupo MC, dos de cuyos ocho accionistas eran sus padres, y entender cómo podía afectar al patrimonio familiar en caso de impago el hecho de que sus progenitores fuesen avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid le había concedido a una sociedad del Grupo MC cuatro meses antes. El empleado consiguió por su cuenta parte de los datos pedidos por Ayuso y encargó a un tercero que buscase el resto de la información. 

La pregunta sin contestar: ¿considera Ayuso que estaba recibiendo un trato de favor o cualquier ciudadano podía llamar a un directivo de Avalmadrid para obtener datos sobre la solvencia financiera de empresas y que ese empleado efectivamente cumpliese el encargo y se pusiera a trabajar para obtener la información solicitada?

3. El 14 de septiembre de 2011, la entonces diputada del PP en la Asamblea seguía en comunicación con el directivo de Avalmadrid. Ese día le envió al menos cuatro correos. En uno de ellos, Ayuso se interesaba por datos confidenciales de dos empresas que ella vinculaba a los socios de sus padres. "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", le preguntó a su contacto.

La pregunta sin contestar: ¿entiende Ayuso que es un procedimiento normal pedir a un directivo de Avalmadrid información sobre los "clientes" de sociedades mercantiles o estaba intentando conseguir información confidencial de forma irregular ya que se trata de datos protegidos por la legislación?

4. MC Infortécnica SL, la empresa que recibió los 400.000 euros, estaba en quiebra y no devolvió ni un euro cuando llegó el momento de hacer el primer pago del préstamo, el 16 de diciembre de 2011. El Comité de Morosidad de Avalmadrid, en una reunión celebrada el 2 de abril de 2012, adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Avalmadrid incumplió ese acuerdo y lleva siete años sin embargar los bienes de los avalistas.

La pregunta sin contestar: ¿piensa Ayuso que es habitual que Avalmadrid incumpla los acuerdos de su Comité de Morosidad o cree que la entidad suele actuar contra los morosos?

El presunto alzamiento de bienes

1. Cuando Ayuso se pone en contacto con Avalmadrid, gracias a la mediación de la viceconsejera, el Grupo MC ha dejado de pagar las nóminas a los trabajadores. Tampoco abonará el sueldo de julio, ni la extra, ni el de agosto. Y el 23 de septiembre despide a la práctica totalidad de la plantilla. Unos días antes, el 14 de septiembre, en su correspondencia con el directivo de Avalmadrid, la propia Ayuso admite por escrito que la empresa que había recibido los 400.000 euros estaba "muerta".

La pregunta sin contestar: ¿tenía Ayuso en septiembre de 2011 la certeza de que el Grupo MC había quebrado y que no devolvería el préstamo recibido?

2. El 7 de octubre de 2011, Isabel Díaz Ayuso acepta que sus padres le donen ante notario la nuda propiedad de un piso en el centro de Madrid mientras que su hermano Tomás recibe por el mismo método una vivienda familiar en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

La pregunta sin contestar: ¿sabía Ayuso que esa donación podía estar haciéndose en fraude de acreedores y constituir por tanto un delito de alzamiento de bienes?

3. El 16 de abril de 2012, Isabel Díaz Ayuso y su hermano aceptan que su padre les done el 100% de las participaciones de Sismédica SL, sociedad propietaria de un local de oficinas en Madrid.

La pregunta sin contestar: ¿sabía Ayuso que esa donación podía estar haciéndose en fraude de acreedores y constituir por tanto un delito de alzamiento de bienes?

El impago del IBI

1. Entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Sismédica SL fue la propietaria de un local de oficinas, pero ninguno de esos años abonó el IBI al Ayuntamiento de Madrid. Los dueños de la empresa durante todo ese periodo —siguen siéndolo en la actualidad— fueron Ayuso y su hermano. El Ayuntamiento publicó hasta cinco notificaciones en el BOE y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid reclamando el pago del IBI a Sismédica SL.

La pregunta sin contestar: ¿desconocía Ayuso que el titular de un inmueble debe pagar el IBI o lo sabía pero decidió no pagarlo?

El lector se habrá dado cuenta de que estas ocho preguntas sin contestar tienen un denominador común: en las ocho figura la palabra "Ayuso" y en ninguna figura el término "padre". ¿Por qué cada vez que un periodista o político se interesa por "Isabel", ella se apresura a contestar "padre"? La cuestión se responde por sí sola. Hay que ser muy tonto o muy sectario para no ver el motivo.

Todos los hechos que acabo de relatar —insisto: "hechos". Documentos, comparecencias ante notario, despido de trabajadores— fueron comunicados por infoLibre al equipo de Isabel Díaz Ayuso antes de su publicación —repito: "antes"—, para incluir su versión y conocer cualquier matización que desearan realizar. En relación con los correos de Ayuso a Avalmadrid no quisieron aclarar nada, en cuanto al presunto alzamiento de bienes contestaron con el consabido "padre" cuando este periódico preguntaba por "Isabel" y respecto al impago del IBI señalaron que lo único que podían decir era que el inmueble "estaba en proceso de subasta desde hacía años". Las respuestas del equipo de Ayuso se incluyeron siempre en las informaciones de manera literal.

Pero entiendo que han sido casi dos meses de mucho trabajo para la dirigente del PP y sus colaboradores —este periódico publicó su primera información sobre el caso el 21 de junio—, así que la invitación al equipo de Ayuso sigue abierta: si en el relato que acabo de realizar hay algún dato, alguna fecha, cualquier cosa por nimia que sea, que no se ajuste a la realidad, infoLibre lo rectificará sin problema. Quedamos a la espera.

  Lo que Ayuso dijo

En su intervención final del debate de investidura, cuando ya nadie le podía replicar y en su turno de respuesta al único portavoz de la oposición que no le preguntó por sus escándalos —el socialista Ángel Gabilondo—, Ayuso contestó a las preguntas que le habían planteado horas antes Iñigo Errejón (Más Madrid ) e Isabel Serra (Unidas Podemos). Lanzó una catarata de ataques contra los medios que han publicado las informaciones —aunque infoLibre ha desvelado la mayoría de ellas, también han dado noticias propias El Confidencial, eldiario.es, El País y Vozpópuli— y contra "los diputados que están detrás de ellas", llegando a señalar al parlamentario de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ("Señor Eduardo, ya hablaremos de esto más adelante", le llegó a decir). Pero, en medio de los insultos, también realizó algún comentario sobre los escándalos concretos que le afectan que conviene analizar. Son los siguientes:

El impago del IBI

"Hablan del pago del IBI. No saben ni de qué están hablando, ni de qué local es, ni si tiene actividad o es una empresa que está muerta, o se subastó o si ya pertenece a otra gente", indicó Ayuso. Aunque utilizó siempre ese plural impersonal, lo cierto es que en infoLibre se dio exacta respuesta a todas esas cuestiones en su momento.

En esta información se explica que el local está en la calle Antonio López de Madrid —este periódico tiene evidentemente el número de la calle y la planta del edificio pero no lo ha publicado nunca ya que es irrelevante—, que perteneció a Sismédica SL entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, y que ese día pasó a tener un nuevo titular: Intermobiliaria SL, una filial de Bankinter, que se lo adjudicó por vía judicial tras el impago de un préstamo de 175.000 euros. Y, en esta otra noticia, se explica que Sismédica SL lleva años incumpliendo su obligación legal de presentar cuentas en el Registro Mercantil y que la explicación ofrecida por Ayuso es que la sociedad "no tiene actividad desde hace cuatro años".

Como todo el mundo sabe, el IBI lo paga el titular del inmueble. Y la prueba es que el Ayuntamiento de Madrid publicó cinco notificaciones en boletines oficiales reclamando el dinero a Sismédica SL: la primera el 5 de septiembre de 2013 —con Ana Botella como alcaldesa— y la última el 9 de agosto de 2017 —cuando la regidora era Manuela Carmena—. Durante todo ese periodo, el titular del inmueble fue Sismédica SL y los dueños de esta empresa eran —y son— los hermanos Ayuso.

La participación de sus padres en Grupo MC

"Dentro de todas esas medias verdades y falsedades que están lanzando, ustedes no cuentan que mi padre llevaba años de baja médica enfermo y que mi madre llevaba muchos años jubilada en tiempos de los casos esos que están escarbando y sacando a la luz", se quejó Ayuso. 

En lo que respecta a infoLibre, se trata nuevamente de una mentira. Esos datos se han publicado en varias de nuestras informaciones. Sirva como ejemplo esta, donde se afirma literalmente:

Es decir, no sólo se explicó que sus padres no estaban en la gestión de la compañía cuando Grupo MC pidió el préstamo de Avalmadrid —aunque sí en el accionariado—, sino que se indicó con nombre y apellidos quiénes eran los socios que tenían funciones directivas.

Ayuso también añadió en su diatriba: "Hablan de empresas. No saben nada, no saben qué porcentaje tenía mi familia". El dato publicado por todos los medios es que los padres de Ayuso tenían el 25% de la empresa. Y así consta expresamente en el propio expediente del préstamo de Avalmadrid. Si los gestores de Grupo MC dieron datos falsos para obtener el dinero es sin duda otra cuestión interesante, pero que en todo caso no afectaría a la presidenta madrileña: ni el trato de favor que recibió Ayuso en Avalmadrid, ni su participación en un presunto alzamiento de bienes, ni su impago del IBI tienen relación alguna con el porcentaje del Grupo MC que tuvieran sus padres. 

El padre

"Se puede criticar lo que hago, pero no se puede meter por medio a la familia y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse. Yo no escarbaré nunca en la vida de sus difuntos [...] A ese señor al que han puesto de vuelta y media, mi difunto padre", criticó Ayuso.

La realidad desmiente de nuevo a Ayuso. La única información publicada en los últimos dos meses, al menos en los medios de papel y digitales relevantes, sobre el padre de Ayuso es esta de El Mundo. Dicho periódico asegura que el reportaje está basado en afirmaciones del "entorno" de la propia Ayuso y de personas que "trataron" a su padre. Y la lectura de algunos párrafos causa efectivamente pudor, así que no los reproduciré aquí.

Los diputados de la oposición que han preguntado por los escándalos de Ayuso jamás han puesto de "vuelta y media" a su padre, ni de ninguna vuelta, porque no han preguntado por él sino por las actuaciones de la dirigente del PP. Y, desde luego, infoLibre se ha centrado única y exclusivamente en las actuaciones de Isabel Díaz Ayuso con trascendencia pública —recibir trato de favor, cometer un presunto delito, no pagar impuestos—, jamás en las de sus familiares. Para empezar, porque en dos de las tres cuestiones nada tienen que ver sus padres —fueron los hermanos Ayuso quienes no pagaron el IBI y fue la política del PP quien recibió un trato de favor de Avalmadrid—. Y en la única en la que sí participaron —la donación de los dos inmuebles—, las preguntas que planteó este periódico a Ayuso fueron las siguientes (reproduzco las de la segunda donación, casi idénticas a las de la primera, y que este periódico publicó en las mismas informaciones: aquí y aquí): 

La respuesta del equipo de la entonces candidata fue esta: "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era persona relevante en la política". Una vez más, cuando preguntas por "Isabel", ella contesta "padre". Así que, como escribí unas líneas más arriba, hay que ser muy tonto o muy sectario para no ver el motivo de ese comportamiento de Ayuso.

Termino como empecé. La mala noticia para Isabel Díaz Ayuso es que no nos vamos a mover ni un milímetro de nuestra forma de entender el periodismo. En cualquier información futura que tengamos sobre ella nos pondremos en contacto con su equipo para conocer su versión, no publicaremos nada sin contrastar y redactaremos todas las noticias con el mismo tono neutro y moderado de siempre.

Eso sí, no quedaremos de brazos cruzados si la presidenta de Madrid nos señala en su intento de matar al mensajero. En la sesión de investidura tuvo la prudencia —llamémosle así— de no citar a ningún medio por su nombre. Pero si en algún momento acusa a infoLibre de publicar "falsedades", si nos difama, la denunciaremos ante los tribunales. También en este asunto quedamos a la espera.

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PD-1: Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por este periódico sobre el caso Ayuso.

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Sobran motivos fundados para que Casado y Albert Rivera interrumpan sus vacaciones y eviten lo que será un nuevo episodio indigno desde un punto de vista democrático y supondrá una ofensa a sus propios votantes y a todos los contribuyentes:

1.- La investigación periodística realizada por Manuel Rico en infoLibre (ver aquí) ha documentado durante las últimas seis semanas todas las irregularidades citadas. En lugar de aclarar sus actuaciones sospechosas y sus gestiones en busca de favores o información privilegiada acerca de las empresas implicadas, Ayuso ha tirado del manual del que tanto han abusado las numerosas ranas de la charca que lideraba Aguirre en Madrid: intenta presentarse como víctima con la inestimable ayuda de medios aduladores que en lugar de comprobar la existencia de unas operaciones que afectan al dinero público de los madrileños prefieren maquillar a su Isabel la Católica (ver aquí) como perseguida por machistas y rojos peligrosos que violan su intimidad familiar.

2.- Ya que Díaz Ayuso se niega a responder a seis preguntas concretas para aclarar esas más que razonables sospechas que nada tienen que ver con asuntos privados (ver aquí), el primero que debería exigir esas respuestas es el propio Pablo Casado. Si de verdad quiere presidir un PP alejado por completo de las tramas corruptas que tanto han contribuido a su hundimiento electoral, tiene una ocasión única estos días para demostrarlo. Acepte la exigencia de los grupos de oposición que han solicitado un pleno extraordinario de la Asamblea para clarificar las actuaciones de Ayuso, de otros cargos de la Comunidad de Madrid y de la empresa semipública Avalmadrid. Pídale a Ayuso que dé la cara y asuma su responsabilidad, aplazando la sesión de investidura. En la muy improbable hipótesis de que su patrocinada demuestre que no cometió ninguna irregularidad, será elegida en fechas próximas con el ya comprometido apoyo de Ciudadanos y de Vox. Y si es incapaz de ofrecer respuestas no ya a infoLibre sino al Parlamento de todos los madrileños, la obligación de Casado no es renunciar a que su partido encabece el gobierno en Madrid, pero sí cambiar de candidata o candidato.

3.- Y ya que ni Ayuso ni Casado parecen dispuestos a hacer lo que democráticamente deben hacer, la máxima responsabilidad del disparate político que en las próximas horas se ejecutará en la Asamblea de Madrid recae en Albert Rivera, en Ciudadanos y en su líder madrileño Ignacio Aguado. ¿Qué entienden exactamente por regeneración? ¿Dónde ha quedado su compromiso con la transparencia? ¿Creen que pueden seguir escudándose eternamente en que no hay nada que aclarar mientras no haya una imputación judicial? ¿No recuerdan que ese fue siempre el escudo al que se aferró Rajoy hasta que el propio partido fue condenado como partícipe a título lucrativo de la corrupción? ¿No le parece ya a Ciudadanos que la verdadera “banda” que tanto le obsesiona es la que gobernó Madrid durante más de veinte años como si fuera un cortijo particular? La contestación interna que Rivera ha sufrido por sus pactos con la extrema derecha y por su negativa radical a hablar siquiera con el PSOE para facilitar la gobernabilidad puede ser sólo el anticipo de la factura que pagará en las urnas por tanto engaño, tanta contradicción y tanta hipocresía política. Quizás Rivera y Aguado apuestan por sostener a una presidenta débil que cargará con un lastre permanente, para dejarla en la estacada cuando lo estimen conveniente (para sus intereses, no para los de la ciudadanía madrileña).

4.- Aquí no se trata únicamente de dilucidar las responsabilidades de Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes o por haber utilizado sus contactos en el gobierno madrileño buscando tratos de favor (ver aquí) sino también de que las instituciones implicadas en los hechos depuren también las responsabilidades oportunas. Y no hablamos de cuestiones prescritas ni de los tiempos de Isabel la Católica. ¿Cuándo piensa ordenar la presidenta del consejo de administración de Avalmadrid, empresa semipública controlada por la Comunidad, que se proceda contra los avalistas del préstamo de 400.000 euros impagado por los accionistas de la sociedad MC Infortécnica SL.? ¿Cuándo piensa el actual alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida ordenar la ejecución de la deuda (no prescrita) por los cinco años de IBI impagados por el local de oficinas propiedad en un 50% de su compañera Díaz Ayuso? (Como, por cierto, debería haber hecho el gobierno municipal anterior presidido por Manuela Carmena).

5.- Todo indica que PP, Ciudadanos y Vox (su socio y cooperador necesario para tomar el poder) pretenden enterrar el caso Ayuso con el conocido método de distorsionar los hechos probadoscaso Ayuso, establecer muros de opacidad y hacer muy complejo lo que es sencillo. Cualquier contribuyente madrileño puede hacerse tres simples preguntas: “¿Puedo yo obtener un préstamo de 400.000 euros, no devolverlo y que no me ocurra nada?”, “¿Puedo yo aceptar las donaciones de un piso y de un local de oficinas sabiendo (ver aquí) que la empresa que recibió el préstamo estaba “muerta” y que por tanto no podría devolver el dinero, de modo que me convertiría en cooperador necesario de un delito de alzamiento de bienes previsto por el artículo 257 del Código Penal?” “¿Puedo yo dejar de pagar el IBI durante cinco años sin que el Ayuntamiento me embargue para ejecutar la deuda acumulada con los intereses correspondientes?”. Las respuestas son evidentes: no, no y no.

Ya lo escribimos cuando comentamos las primeras informaciones sobre el caso Ayuso (ver aquí): un ciudadano particular puede verse envuelto, por circunstancias personales, familiares o empresariales, en irregularidades que, en todo o en parte, sean humanamente comprensibles. Lo impresentable es que alguien que haya actuado al borde o al otro lado de la ley pretenda hacer carrera política y hasta gobernar en la misma comunidad donde es morosa municipal. No busquen luego explicaciones complejas a esa galopante desafección de la ciudadanía hacia la política (ver aquí). Hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso, ante las evidencias ya publicadas, es un insulto a la inteligencia y un nuevo atropello a la higiene democrática.

Avalmadrid formalizó en marzo de 2011 un préstamo de 400.000 euros con la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de Isabel Díaz Ayuso, y tres meses después de recibir el dinero dicha sociedad dejó de pagar a sus trabajadores. Así lo prueban diversos documentos y testimonios a los que ha tenido acceso infoLibre, entre ellos un correo enviado a los empleados en agosto de aquel año por la directora general de la compañía. Este hecho plantea nuevas dudas sobre la falta de control de Avalmadrid a la hora de prestar ese dinero. MC Infortécnica SL despidió el 23 de septiembre de 2011 a la mayoría de la plantilla y no devolvió ni un euro del préstamo recibido.

Los socios del Grupo MC eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba a 13 sociedades y cuando empezó el año 2011 tenía a 40 personas en plantilla, 18 de ellas en MC Infortécnica SL, que era la filial más importante. Desde un par de años antes, el padre de la dirigente del PP no estaba en un puesto directivo –por enfermedad– y su madre tampoco trabajaba ya en el departamento financiero de la compañía. En las presentaciones que Grupo MC envió en 2011 a diversos bancos sí figuraban en la estructura organizativa los otros tres socios masculinos: José Luis Marcelino Santamaría en la presidencia, José Manuel Pitarch Divar como director de operaciones y Juan Carlos Herrero Casasola como director de marketing. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros.

El 5 de enero de 2011, MC Infortécnica SL se dirigió a Avalmadrid. Solicitaba una "operación de aval-crédito" por importe de 400.000 euros a devolver en 36 meses con el objeto de financiar la adquisición de "carros informatizados Rubbermaid", distribuidos en exclusiva por el Grupo MC. Una vez analizados los datos aportados por la compañía, el técnico de Avalmadrid indica que tiene "fuertes necesidades de circulante", debido en parte a la coyuntura económica que vivía España en aquel momento y a que parte de la facturación de la sociedad dependía del sector público, que pagaba entonces con bastante retraso. Pero llega a una conclusión positiva respecto a la capacidad de pago: la sociedad tiene "suficiente generación de recursos para afrontar su endeudamiento".

Avalmadrid es una empresa dedicada a financiar a las Pymes madrileñas. Su principal accionista es la Comunidad de Madrid, con algo más del 31% del capital, seguida por Bankia, con algo más del 30%. Puede conceder operaciones a empresas que estén en pérdidas, siempre y cuando exista un plan de viabilidad contrastable, o a aquellas otras en beneficios pero con tensiones de liquidez, bajo la hipótesis de que el cliente justifique de forma razonable que esos desfases de tesorería van a ser temporales. Esta segunda era la situación en que se encontraba en teoría MC Infortécnica SL.

La operación fue aprobada por el Comité Directivo de Avalmadrid el 2 de febrero de 2011. Se fijaron dos tipos de garantías: el aval solidario de los ocho socios y una hipoteca sobre una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), cuya tasación debía cubrir al menos el 50% de la operación. Esa nave era propiedad de Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Ayuso.

La nave se tasó efectivamente en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. Eso llevó a que el analista de riesgos escribiese el 2 de marzo, a las 12.28 horas, un correo a sus superiores en el que indicaba: "En base a la advertencia [de la tasadora] se solicita autorización para continuar con la formalización de la operación". Juan Luis Fernández-Rubíes, entonces consejero delegado de Avalmadrid, le contestó 29 minutos después con un mensaje de dos palabras: "OK adelante".

La operación se formalizó finalmente el 15 de marzo de 2011. Y se estableció que el primer pago de devolución del dinero se haría el 15 de diciembre de aquel año: 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses.

  El impago A los trabajadores

¿Qué comprobaciones realizó Avalmadrid para asegurarse de la veracidad de los datos que había realizado MC Infortécnica SL para solicitar el crédito? Esa es una de las múltiples dudas sobre la operación, que sigue sin aclararse por la negativa de la entidad semipública a aportar información sobre este caso [ver aquí la noticia: Avalmadrid se niega a aclarar las dudas sobre el préstamo a la empresa del padre de Ayuso].

La falsedad de algunos datos los habría podido comprobar fácilmente. Por ejemplo: en el expediente de Avalmadrid se le atribuyen a MC Infortécnica SL 22 trabajadores en el momento de la solicitud de la ayuda, cuando en realidad tenía 18. Pero tampoco está claro que comprobasen el objeto al que se iba a destinar supuestamente el dinero: la adquisición de "carros informatizados Rubermaid" para comercializar en el País Vasco.

Y es que una cosa es lo que consta en el expediente de Avalmadrid y otra lo que decían los directivos de la compañía a sus empleados: que el dinero de Avalmadrid serviría para ayudar a pagar las nóminas. De hecho, desde enero de aquel año, los trabajadores del Grupo MC dejaron de cobrar sus sueldos con puntualidad. Por ejemplo, la mayoría de trabajadores cobraron la nómina de enero con 20 días de retraso. Y la situación no cambió después de que entrasen en caja los 400.000 euros de la operación con Avalmadrid.

La directora general de Grupo MC e hija del entonces presidente de la compañía, Itziar Marcelino, envió el 7 de agosto un correo electrónico a sus empleados para explicarles la situación financiera. "Afortunadamente, los bancos han respondido muy satisfactoriamente a la solicitud de aplazamiento de deuda", indicaba Itziar Marcelino en el correo, al que ha tenido acceso infoLibre. Y añadía: "En agosto está siendo muy difícil realizar cobros de clientes, pero no cesamos en el empeño de liquidar una nómina este mes. No puedo deciros cuándo. No hay nada que nos gustase más, pero ahora no puedo asegurároslo". [Puedes consultar aquí en pdf el correo íntegro].

A esas alturas, los trabajadores ya no creían demasiado en las promesas de los directivos. Lo único que recibieron fue, a finales de aquel mes, el 40% de la nómina de junio. Todo lo demás quedó impagado por parte de la empresa. Los trabajadores terminaron en el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).

El 23 de septiembre, finalmente, Grupo MC despidió a la mayoría de la plantilla. De los 4o trabajadores que habían empezado el año en las diferentes filiales, sólo quedaron 6, los más próximos a algunos de los socios. Entre ellos, la propia Itziar Marcelino. Este periódico intentó, sin éxito, recabar su versión sobre estos hechos.

Unos años más tarde, por cierto, Itziar Marcelino realizó una incursión en la política municipal, aunque con escaso éxito. Se presentó en el puesto número 6 de la candidatura de Ciudadanos en Villanueva de la Cañada, pero el partido sólo obtuvo tres concejales, así que no logró acta. Ya no volvió a concurrir en más listas.

Las gestiones de Ayuso con Avalmadrid

En definitiva, tres meses después de ingresar los 400.000 euros de la operación con Avalmadrid, MC Infortécnica y las demás empresas del grupo dejaron de pagar la nómina de sus empleados. Justo en aquel momento, Isabel Díaz Ayuso recurrió a sus relaciones en el PP y en el Gobierno de Esperanza Aguirre para que la pusieran en contacto con Avalmadrid. Ayuso quería saber qué pasaría con el patrimonio de su familia en caso de que MC Infortécnica SL no devolviese el préstamo avalado por sus padres y los otros seis socios de la empresa.

La viceconsejera de Economía, Eva Piera, se puso en contacto con un directivo de Avalmadrid para que atendiese a Ayuso. Y ese empleado de Avalmadrid entendió que el encargo procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba Aguirre, y así lo transmitió por escrito en un correo enviado a una tercera persona para recabar los datos solicitados por Ayuso [puedes leer aquí la noticia].

Hay que tener en cuenta que Eva Piera era la número dos de la consejería que controlaba a Avalmadrid. Además, Piera y Ayuso eran compañeras de lista autonómica del PP y desde ese mismo mes también lo serían en la Asamblea de Madrid.

Ayuso mantuvo la comunicación con el directivo de Avalmadrid al menos durante dos meses, desde que envió el primer correo el 14 de julio. Al principio, lo que quería la dirigente del PP eran datos sobre el aval que habían puesto sus padres y sobre las principales empresas del Grupo MC. Su interés era saber en qué situación financiera se encontraban. Pero las peticiones de Ayuso no se detuvieron ahí, sino que intentó que Avalmadrid le aportase información confidencial de sociedades vinculadas a los socios de sus padres. "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", escribe el 14 de septiembre, en referencia a dos empresas concretas cuyos nombres había detallado en un mensaje anterior. La entonces diputada del PP sospechaba que los otros socios formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas paralelas dedicadas a la misma actividad. "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra", afirma Ayuso en otro de sus textos. La "otra" es MC Infortécnica SL, que tenía que realizar el 12 de diciembre el primer pago del préstamo de Avalmadrid.

En ese momento, 14 de septiembre de 2011, la política del PP tenía por tanto la certeza de que la empresa que recibió el préstamo de 400.000 euros no podría devolver el dinero porque estaba "muerta", y que en consecuencia los ocho socios de la compañía tendrían que responder con sus bienes. Tres semanas después, el 7 de octubre, aceptó que sus padres le donasen la nuda propiedad de una vivienda en el centro de Madrid. Y el 16 de abril de 2012, se convirtió por el mismo sistema en dueña del 50% de un local de oficinas en la calle Antonio López de la capital. Ambas operaciones, desveladas por infoLibre, son sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

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[Puedes leer aquí todas las informaciones de infoLibre sobre el caso Ayuso]

El 14 de septiembre de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribe un correo a un directivo de la entidad semipública Avalmadrid donde le comenta: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". La empresa a la que han dejado morir es MC Infortécnica SL, que el 15 de marzo de aquel año había recibido un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, que tenía como avalistas solidarios a los padres de Ayuso y a los otros seis socios de la compañía. Y de quien la entonces diputada del PP sospecha que han podido montar empresas paralelas son precisamente los otros socios de MC Infortécnica SL. Ese correo, al que ha tenido acceso infoLibre, demuestra que Ayuso sabía ya que MC Infortécnica SL no podría devolver el préstamo que le había concedido Avalmadrid y que sus padres –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente– tendrían que responder con sus bienes. Tres semanas después, el 7 de marzo de 2011, Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus progenitores le donasen un piso en el centro de Madrid. Y en abril de 2012 recibió como donación un local de oficinas, también en Madrid. Ambas operaciones son sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

El conocimiento por parte de Ayuso de la situación es el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito al aceptar la donación de los dos inmuebles realizada por sus padres. El artículo 257 del Código Penal castiga como alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien.

En otras palabras: si Ayuso sabía que la donación se estaba realizando en fraude de acreedores, podría ser considerada cooperadora necesaria del delito de alzamiento de bienes; si lo desconocía, su actuación aprovechándose de las donaciones no tendría reproche penal posible.

En las explicaciones ofrecidas hasta ahora, Ayuso intenta a toda costa que la atención se fije en los donantes: su padre enfermo y su madre jubilada. Poniendo así a su familia como escudo –su padre falleció en 2014–, evita dar explicaciones sobre la actuación de la donataria: ella misma. Es decir, la política del PP habla en público de un asunto privado –el papel de sus padres–, para no explicar lo único que sí tiene relevancia pública: saber si la candidata del PP a la Comunidad de Madrid se convirtió en propietaria de dos inmuebles a través de una actuación castigada como delito en el Código Penal.

Para responder a esa incógnita es preciso analizar dos cuestiones: si Ayuso conocía el propósito de las donaciones y si éstas encajan en la definición del alzamiento de bienes del Código Penal.

  1. Lo que ayuso sabía

Isabel Díaz Ayuso contactó por primera vez con Avalmadrid para interesarse por el préstamo de MC Infortécnica SL el 14 de julio de 2011. Según ha podido saber infoLibre, fue la entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, Eva Piera Rojo, quien hizo de introductora a petición de Ayuso. Piera, que antes había sido presidenta de la propia Avalmadrid –entre 2006 y 2008–, habló primero con un empleado de la entidad y luego le envió un correo electrónico con el número de teléfono de Ayuso y dándole "mil gracias por anticipado". Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Eva Piera, que ahora trabaja en el sector privado.

En ese primer correo del 14 de julio de 2011, cuyo contenido adelantó parcialmente El País este miércoles, la entonces recién elegida diputada del PP en la Asamblea de Madrid aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso. Según las fuentes de dicho periódico, la dirigente del PP contactó con los directivos de Avalmadrid para saber cómo podía afectar al patrimonio familiar el hecho de que sus progenitores fuesen avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros: "Estaba preocupada. Quería entender el tema de las garantías y hasta qué punto respondían con su patrimonio".

Los socios del Grupo MC eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba a 13 sociedades y cuando empezó el año 2011 tenía a 40 personas en plantilla, 18 de ellas en MC Infortécnica SL, que era la filial más importante. Desde hacía un par de años, Leonardo Díaz Álvarez ya no estaba en un puesto directivo –por su enfermedad– e Isabel Ayuso Puente tampoco trabajaba ya en el departamento financiero de la compañía. En las presentaciones que Grupo MC envió en 2011 a diversos bancos sí figuraban en la estructura organizativa los otros tres socios masculinos: José Luis Marcelino Santamaría en la presidencia, José Manuel Pitarch Divar como director de operaciones y Juan Carlos Herrero Casasola como director de marketing. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros.

Dos meses después de aquel primer correo, Díaz Ayuso seguía en contacto con los directivos de Avalmadrid, pero el tono respecto a los socios de sus padres había cambiado por completo. Si el 14 de julio pensaba que la relación entre ellos seguiría siendo cordial "con seguridad", ahora sospechaba que formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad. Ese 14 de septiembre, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid:

Las sospechas de Ayuso eran las mismas que las de algunos trabajadores del Grupo MC. Ya en marzo de 2011, algunos habían elaborado un documento en el que se citaban hasta seis empresas fuera del Grupo MC que tenían aparente vinculación con los socios o con sus familiares. En ese documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se incluye información de las dos compañías citadas en los correos de Ayuso a Avalmadrid.

Este periódico se puso en contacto con el portavoz de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid para conocer su versión sobre los correos, pero declinó realizar cualquier comentario.

En definitiva, lo que se puede afirmar con certeza es que, el 14 de septiembre de 2011, Ayuso había contactado gracias a un alto cargo del Gobierno de Aguirre con empleados de Avalmadrid para saber hasta qué punto respondían sus padres con su patrimonio del préstamo de 400.000 euros, había asumido que MC Infortécnica SL era una compañía que estaba muerta y había iniciado una investigación –es periodista de profesión– para averiguar si los tres socios de sus padres estaban desviando el negocio hacia empresas paralelas. Y en esa investigación había pedido ayuda a sus contactos en Avalmadrid para ver si le ofrecían datos comerciales de esas sociedades.  

  2. Los requisitos del alzamiento

El segundo aspecto a analizar es si las donaciones de los bienes realizadas por los padres de Ayuso encajan en el comportamiento que penaliza el Código Penal, en su artículo 257. En el momento de producirse los hechos estaba vigente la versión de 2010, aunque la tipificación de este delito era muy similar a la redacción actual. Se castigaba con penas de prisión de 1 a 4 años a quien "se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores", que se elevaba a un máximo de 6 años "en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública". Una jurisprudencia consolidada establece que se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Y, como hemos visto, quien adquiere el bien también puede ser considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la operación.

En otras palabras, se necesitan dos requisitos: que se produzca la transmisión de bienes para evitar su embargo y que, en ese momento, exista una deuda vencida y que el acreedor reclama o que sea previsible que lo haga. 

Veamos cómo se sucedieron los hechos en el caso Ayuso:

En resumen, cuando se produjo la donación del 7 de octubre de 2011 la familia Díaz Ayuso tenía un conocimiento cierto de que MC Infortécnica no podría devolver el préstamo, porque estaba ya casi sin trabajadores y sin actividad, y cuando se produjo la donación del 12 de abril de 2012 la empresa ya estaba en mora con Avalmadrid, que había decidido proceder contra los avalistas (aunque lleva siete años sin cumplir ese acuerdo).

  3. Las penas y la prescripción

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.

La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron en 2011 y 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público.

Las deudas de Derecho público más comunes son las de Hacienda y la Seguridad Social. Este periódico desconoce si los padres de Ayuso tenían deudas con dichos organismos. Se trata de datos reservados que sólo facilitan en caso de investigación policial o judicial.

Otro aspecto a considerar es si los fondos de Avalmadrid pueden considerarse públicos. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrado el 25 de mayo de 2017 estableció lo siguiente:

La Fiscalía de Madrid, en un informe fechado el pasado 23 de mayo, analizó esta resolución del Supremo precisamente en un informe relacionado con operaciones fraudulentas de Avalmadrid. El Ministerio Público admite en dicho escrito que esta entidad podría ser considerada pública según el punto 1.3.2 del acuerdo del Supremo, puesto que Avalmadrid está controlada por el Banco de España, pero inmediatamente añade que "no cabe la aplicación retroactiva" del mismo. Y concluye que "no puede entenderse" que los caudales de Avalmadrid tengan carácter público.

Otras fuentes jurídicas consultadas por este periódico cuestionan dicha interpretación de la Fiscalía de Madrid y llaman la atención sobre la normativa de la Unión Europea que podría ser aplicable a Avalmadrid y que el Ministerio Público no tuvo en cuenta en su escrito.

La Comunidad de Madrid es el principal accionista de Avalmadrid, con algo más del 31% del capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

Tras la adjudicación judicial en favor de Avalmadrid de la nave en Sotillo de la Adrada puesta como garantía hipotecaria, en junio de 2018 por 272.000 euros, la deuda pendiente de MC Infortécnica SL supera los 260.000 euros. Esa es la cantidad que Avalmadrid tiene derecho a reclamar a cualquiera de los ochos avalistas del préstamo. De momento, no lo ha hecho.

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Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre las actividades y el patrimonio de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid marca distancias con Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región "en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional", según define en su propia página. En una respuesta parlamentaria por escrito a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, el Ejecutivo regional se niega a facilitar información sobre Avalmadrid escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni incluida en el sector público autonómico". 

La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid, con el 31% de su capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

La entidad semipública está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 euros en 2011– y a sus socios, entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El préstamo quedó sin pagar y, pese a que el Comite de Morosidad de Avalmadrid decidió embargar los bienes de los socios, finalmente no actuó contra ellos.

Según ha informado infoLibre, Isabel Díaz Ayuso, que será investida la próxima semana presidenta con los votos de PP, Cs y Vox, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión.

Antes de que estallara el caso Ayuso, Avalmadrid ya había sido protagonista de otras operaciones sospechosas. De hecho, la diputada del PSOE-M se interesó el pasado 26 de junio por las "medidas que ha adoptado" el Gobierno regional, que preside en funciones Pedro Rollán, respecto a Avalmadrid tras el informe de análisis forense de revisión de determinadas carteras de avales emitido en febrero de 2019 por la consultora Forest Partners. 

La auditoría fue encargada tras una inspección llevada a cabo por parte del Banco de España entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, que tuvo por objeto 167 operaciones aleatorias cuya característica común era ser avales con vinculaciones entre las sociedades avaladas y los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que además resultaron "fallidos, en mora o de dudoso cobro" por la entidad. 

La "autonomía" de Avalmadrid

"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales. Por tanto, el Consejo de Gobierno no tiene facultades sobre el funcionamiento de la sociedad, ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completan su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

En conversación con infoLibre, Sánchez Acera lamenta la negativa del Gobierno madrileño a aclarar su pregunta. "Nos parece que donde hay dinero público, de la Comunidad, tiene que haber cierta asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, máxime cuando parte de los miembros del Consejo de Avalmadrid son designados por la Comunidad", valora. "Consideramos que la respuesta no es adecuada", insiste.

Los socialistas madrileños temen que esta respuesta sea el patrón, el modelo, que inspire a otras sobre Avalmadrid que ya han sido depositadas en el registro de la Asamblea regional. Porque esta no es la única iniciativa parlamentaria que registran los socialistas sobre la empresa semipública. Desde finales de junio a día de hoy han presentado 24.

Informe a los servicios jurídicos tras las dudas del PP

No todas estas iniciativas han sido admitidas por la Mesa de la Asamblea de Madrid. De hecho, el órgano de gobierno de la Cámara ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para que se les aclare si son competentes para calificar "peticiones de información y preguntas en las que se recabe información o documentación que verse sobre cuestiones cuyo objeto esté referido a sociedades que estén participadas en su capital por la Comunidad de Madrid no siendo dicha participación superior al 50%". 

Se pide, además, que se pondere "la eventual condición de entidades financieras, que tienen una regulación específica en la que se concreta cuáles son los órganos de supervisión de su actividad". Y se concreta que se considere "singularmente el supuesto de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid".

Fuentes de la Presidencia de la Asamblea consultadas por infoLibre desvinculan este movimiento de la Mesa de la Diputación Permanente, en la que PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, del caso que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señalan que se trata de una "garantía" para los parlamentarios a la hora de formular futuras preguntas, no sólo sobre Avalmadrid, sino sobre otras empresas participadas. Y destacan que se han seguido admitiendo otras cuestiones relacionadas con Avalmadrid independientemente de la citada solicitud de informe jurídico, fundamentalmente aquellas cuyos datos se presume que han de ser públicos. 

No es algo inédito que los diputados de la Asamblea de Madrid pregunten sobre esta entidad. Avalmadrid es una sociedad de garantía de riesgos en la que el Gobierno autonómico tiene el 31% del capital. Ha ocurrido en otras legislaturas.

Díaz Acera preguntó los motivos por los que Avalmadrid no había solicitado que el informe forense se centrara en el seguimiento posterior o la recuperación de los avales "en caso de entrar el avalado en situación de morosidad".

La duda sobre si la Asamblea de Madrid era competente para calificar información o preguntas sobre entidades como Avalmadrid ya había sido planteada en una reunión anterior de la Mesa de la Cámara regional por miembros del Partido Popular, cuentan fuentes conocedoras del contenido de este encuentro. Aún así, se dio trámite a varias iniciativas. La decisión de solicitar el informa jurídico fue tomada por la Mesa de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión consultadas por este diario aseguran que el asunto no generó debate entre los parlamentarios. No obstante, el acta de la sesión refleja que salió adelante con los votos en contra de los dos miembros del PSOE en la Mesa de la Diputación Permanente. Ni Unidas Podemos ni Más Madrid tienen representación el órgano de gobierno de la Asamblea. El reparto es el siguiente: dos puestos para Cs –incluida la presidencia–, dos para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

La relación de Avalmadrid con la familia de Ayuso

La relación de los padres de Isabel Díaz Ayuso con Avalmadrid empieza cuando solicitan, junto a sus otros seis socios en la empresa MC Infortécnica SL, un préstamo de 400.000 euros. MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. Sus propietarios eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la candidata conservadora.

El préstamo se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años.

El primer pago estaba fijado para el 16 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL no devolvió el dinero. Así que desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

Pero la entidad semipública Avalmadrid lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Como ha desvelado este diario Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

En 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Esperanza Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en el Gobierno regional y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad. Esto implica que Cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, Isabel Díaz Ayuso ya era diputada autonómica, y en los más de siete años que Avalmadrid lleva incumpliendo el acuerdo de embargar a los avalistas, ha ido ascendiendo en el PP madrileño. Díaz Ayuso sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia" y considera considera "absurdo" informar de su participación en un posible delito de alzamiento de bienes.

Los bienes que no embargó a la familia Ayuso

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios.

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca no tiene cargas.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio antes de febrero de 2012, cuando la cúpula de Avalmadrid analizó por primera vez el impago y elaboró un documento con los bienes que tenían los avalistas.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio en febrero de 2012. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid no responde sobre si exigirá a Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás que abonen la deuda generada por los cinco años en los que no han pagado el IBI del local de oficinas que poseyeron hasta 2017, una información que desveló este miércoles infoLibre [puedes leerla aquí]. El consistorio madrileño argumenta que la ley le impide ofrecer detalles sobre su "relación" con "un contribuyente", y explica que "todos los datos e información relativa a los contribuyentes tienen carácter reservado" y no pueden comunicarse "a terceros".

El inmueble que originó la deuda es un local de oficinas de 180 metros cuadrados situado en la calle Antonio López de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás fueron dueños –cada uno tenía el 50% a través de la sociedad Sismédica SL– del inmueble entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo en el que se generó la deuda. Y ambos hermanos se hicieron con la propiedad después de que su padre les donase a cada uno el 50% de las participaciones de Sismédica SL, una operación realizada en 2012 y sobre la que planean sospechas de alzamiento de bienes, ya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora y, por ende, tenía vetado hacer donaciones.

Durante los cinco años en los que los Ayuso no pagaron el IBI, el Ayuntamiento de Madrid trató sin éxito de reclamar el pago de la tasa a través de notificaciones a nombre de Sismédica SL. El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este miércoles, tras la publicación de la información, infoLibre trató de saber si el consistorio tenía intención de reclamar la deuda a Sismédica SL, una vez desaparecidos los problemas para notificar a su propietaria, dado que Ayuso es un personaje público.

Pero un portavoz del Ayuntamiento declinó contestar afirmando que esa posible actuación "entra dentro de la información de carácter reservado".

La corporación liderada por José Luis Martínez Almeida tampoco quiso responder, con los mismos argumentos, otras tres preguntas. La primera de ellas, a cuánto asciende exactamente la deuda tributaria de Sismédica SL con el Ayuntamiento de Madrid. La segunda, si Sismédica dejó de abonar algún otro tributo al Ayuntamiento de Madrid o si toda la deuda provenía del impago del IBI de su local. Y la tercera, a qué ejercicios corresponde la deuda de la compañía que pertenecía a Díaz Ayuso y su hermano.

De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble que poseía la empresa que entonces pertenecía a Ayuso, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Por su parte, fuentes jurídicas explican que el hecho de que se publique la notificación de la ejecución con una periodicidad casi anual tiene como consecuencia que la deuda no prescribe. La mayor parte de las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, pero en este caso la última publicación es de agosto de 2017, de forma que la deuda está viva.

Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI por un inmueble de su propiedad. La deuda se fue acumulando y todos los intentos de cobro del Ayuntamiento de Madrid han sido infructuosos. infoLibre ha localizado cinco notificaciones publicadas en boletines oficiales reclamando el pago. Sin éxito.

El inmueble que originó la deuda es un local de oficinas de 180 metros cuadrados situado en la calle Antonio López de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás fueron dueños –cada uno tenía el 50% a través de la sociedad Sismédica SL– del inmueble entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017. Ese fue el periodo en el que se generó la deuda tributaria con el Ayuntamiento de Madrid. 

Tal y como desveló infoLibre este martes, Isabel Díaz Ayuso y su hermano aceptaron que su padre les donase a cada uno el 50% de las participaciones de Sismédica SL. La operación, realizada ante notario el 16 de abril de 2012, es sospechosa de alzamiento de bienes ya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora. 

Los hermanos Díaz Ayuso terminaron perdiendo el local el 18 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid se lo adjudicó a Bankinter. Sismédica SL no había devuelto un préstamo de 175.000 euros que la entidad financiera le había concedido el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso, y el inmueble de Antonio López se hipotecó como garantía.

Durante los cinco años que fueron dueños del local de oficinas en Antonio López, Sismédica SL no abonó los tributos locales. En concreto, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que deben pagar anualmente los propietarios de un inmueble.

A preguntas de este periódico sobre por qué no pagó el IBI y si piensa saldar su deuda con el Ayuntamiento de Madrid, un portavoz de Ayuso indicó que el inmueble "estaba en proceso de subasta desde hacía años". En todo caso, se comprometió a completar esta versión en cuanto tuviera más datos.

El responsable del pago del IBI es el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo. Todas las notificaciones publicadas por el Ayuntamiento de Madrid tienen como demandado a Sismédica SL. Esta empresa fue la titular del local de oficinas hasta el 18 de octubre de 2017, en que el nuevo titular pasó a ser Intermobiliaria SA, una filial de Bankinter.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio.

infoLibre ha encontrado cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas. Aparecieron en los siguientes boletines oficiales y en las fechas indicadas:

Los impagos del IBI se fueron acumulando año tras año y a la cantidad inicial se fueron añadiendo los intereses de demora. De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Por su parte, fuentes jurídicas explican que el hecho de que se publique la notificación de la ejecución con una periodicidad casi anual tiene como consecuencia que la deuda no prescribe. La mayor parte de las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, pero en este caso la última publicación es de agosto de 2017, de forma que la deuda está viva.

Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad. 

  El delito de alzamiento

Este martes, a preguntas de los periodistas en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tuvo que pronunciarse por primera vez en público sobre las donaciones de dos inmuebles que aceptó de sus padres, operaciones desveladas por infoLibre y sospechosas de encubrir un alzamiento de bienes. Estas fueron sus palabras: "Sólo tengo que decir que escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo. Es todo lo que tengo que decir. Ustedes están hablando de una familia anónima, de hace más de una década y esto se está haciendo, yo creo, en un momento determinado y yo no tengo mucho más que aportar, salvo que esto se circunscribe a mi familia y pido respeto".

Es el mismo argumento que la dirigente del PP utilizó ante las preguntas que le planteó infoLibre el 20 de junio y el 5 de agosto, antes de publicar las informaciones sobre la donación de una vivienda en Chamberí [puedes consultarla aquí] y de un local de oficinas en la calle Antonio López [puedes leerla aquí]. "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era una persona relevante en la política", respondió por ejemplo el pasado lunes, a través de un portavoz.

En realidad, es la propia Ayuso quien está escudándose en su familia para no explicar si sabía o no que las donaciones recibidas tenían como objeto evitar que los acreedores de sus padres pudieran cobrar su deuda y, por tanto, si estaba cometiendo o no un delito de alzamiento de bienes. Este periódico jamás le ha preguntado ni por el estado de salud del padre ni por la situación laboral de la madre –algo que evidentemente carece de interés público–, sino por la actuación de la propia Ayuso. Sirvan como ejemplo las preguntas planteadas este lunes: 

Saber si la candidata a presidir la Comunidad de Madrid tenía conocimiento del objeto de las donaciones es el elemento clave para dilucidar si ella cometió o no un delito. El artículo 257 del Código Penal castiga como alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. En otras palabras: si Ayuso conocía el propósito de la transmisión, habría sido cooperadora necesaria del presunto delito. En caso contrario, su comportamiento no tendría reproche penal.

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.

Leonardo Díaz Álvarez y María Isabel Ayuso Puente eran, desde marzo de 2011, avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros que le había concedido Avalmadrid a la empresa MC Infortécnica SL. Esta sociedad era propiedad en un 25% de los padres de la dirigente del PP y formaba parte del grupo MC, que entró en quiebra el 23 de septiembre de 2011, tras despedir al 85% de su plantilla y quedar sólo seis personas en nómina. Dos semanas después, los padres de Ayuso donaron a su hija un piso en el barrio de Chamberí de Madrid y a su hijo una vivienda en Sotillo de la Adrada (Ávila). Y medio año después les transfirieron las participaciones de Sismédica SL, propietaria del local de oficinas.

Así que cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del crédito de Avalmadrid, el 15 de diciembre de 2011, MC Infortécnica no devolvió ni un euro. Desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Avalmadrid llevó el tema a la reunión que mantuvo su Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y embargar los bienes de los ocho avalistas solidarios –los padres de Ayuso y los otros seis socios de la empresa– hasta cubrir la deuda que le había dejado MC Infortécnica SL.

Avalmadrid inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el único bien que contaba con garantía hipotecaria: una nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, que había sido tasada antes de la concesión del préstamo en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora.

Pero, en contra de lo que había decidido su propio Comité de Morosidad, Avalmadrid no actuó contra los avalistas. No embargó ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica cuando solicitaron los 400.000 euros, y que ellos mismos valoraron entonces en 2,97 millones de euros. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Ni ejecutó otros posibles bienes que tengan los avalistas. Y así lleva siete años, incumpliendo la decisión del Comité. La absoluta pasividad de la entidad semipública tiene como consecuencia que ahora sea mucho más difícil conseguir la devolución del dinero prestado porque muchas de las propiedades de los avalistas o ya han sido embargadas por otros acreedores o salieron de su patrimonio en operaciones sospechosas de alzamiento de bienes, como las realizadas por los Díaz-Ayuso.

  Las reacciones políticas

Además de la candidata del PP a presidir Madrid, este martes también se pronunciaron sobre el tema otros tres partidos. Ignacio Aguado, que será vicepresidente tras el pacto con el PP y la extrema derecha, salió en defensa de su futura jefa en el Gobierno: se trata de un problema "que afecta a su familia", que "nada tiene que ver con la política autonómica" y las noticias son "un intento de atacar o desprestigiar" a Ayuso. Los dirigentes del PP y de Ciudadanos no desmintieron ninguno de los datos aportados por este periódico.

Muy diferente fue la reacción de Más Madrid y Unidas Podemos. El partido que lidera Iñigo Errejón anunció que llevará el tema a la Fiscalía Anticorrupción. Más Madrid interpondrá su denuncia cuando se reinicie la actividad parlamentaria, según explicó el diputado Eduardo Gutiérrez. Las informaciones desveladas por infoLibre "apuntan a un plan para armar un alzamiento de bienes" que, a juicio de Más Madrid, es "imposible de explicar sin la colaboración y cooperación activa de Isabel Díaz Ayuso, que tiene muchas conductas que aclarar, porque su implicación parece más que contrastada y comprobada como receptora y colaboradora necesaria".

Eduardo Gutiérrez puso también el foco en Avalmadrid, la entidad semipública que prestó los 400.000 euros a MC Infortécnica y que luego no actuó contra los avalistas, pese a que así lo había decidido su propio Comité de Morosidad. "Toda la actual dirección de Avalmadrid ha sido sancionada por el Banco de España por operaciones ilegales", recordó Gutiérrez. Por ello, Más Madrid exige "una renovación" de la cúpula de Avalmadrid, que en la actualidad está presidida por Rosario Rey.

"Nos deja asombrados la falta de vergüenza de Ciudadanos apoyando a esta candidata y al PP, que ya está claro que es un partido estructuralmente colonizado por tramas de corrupción continua y ubicua, como prueban las nuevas imputaciones de Cifuentes y Aguirre que pide la Fiscalía", criticó por último Gutiérrez.

Unidas Podemos, por su parte, quiere que Ayuso dé explicaciones en sede parlamentaria sobre las donaciones de sus padres de las que se benefició y solicitará formalmente que se celebre un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid. La iniciativa necesitará el respaldo de Ciudadanos en la Mesa. Isabel Serra, la portavoz de UP, pide al partido de Aguado que no proteja a Ayuso y lamenta la actitud demostrada hasta ahora por Cs, que "ni siquiera ha pedido explicaciones" a quien será su socia de gobierno.

Serra asegura que no le "sorprenden" las revelaciones sobre las actividades de Ayuso y su familia habida cuenta del "historial que tiene el PP de utilizar las instituciones en favor de sus dirigentes" y de que Ayuso es "hija política" de Esperanza Aguirre. "Más allá de las posibles responsabilidades penales, también es muy importante que se explique por qué Avalmadrid dio ese préstamo a la empresa de los padres de Ayuso y por qué no actuó para recuperar el dinero", señala Serra, cuyo grupo ve con buenos ojos la denuncia contra Ayuso que ha anunciado Más Madrid pero también exige que la dirigente dé "explicaciones" públicas sobre el tema.