Victimas Del Franquismo

Las asociaciones de memoria histórica recuerdan las tareas pendientes: desacralizar el Valle, la exhumación judicializada de las fosas y una ley de víctimas.

"Existe un 99% de posibilidades de llevar este viernes al Consejo de Ministros la fecha para la exhumación", indicaron a infoLibre fuentes de Moncloa a última hora del jueves.

La organización ha manifestado su "repulsa e indignación" ante las declaraciones del dirigente de Vox que "responden al interés de este personaje por reescribir la historia reciente de nuestro país".

El dirigente ultraderechista las acusa de delitos que ni siquiera formuló el Tribunal de Guerra fascista que las mandó al paredón.

También quiere que el juez Yusty cierre el procedimiento sobre la supuesta ilegalidad del proyecto de obra.

El Alto Tribunal avala el procedimiento del Gobierno para exhumar al dictador, declara que el Ejecutivo no necesita licencia de obra para la exhumación y tumba los argumentos de la familia en temas como la inviolabilidad de los lugares de culto.

El expolicía torturador del franquismo tiene una quinta medalla desconocida hasta ahora.

Desde 1959 hasta 1983 fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas, de las que 21.423 están perfectamente identificadas, según los datos de Patrimonio Nacional. Algunos de estos restos fueron exhumados de fosas comunes y reinhumados en el mausoleo franquista.

La salida de los restos del dictador de Cuelgamuros no es suficiente para cerrar la herida abierta alrededor del mausoleo franquista. El traslado de los restos de Primo de Rivera a un lugar no preeminente de la Basílica, la creación de un Centro de Memoria o la "dignificación" del cementerio son algunas de las medidas necesarias para resignificar Cuelgamuros.

Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia, advierte "clarísimos vicios de inconstitucionalidad" en el decreto ley que regula la exhumación del dictador.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que decidir, por un lado, si da luz verde a la exhumación del dictador y, por otro, si prima el derecho de la familia de elegir el lugar para la reinhumación de los restos.

La asociación asegura en un comunicado que obligar a las vícitmas a mantener con sus impuestos la tumba "es una forma de maltrato y una patología democrática".

El documento será entregado esta tarde al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, propietaria del Valle.

Tras años de lucha, logró enterrar a su padre, un sindicalista de UGT fusilado en 1939 cuyo cuerpo llevaba décadas en una fosa común sin identificar.