Feijóo frente al fiscal general: una obsesión cimentada en Galicia

Durante años, Alberto Núñez Feijóo ha cultivado una imagen de gestor riguroso, moderado y pragmático, pero nada más lejos de la realidad. Además, en el terreno político, no hay nada más revelador que un enemigo coherente. Y para el actual líder del PP, ese enemigo ha sido, casi en silencio, casi sin enterarnos, el hoy fiscal general del Estado: Álvaro García Ortiz. Una figura discreta, de carrera fiscal sólida, de perfil progresista, que desde Galicia llevaba más de una década desmintiendo, con hechos y datos, algunas de las narrativas más inflamables e infumables del galleguismo político conservador.

La enemistad entre ambos no es nueva, ni tampoco superficial. 

Entre 2004 y 2021, Álvaro García Ortiz actuó como fiscal especialista en Medio Ambiente de la Fiscalía del TSXG. Desempeñó un papel decisivo en la acusación pública del “caso Prestige”, el desastre medioambiental del petrolero hundido frente a la costa gallega en noviembre de 2002. Un proceso que el propio García Ortiz calificó como “fracaso absoluto de la justicia” debido a la demora del juicio. En 2015, durante una entrevista criticó duramente la gestión del Partido Popular en la catástrofe medioambiental: “El Gobierno intentó ocultar información sobre el Prestige; el reproche de los gallegos era comprensible” 

El enfrentamiento entre Feijóo y García Ortiz también se extendió al ámbito de la minería. Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía e Minas durante la presidencia de Feijóo en la Xunta, compareció en varias ocasiones como investigado por supuestos delitos relacionados con la mina de San Finx, en el ayuntamiento de Lousame, durante su gestión en la Consellería de Economía e Industria.

Tahoces ya había sido investigado previamente en un proceso que estuvo a cargo del fiscal García Ortiz en su primera etapa. En 2021, el juzgado archivó provisionalmente el caso, pero en abril de 2023, la Audiencia de A Coruña ordenó reabrirlo, al encontrar posibles delitos en las actuaciones del exdirector general.

Este caso generó gran preocupación en el Ejecutivo de Núñez Feijóo, quien temía que la ampliación de esa investigación pudiera implicar otros expedientes polémicos, como el de otra mina, la de Varilongo en Santa Comba o los procedimientos vinculados al controvertido concurso eólico del año 2010.

Al señor Tahoces, con el procedimiento todavía abierto hoy, lo han cambiado de puesto. Lo cesaron como director xeral de Enerxía e Minas y lo recolocaron como gerente de la Axencia da Industria Forestal. Trabaja para la Xunta de Galicia. ¿No decía Feijóo que no tenía a nadie imputado en sus gobiernos? Pues ahí tienen a uno de tantos.

El acoso al fiscal general del Estado se enmarca en una ‘guerra’ institucional iniciada en Galicia entre Feijóo y García Ortiz. Como han visto, la enemistad entre ambos se remonta al conflicto del Prestige y a las diferencias en torno a los incendios forestales y la minería. La declaración de guerra del Partido Popular contra el fiscal general refleja no solo la animadversión personal, sino también una guerra sucia de Feijóo por el control de los órganos judiciales en un momento crítico para la política española.

La declaración de guerra del Partido Popular contra el fiscal general refleja no solo la animadversión personal, sino también una guerra sucia de Feijóo por el control de los órganos judiciales en un momento crítico para la política española

Tiene también raíces hondas en los incendios forestales que asolaron Galicia en 2017. Mientras Feijóo agitaba el discurso de un supuesto "terrorismo incendiario", García Ortiz —fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia durante casi dos décadas— desmontaba esa teoría con frialdad técnica: “no hay ni una sola condena por terrorismo incendiario”, repitió más de una vez. 

Otros miembros del PP gallego reafirmaron la teoría de Feijóo sin presentar pruebas concluyentes, eludiendo así cualquier responsabilidad por la nefasta gestión gubernamental y los terribles recortes en materia de prevención y extinción de incendios.

Meses después, el informe de la Fiscalía Superior de Galicia, dirigido por Álvaro García Ortiz, derrumbó la narrativa de Feijóo “No tenemos evidencia de la existencia de ninguna trama”, afirmó el fiscal de Medio Ambiente, dejando en entredicho la estrategia comunicativa del Ejecutivo gallego. Feijóo había gastado setenta y siete mil euros de dinero público en un anuncio de la Xunta que apareció insertado en varios periódicos de tirada nacional. Propaganda al servicio del Partido Popular gallego. 

Este desencuentro quedó retratado con crudeza en el programa “Salvados” (2018), cuando Jordi Évole los puso frente a frente. El fiscal explicó, con claridad meridiana, que no existía ningún indicio de trama organizada tras los incendios. La cara de Feijóo era un poema: serio, tenso, sorprendido por la intervención del fiscal en el programa. Respondió que escuchaba “con mucha atención” al fiscal, pero el contraste entre relato político y la evidencia judicial ya era irrefutable. Fue una escena breve, pero definitoria: la verdad encendía más que el fuego.

Feijóo quedó en evidencia, quedó además como un mentiroso. No soporta que lo corrijan.

Alberto Núñez Feijóo nunca le perdonó esa exposición pública, ni tampoco su participación en la huelga de fiscales y jueces de 2018, donde García Ortiz defendió públicamente la necesidad de dotar al Ministerio Fiscal de mayor autonomía y medios. Aquella huelga, convocada por asociaciones profesionales —tanto progresistas como conservadoras—, fue utilizada por sectores del PP gallego para acusarlo de “activismo político”, pese a que muchos fiscales compartieron el mismo manifiesto. Una postura de defensa institucional fue retorcida hasta convertirla en sospecha ideológica. Y en Galicia, donde la carrera judicial no debe mezclarse con lo mediático, su firmeza fue vista como un desafío.

"Da la sensación de que esto es una guerra de desgaste" dijo García Ortiz en aquel momento. Premonitorio, ¿no les parece?

Cuando en 2022 el Gobierno lo nombró fiscal general del Estado, la campaña de acoso y derribo desde sectores conservadores y mediáticos no se hizo esperar. Lo acusaron de ser “el fiscal del PSOE”, sin más prueba que haber actuado en Galicia con profesionalidad durante dos décadas. 

Pero el punto de no retorno ha llegado en 2025, con el procesamiento judicial de García Ortiz por la supuesta filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un caso que no existiría sin la maquinaria política que busca su cabeza desde hace años. Porque, como ha señalado uno de los magistrados del Supremo, Andrés Palomo del Arco, en un voto particular que recalca que no aparece suficientemente justificado que el fiscal general fuera el autor de la revelación de la información. El delito atribuido carece de base jurídica sólida, y el contenido ya era público en medios antes de cualquier actuación fiscal.

Este magistrado, Andrés Palomo del Arco, tuvo que renunciar a la ponencia del auto por el que se ha resuelto el recurso al quedarse en minoría frente a los otros dos miembros del tribunal.

En su voto particular, de 39 páginas, el magistrado considera que no cabe atribuirle un delito de revelación de secretos derivado de la nota informativa que difundió la Fiscalía porque la misma "obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos"

También critica que el juez Hurtado no otorgara credibilidad a los periodistas que exculparon al fiscal general de la filtración o que no se analizaran pruebas que llevarían a archivar la causa.

El Partido Popular ha exigido la dimisión de García Ortiz con vehemencia. Feijóo lidera ahora esa ofensiva con el mismo énfasis con el que antes defendía el “terrorismo incendiario”. Pero el trasfondo es el mismo: quien se atreve a cuestionar los marcos de poder conservadores desde dentro, se convierte en objetivo a batir. 

El juez Ángel Hurtado ha preguntado a acusaciones y defensas si debe suspender a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado cuando, previsiblemente, abra juicio oral contra él. Lo nunca visto.

Mientras tanto, la ciudadanía asiste atónita a este duelo como si fuera una partida más del ajedrez institucional. Pero no lo es. Es un combate entre un relato construido con mentiras y la realidad. Entre una política construida desde el miedo y una fiscalía que, con sus errores o aciertos, se ha atrevido a ponerle límites.

García Ortiz no es perfecto. Pero su peor pecado ha sido no plegarse ante una falsedad nacida del entorno más directo de la presidenta Ayuso para salvar a su pareja. Y eso, para algunos, sigue siendo imperdonable y motivo de castigo. Todo sea porque Feijóo alcance su venganza largo tiempo escondida o por crear una realidad paralela y desgastar con falsedades al gobierno progresista. Todo vale para este Partido Popular.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.