El PP cierra cualquier posibilidad de acuerdo con el Gobierno: no habrá pactos de Estado con Sánchez

“Este Gobierno no tiene credibilidad. Lo único que ha hecho es romper los pactos que había en materia de defensa y de asuntos exteriores. Está especializado en construir muros. No tiene ninguna voluntad de hacer ningún pacto de Estado”. Con esta contundencia, sin dudar, despachó el lunes Alberto Núñez Feijóo la oferta del presidente Pedro Sánchez para que participase en un gran acuerdo en torno a la emergencia climática. Una iniciativa a la que el Gobierno llamó a todos los partidos, especialistas, científicos y comunidades autónomas, para definir de común acuerdo medidas a corto, medio y largo plazo para que España pueda hacer frente a sus vulnerabilidades en esta materia, que hace menos de un año causaron 228 muertos en València y que este verano han arrasado una cifra sin precedentes de hectáreas de monte. Exactamente lo que los ciudadanos, los expertos y muchas administraciones están demandando tras lo ocurrido con los incendios.

Pero Feijóo zanjó la oferta sin hacer referencia siquiera al contenido de la propuesta de Sánchez. El líder del PP ni se molestó en pronunciarse sobre lo que el presidente acababa de poner encima de la mesa: la implementación de un fondo permanente para reconstrucción, la ampliación y consolidación de medios técnicos y humanos activos durante todo el año; la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias; la aprobación de un modelo de gestión forestal adaptado al siglo XXI; el diseño de una estrategia nacional sobre el agua; la creación de una red de refugios climáticos y de adaptación urbana; la preparación de incentivos económicos y fiscales para el medio rural; el fomento de prácticas agrícolas sostenibles; la promoción de una cultura cívica de prevención desde la educación; y la aceleración de la transición ecológica con impulso europeo.

Lo ocurrido con este pacto, que el PP se niega a discutir no por su contenido sino porque lo propone el Gobierno, es sintomático de hasta dónde ha llegado el desencuentro entre el principal partido de la oposición y el Ejecutivo. Y de sus consecuencias. Porque muestra hasta qué punto la prioridad de Feijóo en este momento es el asedio a Pedro Sánchez: en todas partes, en todas las cosas y todo el tiempo.

En abril de 2022, al término de su primera reunión con el presidente, nada más sustituir a Pablo Casado al frente del PP, Feijóo dijo que ponía “el contador a cero”. Pero casi inmediatamente se hizo evidente que el nuevo líder de los conservadores españoles solo estaba dispuesto a hablar de lo suyo, empezando por rebajas generalizadas de impuestos para afrontar la recesión económica que, según él, estaba a punto de llegar y que nunca hizo acto de presencia.

Es verdad, en todo caso, que Sánchez no se lo puso fácil. En Génova escuece especialmente que el presidente del Gobierno no comparta con Feijóo, antes de hacerlas realidad, ninguna de sus iniciativas en materia de política exterior, desde el abandono del Sáhara al reconocimiento de Palestina. O que tome compromisos en materia de política de defensa, sobre todo en relación con la OTAN, sin consultarle.

“Olvídese”

Pero él tampoco está por la labor. Hace pocos meses, en el marco del debate abierto con ocasión de la necesidad de incrementar el gasto militar para cumplir los compromisos suscritos con la OTAN —y que se remontan al Gobierno de Mariano Rajoy—, Feijóo tardó bien poco en descartar un acuerdo con Sánchez. “Si lo que pretende es que el PP sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese”, le advirtió al presidente en el Congreso.

Entonces ya estaba claro, como corroboró su equipo ese día, que el PSOE “no puede contar con el PP en ningún caso”. Ni siquiera en un asunto en que ambos partidos están básicamente de acuerdo y que estaba promoviendo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que pertenece a la familia política del gallego.

Detrás de esta negativa a firmar cualquier acuerdo con el Gobierno está la decisión de Feijóo de aceptar la estrategia de guerra total que le han marcado Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid desde que en las elecciones de 2023 fue incapaz de reunir una mayoría suficiente para poder gobernar.

Fue esa, precisamente, la última vez que Feijóo se mostró dispuesto a pactar con el PSOE, pero solo a cambio de que los socialistas le hiciesen presidente. Entonces ofreció nada menos que seis pactos: de regeneración democrática, por el estado de bienestar, por el saneamiento económico, por las familias, por el agua y por el territorio.

Es verdad que en estos años, con todo, los dos grandes partidos sí se pusieron de acuerdo en algunas materias objeto de controversia, fundamentalmente nombramientos como la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución para eliminar la referencia a personas disminuidas, o la reforma electoral para derogar el voto rogado.

Pero eso apenas puede disimular la evidencia: la falta de diálogo ha enterrado en los cajones asuntos de enorme trascendencia que el Gobierno y el PP han sido incapaces de sacar de la batalla política. Desde la política migratoria, convertida en un arma arrojadiza, hasta la reforma —pendiente desde hace años— del modelo de financiación autonómica, que Feijóo se niega a negociar con el Gobierno con el argumento de que debe pactarse con las comunidades autónomas y no con el principal partido de la oposición.

Begoña Gómez como obstáculo

Lo mismo ha ocurrido en materia de vivienda, que todo el mundo coincide en señalar como el principal problema de los españoles. Y un desencuentro que podría basarse en el enfoque diferente que ambas partes tienen de las soluciones —el Gobierno cree en la intervención del mercado y el PP apuesta por la receta tradicional de poner suelo público a disposición del sector del ladrillo—, pero que en realidad se alimenta de la crispación. El propio Feijóo descartó en su momento abrir un diálogo con el argumento de que el Gobierno estaba tratando de boicotear la investigación abierta a la esposa del presidente.

No habrá hueco tampoco para otras propuestas sobre las que el PP no quiere hablar, como un pacto de Estado por las personas LGTBI, que el Gobierno ha planteado después como un gran acuerdo contra los discursos de odio, ni sobre la salud mental.

Lo habitual es que sea el principal partido de la oposición el que persiga pactos de Estado. Es una manera de atraer al Gobierno a sus posiciones e intervenir de manera constructiva en la política. La última vez que los pactos de Estado prosperaron en España fue con el PSOE en la oposición. Un buen ejemplo es el pacto antiterrorista, propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero con José María Aznar en el Gobierno. O el pacto antiyihadista, promovido por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy ya con Sánchez como líder del PSOE.

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

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Ocurrió lo mismo con el pacto antitransfuguismo, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998 y que el PP abandonó en 2021, cuando le resultó conveniente para impedir una moción de censura en Murcia. Feijóo nunca regresó al pacto.

Lo cierto es que pactos de Estado dignos de tal nombre con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977, solo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el Gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la presidencia, y el primer Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.