El CGPJ del consenso se convierte en bastión conservador con Perelló como colaboradora necesaria

El último episodio ha sido la cesión de las comisiones más importantes del Consejo General del Poder Judicial –y con ello el control de la institución– a los vocales a propuesta del PP, lo que ha provocado un choque de proporciones inéditas con los progresistas. Hasta el punto de que uno de los pesos pesados de este último sector, el juez de lo Mercantil de Barcelona José María Fernández Seijo, ha terminado por presentar su renuncia. La nueva mayoría del órgano de gobierno de los jueces, conformada por los diez vocales conservadores, la presidenta, Isabel Perelló, y uno de los dos vocales a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se venía fraguando hace meses. Desde la elección de Perelló para el puesto, el Consejo ha conseguido sacar adelante más de 150 nombramientos, pero todas las batallas clave, gracias al apoyo de la presidenta, las ha ganado la derecha.

La primera fue su propia elección. La renovación del órgano, en junio de 2024 y tras cinco años y medio de bloqueo propiciado por el PP, generalizó las expectativas de un Consejo escorado a la izquierda. El empate a 10 vocales entre ambos sectores obligaba a negociar y pactar al no alcanzar ninguno de los dos los 13 votos necesarios para sacar adelante los nombramientos discrecionales más importantes, pero en la izquierda esperaban que la elección de la presidenta –sonaron para ella las magistradas del Supremo Pilar Teso, de la Sala de lo Contencioso, y Ana Ferrer, de la Sala de lo Penal– terminara por conformar un órgano de gobierno de los jueces de mayoría progresista. El pacto entre PSOE y PP para el nombramiento de los nuevos vocales no incluyó el nombre del presidente, permitiendo que, por primera vez desde la creación del CGPJ, fueran sus miembros los que lo eligieran.

La primera sorpresa del nuevo Consejo nada más constituirse fue el bloqueo para alcanzar su principal y primordial designación. Los conservadores vetaron en sucesivas reuniones a Teso y a Ferrer al considerarlas "las preferidas del Gobierno" y pusieron sobre la mesa el nombre del presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Pablo Lucas. Los progresistas advirtieron de que el puesto, necesariamente, debería ir a una mujer para garantizar el reparto igualitario entre sexos que imponía la recién aprobada ley de paridad, y solo ellos defendían a candidatas. A escasas horas del acto de apertura del año judicial, con la angustia generalizada de que no hubiera nuevo presidente o presidenta que se sentara junto al rey en el acto solemne, el vocal conservador José Antonio Montero y uno de los propuestos por Sumar, Carlos Hugo Preciado, se sacaron de la manga en nombre de Perelló. Las prisas provocaron que finalmente fuera designada, pero en la votación los diez progresistas se dividieron por primera vez a favor y en contra de la nueva presidenta. Los vocales de derechas la apoyaron de manera unánime.

Su elección provocó titulares elogiosos en los medios de izquierdas. Por primera vez, una mujer se convertía en la principal autoridad judicial del Estado. Un episodio en el que se enfrentó a su antecesor en el cargo, el conservador Carlos Lesmes, por no utilizar el lenguaje inclusivo –una carta de queja firmada junto a su excompañera en la Sala de lo Contencioso y actual ministra de Defensa, Margarita Robles– le valió la etiqueta temporal de "feminista". Pertenece, además, a la asociación minoritaria y progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). En el Consejo consideran que Robles es su principal valedora en el Gobierno y Montero (su compañero de sala y actual vocal conservador), su primer aliado en el Consejo. Durante su paso por el órgano de gobierno de los jueces (2008-2013) fue la actual ministra de Pedro Sánchez la que propició el nombramiento de ambos para el Alto Tribunal el 2009.

Ni una reunión con los vocales progresistas

Desde su designación, la sintonía de Perelló con los conservadores ha sido mucho mayor. En su año largo de presidencia, el sector progresista –en el que están representados varios miembros de su asociación, JJpD– no ha logrado reunirse con ella ni una sola vez, más allá de la presencia de todos en el Pleno, según varios de sus miembros. Solo Preciado, el vocal progresista que la apoyó desde el principio, tiene acceso a ella, según fuentes del Consejo, donde sus compañeros lo consideran un "tránsfuga". Este consejero de Sumar, además, se ha convertido en su único apoyo –incondicional, según sostiene él mismo– entre los vocales de izquierdas. Preciado, desde hace meses, va por libre. Tiene agenda propia que no acuerda previamente con el resto de consejeros propuestos por los partidos del Gobierno y sugiere candidatos que no avalan los otros nueve miembros de ese grupo y para los que intenta encontrar apoyo en el otro.

Con el respaldo de Preciado, Perelló ha conseguido que las dos plazas más importantes de todas las que el CGPJ tenía que nombrar en el Supremo –la presidencia de la Sala de lo Penal, que mantiene un enfrentamiento desbocado con el Gobierno por la ley de amnistía, y la de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve los recursos contra los actos del Ejecutivo y las principales instituciones del Estado– hayan terminado en manos de los candidatos propuestos por el sector conservador. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que ya ocupaban ambas plazas de manera interina por la salida de sus antecesores, fueron nombrados el pasado julio después de que las dos aspirantes progresistas –Ana Ferrer y Pilar Teso– fueran forzadas a renunciar en un proceso en el que la presidenta del CGPJ tuvo mucho que ver.

Como en el propio nombramiento de Perelló, al menos una de esas vacantes debía ser ocupada por una mujer para garantizar la paridad entre las cinco presidencias de Sala del Supremo. Solo las vocales a propuesta del PSOE y Sumar habían postulado a candidatas –Ferrer y Teso–, con lo que la elección de una aspirante progresista para dirigir una de las dos salas era la única salida para cumplir la ley. Pero Perelló, en lugar de acercar posturas para lograr ese reparto equilibrado, se decantó desde el principio por Arrieta y Lucas, los conservadores, pese a que ambos están al borde de la jubilación. Hasta el punto de que intentó llevar al Pleno ambos nombramientos sin acuerdo para que las sucesivas votaciones fallidas sirvieran para declarar desiertas ambas plazas y obligaran a iniciar desde cero todo el proceso selectivo. La jugada provocó la renuncia de Teso y Ferrer y, gracias a ella, cuatro de las cinco salas del Alto Tribunal las presiden hombres.

El estorbo de la paridad

Pese a la etiqueta de "feminista" con la que fue recibida y su empeño en mantenerla, a Perelló, el imperativo legal de que las mujeres alcancen al menos un 40% de las presidencias y de la composición de cada una de las salas de los principales tribunales le ha parecido, desde el principio, un estorbo para sus propios intereses (muy coincidentes con los de los vocales de derechas). La comisión de igualdad del órgano de gobierno de los jueces estableció en uno de sus informes que esa debía ser la regla para garantizar el cumplimiento de la ley de paridad. Pero, tras conocerse el texto, la presidenta encargó un contrainforme a los servicios técnicos del Consejo. En este último se concluía que el reparto del 40%-60% entre sexos solo debía garantizarse en el conjunto total de nombramientos que hiciese la institución a lo largo de los cinco años que dura su mandato.

Tampoco fue muy feminista –y también dio ventaja a los conservadores– su veto a la vocal progresista Lucía Avilés, la única representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y especialista en violencias machistas, para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Conservadores y progresistas habían pactado que la representación en ese órgano (que dirige el Consejo pero en el que también está presentes el Gobierno, la Fiscalía, las autonomías y la abogacía) fuera mayoritaria para la izquierda. Pero Perelló, mediante un ardid, tachó de la lista a la consejera que no querían los conservadores provocando un empate entre ambas sensibilidades. La AMJE fue la asociación que, tras la constitución del nuevo CGPJ, reclamó con más fuerza que una mujer accediera por fin a su presidencia.

Otro de los mandatos legales con los que los nuevos vocales tomaron posesión fue la obligación de elaborar una propuesta para la reforma del sistema de elección de sus 12 miembros procedentes de la judicatura. El Pleno aprobó por unanimidad un texto que contenía los sistemas antagónicos defendidos por ambos sectores: el de los conservadores, que propugna que sean los jueces los que elijan sin intervención de las Cámaras, y el de los progresistas, que pretende que la última palabra siga, como hasta ahora, siendo del Parlamento. Semanas antes de la votación en el Consejo, Perelló se mostró a favor a la propuesta conservadora.

La presidenta del Supremo y del CGPJ es la sexta autoridad del Estado, pero, desde su nombramiento, no ha concedido una sola entrevista. Su silencio comunicativo, sin embargo, no le ha impedido escenificar frecuentes roces públicos con el Gobierno. En un momento de activismo judicial desbocado contra el Ejecutivo, la máxima autoridad judicial no ha dudado en reclamar respeto hacia las decisiones más controvertidas de los jueces, criticadas, no solo por representantes del Ejecutivo y el Parlamento, sino también por sectores progresistas de la propia judicatura, la fiscalía o la academia. Su sintonía con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es nula, según fuentes del órgano que preside. Perelló ha cuestionado gran parte de las reformas judiciales de Sánchez –como la democratización de acceso a la carrera para abrirlo a las clases populares– pese a que los informes del Consejo las han avalado.