El PP convierte en estrategia la estigmatización de los más vulnerables para disputar el terreno a Vox

La ponencia política que la dirección de Alberto Núñez Feijóo aprobó en el congreso del PP de julio del pasado año recalcaba lo siguiente: "Los valores del Partido Popular nacen del humanismo cristiano: la dignidad de la vida humana, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el carácter subsidiario del Estado". Ese "humanismo cristiano" siempre ha sido una seña de identidad de un PP que, sin embargo, cada vez está más distanciado de lo que Feijóo llama el "buenismo" de la izquierda y que deja la protección de los colectivos vulnerables en un segundo plano.

Un ejemplo de ello es su rechazo a la regularización de medio millón de migrantes que residen en España aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y respaldada por la Iglesia, con la que el PP ha tenido un vínculo muy estrecho. Génova no solo va a tratar de "paralizarla por todos los medios", incluyendo los tribunales y la UE, sino que ahora respalda las teorías de la ultraderecha. Es lo que hizo este miércoles el líder de la oposición agitando el fantasma de un aumento del censo electoral a consecuencia de la regularización.

"No tiene derecho [el Gobierno] a incrementar el censo con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración de más de 800.000 personas", fue el argumento utilizado por Feijóo para dar a entender que detrás de la decisión de Sánchez hay un fin electoralista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos y señaló directamente que la regularización de migrantes es "una trampa" que "puede alterar el censo electoral".

Lo cierto es que la regularización no iría acompañada del derecho a voto, sino que únicamente confiere un permiso de residencia para poder trabajar de forma legal. El derecho a voto llegaría en caso de que se solicitara la nacionalidad —algunos países no permiten tener ambas, por lo que en esos casos se tendría que renunciar a la de su país de origen— y solo llegaría entre dos y diez años después, si se le concede. Es decir, que en las próximas elecciones generales ninguno de los regularizados podría votar.

El PP se aleja del "humanismo cristiano"

En todo caso se trata de un colectivo de personas que ya vive en España, pero cuya situación les condena a "una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social", según los impulsores de la iniciativa que llegó al Congreso para regularizar su situación. Así, concluyen que "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos como la educación y la sanidad".

Eso es, precisamente, lo que argumenta el presidente de los obispos, Luis Argüello, en un comunicado. "Es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común”. En 2024 fue Argüello el que convenció al secretario general del PP, Miguel Tellado, de que su partido se posicionara a favor de admitir a trámite la iniciativa en el Congreso y en los últimos meses se ofreció para ejercer de intermediario. Estas mismas fuentes aseguran que entonces les explicaron sus objeciones y que recibieron una respuesta comprensiva por parte de la Iglesia. Argüello no es precisamente sospechoso de ser un aliado del Gobierno.

La medida también cuenta con el respaldo de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que considera que se trata de "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular". Ahora, sin embargo, Génova argumenta que "no trabaja" para la Iglesia y que no tienen por qué estar "de acuerdo" siempre, citando por ejemplo la cuestión del aborto. En todo caso, la decisión del PP supone una brecha con una institución clave para los conservadores.

Contra la moratoria antidesahucios

Al rechazo del PP a esta regularización, una medida que también ejecutó el expresidente José María Aznar en tres ocasiones durante su mandato y que benefició a 524.621 personas, se le suma el voto en contra de la formación al decreto ómnibus el martes. Un decreto que incluía la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, que se fue prorrogando desde la pandemia, y que también protege frente al corte de suministros básicos, como la energía y el agua.

El real decreto, que ha quedado sin efecto gracias a los votos de PP, Vox y Junts, protegía a aquellas familias que no podían pagar el alquiler o que se enfrentaban a algún conflicto con sus caseros. Pero no a todas. Estas debían acreditar situaciones de vulnerabilidad económica ante los servicios sociales y el juez de turno, que valoraba también la situación del propietario.

El PP tratará de paralizar "por todos los medios" la regularización de medio millón de migrantes

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Feijóo vinculó directamente el voto en contra de su partido al decreto ómnibus a las disposiciones antidesahucio que incluía ya que, a su juicio, "daban alas a la inquiokupación" pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado. En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación por culpa del Gobierno, aunque en realidad con el prefijo añadido nada tiene que ver con el delito de usurpación de vivienda.

En este caso el partido de Feijóo —pero también Vox y Junts— busca criminalizar el impago de la renta, motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino pero que se equipara con la okupación de viviendas para magnificarlo. El hecho de mezclar la okupación y los impagos de alquiler en el mismo paquete forma parte del discurso del miedo alimentado por Vox que consigue imponer su marco al resto de actores políticos, como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derechas. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”.