El escándalo de los pisos de Alicante se cobra la tercera dimisión: el jefe de gabinete de la consellera de Industria

El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Miguel Ángel Sánchez, ha decidido renunciar a su puesto a raíz de conocerse que su exesposa y madre de sus hijas es adjudicataria de uno de los pisos de vivienda pública, aunque ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con la promoción.

Fuentes de la Conselleria han asegurado a EFE que Miguel Ángel Sánchez ha presentado un escrito a la consellera en el que mantiene que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.

También hace constar en el escrito que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con esa adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros. Además, explica que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar". Eso es lo que le lleva a considerar, según sus palabras, que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena".

Dimite, insiste, con el único objetivo de proteger a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

Esta dimisión se ha producido después de otras dos entorno a esta polémica: la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

La oposición y Vox piden la dimisión del alcalde

Tras la dimisión de Sánchez, los partidos de la izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, y también Vox, han exigido la renuncia del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, para asumir sus responsabilidades políticas por el escándalo.

En sus intervenciones en el pleno extraordinario y monográfico en torno al escándalo la socialista ha justificado la petición de dimisión en estar "bajo sospecha" en este supuesto caso "de corrupción".

Por Compromís, Rafa Más, se ha dirigido a Barcala como "el todavía alcalde" y le ha instado a dirigirse al juzgado para declarar lo que sabe en torno a las irregularidades y Manolo Copé (EU-Podem) ha asegurado que lo sucedido "no es un error puntual" sino la aplicación "consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" y ha concluido exclamando "vayáse".

A la petición de dimisión del alcalde del PP también se ha adherido posteriormente Vox, partido en el que se apoyan los populares en el consistorio, que gobiernan en minoría a falta de un concejal para la mayoría absoluta. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha instado a Barcala a que aclare cuándo supo que la concejala de Urbanismo era adjudicataria antes de concluir que debe asumir sus responsabilidad "y tiene que dimitir", igual que lo había pedido previamente la socialista Barceló, que ha acusado al PP de "chanchullos", en un escándalo sobre el que, varios días después de destaparse, "sigue habiendo más dudas que certezas".

"No ha habido igualdad y sí privilegios, no controles y sí corrupción y negocio de los de siempre" en una zona, la Playa de San Juan, donde las viviendas del mercado libre rondan en torno al medio millón de euros y se han adjudicado a los allegados por unos 200.000.

La socialista ha señalado que esta legislatura es la del "pelotazo de la vivienda", ha insistido en que Barcala es el máximo responsable político en un caso donde "hay demasiadas preguntas sin respuestas" ante la posibilidad de que hubiera información privilegiada para la elección de los adjudicatarios, y le ha exigido que aclare si hay más personas cercanas al PP beneficiarios ya que "Alicante no merece esto".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recalcado sentir "vergüenza" por lo sucedido y ha afeado al primer edil de no haber aportado información: "Ya sabemos por qué está parado el plan General, la Vía Parque, el Parque Central... porque estaban preocupados por esta trama y por la orientación de los pisos (de VPP), si dan al este y al oeste", ha espetado Mas dirigiéndose a los concejales del PP. Ha conminado al alcalde a ir a los juzgados a pedir la expropiación forzosa en perjuicio de los que se han llevado una vivienda irregularmente y también a que se ponga a disposición judicial porque Alicante es una ciudad con alquileres a más de 1.000 euros y con "precios imposibles" para la compra.

En su turno, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que lo sucedido no es un "error puntual" sino "la aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" en un caso que coloca a la ciudad en "la vergüenza nacional". Ha señalado que los herederos politicos de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo "se han repartido" las viviendas públicas con la ayuda del anterior gobierno autonómico de Carlos Mazón, de quien ha dicho que relajó los requisitos en su etapa en el Consell valenciano, y ha afirmado que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas. 

El alcalde se disculpa y jura que las casas serán para quienes las merezcan

En su intervención, el alcalde ha pedido públicamente "disculpas" por el "escándalo" de la adjudicación y ha jurado que no se detendrá hasta que esas estas sean para las personas que las merecen.

El alcalde ha sostenido que cuando termine la investigación en curso exigirá que "quienes ilegitimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan", al ejercer el derecho de retracto por fraude de ley. Así lo ha afirmado en el pleno municipal extraordinario y monográfico sobre este caso. Una tensa sesión en la que ha asegurado que no tenía conocimiento de las supuestas incompatibilidades hasta la pasada semana, y que cuando se enteró ordenó abrir un expediente para averiguar los hechos y aclarar la situación.

"Yo no sabía que Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus, ni del resto de implicados", ha recalcado el alcalde, quien ha declarado que comparte con la oposición que lo sucedido le parece "repugnante e indignante".

Barcala, que no se ha pronunciado por la petición de dimisión pedida por el resto de portavoces, el PSPV-PSOE, Compromís, EU-Podem y Vox, ha reiterado en que va a aclarar si se han falseado documentos para ser adjudicatarios de las viviendas de protección oficial y ha añadido que se indagarán los ingresos declarados y la situación patrimonial de los 140 beneficiarios de la promoción para, en su caso, ejercer el referido derecho de retracto.

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El alcalde comprende que la ciudadanía esté "preocupada y alarmada" porque la vivienda es la principal preocupación social y ha admitido que todavía no está en disposición "de dar respuestas a todas las preguntas que se suscitan", algo que confía en que ocurra con la investigación que abra la fiscalía. Tras señalar que la competencia del ayuntamiento se limita a enajenar el suelo municipal y a otorgar la licencia de obra, ha señalado que la adjudicación de las viviendas corresponde a la cooperativa privada, mientras que la Generalitat es quien revisa el visado del reparto para comprobar que los beneficiarios cumplen los requisitos.

Según Barcala, el pasado 27 de enero se recibió un informe escrito del servicio municipal de Patrimonio destapando las supuestas irregularidades y 24 horas después incoó un expediente de averiguación de hechos en paralelo a una denuncia ante la fiscalía, por lo que desde el primer momento ha actuado con "contundencia". Además, ha ordenado cruzar la lista de adjudicatarios de la promoción Les Naus con la plantilla de funcionarios municipales sin que aún se sepa si hay más empleados del ayuntamiento o familiares que se hayan hecho con una de las VPP y, en todo caso, ha indicado que cuando haya alguna novedad la pondrá en manos del ministerio público.

En estos momentos, además de las dimisiones, hay abiertos expedientes informativos a dos técnicos de Urbanismo.