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BATALLA ENTRE EDUCACIÓN Y EMPLEO

El Consejo de Estado avala a Wert para dejar a los becarios sin poder cotizar

Wert 'puentea' a Empleo y envía al Consejo de Estado su proyecto para quitar a los becarios el derecho a cotizar

El Consejo de Estado ha avalado el proyecto de real decreto del Ministerio de Educación con el que su titular, José Ignacio Wert, pretende quitar a los becarios el derecho a cotizar a la Seguridad Social. Un derecho que consiguieron el pasado verano, después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara la primera versión de esa norma, elaborada por el Gobierno del PSOE. Una vez cumplido el trámite del órgano consultivo, la batalla por las cuotas de los becarios continúa entre Educación y el Ministerio de Empleo, cuya oposición a las pretensiones de Wert es radical.

En un dictamen fechado el 10 de abril, el Consejo de Estado considera ajustada a la ley la disposición adicional primera del decreto, que excluye del Régimen General de la Seguridad Social a los estudiantes que realicen prácticas académicas curriculares. Éstas tienen “carácter exclusivamente lectivo”, explica el dictamen, porque son “parte integrante del conjunto de la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir para obtener la correspondiente titulación oficial”. Por tanto, basta con que estén protegidos por los “seguros escolares” de las universidades, añade el órgano consultivo.

Los estudiantes que sí tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social son quienes realicen prácticas extracurriculares, que son programas voluntarios y que no computan como créditos.

Según las fuentes consultadas, tanto Educación como Empleo mantienen inalteradas sus posiciones al respecto. El pasado agosto Empleo puso en marcha el sistema para que los becarios pudieran cotizar como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Desde entonces, son unos 70.000 los que han pasado a formar parte del sistema. La Seguridad Social, necesitada más que nunca de recursos en tiempos de déficit (cerró 2013 con 11.861 millones de euros en rojo), no está dispuesta a renunciar a esos ingresos. Educación, por su parte, se hace eco de los reparos de las universidades, temerosas de que el pago de las cotizaciones retraiga a las empresas a la hora de ofrecer plazas.

CCOO, que interpuso ante el Tribunal Supremo el recurso que consiguió la anulación del primer decreto, cree que Wert se “extralimita en sus competencias”, pues Educación no puede legislar en materia de Seguridad Social. También rechaza por irreales los miedos de los rectores: la empresa paga sólo 34,72 euros al mes por cada becario. Éste cotiza otros 6,09 euros. Pero como la cuota es un gasto deducible, el coste para el empresario se reduce a 25 euros mensuales.

El proyecto de Wert incluye un nuevo apartado en el que precisamente el ministerio se obliga a promover la “difusión pública” de la lista de empresas en que realicen prácticas los estudiantes y de aquéllas que alcancen mayores niveles de calidad.

Informes desfavorables

El decreto de José Ignacio Wert recibió los informes desfavorables tanto de UGT y CCOO como del propio Ministerio de Empleo. Y los favorables del sindicato CSIF, la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

Empleo coincide con CCOO en negar a Educación competencias para regular en materia de Seguridad Social, un “ordenamiento autónomo, cerrado y completo” según la jurisprudencia. Además, afea al departamento de José Ignacio Wert que pretenda modificar una ley con un decreto, una norma de rango inferior.

Según Empleo, la norma de Educación determina “una exclusión donde la ley incluye” y hace “una distinción donde la ley no distingue”. Se refiere el informe al hecho de que la Ley 27/2011 de 1 de agosto, la misma que amplió hasta los 67 años la edad de jubilación, “incluye expresamente” a los estudiantes universitarios que realicen prácticas externas curriculares entre los colectivos que tienen el derecho a cotizar a la Seguridad Social, al asimilarlos a trabajadores por cuenta ajena. “No se contempla en la ley ninguna salvedad respecto a las prácticas externas”, explica Empleo. Por tanto, añade, “la única forma” de excluir a los becarios del ámbito jurídico de la Seguridad Social, como pretende el Ministerio de Educación, sería modificando la propia Ley 27/2011 con otra ley, no con un real decreto, una norma de rango inferior.

Una guerra en dos gobiernos

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La cotización de los becarios ha sido objeto de una larga guerra en el seno del Gobierno, no sólo del actual, sino también del que presidió José Luis Rodríguez Zapatero. Ya entonces se enfrentaron los departamentos de Educación y Trabajo, cada uno con decretos opuestos. Al final fue Presidencia el departamento que dictó en noviembre de 2011 la norma que arrebató a los becarios el derecho a cotizar. La pugna se ha reproducido ahora en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El dictamen del Consejo de Estado es un trámite necesario, aunque no vinculante, para cualquier decreto del Gobierno. De hecho, la sentencia del Supremo que concedió a los becarios el derecho a cotizar tumbó el anterior decreto por haber eludido el paso por este órgano consultivo del Estado. Lo preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría.

Tampoco el paso del proyecto de Wert por el Consejo de Estado fue pacífico. Casi dos meses después de que le llegara el documento, el órgano consultivo se lo devolvió a Educación porque la documentación adjunta estaba incompleta. Entonces tuvo que pedir “formalmente” alegaciones a las partes interesadas –sindicatos, patronal, universidades– porque antes había reducido la fase de “exposición pública” de la norma a colgar el texto en la página web del ministerio durante 15 días, del 9 al 26 de octubre de 2013.

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