PROTECCIÓN SOCIAL

Sólo en cuatro comunidades las pensiones contributivas superan los 1.000 euros

La subida de las pensiones mínimas en 2014 es la menor desde 1996

El artículo 50 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la “suficiencia económica” de las pensiones, que deberán ser “adecuadas y periódicamente actualizadas”. Las voces más críticas contra la última reforma de las pensiones ponían en entredicho que el nuevo sistema para revalorizarlas –con un índice mínimo del 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit– garantice esa “suficiencia”. Por el contrario, auguraban una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que puede alcanzar el 28% en los próximos 15 años. El Gobierno defiende que ese aumento de dos décimas y media permite la sostenibilidad del sistema, amenazado por la demografía: el envejecimiento de la población y el retiro de los nacidos durante el baby boom de los años 60 y 70.

De ahí que el Gobierno haya saludado las últimas cifras sobre la nómina de las pensiones contributivas como un éxito. La Seguridad Social pagó en agosto un total de 8.270,5 millones de euros en pensiones contributivas, un 2,8% más que hace un año. Pero ese crecimiento es también el más bajo desde 2002 y, a juicio del Ministerio de Empleo, un crecimiento “sostenible”, que compara con el 8% alcanzado en 2008. De esa factura total, las pensiones de jubilación se llevan la parte del león, 5.777,8 millones, el 70%. Ese gasto ha crecido un 3,5% en agosto, pero igualmente ha sido la menor subida desde 2005. En 2008 aumentó un 9,3%.

En cualquier caso, ese alza, sostenible o no, se produce sobre unas pensiones cuya cuantía es de las más bajas de la zona euro. Y ello pese a que la tasa de reemplazo española –el cociente entre el último salario cobrado por el trabajador y la pensión que percibe al jubilarse– se sitúa entre las más altas. Así, la pensión media de jubilación cobrada en España se sitúa en 1.023,50 euros, por debajo de los 1.032 euros mensuales de Francia y de los 1.353 euros que ingresan los alemanes en los länder occidentales. La tasa de sustitución española es del 74%, pero antes de la reforma ascendía al 82%. La media de la OCDE se queda en el 68%.

Pero las medias pueden ser engañosas. En realidad, sólo en cuatro comunidades autónomas las pensiones contributivas superan los 1.000 euros mensuales, y por muy poco: País Vasco –1.100,32 euros–, Madrid –1.051,33–, Asturias –1.050,01– y Navarra –1.015,78–. La media nacional es de 883,53 euros. Y las más exiguas corresponden a Extremadura, con sólo 743,40 euros, y Galicia, con 749,67. Es en esas dos comunidades autónomas donde los salarios también son los más bajos.

Viudas, huérfanos, autónomos

Para hacer el cálculo anterior se suman a las de jubilación las pensiones de viudedad, orfandad, incapacidad permanente y favores familiares. Si se consideran únicamente las de jubilación, la cifra aumenta. Aunque tampoco mucho. Extremadura y Galicia siguen en la cola, con apenas 100 euros más: 848,94 y 849,58 euros brutos al mes. Superan los 1.000 euros los jubilados de siete comunidades –Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco– y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tras presentar los Presupuestos del Estado para 2016, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, propuso hace una semana que las pensiones para viudas y huérfanos dejen de financiarse con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social y se cubran con los impuestos. El objetivo de la medida es solucionar el déficit de la Seguridad Social, que este año alcanzará el 1,1% del PIB, unos 13.000 millones de euros. Y dejar de echar mano al Fondo de Reserva, la hucha de  las pensiones, para pagar las extras de verano y navidad. Actualmente cobran estas prestaciones 2,35 millones de viudas y unos 340.000 huérfanos. La pensión media en el primer caso es sólo 631,30 euros al mes, y en el segundo, de 370,88 euros. Al mes suman 1.601 millones de euros.

La brecha también es considerable si se comparan las pensiones que cobran los autónomos y los asalariados del Régimen General. La pensión media de los trabajadores por cuenta propia no supera los 690,14 euros, los empleados por cuenta ajena casi la duplican: 1.167,87 euros de pensión mensual cuando se jubilan. La razón no es otra que el 85% de los autónomos cotizan por la base mínima.

¿Complemento privado?

Estas cifras son utilizadas por sindicatos y partidos de izquierda para pedir que se refuerce el sistema público de protección social; y por los grupos conservadores, el sector financiero e incluso el Banco de España para instar a la promoción de los planes de pensiones privados. Por ejemplo, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) acaba de reclamar al Gobierno que mande “comunicaciones personalizadas” a los tres millones de autónomos, “en un plazo máximo de tres meses”. En ellas debería incluirse información sobre sus pensiones futuras en función de las cuotas que pagan ahora, a fin de que puedan “comenzar a planificar” la jubilación.

El grupo catalán recupera así parte de una iniciativa del Ministerio de Empleo para informar a todos los trabajadores sobre la cuantía de la pensión que percibirán al retirarse. La denominada “carta naranja” –por el sobre de ese color que reciben los suecos– quedó aparcada en un cajón del ministerio el año pasado. Redactado el real decreto correspondiente e incluso licitados y adjudicados los contratos para la elaboración de los cálculos y el envío de las cartas, la medida quedó atascada en el Ministerio de Economía. La patronal del seguro, Unespa, lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que los trabajadores sepan cuál puede ser su pensión para que puedan “acumular una bolsa de ahorro privado que ejerza de complemento de su pensión pública, si quieren mantener su poder adquisitivo cuando se retiren”, en palabras de su presidenta Pilar González de Frutos.

Buena parte de Europa y de la OCDE mantienen el IPC como referencia para la subida de las pensiones

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