El Gobierno aprueba el 8M el registro obligatorio de la jornada laboral y el subsidio para mayores de 52 años

El Consejo de Ministros aprobará este viernes por decreto la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, así como los incentivos para que las empresas contraten a parados de larga duración y el aumento de la prestación por hijo a cargo. También se da luz verde al registro obligatorio de la jornada.

Tras reunirse la Comisión de General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el miércoles y la Comisión Delegada del Gobierno el jueves, el Ministerio de Trabajo convocó por la tarde a patronal y sindicatos a la Mesa de Diálogo Social. Los representantes de CEOE, CCOO y UGT esperaban desde el pasado martes, cuando se anuló la reunión a la que habían sido citados para ese día, a que el Gobierno les llamara para conocer el calendario y el contenido de los decretos sobre empleo y Seguridad Social que negocia también con los grupos parlamentarios a la búsqueda de su posterior convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. Entre las dificultades para reunir esos apoyos políticos y el protagonismo mediático de las reivindicaciones feministas del 8M, las dudas cundían alrededor de los “decretos sociales” anunciados por el Gobierno.

Finalmente, según las fuentes consultadas por infoLibre, este viernes el Gobierno devolverá el subsidio de desempleo para parados mayores de 55 años a las condiciones en que se concedía antes de que el PP lo reformara en 2012. Por tanto, a partir de ahora podrán solicitarlo los mayores de 52 años, el SEPE volverá a pagar la cuota a la Seguridad Social por una base del 125%, en lugar del 100% de estos últimos siete años, y para el cálculo de la renta mínima permitida para cobrar la ayuda ya no se incluirá también las rentas de cónyuges o hijos, sólo la del desempleado, que no puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. La cuantía del subsidio es de 430,27 euros al mes. Otra limitación que desaparecerá se refiere a que los beneficiarios del subsidio podrán seguir cobrándolo hasta los 63 años, si es que cumplen los requisitos de cotización para jubilarse de forma anticipada, cuando antes dejaban de hacerlo a los 61 años.

Registro obligatorio de jornada

En el real decreto-ley de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, el Gobierno aprobará también el registro obligatorio de la jornada laboral, una medida que cuenta con el rechazo de la CEOE. Las empresas tendrán que consignar la hora de entrada y salida de sus trabajadores, informarles de sus jornadas con periodicidad mensual y conservar los registros durante cuatro años. “La Inspección de Trabajo nos lo demanda y los sindicatos están de acuerdo”, justificó la ministra Magdalena Valerio cuando se le preguntó por la medida. Si las empresas no cumplen, la norma prevé sanciones. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó hace un mes que las empresas están obligadas a implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de sus plantillas, para garantizar que no supera los límites legales. Aún falta que el TJUE se pronuncie definitivamente sobre la cuestión prejudicial que le envió la Audiencia Nacional a propósito de una demanda de UGT y CCOO contra Deutsche Bank.

En dos sentencias anteriores, de 2017, referidas a otras tantas demandas sindicales contra Bankia y Abanca, el Tribunal Supremo había dictaminado contra la obligatoriedad de las empresas de registrar las horas trabajadas por sus empleados. Por el contrario, la Inspección de Trabajo lleva tiempo quejándose de la falta de instrumentos para controlar si los asalariados hacen horas extraordinarias y si éstas se pagan o no, así como el fraude en los contratos a tiempo parcial con horas abonadas en negro. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 46% de las horas extras realizadas en España no se retribuyen a los trabajadoresel 46% de las horas extras realizadas en España no se retribuyen a los trabajadores. Precisamente uno de los motivos alegados por el abogado general del TJUE para obligar a las empresas a llevar ese registro horario es que, de otra manera, sería imposible diferenciar entre horas ordinarias y extraordinarias, además de dificutarse a los trabajadores la defensa judicial de sus derechos, al privárseles de “un primer indicio probatorio esencial”.

Por el contrario, la CEOE rechaza la obligatoriedad del registro de jornada como un “cambio hacia lo antiguo”. “Se ha planteado matar moscas a cañonazos”, protestó su presidente, Antonio Garamendi, “en el pasado, a la hora de fichar, fueron los propios trabajadores quienes rompieron los aparatos porque decían que iban en contra de su libertad individual”. Además, la patronal aduce que aumentará la burocracia y los costes de las empresas, y es de difícil aplicación en las pymes. Al igual que Ciudadanos, la CEOE cree que el registro debería ser materia de negociación en los convenios colectivos.

Por el contrario, sigue en el cajónel decreto que derogará parte de la reforma laboral de 2012, reforma laborala la espera del deseado apoyo parlamentario.

Seguridad Social

El decreto sí incluirá, en cambio, otras iniciativas en materia de Seguridad Social, como los incentivos a la contratación indefinida de los parados de larga duración, aquellos que llevan sin trabajo más de un año. Se trata de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas: tendrán descuentos de 1.300 euros anuales durante los tres primeros años del contrato, 1.500 euros si emplean a una mujer. A cambio, deberán mantenerlos en el puesto al menos cinco años y no recortar plantilla durante al menos dos años.

También se estimulará con descuentos en las cuotas la conversión de contratos temporales en fijos o fijos-discontinuos para los trabajadores agrarios. La medida tiene una fecha tope, el 1 de enero de 2020. Para ingenieros y licenciados, las bonificaciones serán de 480 euros al año durante dos años, 640 euros si el beneficiado es una mujer, siempre que trabajen durante todo el mes y su base de cotización mensual sea inferior a 1.800 euros. En caso de que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria no supere los 81 euros, la bonificación será de dos euros al día durante dos años, 2,66 euros si es una mujer. Para el resto de los grupos de cotización, de ingenieros técnicos a peones y menores de 18 años, el descuento deberá resultar en una cuota inferior a 88,15 euros al mes o cuatro euros por jornada real trabajada; o inferior a 58,77 euros o 2,68 euros por jornada si el beneficiado es una mujer.

Igualmente el Consejo de Ministros aprobará el aumento de la prestación por hijo a cargo, que pasará de 291 euros al año a 341 euros para las familias en situación de pobreza y a 588 euros si su pobreza es severa porque viven con una renta inferior al 25% del umbral de pobreza –fijado en 17.238 euros anuales para un hogar formado por dos adultos y dos hijos menores de 14 años–. La iniciativa fue pactada con Unidos Podemos el pasado mes de octubre, junto a otras medidas de carácter laboral.

Más medidas: se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes, se mejoran las cuantías mínimas de las pensiones por incapacidad permanente total, se reduce la cotización de los trabajadores agrarios para amortiguar el impacto de la subida del salario mínimo y se aprueba el pago de las cuotas a los autónomos que se hallaban de baja antes de la entrada en vigor del real decreto que revalorizaba las pensiones.

Garantía Juvenil

El Ejecutivo cambiará también el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella del anterior Gobierno. La iniciativa, diseñada y financiada por la Unión Europea, beneficiará a partir de ahora a todos los parados menores de 30 años. Hasta el momento, asistía a los menores de 25 años y a quienes, entre los 25 y los 30 años, tuvieran una discapacidad igual o superior al 33%. Igualmente se suprime la limitación que permitía el acceso de los parados de 25 a 30 años mientras que la tasa de desempleo en ese intervalo de edad no bajase del 20%. En la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, la tasa se situaba ya en el 19,67%, por lo que, si no se cambiaba la ley, este grupo dejaba de beneficiarse del sistema. Además, dejarán de causar baja automática en el sistema los inscritos que rechacen alguna de las medidas –cursos, cualificación profesional, un empleo– que se les ofrezcan.

Dotado de 6.400 millones de euros hasta 2020, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil consiste en que cada país de la UE debe garantizar a los menores de 29 años “una buena oferta de empleo adecuada a su formación, capacitación y experiencia, o una oferta de formación para encontrar un puesto de trabajo en el futuro”, bien sea un curso, ciclos de Formación Profesional, un contrato en prácticas o de aprendiz. Y la oferta debe hacerse en un plazo de cuatro meses tras terminar los estudios o quedarse en el paro.

Cobro de derechos de autor y pensión

Otra medida a la que dará salida el Consejo de Ministros es el reglamento que desarrollará el decreto-ley que permite a los creadores compatibilizar la pensión de jubilación con el cobro de derechos de autor. Aprobado por unanimidad en el Congreso el pasado mes de enero, daba al Gobierno seis meses para aprobar el reglamento, un plazo que no ha consumido. La compatibilidad lleva aparejada una cotización de solidaridad del 8%, que en caso de tratarse de trabajadores por cuenta ajena se repartirá entre el empresario –el 6%– y el trabajador –el 2% restante–.

Hace sólo una semana, el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid falló a favor del escritor y periodista Javier Reverte, que había demandado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a fin de anular la multa de 150.000 euros que le impuso por cobrar una pensión al tiempo que los derechos de autor de sus libros.

Además, obtendrá el visto bueno el Plan Anual de Política de Empleo para este año, que recoge todos los programas de activación laboral –formación, orientación y recualificación profesional– tanto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como de los servicios de empleo autonómicos. Y el Plan de Retorno a España, con el que se quiere incentivar el regreso de un buen número del casi millón de trabajadores que han abandonado el país desde que estalló la crisis. En principio, se creará una plataforma en internet para poner en contacto a empresarios y a trabajadores que quieran volver.