La Iglesia avala un acuerdo para vender 13 edificios a un fondo buitre que puede dejar sin casa a un centenar de vecinos
Más de un centenar de inquilinos pueden quedarse en la calle por un acuerdo extrajudicial entre la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), vinculada al arzobispado de Madrid, y las sociedades Intuitiva y Tapiamar Partners. La historia es larga y se remonta seis años atrás, cuando Fusara, que había recibido los inmuebles de una donación, los vendió por 64,3 millones de euros a Tapiamar, un precio muy por debajo del valor de mercado, que los inquilinos decidieron denunciar, pues les abocaba a perder sus casas. “Que viviendas donadas con fines sociales terminen en manos de fondos buitre es un fracaso de la sociedad”, resume Jesús, uno de los vecinos afectados. Pero entre tanto, ese proceso se judicializa y la operación se detiene por presuntas irregularidades que también llevan al Registro de la Propiedad a frenar la venta de cinco de estos bloques, al detectarse anomalías en la inscripción de compra.
El escándalo salpicó al Arzobispado, al patronato de la fundación y a los empresarios involucrados. Roberto de Juan, administrador de Tapiamar a través de Chávarry Abogados, acabó imputado en 2024 durante la investigación del Caso Fundaciones —un proceso judicial sobre una presunta trama para expoliar patrimonio de varias fundaciones de la Iglesia— por un posible delito de estafa.
En medio de este mar de irregularidades han quedado atrapados los inquilinos, que cada vez ven más cerca el momento de tener que abandonar sus casas debido a que el acuerdo extrajudicial podría llevar a que se levantasen las medidas cautelares que pesan sobre las casas y finalmente los fondos de inversión se hagan con ellas.
“Ni los vendedores ni los posibles compradores han aclarado qué solución se ofrecerá a las familias arrendadas, muchas de las cuales son personas de edad avanzada que residen en estos edificios desde su nacimiento”, señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que representa a los afectados. Muchos de ellos han recibido ya burofaxes en los que se les informa de que no van a renovarse sus contratos y se les insta a entregar las llaves “bajo amenaza de desahucio”.
La pasada semana los afectados se manifestaban frente al Arzobispado. Ahora es el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, donde se dirime este caso, el que debe decidir si mantiene las medidas cautelares sobre el traspaso de los 13 edificios. Lo hacían porque el acuerdo extrajudicial les coloca un paso más cerca de perder sus hogares. Jesús es uno de los afectados que lleva seis años en lucha, cuenta que después de su primera demanda en 2019, el Arzobispado abrió una investigación y se personó incluso como acusación particular, alegando que los gestores laicos del patronato habían actuado a sus espaldas, pero luego esto cambió.
“Ahora han decidido que se retiran de la acusación contra los compradores, que además están imputados por estafa y por corrupción”, señala el afectado, que explica que Fusara también ha pedido que ellos como acusación popular salgan del proceso judicial. De hecho, en el acuerdo prejudicial que ratificaron recuperan para la fundación uno de los edificios, el situado en la calle Barquillo de Madrid y que es la sede de la institución, pero dejan los demás.
“FUSARA acuerda con TAPIAMAR la modificación de la venta de 14 edificios en Madrid, incrementando el precio en un 54% y recuperando la titularidad de su sede en Barquillo 22, realizada en 2019 por sus anteriores gestores, hoy encausados en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid”, señala un comunicado publicado en su página oficial después del acuerdo suscrito en julio. El incremento del precio desde aquella primera propuesta alcanza hoy los 99 millones de euros, aunque Fusara ya habría recibido 37 millones que corresponden a la operación de 2019.
¿Quién es Fusara?
La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) es una fundación civil cuyo patronato, señala el Sindicato, debe estar integrado por miembros del ámbito eclesiástico y civil. Entre sus miembros, apuntan, está el Arzobispo de Madrid, el Alcalde de la capital, el Delegado del Gobierno en Madrid, el Consejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el Decano del Tribunal Supremo de la Rota, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como los párrocos de las parroquias donde radican los centros de San Ramón y San Antonio —hoy San Juan de Rivera— y de Santamarca —hoy Parroquia de la Asunción—. Se funda en 2008, según recoge el registro de la Comunidad de Madrid, y está orientada a “la formación de los niños y jóvenes”, tal como señalan en su página web.
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“El acuerdo de julio fue adoptado únicamente por párrocos, sin la participación de ninguno de los representantes civiles que estatutariamente deben formar parte del Patronato, lo que constituye una grave irregularidad y vulnera las normas fundacionales que garantizan la naturaleza civil de la entidad”, protesta el Sindicato de Inquilinas, que reclama una solución para los vecinos afectados.
El Arzobispado, explica Jesús, trata de desvincularse. “Ellos dicen que Fusara es una asociación civil, pero el patronato está formado por sacerdotes y está presidido por el Arzobispo de Madrid. Además, qué casualidad que, en su momento, el Papa Francisco se hiciese eco de esto y mandase un enviado especial. Algo extraño si, como dicen, no se trata de una organización no religiosa”, concluye.
La intención de los afectados es seguir en la causa para evitar el desahucio, explica Jesús. “Vamos a seguir haciendo lo mismo que en esto seis años, luchando por lo que creemos que es justo. Es una desvergüenza que cosas que tienen un fin social acaben en manos de fondos buitre”, concluye.
