NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Sindicatos y patronal se atascan también con los contratos, la flexibilidad laboral y la igualdad

Ignacio Ferndández Toxo, Cándido Méndez y Joan Rosell

Sindicatos, patronal y Gobierno presumen de las bondades del acuerdo de negociación colectiva y salarios que firmaron en 2012. A ese pacto atribuyen la moderación salarial de estos últimos tres años de crisis, una medida que consideraban necesaria para contener la pérdida de empleos y emprender la recuperación económica. Desde septiembre CEOE, UGT y CCOO negocian la renovación del documento, las pautas que deben regir cómo serán los salarios y las relaciones laborales en los próximos dos años de, se supone, salida de la recesión.

Pero la mesa está bloqueada. En teoría, el pacto debería estar firmado antes de que acabe el año. Y a Juan Rosell le sería de ayuda en su pugna electoral dentro de la CEOE llevar a las urnas antes del próximo 17 de diciembre un acuerdo bien empaquetado. Sin embargo, los sindicatos aseguran que ha sido precisamente el cambio de propuestas de la patronal lo que ha atascado la negociación. Dicen que, al menos “formalmente”, las elecciones en la CEOE no han afectado a la mesa, pero tampoco descartan que el “endurecimiento” de su postura sea resultado de la batalla entre Juan Rosell y Antonio Garamendi por atraerse a los empresarios.

Por su parte, el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, niega el atasco. Pero admite que las partes han tenido que “dejar para el final” el tema de los salarios por los problemas que planteaba. “Les hemos dicho que de ninguna manera aceptaremos más moderación salarial”, admite el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz.

En principio, ambas partes veían llegado el momento de abordar subidas salariales, aunque decididas sector a sector. Ahora, aseguran fuentes de la negociación, la CEOE se ha “desdicho” de los “consensos” ya alcanzados, y no sólo en materia de sueldos. “Quieren un 'hasta”, explican. Es decir, un máximo “igual para todos” que permita después a cada sector “concretar su subida según le parezca”.

García Viña explica que, pese a que las circunstancias han cambiado respecto a 2012 y los empresarios constatan que ya hay “crecimiento y empleo”, la coyuntura tampoco está “para grandes alegrías”. “Lanzamos un mensaje cauto: que suban los salarios en aquellos sectores que puedan y que el alza se calcule con un mecanismo fácil que repita la estructura del que existe”, añade.

Fuera de la mesa quedan las declaraciones públicas de los dirigentes empresariales, que en estos días de campaña electoral se prodigan. Y tanto Rosell como Garamendi se decantan por prorrogar la “contención salarial” consagrada en el acuerdo de 2012.

El presidente de la CEOE defendió el pasado lunes en Valencia que sólo las empresas con beneficios suban salarios en 2015 y 2016. Y éstas, precisó a continuación, son sólo el 40%. Claro que, seis días antes, había dicho que los aumentos de sueldo no iban a poder superar el 0,6% que el anterior acuerdo establece para este año. Este jueves ha anunciado la creación de 100.000 empresas en 2015. Y de 250.000 empleos.

El Banco de España sí, De Guindos no

El mismo vaivén sobre la subida salarial sufren los responsables de la economía nacional. El director general del Banco de España, José Luis Malo de Molina, aseguró el lunes que “ya se da el escenario” en el que las empresas más dinámicas y competitivas están en condiciones de aumentar los salarios. Un diagnóstico que confirmó al día siguiente el propio gobernador, Luis Linde. “En cuanto las empresas se sitúen en márgenes razonables de beneficios y de actividad, por supuesto hay que pensar en subir salarios”, admitió en el Congreso. Aunque también rechazó que el alza en las retribuciones sea “general”, sin tener en cuenta las condiciones de cada sector o que se decida “a costa de cerrar empresas”.

No tardó mucho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en enfriar las expectativas: “La evolución de los salarios debe ajustarse para reducir rápidamente el desempleo”.

Según las cifras de la Agencia Tributaria, la tercera parte de los asalariados españoles cobran 645 euros al mes –el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)– o menos. Además, los sueldos han sufrido durante la crisis y estimulados por la reforma laboral caídas que, dependiendo de las fuentes, alcanzan o incluso superan el 12%.

Consumo interno

Enfrente, los sindicatos no albergan dudas. El crecimiento de los salarios es indispensable para estimular el consumo interno, puesto que éste es el único camino hacia la recuperación económica. Y de la demanda interna, recalcan, depende el 70% del PIB. UGT y CCOO proponen que los salarios suban según el IPC y la productividad de cada sector, respaldados por cláusulas de garantía que se activen cuando la inflación real supere a la prevista.

Por el contrario, la patronal ha propuesto en la mesa de negociación que el aumento de los salarios dependa de la variación del PIB y del empleo. La cláusula de revisión debe referirse al objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE), que es del 2%. España lleva cinco meses en deflación. Este mes el IPC se ha quedado en -0,4%. Es decir, concluyen UGT y CCOO, esa cláusula es “inoperativa”. Y el modelo propuesto por la CEOE, “insólito, con escasa racionalidad económica e incoherente con el diagnóstico” que ambas partes habían compartido al sentarse a la mesa.

El director de Relaciones Laborales de la patronal, por el contrario, valora el 0,6% fijado para 2014 desde el momento en que “el 95% de los convenios firmados este año no alcanzan esa subida”. “Por tanto, tenía su razón de ser porque lo ha respetado la mayoría”, recalca.

Sólo en la negociación colectiva

Pese al protagonismo de los salarios, no es el único punto en que la negociación permanece atascada. Los sindicatos quieren garantizar la estabilidad y calidad del empleo priorizando los contratos indefinidos. La patronal, en cambio, defiende la necesidad de los temporales y de los de tiempo parcial “a la carta”, explican las fuentes consultadas: máxima flexibilidad en las horas complementarias para aumentar la jornada.

En Valencia Juan Rosell defendió un “contrato único indefinido con salida pactada desde el principio”. Una propuesta que la patronal no ha puesto sobre la mesa de negociación, revela Ramón Górriz. “Son declaraciones de cara a la galería”, zanja. Antonio Garamendi pide en su programa electoral la permanencia de los contratos temporales y a tiempo parcial, “muy valiosos para que las empresas adapten las plantillas a las necesidades concretas de negocio en un momento determinado”.

Además, los empresarios están insatisfechos con la flexibilidad que les permite la reforma laboral. Quieren más facilidades para hacer traslados o cambiar de categoría profesional a sus trabajadores, también ampliar el tiempo en que se permite encadenar contratos temporales y aumentar la distribución irregular de la jornada, explica el número dos de UGT, Toni Ferrer.

Ni siquiera en la garantía de la igualdad laboral entre hombres y mujeres hay acuerdo de momento. En principio, ambas partes habían coincidido en establecer en los convenios fórmulas para eliminar cualquier discriminación. “Ahora la CEOE quiere limitarlas a las discriminaciones 'que sean injustificadas' y ésas, obviamente, son ilegales”, apunta Ferrer. También han retrocedido los empresarios en otro punto en apariencia menor: ya no quieren incluir los riesgos psicosociales –problemas mentales, estrés– en el acuerdo.

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Jordi García Viña no quiere entrar en los contenidos concretos de la negociación. Pero resalta que, fruto de los “grandes esfuerzos” realizados estos meses, ambas partes “no están tan alejadas” en estos temas. Y reduce a “matizaciones” los flecos que faltan por acordar en todo lo que no son salarios. Górriz cree que “con debate” terminarán por limar las diferencias.

Donde sí está allanado el camino hacia el pacto es en la negociación colectiva. Superado el conflicto que el fin de la ultraactividad –prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación– que impuso la reforma laboral, patronal y sindicatos convergen en la necesidad de mantener vivos los convenios sectoriales. Pese a que la intención de la norma –y del Gobierno– es precisamente fomentar los convenios de empresa. También están de acuerdo en pactar la vigencia de los convenios como forma de eludir el fin de la ultraactividad consagrada en la reforma laboral.

Lejos de esta mesa, sindicatos y patronal negocian con el Gobierno las ayudas a los parados de larga duración –“esas conversaciones van mejor encaminadas”, precisan fuentes sindicales–. Y en diciembre tendrán que bregar con la última medida salarial del Ejecutivo, que debe decidir si vuelve a congelar el SMI, como hizo en 2012 y 2014vuelve a congelar el SMI, o se sube a la ola de la recuperación y el estímulo del consumo interno subiéndolo como en 2013 –aunque sólo un 0,6%–. UGT y CCOO ya le han pedido a Mariano Rajoy un compromiso para que el SMI crezca entre un 35% y un 39% en los próximos cinco años, para que alcance los 900 euros en 2018.

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