Diez años sin Diana Quer: el feminicidio que sacudió las estadísticas y la prisión permanente revisable
Diana Quer fue agredida sexualmente y asesinada la madrugada de un 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Ocurrió exactamente hace diez años. Aquel caso abriría una reflexión sostenida en torno a la violencia que recae sobre las mujeres, su tratamiento mediático, su impacto judicial y las necesidades específicas de las víctimas que hasta aquel momento eran objeto de atención solo para llenar minutos de tertulia. Una década después los avances son palpables, pero muchos de los debates que entonces se abrieron quedaron inconclusos.
Prisión permanente revisable: debate y olvido
Un año antes del crimen contra la joven, entraba en vigor la reforma que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal, una figura que tendrá un peso fundamental en el caso. Aquella modificación salió adelante con los votos exclusivos del Partido Popular. Los partidos progresistas consideraban que se trataba de una suerte de cadena perpetua encubierta y la oposición se organizó para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Su derogación se entretejió entonces como uno de los principales compromisos de la izquierda.
Diana Quer desaparece aquella madrugada de finales de agosto, pero su cadáver no fue encontrado hasta 497 días después. El ciclo político continúa durante la búsqueda y, dos meses antes de su hallazgo, la Cámara Baja tramita una proposición de ley encaminada a derogar la prisión permanente revisable. Estamos en el año 2017 y el grueso de la oposición expresa un consenso total en la materia.
Pero en diciembre de aquel año, José Enrique Abuín confiesa el asesinato y revela dónde se encuentra el cuerpo. El caso toma entonces una deriva abanderada por el padre de la víctima: la defensa de la permanente revisable. En enero de 2018, Juan Carlos Quer lanza una exitosa recogida de firmas contraria a la derogación, abriendo un debate que trasciende del plano político y que plantea la pena como avanzada, justa y equitativa. El PP de Mariano Rajoy se alinea con esta tesis y encuentra la oportunidad perfecta para no ceder un milímetro en sus planteamientos, llegando a proponer una extensión de la pena para otros delitos específicos.
Pero en junio de aquel año Pedro Sánchez llega a La Moncloa. El debate se diluye y tanto la derogación como la ampliación quedan en un limbo. Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, se compromete con la familia de la víctima a paralizar cualquier acción política hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.
En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña condena a Abuín por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La pena: prisión permanente revisable, confirmada definitivamente por el Tribunal Supremo un año después. Para entonces, la coalición en el Gobierno central entre el Partido Socialista y Podemos ya había renunciado a derogar la prisión permanente revisable, aunque años antes la habían calificado de "populismo punitivo".
En el año 2021 el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso y avala la constitucionalidad de la pena, en una decisión no exenta de polémica que generó discrepancias entre los magistrados. Lo que se conjugó como un debate intenso en términos sociales, políticos y jurídicos, quedó finalmente desactivado.
Pero no se esfumó del todo. En octubre del año pasado, el Partido Popular volvió a registrar una iniciativa legislativa para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. El Congreso lo rechazó en una votación extremadamente ajustada el pasado mes de marzo: 172 votos a favor y 174 en contra.
Un feminicidio en los márgenes
Diana Quer fue perseguida, agredida y asesinada por ser mujer. Sin embargo, su asesinato no figuró en las estadísticas oficiales. Su nombre pasaría a la historia, pero su caso quedaría desdibujado en los registros, exactamente igual que había sucedido hasta entonces con otras víctimas que no mantenían ningún vínculo afectivo con sus agresores.
Lo que era una demanda clásica del movimiento feminista, se transformó entonces en deuda histórica. Hasta que a finales de 2021 el Gobierno anunció una medida pionera: la puesta en marcha de un registro de feminicidios más allá del ámbito de la pareja o expareja. España se convertiría en el primer país europeo en contabilizar esta forma de violencia.
"Lo que no se nombra no existe", asentía la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, quien presentó la iniciativa como una forma de "reconocer y visibilizar todas las formas de violencia". Entre 2022 y 2025, han sido contabilizados oficialmente 101 feminicidios más allá del ámbito de pareja.
Una ley específica
Julio de 2016. Cinco hombres violan a una joven en un portal de Iruña, Navarra. Es la primera noche de los Sanfermines. Menos de dos meses después, José Enrique Abuín acaba con la vida de Diana Quer. Ambos casos, apenas separados en el tiempo, sucedían en un momento histórico en el que no existía legislación específica contra los delitos sexuales.
El caso de La Manada y las movilizaciones posteriores harían evidente la necesidad de revisar la normativa contra la libertad sexual y abrirían un debate fundacional en torno al consentimiento, su encaje jurídico y su impacto social. Así nacería la ley del solo sí es sí.
La coexistencia de ambos crímenes serviría, además, para reforzar las tesis feministas en torno a la sobreexigencia que recae tradicionalmente sobre las víctimas. La trampa es perversa: resistirse y pagar con la vida o someterse y asumir el juicio público posterior. Aquellas que se revuelven ante una agresión sexual, argumentan las teóricas y militantes feministas, no dejan lugar a dudas sobre la ausencia de consentimiento, pero pueden toparse con una violencia extrema. Mientras, las víctimas que se someten para intentar salvar la vida serán sistemáticamente puestas en duda.
¿Cambio de narrativa?
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El relato construido por algunos medios de comunicación durante los meses de búsqueda de la joven sirvió para exponer la vida privada de la víctima, culpabilizándola y obviando la violencia contra las mujeres como fenómeno estructural. La desaparición de Diana Quer sirvió para que algunos medios se apropiaran de su historia, tejiendo un relato en base a hipótesis que ponían el foco en la vida privada de la víctima y su entorno.
Sobre ella se llegó a decir que tenía un "alma atormentada", que los "traumas adolescentes" que padecía tenían un papel protagonista en su vida y que "el cariño que no encontraba en un domicilio familiar resquebrajado por la ruptura de sus padres siempre lo había buscado en los brazos de los hombres". Ciertos medios se apresuraron a dibujar un perfil de la joven basado en la exposición de sus hábitos y su entorno, calificado de "problemático" y señalado en más de una ocasión como posible causa de su desaparición. La vida privada de la víctima pasó a tener apariencia de asunto público.
El impacto mediático vino acompañado de la mirada crítica del feminismo, preparado para hablar de revictimización, terror sexual y cuestionamiento de las víctimas. Pero el cambio de narrativa no es una realidad diez años después: la herencia de lo sucedido con Diana Quer ha vuelto a resonar, a lo largo de la última década, con los nombres de Jennifer Hermoso, Elisa Mouliaá y tantas otras.
