Igualdad contabiliza 21 agresiones sexuales en Ceuta e identifica a cinco agresores

El Ministerio de Igualdad ha contabilizado un total de 21 agresiones sexuales en Ceuta. Es este uno de los principales datos ofrecidos por la ministra, Ana Redondo, este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde sin embargo ha precisado que "es difícil dar cifras absolutas porque la situación es muy cambiante". Las autoridades han identificado además a cinco agresores: dos magrebíes expulsados, dos españoles y un ciudadano europeo en investigación.

Se trata de "hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia", ha subrayado la ministra. Redondo ha puntualizado igualmente que un total de nueve menores han sido atendidas en el centro de crisis de violencia sexual que desde el mes de junio opera en la ciudad autónoma. Aunque se trata de un recurso temporal, la ministra ha anunciado un acuerdo para ampliar el plazo de estancia hasta que las víctimas "tengan garantizada una alternativa habitacional".

La titular de la cartera ha puesto el acento en el refuerzo que ha hecho su departamento de los recursos dirigidos a víctimas, además de la puesta en marcha de medidas nuevas, como el dispositivo habilitado en La Hípica, con una capacidad aproximada de 320 plazas y que gestiona la organización Sur Acoge. En este espacio tendrán prioridad las mujeres en situación de calle sobre las que existan indicios de violencia, trata o explotación.

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En la misma línea, su ministerio estudia la creación de una "unidad multidisciplinar de refuerzo, especializada en violencia contra las mujeres y las niñas", pensada para incorporar profesionales expertos en la materia, reforzar la detección y mejorar la coordinación con los servicios públicos.

A lo largo de su intervención, la ministra ha incidido en diversas ocasiones en el impacto de los discursos racistas abanderados por determinados representantes políticos, con especial incidencia en las palabras del diputado ultra José María Figaredo, quien al inicio de la crisis llamó a "cazar" inmigrantes. Igualdad ya remitió en su día un oficio a la Fiscalía para investigar si en sus afirmaciones existe un posible delito de odio. En todo el debate que atraviesa a la ciudad autónoma, ha remarcado la ministra, "hay un límite democrático: no deshumanizar a quienes tenemos delante".

"Ante la violencia sexual no caben matices, excusas ni cálculos políticos. Cada agresión es intolerable y cada víctima tiene derecho a recibir toda la protección y toda la respuesta de las instituciones", ha sentenciado. "La responsabilidad por una agresión es siempre de quien la comete y no puede extenderse al conjunto de las personas migrantes, criminalizando a las personas por su procedencia o por el color de su piel".