La catástrofe obliga al Gobierno venezolano a aceptar ayuda y prensa extranjera, pero la represión continúa

En una rueda de prensa celebrada el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendía la apertura que las autoridades han demostrado desde el día siguiente al doble terremoto que asoló el país en la noche del 24 al 25 de junio. “Todos los equipos de rescate han entrado sin visado, todos, más de cuatro mil socorristas internacionales”.

“¿Han visto los vídeos de Bukele?”, preguntaba a la prensa, refiriéndose a la ayuda humanitaria enviada por El Salvador y difundida por su mediático presidente, a pesar de que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El diputado pretendía así demostrar que no se había levantado ninguna barrera burocrática o ideológica en el camino de los equipos extranjeros que acudían a ayudar a los damnificados.

En efecto, poco después de la catástrofe, se oían decenas de idiomas en la costa venezolana de La Guaira: inglés, italiano, árabe, vietnamita y francés, entre otros. Equipos de rescate acudieron en masa desde todo el mundo, al igual que las ONG. “Tenemos equipos que han entrado con una facilidad nunca vista antes”, exclama Laura (ficticio), trabajadora humanitaria que lleva varios años viviendo en Venezuela.

“Todas las ONG, incluida la mía, llevan mucho tiempo teniendo problemas con gran parte de sus empleados, a quienes las autoridades no conceden visados, a pesar de la emergencia humanitaria que vive el país desde hace al menos diez años”, explica la joven. “Es un secreto a voces: nuestros trabajadores suelen entrar con un visado de turista y tienen que salir del país cada tres meses, para volver inmediatamente y renovar el visado por otros tres meses más.”

Pero desde el 25 de junio, todo es más fácil, continúa Laura: “Hablamos directamente con el Gobierno, que nos escucha, algo que era imposible hace tan solo unas semanas”. La joven, “fascinada” por lo que está pasando, comenta que tiene “la impresión de estar en otro país”.

“Una apertura forzada”

“Al pasar por los servicios de inmigración del aeropuerto, me dijeron: Bienvenido a Venezuela”, cuenta el periodista francés Benjamin Delille, que nunca recibió una bienvenida semejante cuando fue corresponsal en el país durante dos años. Había acudido a cubrir las consecuencias del terremoto para Libération, sin visado de prensa, y le preocupaba su entrada en el territorio. Esta vez fue más rápida que nunca.

“Por primera vez, me pareció que los policías y los militares eran accesibles, se podía hablar con ellos”, testifica. “Pero no creo que fuera una instrucción oficial, sino más bien la emoción… Son chavales y estaban tan conmocionados como nosotros por lo que veían”.

Para Phil Gunson, analista del think tank International Crisis Group, “estamos ante una apertura forzada por parte del Gobierno”, muy lejos, en su opinión, de presagiar una transición democrática. “Reconozco que hay cambios positivos, como la apertura a los medios de comunicación, pero siempre es posible dar marcha atrás”, considera con pesimismo.

Benjamin Delille, a pesar de la acogida inicial, lo ha sufrido en carne propia. Apenas había abandonado el país tras pasar varios días entre los escombros de La Guaira, “y sin que las autoridades le hubieran molestado en ningún momento”, cuando un vídeo publicado en las redes sociales de su periódico fue destacado por la cuenta oficial X del palacio presidencial: una captura de pantalla con la etiqueta roja de FAKE denunciaba una información “sesgada, parcial y falsa”.

“No he recibido ningún correo electrónico, ni derecho de réplica”, explica el periodista. “Sin embargo, me puse en contacto con el Ministerio de Comunicación”. En el vídeo, se grababa a sí mismo frente a unas viviendas sociales destruidas y relataba la lentitud con la que llegaba la ayuda gubernamental.

“Para el Gobierno, mantenerse hermético no era un capricho, sino una forma de impedir las críticas que, a la larga, podrían convertirse en una exigencia de cambio. La apertura a la que estamos asistiendo supone un riesgo para ellos”, analiza Phil Gunson.

Persistencia de la represión

En las redes sociales hay muchas personas que, tras haberlo perdido todo, afirman que “ya no tienen miedo a denunciar” la lentitud de los socorros, la sensación de abandono o incluso la corrupción.

Wilmer Antonio Cruz, un rescatador voluntario, conocido como “el topo de La Guaira” por haber participado sin descanso en las operaciones de rescate, es una de las personas cuya indignación se ha difundido miles de veces en Internet. En un vídeo, frente a las ruinas, con una camiseta atada a la cabeza, se dirige a una periodista y pregunta, con los ojos enrojecidos: “¿Cómo vamos a sacar nosotros todos estos escombros con palas y cubos? ¿Vosotros veis las excavadoras del Gobierno?”

Wilmer Antonio Cruz pagó caro su momento de gloria. Tras convertirse en el estandarte de la protesta entre los escombros, desapareció durante unos días, detenido con toda probabilidad por las fuerzas policiales. Tras ser puesto en libertad, permanece en silencio. “El aparato represivo del Estado sigue intacto, no ha cambiado nada en ese sentido”, subraya Phil Gunson.

Desde enero, sigue siendo Washington quien da las órdenes

Ante las ruinas del OPP 26, un complejo de torres de viviendas sociales, un hombre comentaba discretamente el 7 de julio: “No hemos visto ninguna máquina en diez días. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros sabemos cuál es la realidad”. Forma parte del comité local de distribución de alimentos, un bastión del chavismo. “Prefiero no dar mi nombre, pero estoy convencido de que podríamos haber estado mejor preparados”, explicaba indignado. Ese día, casi dos semanas después de la catástrofe, seguía esperando a que sacaran de entre los escombros el cuerpo de su hija adolescente.

En La Guaira crece la ira contra un Gobierno cuya legitimidad sigue en duda. Delcy Rodríguez sustituyó a Nicolás Maduro tras su secuestro el 3 de enero, pero la Constitución prevé la celebración de elecciones en un plazo máximo de ciento ochenta días, lo que llevaba hasta el 3 de julio.

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Al ser preguntado sobre el tema el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, afirmó entonces que el Gobierno no tenía “la cabeza para eso”. Pero, el 14 de julio, la opositora Dinorah Figuera, expresidenta del Parlamento elegido en 2015, anunció la puesta en marcha de una agenda de trabajo con los dirigentes chavistas para “impulsar una vía democrática”. Dinorah Figuera agradeció, en el mismo contexto, a Estados Unidos por “el apoyo” a la transición, precisando que no se trataba en absoluto de una “intervención”.

Pero desde el 3 de enero es precisamente Washington quien da las órdenes en Venezuela, imponiendo la agenda de votaciones en la Asamblea, las citas de la presidenta y el control de los fondos, todo ello “sin ninguna transparencia”, precisa Phil Gunson, analista del International Crisis Group. En su opinión, “ambos gobiernos tienen los mismos instintos y parecen estar en la misma onda: nada de apertura”.

Traducción de Miguel López