Hungría desmonta el entramado de fundaciones con el que Orbán blindó su poder
Resuenan los pasos en el gran vestíbulo, oscuro y vacío, de la universidad. A pocos días del inicio del curso, los ocho mil estudiantes y el profesorado aún no saben si volverán a ocupar sus plazas en las aulas del Mathias Corvinus Collegium (MCC), la escuela de formación de la élite nacional-conservadora que debía preparar a los líderes de la Hungría del mañana.
A principios de julio, el consejo de administración de la Fundación MCC enterró su proyecto de nuevo campus “habida cuenta de la situación actual”. Una fórmula discreta para referirse al cambio político que se produjo en primavera.
Nada más producirse su victoria electoral en abril, el primer ministro, Péter Magyar, cortó la principal fuente de financiación de la institución, asegurándose de que la petrolera MOL —una de las empresas más importantes de Europa Central— y Richter Gedeon —buque insignia húngaro de la industria farmacéutica— dejaran de abonarle un solo forinto en dividendos. El MCC obtenía la mayor parte de sus fabulosos ingresos de su participación del 10% en cada una de esas empresas.
La fundación fue liquidada a finales de julio y, un mes después, el 31 de agosto, el Estado pasó oficialmente a controlar sus bienes y actividades. De paso, se convirtió también en accionista único del semanario conservador Mandiner, que ya ha despedido a la mayoría de sus empleados, y de Libri, la mayor editorial y distribuidora de libros del país.
En lugar de hacer tabla rasa, el Gobierno decidió conservar las “misiones de interés público” de la fundación, como la formación de jóvenes talentos, la investigación y la difusión del conocimiento, así como las actividades culturales y sociales. Sin embargo, estas se encomendaron al Ministerio de Educación e Infancia y al de Asuntos Sociales y Cultura, que no existían durante los gobiernos anteriores.
El símbolo resulta fatal para el “orbanismo”: los ocho mil estudiantes que se beneficiaban de formaciones complementarias a sus planes de estudios pasarán así a estar bajo la tutela de la ministra de Educación, Judit Lannert, considerada progresista.
Bruselas también cierra el grifo
La desaparición de la financiación del MCC ya se deja sentir en Bruselas, donde el MCC era sinónimo de un poderoso think tank al servicio de Viktor Orbán. Su rama europea, MCC Brussels, registrada en Bélgica como asociación sin ánimo de lucro en 2022, dependía al 100% de los dividendos de MOL y Richter Gedeon.
Incapaz de pagar los sueldos de la docena de empleados que le quedan (ha llegado a tener el doble), sus días están contados, según ha señalado su director, Frank Füredi, quien anunció su dimisión el 31 de agosto y confiesa que ya está buscando financiación para crear una nueva estructura, necesariamente más modesta.
La desaparición de MCC Brussels priva así a las redes conservadoras y de extrema derecha europeas de una importante plataforma de encuentro, que había atraído en sus conferencias a personalidades como Marion Maréchal y Éric Zemmour.
Pero queda una incógnita: ¿está dispuesto el movimiento Maga (Make America Great Again) de Donald Trump a rascarse el bolsillo para compensar el cierre del grifo de los fondos públicos húngaros? En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una convocatoria de proyectos dotada con 5 millones de dólares destinada a “desarrollar los lazos civilizatorios, la resiliencia democrática y el Estado de derecho en Europa”.
“Tengo curiosidad por ver si otras fuerzas políticas europeas de extrema derecha están dispuestas a mantener a flote una estructura de este tipo en Bruselas. Es una buena prueba para la solidaridad transnacional dentro de esta internacional conservadora”, subraya el politólogo Valentin Behr, adscrito al Centro Europeo de Sociología y Ciencias Políticas.
Las élites del Fidesz pierden sus bastiones
El MCC no era más que una pieza del dispositivo nacional-conservador construido para proteger su dominio sobre la sociedad húngara. Bajo los gobiernos de Viktor Orbán se crearon una treintena de “fundaciones de gestión patrimonial de interés público que ejercen una misión pública”, las Kekva, para recibir y gestionar activos públicos al margen del marco presupuestario clásico.
Museos, castillos, terrenos, yeguadas, participaciones en empresas: a finales de 2024, los activos transferidos a estas fundaciones ascendían, según el Tribunal de Cuentas, a algo más de 3 billones de forintos, es decir, unos 8.300 millones de euros. Según sus detractores, las Kekva tenían sobre todo una función política: constituir reductos capaces de sobrevivir a una alternancia política.
Esas fundaciones se regían por un régimen jurídico creado por el Fidesz en 2021, que les otorgaba una autonomía patrimonial bastante amplia. El mecanismo tenía una particularidad decisiva: el Estado podía transferir de forma definitiva activos públicos a estas fundaciones y, a continuación, confiar su control a consejos de administración cerrados y diseñados para permanecer en el cargo más allá de los cambios políticos.
Su liquidación, efectiva a partir del 31 de agosto, se prolongó durante dos meses. Estos reductos no pudieron resistir los amplios poderes que confiere una mayoría parlamentaria de dos tercios, de la que hoy se beneficia Tisza, el partido de Péter Magyar. Mediante una enmienda a la Constitución y, posteriormente, una ley, el Parlamento modificó primero el estatuto jurídico de estas fundaciones y, a continuación, se aseguró de que, al desaparecer una fundación, los bienes que el Estado le había transferido, así como sus rendimientos, volvieran a él de forma automática y gratuita.
El Gobierno ha conseguido la salida del presidente de la República, del fiscal general y del presidente del Tribunal Constitucional
La historiadora Mária Schmidt, amiga de Viktor Orbán y una de las principales ideólogas de la derecha húngara, es una de las grandes perdedoras de esta liquidación. Su Fundación para la Investigación sobre la Historia y la Sociedad de Europa Central y Oriental también desaparece. Esta fundación coordinaba “una red de instituciones destinadas a sentar las bases intelectuales del orbanismo y que han intentado reescribir la historia de Hungría y de Europa Central desde el siglo XVI hasta nuestros días para que se ajustara al discurso del Fidesz”, resume el medio Telex.
Otra víctima de peso es János Lázár, ministro en todos los gobiernos desde 2010, delfín no oficial de Viktor Orbán y la encarnación de las inclinaciones neofeudales del Fidesz. Le arrebatan de las manos la riquísima y prestigiosa Yeguada Nacional, muy querida por los nacional-conservadores, así como una empresa agrícola. La Fundación Tierra de la Generación Futura, que él dirigía, será liquidada como las demás, y sus bienes y actividades pasarán al Ministerio de Agricultura.
Aún más espectacular es el regreso al Estado de las 21 universidades públicas que habían sido transferidas a fundaciones. En pocos meses, en plena pandemia de covid-19, el Gobierno de Orbán había trasladado gran parte de la enseñanza superior a este nuevo modelo, colocando a las instituciones bajo la autoridad de consejos de administración nombrados en el marco del sistema del Fidesz.
El Gobierno de Péter Magyar llevará a cabo su transferencia para el inicio del curso académico de 2027, cumpliendo así una condición de la Comisión Europea para la reintegración de los estudiantes húngaros en el programa de intercambio Erasmus y para el desbloqueo de parte de los fondos europeos, retenidos debido a la corrupción sistémica de la era Orbán.
La liquidación de las Kekva forma parte de una ofensiva mucho más amplia contra el legado institucional de Orbán. Desde su llegada al poder, el Gobierno de Péter Magyar ha logrado superar varios obstáculos, consiguiendo la salida del presidente de la República, del fiscal general y del presidente del Tribunal Constitucional.
Hungría despeja el camino
Ver más
Asimismo, ha creado una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), encargada de localizar los bienes públicos que podrían haber sido robados, escondidos o desviados durante la era Orbán. Su presidenta, la politóloga Anna Unger, estima que su valor potencial oscila entre 55.000 y 165.000 millones de euros.
Tras 16 años de gobierno de Orbán, la presión popular sobre ella es enorme. “Sé que todo el mundo espera que se rindan cuentas. Sé que todo el mundo quiere oír el clic de las esposas”, declaró a Telex, al tiempo que pedía paciencia para que todo se haga conforme a las normas del Estado de derecho.
Traducción de Miguel López
