La Audiencia Nacional manifiesta su "absoluto respaldo" a la jueza que investiga la crisis de Ceuta
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha mostrado su "absoluto respaldo" a la actuación de la jueza María Tardón ante la queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque prohibiera a los policías que investigan la crisis migratoria de Ceuta que facilitaran información a sus superiores.
Así lo manifiesta dicho órgano en el acuerdo que ha adoptado este viernes por unanimidad de sus nueve miembros, que estima que Tardón "no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación sino que antes al contrario está actuando para la preservación y defensa del interés general de España dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales".
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional agradece "la respuesta dada por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial y en particular de la magistrada de esta Audiencia Nacional María Tardón exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".
El acuerdo relata que este órgano ha tenido conocimiento del envío de una carta de Fernando Grande-Marlaska a Isabel Perelló "en la cual reprochaba la actuación de María Tardón en relación a la investigación que está realizando para el esclarecimiento de los hechos que tuvieron lugar en el marco de la entrada masiva irregular de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio".
Recuerda que "en aquellos sucesos se produjeron múltiples fallecimientos, cuyo número exacto aún no se ha podido determinar pero que se sitúa en torno a los 140".
Agrega que "en la misiva el ministro recriminaba a la magistrada por no haber puesto en conocimiento de los responsables políticos la información que le había transmitido el Cuerpo Nacional de Policía en el informe solicitado dentro del marco de la instrucción penal sobre los referidos hechos".
El acuerdo explica que "a juicio del ministro el interés general, concretado en razones de seguridad nacional, hacía necesaria dicha transmisión al ser esa información 'de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior, exterior y de defensa del Estado'".
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional recuerda lo dispuesto por artículo 10 del Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial.
El mismo establece que "en la ejecución de sus cometidos referentes a la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente las unidades orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación".
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Añade que este precepto ha de relacionarse con el artículo 15 del mismo texto legal que detalla que "los funcionarios integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva de la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas así como de todas las informaciones que a través de ellos obtengan".
Y abunda en que el artículo 126 de la Constitución señala que "la policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley establezca".
La Sala de Gobierno de la Audiencia destaca que "el contenido de este último precepto constituye en último término una garantía de la independencia de los miembros del poder judicial en el ejercicio de sus funciones".
