Marine Le Pen contra la sociedad

En el caso de los asistentes parlamentarios europeos de Agrupación Nacional (RN), por el que Marine Le Pen ha sido condenada en dos ocasiones, la víctima es la sociedad. La malversación de fondos públicos, por un importe de casi 3 millones de euros, confirmada y calificada de “especial gravedad” por el Tribunal de Apelación de París el 7 de julio, perjudica a los ciudadanos cuya contribución social, a través de los impuestos, se ha utilizado indebidamente en beneficio de un partido, en este caso de extrema derecha.

Ahora, como candidata oficial de RN, la heredera del fundador del Frente Nacional aspira a ocupar el cargo más alto del Estado solicitando el voto de aquellas y aquellos a quienes ha engañado.

Con el corte de mangas que puede dedicar a la justicia desde que el tribunal de apelación ha levantado de facto la pena de inelegibilidad a la que la había condenado el tribunal correccional el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen muestra su verdadero rostro, que años de estrategia de “normalización” nunca han logrado ocultar: el de una política sin escrúpulos ni principios, dispuesta, al estilo trumpiano, a instrumentalizar el Estado de derecho con fines personales para imponerse al frente del Estado, garantizándose al mismo tiempo su impunidad.

Al recurrir en casación ejerce, sin duda, un derecho legítimo al agotar las vías de recurso a su disposición. Pero, a diferencia de cualquier otro justiciable, se aprovecha de su condición de candidata presidencial, algo que la justicia ya ha tenido en cuenta al acelerar el calendario judicial y, en el caso del Tribunal de Apelación, al redactar una resolución a medida.

“No estoy jugando contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, declaró Marine Le Pen el 8 de julio en La Flèche (Sarthe). En realidad, la justicia se ha plegado a sus ambiciones. Mientras que el tribunal correccional había declarado, en primera instancia, su inelegibilidad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de sus actos, así como de los de su partido, el tribunal de apelación afirmó, por el contrario, querer respetar “la libertad de elección del elector, condición para la expresión del sufragio universal», a pesar de lo que se le puede reprochar.

En busca de la inmunidad

Al negarse a reconocer la gravedad de los hechos, Marine Le Pen, con el fin de retrasar al máximo la ejecución de su condena y, en última instancia, alcanzar la “inmunidad” del Elíseo, le echa un pulso a la justicia, a riesgo de presionar las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales.

La líder de la extrema derecha quiere, de hecho, hacer todo lo posible para impedir que su destino judicial quede definitivamente sellado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 2 de mayo de 2027. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, insistió en TF1 el 7 de julio.

Tras haber tratado de acelerar el ritmo del proceso judicial, su partido pretende ahora ralentizarlo. Para ello, en una especie de maniobra obstruccionista, sus abogados pueden presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) y multiplicar las solicitudes en el marco del recurso de casación. En el caso de que el Tribunal de Casación anule la sentencia del Tribunal de Apelación, el caso de los asistentes parlamentarios europeos de RN podría ser juzgado de nuevo por otro tribunal, lo que le permitiría, una vez más, ganar tiempo.

En caso de desestimación del recurso o de los recursos, se aplicaría la sentencia del tribunal de apelación y la candidata podría, en teoría, verse obligada a llevar una pulsera electrónica, lo que limitaría sus desplazamientos. Pero sus abogados podrían entonces intentar negociar una modificación del arresto domiciliario con el juez de ejecución de penas.

En cualquier caso, la candidata de RN está decidida a ignorar cualquier principio de precaución, renegando de sus declaraciones de probidad, al presentarse a las elecciones presidenciales como condenada o en espera de una sentencia definitiva. Cabe recordar que el recurso de casación no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos.

Al igual que la internacional de extrema derecha

De esta manera, Marine Le Pen toma como rehén al calendario judicial y la campaña electoral, vinculándolos a su destino personal, lo mismo que hace en la materia la internacional de extrema derecha, desde Donald Trump hasta Benyamin Netanyahu, por citar solo a algunos.

En una entrevista por vídeo concedida recientemente a Mediapart, el magistrado siciliano Roberto Scarpinato, figura destacada en la lucha contra la corrupción y actualmente senador de la República Italiana, alertaba sobre la “mafiosización del mundo”, subrayando que “el método mafioso no se reduce simplemente a una realidad criminal, sino que constituye también una antigua forma de ejercer el poder, recurriendo a una mezcla letal de poder legal e ilegal”.

El maltrato al Estado de derecho se traduce, de manera igualmente determinante, en la poca importancia que Marine Le Pen concede a una posible condena firme, incluso antes de las elecciones. Al enfrentar a los magistrados con el pueblo, afirma que los “franceses” serían entonces los únicos “jueces”. Del pueblo a la propia candidata solo hay un paso, que su entorno se encarga de dar. “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como declaró su fiel partidario Jean-Philippe Tanguy, diputado por la Somme, en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

Hay que comprender lo que está en juego tras este giro: la destrucción, una tras otra, de las instituciones de control que se supone que protegen a los ciudadanos de un poder autoritario.

Con motivo de unas elecciones presidenciales que ahora se han convertido en un referéndum “a favor de la pulsera electrónica o a favor de la inmunidad de Marine Le Pen”, los votantes tienen todo el derecho a preguntarse qué uso haría de las instituciones una candidata que, una vez en el Elíseo, podría verse tentada a autoamnistiar sus delitos.

Las reglas del juego democrático

Las advertencias recogidas en la sentencia del tribunal correccional parecen ya lejanas. Para justificar la condena, la presidenta Bénédicte de Perthuis había criticado duramente “la elusión de la democracia respecto a los electores y al Parlamento Europeo” que suponía el sistema de puestos de trabajo ficticios, antes de recordar que la pena de inelegibilidad —aprobada inicialmente por los representantes de la nación— “tiene por objeto imponerse cuando los políticos se vuelven culpables de atentados contra la probidad” y comprometen “las reglas del juego democrático”.

En cuanto a la ejecución provisional de la pena, la magistrada había considerado que “la propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida equivale a solicitar un privilegio o una inmunidad” para los candidatos. Le había llamado la atención que algunos acusados tuvieran “una construcción narrativa de la verdad” y había mencionado el “grave trastorno del orden público” que supondría la candidatura a las presidenciales o la elección de una persona condenada a una pena de inelegibilidad sin ejecución provisional.

Ante el riesgo de que una delincuente sea elegida presidenta de la República, la escasa reacción, incluso desde la izquierda, que ha suscitado la respuesta de la candidata de RN confirma la trágica ausencia de debate político sobre los atentados contra la probidad y los peligros que suponen para nuestra democracia.

En defensa de la probidad

Corresponde, por tanto, a la sociedad civil movilizarse para defender sus intereses, mediante artículos de opinión, caceroladas y otras formas de protesta por inventar, ya que, como cuerpo social, es la principal víctima de las agresiones infligidas al Estado de derecho.

“Todo se desmorona. El centro no puede aguantar. […] Los mejores ya no creen en nada, los peores se hinchan con el ardor de las bajas pasiones”. Hay que (re)leer estos versos del poeta irlandés William Butler Yeats para no caer en la resignación, luchar contra el agotamiento de la imaginación y mostrar vigilancia política.

Y también esta obra de teatro de Bertolt Brecht, El ascendente insuperable de Arturo Ui, para fomentar la acción colectiva:

“Pero, vosotros, levantad la vista, dejad de cotorrear / Aprended, pues, a ver, y actuad. / ¿El mundo gobernado por esta podredumbre? / Los pueblos lo han sometido pero, cuidado: / no os regocijéis demasiado pronto, la victoria no está asegurada — / ¡porque este caldo de cultivo putrefacto sigue siendo fértil!”.

El inquietante efecto de repetición que crea este texto de 1941 nos recuerda que es urgente no permitir que se privatice la campaña presidencial. Esa es la técnica de los poderes iliberales: ahogar a los ciudadanos en interminables procedimientos judiciales para sacar del debate público las cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida. No bastará con contrarrestar la narrativa de la extrema derecha. Se espera que los candidatos y candidatas al Elíseo se pronuncien sobre la emergencia climática, la discriminación y el racismo, las desigualdades sociales, el Estado redistributivo, el acceso a la vivienda y a la sanidad o incluso la fiscalidad de los ricos.

A esta lista incompleta hay que añadir necesariamente la exigencia de probidad de elegidos y gobernantes, ya que es un requisito previo para que la población confíe en quienes toman decisiones en su nombre.

Traducción de Miguel López