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Escocia reduce la mortalidad por alcohol fijando un precio mínimo de 50 céntimos a las latas de cerveza

Una camarera sirve una copa de vino en el interior de un bar en una calle céntrica de Barcelona, a 14 de octubre de 2021.

El Gobierno escocés introdujo en 2018 una política controvertida para atajar la epidemia de alcoholismo que castigaba a una cuarta parte de los adultos: fijó un precio mínimo de 50 céntimos para cada lata o botella de alcohol a la venta, incluso aunque se comercialicen en packs. La medida tuvo que superar una batalla legal y no sentó bien a los consumidores, pero en solo tres años logró reducir 13,4% las muertes relacionadas con la bebida, según un informe publicado este lunes por la revista científica The Lancet. La ONU ya ha pedido implementar a gran escala esta medida y los expertos creen que debería llegar a España, un país con una legislación anti-alcohol muy escueta. 

El precio del alcohol es el pilar para incentivar o reducir el consumo, como ocurre con el tabaco, y establecer un precio mínimo por unidad vendida permite alejar de la bebida a los alcohólicos, especialmente a los hombres de familias con bajos ingresos. "Las pruebas indican que la venta de alcohol entre la población se redujeron en un 3%, y que las mayores reducciones en la compra de alcohol se observaron en los hogares que más alcohol compraban antes de la aplicación de la política", resumen los autores del estudio. 

Concretamente, los expertos calculan que cada año con la norma en vigor se evitaron 156 muertes, especialmente las relacionadas con el síndrome de abstinencia, que decayeron un 23% entre 2018 y 2021. También se redujeron en Escocia un 4,1% las hospitalizaciones relacionadas con el alcohol durante los 36 meses estudiados. 

"Las políticas que encarecen el alcohol y el tabaco son muy efectivas para reducir su consumo, especialmente entre la población vulnerable, como los jóvenes y las familias en riesgo de exclusión social", opina Iñaki García, investigador del Centro Nacional de Epidemiología. "Puede que no sea bien recibido por la población, pero ya hemos visto que la mejor arma contra el tabaco es encarecer la cajetilla", añade. 

El establecimiento de un precio mínimo para las bebidas alcohólicas es una medida muy poco extendida en el mundo que levanta ampollas entre los fabricantes y consumidores, pero el Gobierno escocés se decidió a implementarla por la gravedad de la situación. En 2018, cuando entró en vigor, el 24% de los adultos bebían cantidades dañinas de alcohol con más de 14 consumiciones a la semana –una lata de cerveza equivale a 1,7 consumiciones y un vaso de vino a 2,1–. Entre los hombres, el 32% superaba el umbral de consumo peligroso de alcohol.

La ONU reconoce que establecer un precio suelo a estas bebidas es muy efectivo y hace nueve meses pidió extender esta política a la Unión Europea, ya que esta región tiene uno de los niveles de consumo de alcohol más alto del mundo. "De todas las políticas disponibles para reducir el consumo de alcohol y las enfermedades asociadas, las de precios e impuestos son de las que mejor relación coste-efecto tienen, aunque son de las menos aplicadas [en la UE]", afirman los técnicos de la Organización Mundial de la Salud. En total, 13 países en el mundo ya tienen establecido un coste mínimo para el alcohol, entre ellos Australia, Canadá, Irlanda, Rusia y Ucrania. 

Naciones Unidas destaca que en las últimas décadas el precio del alcohol se ha mantenido estable o incluso se ha bajado, al tiempo que los hogares europeos se han enriquecido, una manera de facilitar el acceso a la cerveza, al vino o a las bebidas espirituosas. De hecho, según el Observatorio de Salud Pública de Escocia, el alcohol en Inglaterra es hoy un 74% más económico que en 1987 y comprar las 14 consumiciones semanales –el límite que marca el consumo de riesgo– cuestan 2.68 libras, el precio de un café en Londres, si se está dispuesto a beber la cerveza de peor calidad.

Precisamente España tiene uno de los precios del alcohol más baratos de Europa, al tiempo que tiene uno de los consumos más elevados, por lo que esta política podría ser muy efectiva, según los expertos. Según los datos de 2020 de la Comisión Europea, España es el sexto país de 27 con las bebidas alcohólicas más baratas, solo por detrás los países del este del continente. 

"Sin duda habría que introducir este mínimo en España. Poco a poco y dejando claro que no es una medida recaudatoria, sino exclusivamente de salud pública", señala Iñaki García, que recuerda que no hay una regulación nacional sobre el consumo de alcohol, "ni siquiera para prevenir que lo beban los jóvenes", sino que depende de normativas autonómicas.  

El experto apunta que cada año mueren en España 15.000 personas por consumo de alcohol y que es importante conocer sus riesgos, ya que hay mucho mito a su alrededor. "Nos han hecho creer que hay un consumo responsable de alcohol. Es cierto que más de una cerveza diaria (dos para los hombres) tiene un riesgo limitado, pero a partir de esa cantidad se dispara", comenta. 

Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, ahonda en la idea de que los fabricantes han dado una falsa sensación de seguridad, según recoge Science Media Centre. "En España, la potencia del lobby alcoholero y la captura de las instituciones que ha logrado están impidiendo avances en la legislación para evitar la morbimortalidad del alcohol". 

La legislación antitabaco en España ya aplica desde 2006 un precio mínimo a los cigarrillos a través de los impuestos, por lo que fijar un suelo al alcohol no es una idea descabellada. Según el informe de la ONU, también tendría cabida en la legislación europea, aunque habría que solicitar permiso a la Comisión para llevarlo a cabo. 

Además, hay diferentes fórmulas para aplicar el precio mínimo unitario. Una es aplicando un precio mínimo fijo sea cual sea el alcohol y el tamaño del recipiente, como han hecho Escocia y Gales, aunque se puede poner un tope por volumen de alcohol, para que las bebidas con más graduación estén más gravadas. También se puede limitar de manera diferente el alcohol vendido en bares y el de supermercados para que el impacto económico en la hostelería sea menor.

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