La Fiscalía rebaja las penas a Bárcenas y López Viejo pero mantiene al PP como partícipe a título lucrativo de la 'Gürtel'

Tras más de un centenar de sesiones, el juicio de la primera etapa del caso Gürtel, en el que se analizan las corruptelas de la trama liderada por Francisco Correa entre los años 1999 y 2005, encara la recta final. Un año después de que se diera el pistoletazo de salida al proceso en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), y tras escucharse las declaraciones de los 37 procesados y los casi 300 testigos y peritos –entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy–, la Fiscalía Anticorrupción, representada por las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, ha presentado este lunes, en la jornada 112 del juicio, sus modificaciones al escrito de acusación provisional de enero de 2015.

El Ministerio Público no altera las penas para los tres principales acusados –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes– y mantiene las fianzas que reclama para el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato al considerarles partícipes a título lucrativo de los tejemanejes de la Gürtel. Sin embargo, Anticorrupción ha introducido ligeros cambios respecto a las penas que pide para el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y los empresarios Jacobo Gordon –exsocio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar– y Alfonso García-Pozuelo –exgerente de Constructora Hispánica–.

Además, también ha recordado en su escrito de modificaciones que inicialmente había otros acusados cuyas causas han sido archivadas. Es el caso de Mar Rodríguez Alonso –imputada por cohecho, blanqueo, falsedad documental, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias– y el ex jefe del servicio de obras públicas de Pozuelo de Alarcón Leopoldo Gómez, fallecidos en 2015 y 2016. También se ha decretado el carpetazo de la causa respecto del extesorero del PP Álvaro Lapuerta y del empresario Rafael Naranjo por demencia sobrevenida. 

  PP y Ana Mato: partícipes a título lucrativo

Después de un año de juicio, Anticorrupción se mantiene firme en su reclamo de fianzas para el PP y para la exministra de Sanidad Ana Mato, a los que considera partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. El Ministerio Público sigue reclamando 245.492 euros al partido conservador por las presuntas corruptelas de los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega –para el que se piden más de cincuenta años de cárcel– y Jesús Sepúlveda –para el que Anticorrupción solicita 15 años y 4 meses–, respectivamente. Una cifra que se sitúa en los 28.467 euros en el caso de Mato, exmujer de Sepúlveda, por beneficiarse de la financiación de fiestas familiares, como cumpleaños, y viajes por parte de la trama corrupta.

  Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias

Uno de los principales cambios recogidos en el escrito de modificaciones de este lunes afecta al extesorero conservador Luis Bárcenas. En su acusación provisional, la Fiscalía pedía para el antiguo responsable de las cuentas del PP 42 años y medio de prisión por blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, estafa procesal en grado de tentativa y ocho delitos contra la Hacienda Pública por los conceptos de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios de 2003, 2006, 2007 y 2009. Sin embargo, tras las periciales, el Ministerio Público retira el correspondiente al IRPF del año 2009. Así, la petición de pena definitiva se reduce hasta los 39 años y medio.

También se proponen cambios que afectan a la situación de su mujer, Rosalía Iglesias. En el escrito de acusación provisional, la Fiscalía pedía para la cónyuge del extesorero conservador 24 años y un mes de prisión por los delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, estafa procesal en grado de tentativa en concurso con delito de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Sin embargo, el Anticorrupción ha puesto sobre la mesa del tribunal la alternativa de considerarla cooperadora necesaria de los delitos fiscales que comparte con Bárcenas. De aceptarse esta opción, se atribuiría al tesorero la responsabilidad de ellos y, por tanto, el exresponsable de las cuentas conservadoras vería su pena incrementada.

  Se mantienen las penas máximas

No se alteran, sin embargo, las peticiones del Ministerio Público para los principales acusados: Francisco Correa –considerado cabecilla de la trama–, Pablo Crespo –exsecretario de Organización del PP de Galicia– y Álvaro Pérez El Bigotes –responsable de la empresa Orange Market–. Anticorrupción sigue solicitando para el considerado líder de "un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" 125 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad, fraude y tráfico de influencias.

Para el señalado como su número dos, Pablo Crespo, la Fiscalía mantiene su petición inicial después de un año de juicio: 85 años y medio de prisión. Una cifra que se sitúa en los cinco años y dos meses para el responsable de la mercantil Orange Market, filial de la sociedad Special Events –dirigida por el propio Correa–, a la que le fueron adjudicados varios contratos públicos y se le encargó de la organización de algunos actos de campaña del PP. Actualmente, los tres se encuentran en prisión por orden del Tribunal Superior de Justicia valenciano por amañar los contratos del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo (Fitur).

  Alberto López Viejo y Teresa Gabarra

Otro matrimonio que sale beneficiado después de las modificaciones de Anticorrupción es el del ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y su mujer, Teresa Gabarra. Para el que en su momento fuera uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, el Ministerio Público pidió en el escrito provisional un total de 46 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, falsedad, cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para su mujer, solicitó seis años y seis meses de cárcel por blanqueo y contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, tras las periciales, la Fiscalía ha retirado los tres delitos de fraude que atribuía a López Viejo –referidos al IRPF de los años 2003, 2006 y 2008– y el delito contra la Hacienda Pública que imputaba a Gabarra –referido al IRPF del ejercicio 2008–. Tras esta modificación, la pena que se pide para el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP madrileño se reduce hasta los 39 años y medio de prisión –seis años y medio menos de los que solicitaron en un primer momento–. Para su mujer, el Ministerio Público solicita finalmente cuatro años de cárcel.

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  Atenuante de confesión y restauración del daño

Anticorrupción también rebaja las penas que pide para los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo y para el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández. En estos tres casos, valora el reconocimiento en el juicio de los hechos recogidos en el escrito provisional de acusación. Fruto de ello, la Fiscalía señala ahora que concurre respecto de todos sus delitos la circunstancia atenuante de confesión –"apreciada como muy cualificada" en los casos de García-Pozuelo y de Fernández–. Además, en el caso del exconcejal, el Ministerio Público considera que también concurre la circunstancia de reparación del daño –ingresó 1.300 euros en concepto de responsabilidad civil antes de que comenzara el juicio oral–.

En el caso de García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, Anticorrupción pasa de pedir cuatro años y medio por el delito de cohecho continuado a solicitar ahora dos años de prisión sustituibles por multa con una cuota diaria de 300 euros. Gordon, por su parte, ve cómo la Fiscalía le rebaja de 2 años a 5 meses la petición de prisión por un delito de blanqueo de capitales. También la disminuye en el caso de Fernández: si en el escrito provisional Anticorrupción pedía para él un total de 3 años y 3 meses por un delito de fraude continuado a las Administraciones Públicas y otro de malversación de caudales públicos, ahora sitúa la pena en los 11 meses de cárcel.