Violencia machista
El feminismo vuelve a las calles: “No es no, lo demás es violación”
El feminismo volvió a salir este viernes a la calle. Lo hizo en una nueva protesta dentro de la oleada de manifestaciones que recorrieron las calles del país desde que hace una semana la Audiencia de Navarra condenara a los cinco integrantes de La Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual en lugar de por los delitos continuados de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad.
El escenario fue Madrid, cuyas calles volvieron a teñirse de morado y a inundarse de gritos como "No es no, lo demás es violación" y "No es abuso, es violación", con los que los miles de asistentes a la convocatoria –50.000, según la organización– quisieron mostrar su repulsa a la decisión judicial y, a su vez, al trasfondo del asunto: la cultura de la violación y su impunidad social y judicial. Precisamente, ese fue el lema con el que la Comisión 8M hizo el llamamiento: Stop cultura de la violación. "Vivimos en una cultura de la violación que legitima este tipo de sentencias y que dotan de impunidad a los agresores y deja en una posición de vulnerabilidad a todas las mujeres", criticaron a través de un comunicado difundido por las redes sociales.
"Tenemos muchos motivos para estar aquí. El caso de La Manada ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero entendemos que no es un caso aislado, sino que todas las mujeres, desde que nacemos, estamos sometidas a agresiones en nuestra vida cotidiana", lamentaba Sara Naila Navacerrada, del Movimiento Feminista de Madrid. "Queremos denunciar que las mujeres cada vez tenemos menos confianza en nuestras instituciones, sobre todo a nivel judicial. La justicia patriarcal nos cuestiona, al igual que la sociedad, y queremos responder todas juntas que queremos unas vidas libres de violencias machistas", sentenciaba.
La marcha estaba convocada a las 19.00 horas en Atocha, pero finalmente comenzó ante las puertas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde allí, donde cada vez más y más personas se congregaron para iniciar la protesta, partió la cabecera con destino a la Plaza Villa de París, donde se ubica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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Jóvenes y mayores, pero en su mayoría mujeres, comenzaron a la hora prevista a caminar por el Paseo de la Castellana coreando los lemas que, tras la sentencia de La Manada, inundaron las calles de toda España en los últimos días. Y la sensación de los manifestantes que acudieron a la cita era la misma: de hartazgo e indignación. Principalmente, por el caso concreto del abuso sexual cometido en los Sanfermines de 2016, aunque sus reivindicaciones van mucho más allá. "Lo que queremos es reivindicar nuestros derechos, apoyar a esta mujer que ha sido violada brutalmente y que nuestras hijas puedan salir en libertad a la calle", explicaba Manuela, una de las asistentes. "Este Gobierno del Partido Popular nos tiene totalmente marginadas y, como ellos no nos hacen caso, tenemos que salir a la calle a manifestarnos", añadía. Mar, por su parte, coincidía con ella. "Están dando rienda suelta a que todos los tribunales hagan exactamente lo mismo con las mujeres", se quejaba. "Por eso hemos dicho 'basta ya, estamos hartas, esto no se puede mantener más tiempo'", criticaba.
Esta protesta se suma a las otras dos convocadas anteriormente por el mismo motivo y con el mismo fin. El pasado jueves, horas después de conocerse el fallo, miles de personas abarrotaron las calles de toda España con un mismo grito: "Vergüenza". A los pocos días, y coincidiendo con el Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol volvió a inundarse de mujeres que mostraban su desacuerdo con la sentencia.
La de este viernes, además, se produce tras una nueva polémica: la comisión que estudiará la reforma de los artículos relativos a los delitos sexuales en el Código Penal después de la polémica surgida estará formada por 20 personas, y ninguna de ellas es mujer. Todos ellos forman parte de la Comisión General de Codificación, el órgano que se encarga de asesorar al titular de Justicia en la elaboración de normas, reformas legales y trasposiciones de directivas comunitarias. Y el organismo, al igual que el grupo que se encargará del estudio del Código Penal, tiene mucha menos presencia femenina que masculina. La dirección está en manos de siete hombres, entre ellos el propio Catalá, y su base está formada por 120 personas. De ellas, solo 17 son mujeres.
