De Mónica a Soledad, la violencia machista en cifras: 42 víctimas mortales, 23 menores huérfanos, 113.000 denuncias y más de 70.000 llamadas al 016

Mónica Linde no llegaba a la treintena. Fue la primera víctima mortal de violencia de género que dejó este año. Su hija, de tres años, también perdía la vida a manos del maltratador que terminó con ambas. Fue en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el mismo 6 de enero. A aquellas primeras víctimas se les sumarían decenas más en lo que restaría de año: el terrorismo machista, en sus múltiples formas, avanza pese a la pandemia.

Hasta este 25 de diciembre, el total de mujeres asesinadas a manos de hombres con los que mantenían una relación de pareja asciende a 42. Soledad Rey, de 59 años, es hasta el momento la última víctima mortal. El número de menores huérfanos que deja el año es de 23. Agosto fue el peor mes, con ocho víctimas mortales, también enero con siete y febrero con seis. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género cifra en tres el número de menores víctimas mortales. Las cifras oficiales, sin embargo, no llegan a todas las víctimas: la violencia que se ejerce fuera del ámbito de pareja queda al margen del recuento. Revertirlo es una de las grandes tareas pendientes y una de las promesas de la legislatura, producto del compromiso suscrito en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La propia Fiscalía General del Estado señala en su Memoria de 2020 la necesidad de ampliar el foco: la violencia "no termina en el ámbito de la pareja o expareja, sino que abarca toda la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo". Por ello, completa el Ministerio Público, "hay que ampliar el concepto de violencia sobre la mujer" establecido en la ley de 2004.

A la espera de ese cambio de paradigma, las organizaciones de mujeres trabajan por amarrar su propio recuento, como ya hicieron hace décadas, cuando las instituciones no asumían la responsabilidad de contabilizar las vidas arrebatadas por la violencia de género. La plataforma Feminicidio realiza esta labor desde hace una década. Este año, sus autoras han registrado un total de 81 asesinatos por razones de género, casi el doble que las cifras oficiales.

Denuncias: el papel protagonista del 016

Volviendo a la Delegación del Gobierno, pilotada por Victoria Rosell, sólo seis de las víctimas mortales había presentado denuncia contra su agresor, lo que ofrece dos lecturas: los casos que terminan en asesinato suelen ser mayoritariamente aquellos que no habían dado la voz de alarma, pero todavía hay un porcentaje de fracaso institucional representado por un 14,3% de mujeres que había confiado su seguridad a las autoridades. Y por el restante 85,7% que no logró la fuerza necesaria para denunciar la violencia.

De acuerdo a los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, un total de 113.615 denuncias han sido presentadas en lo que va de año, a falta de la información relativa al cuarto trimestre: el 71,3% presentadas por la propia víctima, el 13,4% por parte de la policía, el 9,6% a raíz de un parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, el 2,05% gracias al paso de sus familiares y el 3,5% por terceros.

Si bien el número de denuncias puede haber experimentado un descenso como consecuencia de la pandemia –en los últimos tres años inmediatamente anteriores nunca bajaron de las 165.000–, las llamadas al 016 sí evidencian el intensivo uso de las herramientas que mejor se han adaptado a la circunstancias impuestas por la crisis sanitaria. Desde el 1 de enero y hasta el 30 de noviembre se han recibido 74.620 llamadas al teléfono de ayuda a las víctimas. El pasado 10 de diciembre, Victoria Rosell anunciaba que el Ministerio de Igualdad ampliaría el objeto del 016 "a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul", es decir, todas aquellas mujeres que sufran violencia por el simple hecho de serlo, al margen del vínculo con su agresor.

Ayudas específicas a víctimas

¿Qué ocurrió este año con las víctimas que han pedido ayuda para salir de la violencia? La Ley contra la Violencia de Género de 2004 obliga a disponer de diferentes tipos de ayudas –habitacionales, económicas, laborales– dirigidas a ellas. Según el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha del 4 de noviembre, un total de 1.506 mujeres recibieron ayudas para cambio de residencia, mientras que las ayudas económicas, basadas en el artículo 27 de la ley de 2004, ascendieron a 494 según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El último balance anual constata además la existencia de 2.147 dispositivos electrónicos de seguimiento vigentes a día de hoy. De acuerdo al sistema VioGén, dependiente del Ministerio del Interior, existen en el país un total de 552.293 víctimas de violencia machista. De ellas, 63.654 casos en activo cuentan con algún tipo de control de riesgo. Un total de nueve están catalogados de riesgo extremo y 411 alto (el 0,65% del total). Como riesgo medio se encuentran, según los mismos datos, 6.481 mujeres, mientras que la mayor horquilla se sitúa en la parte más tenue del riesgo: 25.680 mujeres se encuadran dentro de riesgo bajo y en 31.073 casos no se aprecia riesgo.

Los casos activos son aquellos que merecen atención policial, aunque el nivel de riesgo va evolucionando "en base al tiempo y circunstancias". Las mujeres con un nivel de riesgo no apreciado disponen de "medidas de seguimiento" como la "revisión periódica", aunque "de ser necesario" también pueden necesitar "medidas policiales de protección". En los casos de riesgo bajo, medio, alto o extremo, los instrumentos de protección "van aumentando en intensidad según se incremente el nivel de riesgo". Las mujeres actualmente en riesgo extremo se encuentran en Málaga, Huesca, Toledo, Valencia, Madrid, Murcia, Navarra e Illes Balears.

Balance judicial

Según el Consejo General del Poder Judicial, este año han sido incoadas un total de 17.370 órdenes de protección. De ellas, 12.291 han sido adoptadas (70,7%), mientras que 4.957 han sido denegadas y 121 inadmitidas. Dos están pendientes. Existe al menos una docena de partidos judiciales que vienen denegando, de manera sistemática, las órdenes de protección solicitadas, uno de los principales problemas que denuncian las organizaciones feministas y especialmente las juristas especializadas.

Teniendo en cuenta la suma de los tres primeros trimestres del año, un total de 11.379 mujeres se acogieron a su derecho a la dispensa de declarar: otro de los principales escollos a la hora de probar la violencia de género. Precisamente este año el Tribunal Supremo señaló que las víctimas que denuncien a su agresor deberán declarar contra su maltratador, un dictamen que podría cambiar el paradigma judicial de la violencia contra las mujeres.

En lo relativo a las sentencias, un total de 11.885 fueron condenatorias, mientras que 1.384 terminaron en absolución. En añadido, 19.533 fueron elevadas al órgano competente. La mayor dimensión se ubica en los sobreseimientos: 2.377 sobreseimientos libres y 37.084 sobreseimientos provisionales. Este es precisamente uno de los argumentos empleados por la extrema derecha derecha al hablar de denuncias falsas. Lo cierto es que la cifra de sobreseimientos ha mantenido importantes dimensiones en los últimos años, un asunto que, lejos de ser maquillado, es objeto de denuncia también por parte del movimiento feminista y las expertas en cuestiones de género. La fiscal especialista en violencia de género Susana Gisbert escribe en un artículo que recoge en su libro Balanza de Género (Lo que no existe, 2018) que es fundamental "partir de lo que es una denuncia falsa para poder hablar de ellas". A su juicio, "que un asunto acabe con un archivo porque no se ha probado el hecho –no olvidemos que estas acciones no suelen tener testigos– no convierte esa denuncia en falsa". Como tampoco la convierte, dice, "el hecho de que la mujer, en un momento posterior, amparada por un obsoleto precepto, se eche atrás en su denuncia y guarde silencio".

Crisis del coronavirus y violencia machista

Las denuncias por violencia machista registraron su cifra más baja en cuatro años en el primer semestre de 2020

Ver más

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la violencia de género? Los expertos se han detenido este año en una forma de violencia muy concreta: la de control. Según la Macroencuesta, del total de mujeres de dieciséis o más años residentes en España, el 27% ha sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. El confinamiento ha sacado a la luz las dimensiones de esta forma de violencia y la ruptura del aislamiento domiciliario hizo además saltar las alarmas sobre las consecuencias de esa pérdida de control sobre las mujeres.

Es España, los efectos de la crisis sobre la violencia machista se entrevén en las llamadas al 016: durante el mes de marzo se recibieron 6.273 llamadas, la cifra más alta de los tres últimos años. Hasta abril, las llamadas aumentaron un 30% respecto al año anterior y las consultas en línea un 443,5%. El Ministerio del Interior informó que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 83.341 intervenciones para proteger a las víctimas y prevenir la violencia durante el primer mes del encierro, un aumento del 25,27%.

La tendencia se ha replicado en otros países del entorno, según recoge un informe del Parlamento Europeo. En Francia, las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 30% en los primeros once días de encierro. En Irlanda, las organizaciones que trabajan sobre la violencia contra la mujer informaron de un aumento del 25% en las llamadas de socorro entre abril y mayo. Rumanía, por su parte, asistió a un crecimiento del 2,3% en sus estadísticas policiales de violencia doméstica durante el mes de marzo, mientras que en Chipre las llamadas de ayuda a víctimas aumentaron un 30%. En Alemania, una encuesta detectó que el 3,6% de las mujeres preguntadas había sido objeto de violación entre el 22 de abril y el 8 de mayo de 2020, mientras que el 3% había sufrido violencia por parte de su compañero. En Reino Unido, las autoridades constataron un aumento de los asesinatos por violencia doméstica, que se duplicaron durante las tres primeras semanas del cierre.