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El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.

Intrusismo laboral y Fuerzas Armadas

Iñaky Unibaso (FMD)

Nuestro Código Penal (Ordinario o Civil), en el Capítulo V, dedicado a la usurpación de funciones públicas y del intrusismo, y concretamente en su artículo 403.1, establece que “el que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses”.

Esta pena de multa podrá agravarse con pena de prisión en determinados supuestos recogidos en el punto 2 del referido artículo 403.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional fija que, entre las misiones de las Fuerzas Armadas (Capítulo I) está la del deber de preservar, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente; para ello se detallan unos tipos de operaciones a llevar a cabo, tales como la vigilancia de los espacios marítimos o del espacio aéreo correspondientes a la soberanía nacional, y también las relativas a lo anteriormente enunciado sobre supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Parece entonces que la legislación es clara en cuanto a los cometidos del personal militar, pero lamentablemente existen delgadas líneas rojas que en ocasiones traspasan de una a otra norma sin una clara definición. Eso es lo que, una vez expuesto el contexto, intentaremos definir a continuación.

Los ciudadanos tienen profundamente imbuida en su mentalidad que, ante cualquier situación fuera de lo común, las Fuerzas Armadas están ahí para responder y ayudar al pueblo. Igualmente, los miembros de las Fuerzas Armadas, sus integrantes, tienen ese sentimiento incluido en su ADN, y no dudan ni un momento en darlo todo, incluida su vida, para ayudar a cualquier ciudadano que lo precise.

Haciendo un breve repaso en la hemeroteca de los últimos años, podremos observar la participación de trabajadores militares en multitud de ocasiones, tales como la limpieza de la negra mancha del chapapote, la limpieza de vías de comunicación en grandes nevadas (borrasca Filomena), la limpieza de plantas invasoras en nuestros ríos (caso del camalote en el Guadiana a su paso por Badajoz), la limpieza de ceniza en el volcán de La Palma, la participación en los incendios, y también en la vigilancia de montes (operación Centinela Gallego), por no hablar de los casos más significativos como la situación generada por la pandemia del covid-19 o la dana que afectó de manera especial a la Comunidad Valenciana.

Podríamos pensar pues que todas esas intervenciones están incluidas en los cometidos establecidos y reflejados en los párrafos anteriores pero, en ocasiones, las líneas que separan estas actuaciones de lo que se puede considerar intrusismo laboral son demasiado delgadas y a la vez peligrosas.

Intentaremos mostrar al lector, y que éste saque su propia conclusión, una serie de situaciones en las que los militares se ven inmersos y que, siempre, cumplen con las órdenes encomendadas.

Empecemos por la limpieza del desastre originado por el vertido de crudo del buque petrolero Prestige allá por el 2002, y sin entrar a valorar la gestión de los responsables, supuso una catástrofe ecológica de primer nivel, con afectación de cientos de kilómetros de nuestras costas, afectando principalmente a la costa gallega.

Esta situación motivó en la ciudadanía una ola de solidaridad, esa solidaridad en la que también somos campeones del mundo cuando se necesita; al ingente número de voluntarios que acudieron a realizar la limpieza del litoral, también se sumaron nuestras Fuerzas Armadas, que acudieron con sus recursos y organización a intentar paliar el desastre ecológico.

En un determinado momento se incorpora a las tareas de limpieza la empresa pública Tragsa, y eso genera conflicto, tal y como quedó reflejado en distintas noticias publicadas en esas fechas que reflejaban las protestas entre el personal voluntario y los trabajadores de la empresa, que obviamente percibían sus correspondientes retribuciones.

Contexto similar, en cuanto a limpieza, puede ser la actuación de la UME en la limpieza de una planta acuática invasora, el camalote, en Badajoz, en este caso corría el 2019.

Hablando de limpiezas, en este caso corría el otoño de 2021 y el volcán Tajogaite, en la isla de La Palma, entró en erupción; de nuevo las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera, acudieron a realizar aquellas tareas asignadas para ayudar a los habitantes de la isla, y colaborar en su evacuación y prestar el apoyo logístico necesario; sin embargo, entre las misiones encomendadas hubo una que tal vez rozó el límite de lo que puede considerarse una situación de grave riesgo, la limpieza de cenizas, trabajos que se desarrollaron más allá de los necesarios para evitar derrumbes en las construcciones y que nuevamente podría, tal vez, haber sido desarrollada por empresas especializadas, como la citada Tragsa.

Otra situación típica viene dada por el paso de frentes fríos que, sin llegar a ser de la magnitud de la famosa borrasca Filomena, y que en la práctica totalidad de los casos son anunciados con anticipación suficiente por los servicios de meteorología, provocan nevadas en las vías de comunicación y generan la intervención de medios y personal militar para paliar esos inconvenientes; pero la paradoja surge cuando estas vías de comunicación son autopistas de peaje, y en las que las empresas concesionarias hacen oídos sordos de las previsiones meteorológicas o lo que podría ser peor, ¿actúan así para ahorrarse costes?

En este sentido son varios los casos en los que la intervención del Ejército fue necesaria para rescatar conductores, por ejemplo, en las autopistas de peaje, AP1 y en la AP6.

Todos tenemos aún muy presente en nuestras retinas la situación vivida a raíz de la declaración de estado de alarma por el covid-19, y nadie duda de la eficacia y buen hacer de las Fuerzas Armadas en todo el proceso, enfrentándose a multitud de situaciones que ninguno hubiera deseado afrontar, pero cuando regresó la “nueva normalidad” a nuestras vidas, desde algunas administraciones y desde algunas empresas privadas se solicitaba la asistencia de las Fuerzas Armadas para desarrollar cometidos que ya no suponían una situación de catástrofe o calamidad, tan solo se pretendía que el uso del personal militar aliviase las cuentas de los solicitantes ya que, como de costumbre, el personal militar es una mano de obra barata, muy barata.

Una vez pasada la DANA, en alguna población, su alcaldesa les recriminaba que “no habían limpiado los cristales…” 

El final de octubre de 2024 nos trajo una de las mayores tragedias de los últimos tiempos en nuestro país, y que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, la famosa dana que se cobró la vida de más de 230 compatriotas y que colapsó durante mucho tiempo la vida de las zonas afectadas. Obviamente las Fuerzas Armadas se movilizaron desde el primer minuto, siguiendo, como es natural, las órdenes que se venían impartiendo desde los distintos escalones jerárquicos, y su presencia en las calles embarradas se hizo habitual durante muchos meses en distintas formas, tales como la retirada de vehículos y demás enseres que colapsaban las calles, limpieza de barro, apoyos logísticos y demás tareas que le fueron encomendadas, y a las que el personal militar se enfrentó con presteza y con la satisfacción, una vez más, de estar sirviendo a la ciudadanía a la que se debe. Pero, pasado el tiempo, cuando ya se había pasado “lo urgente”, nuestro personal seguía con tareas de limpieza, y se tuvieron que enfrentar como en alguna población, su alcaldesa les recriminaba que “no habían limpiado los cristales…”. ¿De verdad que ese es el cometido del personal militar? ¿No existen empresas para realizar ese trabajo?

Es habitual que el personal de la UME finalice el años superando las 3.000 horas de trabajo efectivo, a pesar de estar regulada la jornada en prácticamente la mitad

Otro campo de actividades en los que es común ver a los militares son los eventos deportivos, más allá de la participación de los mismos en calidad de atletas, son incontables las veces que los vemos aportando logística, bien sea en avituallamientos, con cisternas aljibes, con instalación de duchas de campaña, tiendas o toldos; todo esto si se hace desde el prisma de la “Cultura de Defensa” puede tener una justificación, pero son innumerables las veces en que tanto las corporaciones locales como los clubes deportivos organizadores solicitan de este tipo de medios, que de nuevo al ser gratuitos sanean sus cuentas. ¿Qué pensarán las empresas especializadas en eventos sobre esa “competencia desleal”?

La guinda de las situaciones, por desgracia, se da verano tras verano, tal y como estamos viendo estos días. Multitud de incendios asolan nuestro territorio, y tan pronto aumenta el nivel de emergencia en ellos, se activa la UME en primer lugar, y posteriormente el resto de efectivos militares; por cierto, es habitual que el personal de la UME finalice el años superando las 3.000 horas de trabajo efectivo, a pesar de estar regulada la jornada en prácticamente la mitad, lo que podría afectar a la seguridad laboral, por no hablar de las retribuciones, pero eso es otro cantar.

Como cualquier ciudadano, observamos que la magnitud de lo que se vienen a llamar “incendios de nueva generación” es devastadora, y sus consecuencias también los son, sobre todo cuando afecta a las vidas de las personas como desgraciadamente ha sucedido en los últimos casos, y nos parece que cualquier medio que se emplee es insuficiente para sofocar las llamas. No obstante, escuchamos año tras año a los expertos decir que los incendios se apagan en invierno, en clara referencia a las tareas que deberían hacerse en esa época del año para contribuir a la limpieza de maleza que, llegado el momento, se convierte en combustible suplementario para la propagación de los incendios. Pues bien, esas tareas de limpieza, que en muchas ocasiones deberían de llevar a cabo las propias brigadas forestales de las comunidades autónomas, no se efectúan en gran medida porque en ese periodo las mismas brigadas se encuentran desactivadas o bajo mínimos, todo sea por el ahorro económico…

También podríamos hablar de las condiciones laborales que esas brigadas forestales reclaman permanentemente. Nos hemos encontrado los últimos días las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid en conflicto laboral, en plena declaración de emergencia nacional por los terribles incendios que asolan la citada comunidad y sus limítrofes.

Haciendo una recapitulación de las operaciones descritas en los párrafos anteriores por parte del personal militar, el lector puede observar que existen multitud de ocasiones en que su actuación es fruto de la dejación de funciones de otras administraciones, y que, por supuesto para las arcas de esas administraciones supone un gran ahorro que esos cometidos los realicen las Fuerzas Armadas, aunque el coste al final lo pagan igualmente los ciudadanos con sus impuestos.

Mientras tanto, el personal militar seguirá, seguiremos, cumpliendo con la máxima de ayudar a la ciudadanía en cualquier situación de emergencia que sea encomendada, anteponiendo la misión incluso a la propia vida si fuera preciso. Y por supuesto, seguiremos reclamando mejoras profesionales, tales como la declaración de profesión de riesgo, una jornada laboral adecuada y unas retribuciones dignas.

Iñaky Unibaso (FMD)

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Publicado el
31 de julio de 2026 - 06:00 h
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