'Ley Bildu'
El PP siempre opera igual. Para justificar su rechazo a cualquier avance legislativo promovido por la izquierda, se excusa con algún detalle menor, irrelevante, y a partir de ahí promueve una enmienda a la totalidad. Por ejemplo, para justificar su rechazo a un impuesto especial a las grandes energéticas, afirma que al final pagarán los consumidores. Lo que hay de fondo es un rechazo tradicional en la derecha a la intervención en los beneficios de las grandes corporaciones, pero un conservador insolidario va con la cabeza más alta por la calle si se justifica con excusas supuestamente sociales.
Lo mismo, en grado sumo, ha hecho el PP con la Ley de Memoria Democrática, que ha pasado la primera vuelta en el Congreso. Como Bildu ha garantizado su apoyo a la ley, entonces el PP se opone porque la ley pasa a ser de Bildu. La enmienda, que en realidad fue presentada por los socialistas y por Podemos a finales del año pasado, dice literalmente: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación de las mismas".
Es falso por completo que esa disposición vaya a proteger a terroristas. Es tan falso como absurdo deducirlo. El texto es inocuo e inofensivo para cualquier mente bien intencionada. A partir de ahí, el disparate. Los conservadores han anunciado que llamarán a esta iniciativa Ley Bildu, y el Abc se ha aprestado a afirmar en un titular que el debate en el Congreso ha constatado la pervivencia de “las dos Españas”. Las tres derechas –la más aseada, la ultra y la muerta– han logrado en buena parte su objetivo: situar al Gobierno socialista y a Unidas Podemos en el campo de la España roja, en la que conspiran contra España con los independentistas (incluidos el PNV o el PdeCat) y los “herederos de ETA”. El relato, como la mayoría que se cuentan en las cafeterías y las sobremesas, es extraordinariamente simple, pero precisamente por eso funciona.
La Ley de Memoria es una ley ideológica, por supuesto. Como debe ser. Su aprobación es la victoria de la España democrática, la consolidación del espíritu de la Transición y la cura de las heridas aún abiertas entre los represaliados por los fascistas
La oposición del PP a esta ley, por supuesto, no procede de esa enmienda. El PP ya se opuso a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, aunque luego no la derogara aun contando con la mayoría parlamentaria para hacerlo. El PP se opone a esta ley porque es el PSOE y se opondría de cualquier modo a la reparación de los crímenes del franquismo. Se opone porque para la derecha española la Guerra no empezó en el 36, sino en el 34. El golpe de Estado, en consecuencia, no fue tal, sino un alzamiento justificado por las revueltas y el desorden social. La dictadura de Franco fue benévola y generosa, especialmente en sus últimos años, el Valle de los Caídos es un monumento “a todas las víctimas” y con la Transición, de la que el PSOE reniega, ya se cerraron todas las heridas, que ahora la izquierda pretende reabrir.
Es un disparate histórico en toda regla, sí, pero repetido hasta la saciedad, amplificado por un puñado de revisionistas y con una población más joven que no vivió la represión directamente, también funciona entre mucha gente de bien. De modo que ya tenemos el trabajo planificado: que los pseudohistoriadores hagan su tarea por un lado, y nosotros en el Congreso nos oponemos a la ley porque es una trampa de ETA y porque ignora el esfuerzo de la Transición a la democracia. Que ETA lleve diez años desaparecida y Bildu se haya desmarcado claramente de la violencia es lo de menos. También lo es que la ley ensalce en casi cada página el proceso constitucional. Los del PP no deben haber leído la exposición de motivos, donde se dice que la Transición, “el logro histórico más significativo de la sociedad española”, ha sido “la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”.
Si hay una ley que ensalza nuestra Constitución y el proceso de su aprobación es sin duda esta que está en proceso. Precisamente por la facilidad con que se puede abrir paso el relato de una dictadura justificada y benévola y la necesidad de pasar página, es imprescindible esta ley valientemente promovida por el Gobierno socialista y por decenas de asociaciones de represaliados, historiadores y juristas. No solo porque protege y reivindica la memoria de los muertos, los exiliados, los encarcelados y los perseguidos, que ya es motivo suficiente, sino porque traslada a la sociedad española, por la vía de la ley, la condena explícita de un golpe de Estado calificado como ilegal y de los crímenes cometidos por los fascistas durante cuatro largas y ominosas décadas.
Es una ley ideológica, por supuesto. Como debe ser. Su aprobación es la victoria de la España democrática, la consolidación del espíritu de la Transición y la cura de las heridas aún abiertas entre los represaliados por los fascistas. Es natural que el PP se oponga de pleno a ella, aunque ponga excusas menores.
