Asignaturas pendientes de primero de democracia: ¿Qué fue de los bebés robados?

De entre todos los asuntos turbios que habitan la zona de niebla de la memoria reciente española hay uno que se resiste con especial saña a ser esclarecido: los miles de bebés robados que desaparecían de los brazos de sus madres tras el parto.

El pasado 23 de junio, en medio del griterío habitual, mientras se aclaraba qué es eso de la nueva normalidad, las asociaciones que llevan décadas trabajando para que este tema se aclare consiguieron una victoria histórica. Con los únicos votos en contra de Vox, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) a propuesta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños", entidad integrante de esta Coordinadora.

Hoy se puede decir que se está más cerca de saber qué pasó con los miles de casos de posibles bebés robados. Y digo "miles" porque una de las primeras interrogantes de este asunto es que ni siquiera se conocen el número de denuncias. Las asociaciones han conseguido saber que desde 2011 hasta 2019 la Fiscalía abrió 2134 diligencias de investigación, de las cuales 526 ha sido judicializadas y en resto archivadas. De las primeras, tampoco existe información pública del momento procesal en que se encuentran.

La Proposición de Ley aprobada en el Congreso hace unos días recoge los principios de Naciones Unidas del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, e incorpora las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para investigar sobre el robo de niños en nuestro país. Aconsejo leer dichas recomendaciones, en las que se podrá comprobar cómo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "Lamenta el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora; pide a las autoridades españolas que se comprometan a entablar de manera oportuna un diálogo reforzado y continuado con los peticionarios y las asociaciones de afectados; ", y, entre otras cosas, "Se congratula de las disculpas ofrecidas por la Iglesia católica a las mujeres víctimas de adopciones forzadas en el Reino Unido, y anima a un reconocimiento similar de las víctimas en España".

La Proposición de Ley plantea actuar sobre todos los casos de bebés robados desde el 17 de julio de 1936, sin fecha final, por lo que permitiría acoger tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia. No hay que olvidar que existen denuncias de casos de bebés robados hasta bien entrada la democracia, pero ni siquiera se sabe el año exacto de los últimos casos.

El texto de la proposición de ley recoge las principales reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen:

1. Garantizar el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés.

2. Reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.

3. Reconocer la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad.

4. Cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

5. Integrar a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después, las familias que buscan y las personas en busca de su identidad.

6. Crear una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.

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7. Crear una Base de datos que elaborará un censo de todos los casos, y un Banco de ADN nacional, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias.

8. Garantizar la participación de las víctimas a través de sus representantes.

Resulta perturbador que ahora, cuando una pandemia nos ha dejado en estado de shock y andamos debatiendo sobre la recuperación económica, la renovación del contrato social y pidiendo fondos europeos para la modernización, de la mano de la digitalización y la descarbonización de la economía, tengamos asignaturas como esta, de primero de democracia, todavía sin aprobar.