Ceuta: más allá de la “improvisación”
La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.
La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.
La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.
La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste
España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.
Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.
La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.
_______________
David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.
