La COP27 y los negacionistas climáticos
La Junta de Castilla y León está, como es sabido, cogobernada por Vox y el Partido Popular. Los cito en este orden porque, en determinados aspectos, pareciera ser Vox la fuerza mayoritaria. Este verano han ardido en España 200.000 hectáreas, 85.000 de ellas en la Comunidad castellano-leonesa. El partido de extrema derecha ha logrado que el PP asuma su tesis sobre el particular: la causa de la devastación medioambiental no es el cambio climático (o más propiamente dicho, el calentamiento global) sino una “anomalía climática”. El consejero de Medio Ambiente de la Junta (PP) hizo uso en julio de una variante: se trata simplemente de “efectos climáticos”. Aprovechó la ocasión en rueda de prensa el pasado 28 de julio para elevar el absurdo: acusó al “ecologismo extremo” (él debe representar al “ecologismo moderado” y ser sui generis portavoz de un ecologismo compartimentado) de ser “uno de los causantes de esta debacle”.
Sus compañeros de Vox están a la carga. En el Congreso, el diputado José María Figaredo reclamó en septiembre un mayor uso de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) para incrementar la producción de electricidad, y de paso la derogación de la Ley Climática de mayo de 2021, probablemente inspirado por la excentricidad de su jefe Abascal: “La ley climática es un suicidio para los españoles”. Sin embargo, la Ley Climática y de Transición Energética persigue precisamente evitar la muerte de los españoles y de la humanidad en su conjunto dentro de unas décadas, producida por un sector de seres humanos sin escrúpulos o sin conocimiento (o sin ninguno de los dos) cuyas acciones (entre otras, la utilización masiva de los combustibles fósiles) dañan la naturaleza de un planeta que es finito. Frente a ellos se encuentran quienes –conscientes y altamente preocupados de que tales acciones nos conducen a la extinción– se han movilizado para convencer a la sociedad internacional de que es necesario y urgente perseguir jurídica y políticamente a quienes ocasionan la destrucción.
La Ley Climática y de Transición Energética persigue evitar la muerte de los españoles y de la humanidad en su conjunto dentro de unas décadas, producida por un sector de seres humanos sin escrúpulos o sin conocimiento
Entre los movilizados, los ecologistas, pero también las Naciones Unidas y el papa Francisco. De las numerosas declaraciones del secretario general, António Guterres, adelanto esta: “Estamos en guerra con la naturaleza y es una guerra suicida porque la naturaleza siempre responde y lo hace con violencia creciente. Hay que hacer las paces entre la humanidad y la naturaleza”. La violenta respuesta es meridiana: Groenlandia y Antártida a punto de iniciar la desaparición de su ámbito helado, huracanes en el Caribe, pavorosos incendios en el Mediterráneo, California, Oregón, Australia, trombas de agua que causan estragos en la Península Ibérica, en Alemania, Bélgica, gigantescas inundaciones en Pakistán, el “eterno suelo congelado” de Siberia que se derrite…
Muy significativa es la posición del papa Francisco (que los militantes y votantes de Vox –presumo que católicos en su mayoría– deberían seguir). El 15-11-2019 recibió en audiencia a un grupo de penalistas internacionales y en ella propuso tomar en consideración la propuesta de un nuevo delito que se acababa de tratar en el Sínodo por la Amazonia: el ecocidio. “Un elemental sentido de la justicia debería imponer que determinadas conductas no resulten impunes”. Incluso precisó cuales, en su opinión, debían ser consideradas ecocidio: “La contaminación grave del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y de la fauna y cualquier otra acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema”. Informó el papa a los penalistas de que el Sínodo amazónico ha propuesto definir el pecado ecológico como acción u omisión contra dios, el prójimo, la comunidad y el ambiente. Se trata de un pecado, según Francisco, “contra las futuras generaciones y se manifiesta en los actos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, en las transgresiones contra los principios de interdependencia y en la rotura de los lazos de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia”. El ecocidio, concluyó el papa, “es una quinta categoría de los crímenes contra la paz, que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional”. De ahí el llamamiento a los juristas y a “todos los líderes y referentes en el sector para que contribuyan con sus esfuerzos a asegurar una adecuada tutela jurídica de nuestra casa común”. Contundente fue el último mensaje: “Estamos pensando en incorporar al catecismo de la iglesia católica el pecado contra la ecología, el pecado ecológico, contra la casa común, porque es un deber”.
La COP es (siglas inglesas) la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992. Se celebran anualmente y la número 27 se iniciará en Egipto el próximo 6 de noviembre. Las Partes (los Estados miembros que integran la ONU) están teóricamente comprometidas con los Acuerdos de París de 2015 (objetivo: combatir el calentamiento global) y asimismo con los resultados de la anterior COP, la 26, celebrada en Glasgow en 2021. Resultados que, en mi opinión, dejan que desear. Me pregunto si António Guterres, máximo exponente de la Organización que patrocina las COP, estima que, gracias a sus múltiples llamamientos, reproches, condenas y denuncias de los delincuentes climáticos, favorecedores del calentamiento, el resultado de la COP27 puede infundir esperanza real, basada en compromisos reales inmediatos, fiscalizables, que al menos supongan el inicio del fin de la agresión al clima y al planeta. Está por ver. Por ahora y en homenaje a la espléndida posición del papa Francisco, me gustaría escribir en latín una escueta frase: Sic utere tuo ut alienum non laedas, esto es, utiliza lo tuyo de tal modo que no perjudiques lo ajeno.
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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España
