Los españoles ante Trump e Irán

Ningún defensor de los derechos humanos puede justificar un ataque impulsado por Donald Trump, pero tampoco puede respaldar al régimen iraní. Ambos gobiernos, aunque radicalmente distintos —una democracia formal en Estados Unidos y una teocracia autoritaria en Irán— comparten rasgos que chocan con una concepción sustantiva de la democracia basada en derechos humanos, pluralismo, justicia e igualdad.

En el entorno político de Trump se observa una fuerte orientación hacia el liderazgo autoritario y la dominación social: aceptación de jerarquías rígidas y concentración de poder en un líder fuerte. No es un esquema tan diferente, en su lógica de poder, del sistema iraní, estructurado como una teocracia en torno al Líder Supremo, sin una separación real de poderes ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En ambos casos se normaliza el autoritarismo como forma legítima de gobierno.

Tanto el trumpismo como el régimen iraní legitiman la idea de que un “líder fuerte” puede situarse por encima de controles e instituciones cuando afirma defender al “verdadero pueblo” o a la ummah islámica. En el caso estadounidense, esta lógica se ha traducido en ataques a normas democráticas básicas —cuestionamiento de procesos electorales, deslegitimación de la prensa, hostilidad hacia minorías— y en una desconfianza explícita hacia principios como la igualdad política y el Estado de derecho, aunque retóricamente se invoque la defensa de la democracia. En Irán, por su parte, el propio sistema excluye la democracia efectiva: el Líder Supremo no se somete a sufragio universal, las candidaturas están fuertemente filtradas y el poder judicial carece de independencia. El resultado es la vaciación práctica del principio de soberanía popular.

En ambos contextos, la aceptación de la “voluntad popular” es condicional: se respeta solo cuando no cuestiona el bloque de poder dominante.

La hostilidad hacia la igualdad y la justicia social también presenta paralelismos. Diversos estudios muestran que una parte significativa del electorado trumpista se opone a políticas redistributivas y de igualdad para mujeres y minorías, tiende a minimizar las desigualdades estructurales y considera que determinados colectivos “exigen demasiado”. En Irán, el marco legal y moral institucionaliza la discriminación, especialmente contra las mujeres. El control estatal sobre sus cuerpos y su vestimenta, así como la represión de quienes desafían el hiyab obligatorio, revelan una vulneración sistemática de estándares internacionales de igualdad y derechos humanos.

Tanto el trumpismo como el régimen iraní legitiman la idea de que un “líder fuerte” puede situarse por encima de controles e instituciones cuando afirma defender al “verdadero pueblo” o a la 'ummah' islámica

En materia de derechos humanos, las diferencias institucionales son evidentes, pero también lo son ciertas coincidencias en el plano discursivo. En Irán, las violaciones son sistemáticas: represión violenta de manifestaciones pacíficas, torturas, censura masiva, bloqueo de internet y criminalización de la disidencia bajo el argumento de la “seguridad nacional”. En el entorno trumpista, el marco constitucional estadounidense limita los excesos, pero se observa tolerancia hacia discursos que relativizan los derechos de las minorías y cuestionan garantías básicas cuando se perciben como obstáculos políticos. En ambos casos, los derechos tienden a concebirse como condicionales, subordinados a un proyecto ideológico.

Además, tanto el trumpismo como el autoritarismo iraní se nutren de un relato binario: el “pueblo verdadero” frente a enemigos internos y externos. En la narrativa MAGA, esos enemigos son élites liberales, inmigrantes o minorías; en la iraní, el “Occidente decadente”, la oposición interna, las mujeres que desafían el orden impuesto o las minorías religiosas.

Desde la perspectiva española, un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán no supondría previsiblemente un riesgo militar directo. Sin embargo, sí implicaría un fuerte impacto económico. El punto crítico es el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente entre el 20% y el 30% del petróleo transportado por mar a nivel mundial. España depende en parte del crudo y el gas procedentes del Golfo. Una escalada bélica elevaría el precio del Brent y del gas natural en los mercados europeos, encareciendo la electricidad, la gasolina y el diésel.

Las consecuencias serían inmediatas: aumento de los costes de transporte y energía, menor poder adquisitivo, reducción del consumo y riesgo de una nueva ola inflacionaria. En ese escenario, el Banco Central Europeo tendría menos margen para bajar los tipos de interés, lo que encarecería hipotecas, crédito al consumo e inversión empresarial. Sectores intensivos en energía —industria, transporte o agroalimentario— podrían ver reducidos sus márgenes y ajustar empleo si los costes aumentan y la demanda se debilita.

Si el conflicto derivara en una guerra prolongada, no puede descartarse un aumento de flujos de refugiados y migración económica hacia Europa, con impacto sociopolítico también en España y previsibles debates sobre el incremento del gasto en defensa.

Ante este escenario, la defensa coherente de los derechos humanos exige rechazar tanto el autoritarismo teocrático como las derivas iliberales que erosionan las democracias desde dentro. La estabilidad internacional, la protección de derechos y la seguridad económica de la ciudadanía española dependen, en última instancia, de un orden internacional basado en normas y no en liderazgos personalistas.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).