El Partido Popular contra la biodiversidad

Desde que llegó al Gobierno, el Partido Popular ha acometido una contrarreforma modificando todas las leyes que habían constituido la arquitectura legislativa de protección ambiental en España. Solo quedaba la ley de biodiversidad, también conocida como ley Narbona, que ahora también quieren cambiar para facilitar que se puedan seguir introduciendo determinadas especies exóticas en nuestro entorno. Tratan con ello de proteger así los intereses de ciertos sectores, en especial de la pesca y la caza, aunque el coste de su iniciativa se lleve por delante el interés común de la protección ambiental y de nuestro ecosistema. Recordemos, además, que más de 600 expertas y expertos científicos han reclamado que no se modifique la Ley de Biodiversidad.

Las especies exóticas invasoras son especies foráneas que han sido introducidas de forma artificial, accidental o voluntariamente, y que después de cierto tiempo han conseguido adaptarse al nuevo medio y colonizarlo. Sin embargo, las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas especies son muy vulnerables, no pueden competir con ellas, por lo que se ven desplazadas y en muchos casos ven mermadas sus poblaciones.

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad, ya que son uno de los factores que están contribuyendo en mayor medida a la rápida y masiva pérdida de especies de las últimas décadas. Se trata de un problema global que afecta a todos los países, aunque es especialmente importante en las islas y archipiélagos, y sus efectos se aprecian en todos los ecosistemas y en algunos casos son irreversibles.

El coste económico que conlleva también es importante. La Unión Europea cuantifica en 12.000 millones € al año el coste de erradicación de las especies invasoras; en nuestro país algunas de ellas no solo tienen un impacto económico muy importante en la agricultura o apicultura, sino que tienen también un alto coste de erradicación. Por ejemplo, la lucha contra el mejillón cebra cuesta anualmente a la Confederación hidrográfica del Ebro la nada desdeñable cifra de dos millones de euros; en erradicar el jacinto o camalote del Guadiana, gastamos cada año diez millones de euros, y la lista sigue. La lucha contra la invasión de otras especies, como la avispa asiática no ha hecho más que comenzar, pero su avance en el territorio se ha desarrollado rápidamente a lo largo de la cornisa cantábrica en muy poco tiempo y es visto con enorme preocupación por cómo afectan a nuestras abejas.

En este contexto no podemos estar de acuerdo con que se proponga modificar la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ni del Reglamento sobre prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. Se trata de las mejores herramientas posibles para poder hacer frente a un fenómeno que se está, además, agravando como consecuencia del cambio climático –especies que antes no podían adaptarse lo hacen ahora más fácilmente por el progresivo calentamiento global–.

En realidad esta proposición en la que ha insistido mucho el Partido Popular –hasta en dos ocasiones se ha llevado a pleno– promueve un cambio total en la legislación española sobre especies exóticas invasoras, amparándose en algunas problemáticas concretas, para cuya resolución no es necesario modificar la legislación, sino buscar alternativas adecuadas.

Conviene recordar que ni la legislación, ni la sentencia del Supremo ponen pegas a la caza o la pesca de esas especies, sino a su suelta en el medio ambiente. En lo referido a las explotaciones industriales, nuevamente la legislación se refiere a la liberación en el medio ambiente y no –como dice erróneamente el PP– a su uso para alimentación. Esperamos que cuando se voten las enmiendas de esta reforma el próximo lunes los y las diputadas pongan por delante la protección de nuestra biodiversidad y no los intereses económicos y ociosos de unos pocos. ____________Juantxo López de Uralde

 es coportavoz de EQUO.