Ni soberano ni emérito

Hace unas semanas, la prensa informaba de un estudio de la Harvard Business School según el cual el acto de dar produce más satisfacción que el acto de recibir. Y es cierto que la generosidad, la entrega y el pundonor son una fuente de felicidad, un oficio de madurez que colma nuestra autoestima. Sin embargo, hay una excepción; a la hora de darlo todo, mejor no dar pena. 

El reciente libro de Juan Carlos de Borbón es un claro ejemplo; siempre da un poco de pudor, incluso vergüenza ajena, ver a alguien suplicar que le quieran; si es un rey, convertido aquí en un pequeño Gatsby, pues más. ¿Por qué escribir un libro para decirnos lo desgraciadito, monarca, que eres teniéndolo todo? Porque no ha entendido nada. 

Resulta elocuente, por ejemplo, su afirmación de que se marchó de España para “no complicar la tarea de mi hijo en sus funciones de soberano”. Basta una frase para resumir un mundo. Tan solo y tan mal informado está este hombre que nadie le ha dicho que en España el rey no es soberano, aunque él haya actuado toda su vida como si lo fuera. 

Curiosamente, no es cosa sencilla identificar quién es el soberano en esta democracia que nos hemos dado. En las ponencias constitucionales se enfrentaron dos teorías opuestas: las derechas defendían que la soberanía residía en la nación y las izquierdas, por el contrario, que el soberano era el pueblo. El debate parecerá una bagatela, pero cada una de las posturas tiene detrás un artilugio dogmático bastante considerable y multitud de tratadistas han glosado, en disquisiciones que llenan estanterías de bibliotecas jurídicas, las diferencias entre la soberanía nacional y la popular. No hay consenso posible entre ellas. Pero el espíritu de la Transición, ese tan denostado, dio con una fórmula prodigiosa, que apunta a la influencia de los gin-tonics en nuestro germen constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo” (artículo 1.2). ¡Gran hallazgo! Podía haber dicho “la soberanía popular reside en la nación” o “este plátano verde es azul” con la idea de contentar a todos. Los teóricos del Estado se tiraron de los pelos porque la expresión no significa nada, pero no frivolicemos sobre la importancia de lo inexistente. Bajo esta expresión un tanto absurda, más próxima a un oxímoron que a una paradoja, el consenso abrió una cancha abierta en la cual será lícito defender opciones contrapuestas, de tal manera que los defensores de ambas perspectivas podrán encontrar cobijo en el texto; un cobijo puramente formal, desde luego, porque en realidad el artículo no dice nada. En fin, es importante decir cosas que tengan sentido; pero a veces es más importante decir cosas en las que todos estemos de acuerdo, aunque no tengan sentido. Eso fue la Transición. 

De una forma o de otra, estemos ante una nación soberana o ante un pueblo soberano, lo cierto es que quien no es soberano es el rey, y tendría que saberlo. Aunque para dejar más clara esta exclusión, la Constitución debería no haber incurrido en el error de proclamar que la justicia se administra en nombre del rey, cosa que hizo para no dejarla en manos del pueblo, como en los Estados Unidos. [Aunque a estas alturas, todo el mundo sabe ya que la justicia se administra en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero eso es otra batalla]. Esta proclamación, a pesar de su orientación protocolaria, tiene unas consecuencias trascendentales, sobre todo unida a la interpretación expansiva que los tribunales han dado a la inviolabilidad del monarca. Recordemos que, siendo rey, los jueces inadmitieron a trámite demandas de paternidad contra este señor, que es un truhan, aduciendo su inviolabilidad. Después de su abdicación se las han vuelto a presentar, pero igualmente las han inadmitido por un quítame allá esas pajas. Una interpretación razonable del artículo 56.3 de la Constitución permitiría limitar la inviolabilidad a los actos cometidos en su condición de monarca, pero los jueces la han equiparado, por las bravas, a una pura y simple impunidad total. Yo recomendaría a Felipe que no cogiera el coche. 

Esta equiparación parecerá un poco loca, pero bien pensado, si realmente la justicia se administra en nombre del rey, entonces el monarca no puede ser nunca parte en ningún procedimiento: ni demandante ni demandado, ni denunciante ni denunciado, porque en caso contrario estaríamos ante la paradoja jurídica de quien se administra justicia a sí mismo. Así que no sabemos qué pasaría si Letizia quisiera presentarle una demanda de divorcio; probablemente no podría, y no solo por conservar, todavía, el título de reina católica con privilège du blanc. 

Todo es muy antiguo, pero la Transición no dejó mucho margen de maniobra en este sentido. Las derechas impusieron este arcano medieval porque ni entonces ni ahora quieren oír hablar de una república, pero no porque rechacen la figura, sino porque eso supondría reponer la legalidad anterior a la guerra que ganaron. Y como resultado de todo ello, ahí tenemos a una chica de mirada aterrada subiéndose a los mandos de un avión militar porque entre todos hemos decidido su agenda, su vida, su futuro y el lugar donde será enterrada, como si hubiera nacido en una tribu pastún.  

Atiéndase en este sentido a otro detalle muy esclarecedor: cuando los padres constituyentes redactaron el último título de nuestra Constitución, que regula de forma bastante generosa su reforma, los ponentes de izquierda propusieron una excepción para imponer un sistema especialmente rígido y complejo (de hecho, inviable por exigente) si se pretendía reformar el capítulo de los derechos fundamentales. Los ponentes de derechas pusieron sobre la mesa su propia excepción. ¿Cuál? La han adivinado: hicieron intocable el título de la Corona, que hoy no se puede cambiar, si no es de una manera tremendamente azarosa y alambicada, ni siquiera para incluir la igualdad de sexos en la sucesión. En fin, cada cual peleó por lo que le importaba: unos por la Corona, otros por los derechos; como ven, no hemos superado la Revolución Francesa.

En resumen, el libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo. Arrogarse el mérito de traer la democracia a España es una hermosa flor que se tira sobre su cabeza, aunque le viene con la maceta incluida, al no explicar qué mérito tendríamos que agradecerle si en el fondo Franco era un tipo estupendo. 

El libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo

Y hablando de méritos, no me resisto a insistir sobre la cuestión de su condición de emérito. Cuentan quienes saben de ciertas interioridades que Juan Carlos, tras abdicar, no quiso saber nada del condado de Barcelona, que con tanto aplomo había llevado su padre; se empeñó en seguir siendo rey. Le contestaron que la Constitución sólo prevé el título de rey de España, y que el país no podía tener dos. Pero se empeñó tanto que finalmente, por Real Decreto 470/2014, el Gobierno consintió en mantenerle el título de rey y majestad. Pues que así sea. Como decíamos, las palabras son importantes aunque no digan nada: a Juan Carlos y a Sofía no se les nombra reyes “eméritos”, título que la prensa --la misma prensa valiente que calló sus desmanes durante décadas-- se apresuró a concederles aunque no aparece en la disposición. No se les reconoce ningún mérito; son simplemente reyes. De hecho, ni siquiera se les reconoce el título de reyes “de España” porque este título, previsto en el artículo 56.2 de la Constitución, es único y lo ostenta en exclusiva su hijo. Así que Juan Carlos sigue siendo el rey pero ya no lo es de España ni de ninguna otra parte; ni siquiera, ya le gustaría, del Reino de Redonda. Es un rey sin territorio que, por no tener súbditos, puede atribuirse ya la condición de soberano, como único habitante de este u-topos sobre el que gobierna. 

Sin trono ni reina, ni nadie que le comprenda, Juan Carlos podría arrancarse cualquier día por José Alfredo. Y podremos esperar tal cosa ahora que, de manera extraña y sutil, se le está poniendo un perfil a lo Julio Iglesias, con quien comparte un prototipo de masculinidad decadente, un mismo gusto por paraísos de palmeras, unas mismas camarillas de aduladores, una misma moralidad abotargada a caprichos y una misma impunidad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.