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85 organizaciones piden la comparecencia de Zoido en el Congreso para que explique nuevos casos de devoluciones en caliente

Imagen de archivo.

El cura Javier Baeza, responsable de la Parroquia Roja de Entrevías (Madrid), ha presentado este lunes en la Comisión de Peticiones del Congreso un escrito de petición para que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, explique en el Congreso la nueva ola de devoluciones en caliente que tuvo lugar el pasado 1 de enero en la frontera de Ceuta. La petición está firmada por un total de 85 entidades sociales.

La petición denuncia que el primer día del año 104 personas fueron entregadas por la Guardia Civil a los militares marroquís, "sin seguir los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las más mínimas garantías internacionalmente reconocidas". De los 106 subsaharianos que se quedaron encaramados en la valla exterior, 104 fueron rechazados. Los dos restantes fueron trasladados al hospital tras el examen sanitario realizado por Cruz Roja, ya que presentaban heridas graves.  Recuerdan que varias instituciones y organismos internacionales como Acnur, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (entre otros) han reiterado en numerosas ocasiones la ilegalidad de estas devoluciones.

En el ámbito nacional, según explica la petición, han denunciado la ilegalidad de las devoluciones en caliente el Consejo General de la Abogacía, asociaciones de jueces y fiscales, juristas de reconocido prestigio o la Conferencia Episcopal, entre otros.

"En un ejercicio meramente democrático y de transparencia, lo suyo sería que Zoido compareciese voluntariamente ante las críticas suscitadas”, explica Mikel Araguás, portavoz de la iniciativa. "La experiencia nos dice que esto es muy difícil que suceda porque el Gobierno, tanto con este ministro como con el anterior, están convencidos de que las actuaciones en la frontera sur están sujetas al derecho", explica. En este punto, recuerda que las devoluciones en caliente están amparadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, por lo que Araguás sostiene que se trata de una ley "hecha a medida".

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En este contexto, tacha de "lamentable" que el Gobierno esté esperando a que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) promulgue que lo que se está haciendo es contrario al derecho. "El Gobierno está esperando que una de las tres demandas que están admitidas a trámite, y por las que España ha tenido que dar explicaciones ante el TEDH, dicte sentencia y diga si lo que se hace es legal o no", explica Araguás.

La petición lamenta que se trata de una política "profundamente inmoral", que trata a los seres humanos como si fuesen "desechos". "El acuerdo que se ha firmado con Turquía, que ahora parece tan escandaloso, es bastante más suave que el que la UE y España tienen firmado con Marruecos", critica Araguás, que recuerda las constantes vulneraciones de los derechos humanos que se producen en este país.

Entre las 85 organizaciones firmantes se encuentran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, la Confederación General de Trabajo (CGT), Foro Alternatiu de la Inmigración o la Fundación Sevilla Acoge, entre otras.

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