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Justicia universal

Baltasar Garzón impulsa un 'crowfunding' para apoyar un documental en defensa de la justicia universal

Dolores Delgado, Baltasar Garzón y María Garzón en rueda de prensa.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ha presentado este jueves una iniciativa de crowdfunding [acceder a través de este enlace] para impulsar The Code, el documental que busca dar voz a jueces, fiscales y abogados de todo el mundo en defensa de la jurisdicción universal. La pieza, dirigida por Carles Caparrós, "da cuenta de los grupos de trabajo de más de cien juristas internacionales" que tratan de sentar las bases por "un nuevo código internacional contra la impunidad", tal y como ha señalado en rueda de prensa el juez Baltasar Garzón.

María Garzón, directora general de FIBGAR, ha defendido durante la jornada la justicia universal como "verdadero elemento de lucha contra la impunidad" y como una "de las herramientas más válidas, si no la más completa", en dicho cometido. Además, María Garzón ha manifestado su apuesta por una justicia universal que incluya también los crímenes económicos y medio ambientales como causantes de "daño masivo".

Desde la reforma de la justicia universal en 2014, "las consecuencias se han hecho sentir en todos los ámbitos", ha recalcado Baltasar Garzón, quien ha denunciado un "abandono de las víctimas que es necesario cambiar". También ha expuesto las bases de lo que considera una "nueva criminalidad masiva frente a la ausencia de normas que protejan a la sociedad", en relación a los crímenes financieros y ambientales, que a su juicio deben ser contemplados como un "salto cualitativo" de la jurisdicción universal.

La coordinadora antiyihadismo y portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha elogiado la justicia universal como "herramienta extraordinaria en defensa de los derechos humanos", pero ha recalcado que su eficacia no se reduce únicamente a dicho campo. Delgado, que también fue fiscal antidroga, aseguró haber aplicado la justicia universal "día sí y día también", de modo que ha recalcado su importancia como "mecanismo que ayuda a luchar por la seguridad de todos".

También ha señalado sus resultados en materia antiterrorismo "como manifestación de la criminalidad organizada".  En este sentido, ha enfatizado en el terrorismo antiyihadista y en la utilidad de la cooperación entre diversos países a la hora de investigar. La juurisdicción universal se basa en que "todos investigamos, logramos un cuerpo probatorio y lo ofrecemos al país en mejores condiciones de enjuiciamiento", ha explicado. Baltasar Garzón ha coincidido en que "no se trata de invadir jurisdicciones ni colonizar", sino que por el contrario "es un movimiento por la denuncia de las víctimas", y ha recalcado que existen mecanismos de jurisdicción universal "en casi todos los países".

Finalmente, Baltasar Garzón ha recordado la PNL propuesta por ERC para restaurar la justicia universal y derogar las reformas impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2009, y de Mariano Rajoy, en el año 2014. La proposición, que obtuvo el pasado 21 de febrero luz verde en el Congreso, no se ajusta no obstante a los criterios defendidos por FIBGAR: "No es la ley que yo propondría ni por la que estamos peleando", ha subrayado Garzón, quien por otro lado ha confirmado que su fundación ha mantenido reuniones con Unidos Podemos, Ciudadanos y el PSOE para exponer sus demandas. Delgado ha señalado que existen tres escenarios: anular por completo la jurisdicción universal, volver a la limitada redacción del 2009 o dar cobijo a las víctimas y recuperar la original de 1985.

El documental The Code funcionará como un canal de "difusión y acercamiento del mundo jurídico a la sociedad", tal y como ha relatado Delgado, y su crowdfunding estará disponible hasta el próximo 14 de julio con un objetivo de 55.000 euros para terminar la posproducción. La película será presentada este septiembre en el festival de San Sebastián y competirá otros eventos cinematográficos.

Recorrido de la justicia universal

Desde julio de 1985, el poder judicial español dispone de las herramientas necesarias para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos fuera de las fronteras nacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura. El principio de jurisdicción universal permite, además, suplir las carencias que se producen en los tribunales de cada país e investigar aquellos crímenes que han quedado impunes.

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En España, y tras años de una justicia universal en su definición más pura –que permitió al juez Baltasar Garzón poner en jaque al dictador chileno Augusto Pinochet–, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en el año 2009 una propuesta para llevar a cabo la primera reforma de la ley orgánica. Con el apoyo de PP, CiU y el PNV, los socialistas delimitaron la norma de modo que la investigación de los delitos contra la humanidad cometidos en el exterior únicamente podría efectuarse si los acusados se encontraban en territorio español, si alguna de las víctimas tenía nacionalidad española o si existía algún vínculo de "conexión relevante con España".

La modificación fue aprobada después de que la entonces ministra de Exteriores israelí asegurase que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, había prometido modificar la ley para archivar la causa contra los soldados israelíes acusados de haber organizado un bombardeo sobre un barrio de Gaza.

Cinco años más tarde, con un cambio de Gobierno que otorgó al equipo de Mariano Rajoy mayoría absoluta, el grupo popular apostó por mermar aún más los límites de la justicia universal, de forma que la Audiencia Nacional únicamente podría abrir casos contra crímenes internacionales en los que el acusado fuera español o se encontrara en España. La propuesta fue aprobada con los votos del PP y de un diputado de UPN, arropados por la crítica unánime de la oposición.

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