El bloqueo parlamentario deja herida de muerte la reforma de la ley franquista que convirtió todo en secreto

Miércoles, 26 de febrero de 2025. Tras dos décadas de trabajo parlamentario, Aitor Esteban, entonces portavoz del PNV en el Congreso, aprovecha su última pregunta de control para pedir "por enésima vez" al Gobierno que cambie la Ley de Secretos Oficiales, una norma concebida en pleno franquismo que mantiene bajo llave con carácter indefinido documentación fundamental para reconstruir nuestro pasado. El presidente, Pedro Sánchez, tras deshacerse en elogios hacia el actual líder de la formación jeltzale, asegura que quedará todo atado antes de regresar a las urnas. Una promesa cuyo cumplimiento resulta ahora, año y medio después y con el final de la legislatura a la vuelta de la esquina, complicado por los vetos cruzados.

La legislación sobre secretos oficiales, el marco jurídico en el que se apoyan, nació a finales de los sesenta. Y, desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. La norma es anacrónica. Principalmente, porque no contempla plazos de publicidad, a diferencia de algunos países de nuestro entorno. No existe desclasificación automática. Es decir, si no la acuerda expresamente el Gobierno, toda esa información con carácter secreto o reservado puede permanecer eternamente bajo llave. Tan desfasada está la ley y el decreto que la desarrolla que se otorga potestad para calificar documentación a un órgano que ya ni siquiera existe –la Junta de Jefes del Estado Mayor–.

El Consejo de Ministros dio luz verde en julio de 2025 al proyecto de Ley de Información Clasificada. El texto enmendaba algunos aspectos contenidos en el primer borrador, el anteproyecto, que soliviantaron a historiadores, archivistas e investigadores. Por un lado, redujo –aunque mínimamente– los plazos para la desclasificación de información. Por otro, estableció un mecanismo para la liberación automática de todos aquellos documentos clasificados antes de la entrada en vigor de la norma. En el anteproyecto, esto último quedaba supeditado a que hubiera una petición expresa de una persona física o jurídica en la que se identificase "pormenorizadamente" la información que se solicitaba "desclasificar", algo difícil cuando no es público qué papeles se guardan bajo llave.

La norma enviada al Congreso para su tramitación recoge cuatro categorías de clasificación –alto secreto, secreto, confidencial y restringido– y los plazos para levantar el velo: 45 años prorrogables a 60 en la primera, 35 prorrogables a 45 en la segunda, entre 7 y 9 años para la tercera, y entre 4 y 5 años en la última. Además, contempla una desclasificación automática de aquella información que fuera secreta antes de la entrada en vigor de la norma y de cuya calificación hayan transcurrido ya 45 años o más. Eso afecta, por ejemplo, al accidente nuclear de Palomares –cuyos detalles conocemos a través de Estados Unidos–, al atentado contra Luis Carrero Blanco, al proceso de descolonización o al terrorismo de Estado.

La información desclasificada no puede volver a "clasificarse". No obstante, la norma incluye una salvedad: "Que la autoridad de clasificación aprecie motivadamente y de forma excepcional que existen razones suficientes que justifican una nueva clasificación, al perdurar la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional". "La nueva clasificación incorporará una memoria justificativa debidamente motivada en atención a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, en la que se incluirá una exposición pormenorizada de las amenazas o perjuicios que afecten a la seguridad o a la defensa nacional. La nueva clasificación deberá ser revisada anualmente", completa el artículo 19. Es decir, el Gobierno de turno tendrá algo de margen para seguir manteniendo información bajo secreto por encima de los plazos.

Vetos cruzados

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Un año después, sin embargo, la ley languidece en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Semana tras semana se amplía el plazo de presentación de enmiendas. Ya van 36 prórrogas. Y la esperanza de que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que volvamos a las urnas se desvanece. En el Gobierno dan por hecho que los números, por el momento, no salen. Junts anunció el pasado noviembre que dejaba de apoyar las iniciativas del Ejecutivo y que, por tanto, la legislatura quedaba "bloqueada". Con estos mimbres, sería necesario, por tanto, el respaldo del PP, que en 2022 se ofreció a buscar un acuerdo en torno a esta "cuestión de Estado", para que la reforma vea la luz.

La norma, además, está algo alejada de las aspiraciones históricas del PNV, que lleva una década exigiendo modificar la Ley de Secretos Oficiales. Uno de los principales problemas son los plazos de desclasificación puestos sobre la mesa por el Gobierno. La formación jeltzale plantea en su propia propuesta de reforma que la clasificación no pueda exceder los 25 años en el caso de las materias calificadas secretas y 10 en las reservadas, prorrogable solo una década más en el primer caso. Presentada a finales de 2023, la proposición del PNV fue admitida a trámite con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, Podemos y BNG. Pero tras eso, su tramitación quedó bloqueada en el proceso de enmiendas. Y así lleva dos años y medio.

A finales de febrero, coincidiendo con la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F, los jeltzales plantearon la posibilidad de superar el escollo de Junts impulsando la tramitación de su propia proposición. "Tal vez no la boicoteen y se pueda tirar con nuestro texto", lanzaron. Pero la reforma que plantea el PNV tampoco convence a los socialistas. La propuesta de modificar solo cuatro artículos de la norma franquista les parece insuficiente si lo que se pretende es homologar nuestro ordenamiento jurídico al de otros Estados de nuestro entorno con los que intercambiamos información, con una clasificación moderna de las categorías que vaya más allá del caduco "secreto" y "reservado".