Del cambio de mayorías a la dimisión en bloque: la complejidad de desatascar un CGPJ 'rehén' del PP

Pleno del CGPJ del 13 de octubre presidido por Rafael Mozo

Una semana después de que el PP decidiese frenar en seco unas negociaciones que estaban prácticamente cerradas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno sigue sin aclarar si dispone de un plan B para desatascar un órgano constitucional que acumula ya cuatro años en funciones. Por el momento, se limita a situar toda la presión sobre la cabeza del líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de haber cedido a las presiones de los sectores más duros de la derecha. Y a poner de nuevo el foco sobre la renovación pendiente del Constitucional. Otra vez más, el Ejecutivo insiste en que no irá por libre, sino que esperará al actual órgano de gobierno de los jueces antes de designar a los dos magistrados que le corresponden. Es un regreso a la pantalla de comienzos de octubre, aquella que se jugaba antes de la dimisión de Carlos Lesmes.

Aunque en la formación conservadora sigan hablando de "negociaciones congeladas", lo cierto es que todo el mundo es consciente de lo complejo que resulta sacarlas del bloqueo. Tanto es así que el actual Consejo General del Poder Judicial se prepara ya, como desveló El Confidencial, para aguantar con un plan a largo plazo. En el Gobierno no hablan abiertamente de puentes rotos, pero sí reconocen la dificultad de retomar las conversaciones. No obstante, evitan pronunciarse sobre posibles escenarios futuros. Ni confirman ni desmienten soluciones alternativas para desatascar la grave situación que se vive con el órgano de gobierno de los jueces. Unas vías que permitan renovar que, sin embargo, son escasas y no tienen demasiados visos de prosperar. Sin el PP, al menos por ahora, el desbloqueo se torna harto complicado.

1– Un cambio de mayorías que no gusta a Bruselas

La primera opción fue puesta sobre la mesa por Unidas Podemos pocas horas después de que las negociaciones saltasen por los aires. Y consistiría en una rebaja de las mayorías necesarias para llevar a cabo la renovación del CGPJ. En concreto, el grupo plantea que en lugar de los tres quintos actuales, lo que permite a los conservadores tener una minoría de bloqueo, sea suficiente con una mayoría absoluta. Un cambio que, no obstante, solo puede realizarse para la docena de vocales del cupo judicial, cuyo sistema de elección no está definido de forma clara en la Constitución. En el caso de los ocho vocales del turno de juristas de reconocida competencia, la Ley Fundamental establece claramente que tienen que ser designados por el Parlamento por mayoría de tres quintos, por lo que cualquier cambio en ese sentido tendría que ser a través de una imposible reforma constitucional.

La modificación normativa podría impulsarse a toda velocidad. Si se registra como proposición de Ley –es decir, a iniciativa de los grupos y no del Gobierno– y se tramita por la vía de urgencia, podría ser una realidad en un par de meses, requiriendo una mayoría absoluta a favor en el Congreso de los Diputados. Algunos juristas, sin embargo, no se muestran partidarios de meter mano en este sentido al considerar los tres quintos como "garantía de legitimidad del Consejo". Aunque no rechaza en público ninguna posibilidad, en el Gobierno no parecen estar por la labor de activar ahora mismo una reforma con la que él mismo ya amenazó hace dos años, durante el bloqueo vivido en la etapa de Pablo Casado al frente de la oposición. De hecho, socialistas y Unidas Podemos llegaron a registrar la iniciativa en la Cámara Baja.

Pero aquella proposición de Ley fue finalmente retirada. Principalmente, y aquí se encuentra el gran escollo a esta vía, por el firme rechazo de Bruselas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, llegó a decir que se estaba yendo en una "dirección equivocada". Y el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), Marin Mrcela, llegó a avisar por carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la propuesta se desviaba "de los estándares del Consejo de Europa relativos a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros". En este sentido, la Comisión de Venecia siempre ha defendido que en lo relativo a los órganos constitucionales se ponga la barrera en las mayorías cualificadas, a fin de promover nombres que generen un amplio consenso y evitar que un partido pueda manejar él solo a su antojo dichas instituciones.

Unidas Podemos no se olvida de ese riesgo. De ahí que haya metido una cláusula con la que refuerza la mayoría. Así, propone que además de la mitad más uno de los escaños en el Congreso de los Diputados se deba contar también con el respaldo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios.

Ahora bien, los cambios serían solo para la docena de vocales del turno judicial, quedando por tanto los ocho restantes a merced del bloqueo por parte del PP. Por eso, en el grupo son conscientes de que, junto a las mayorías, sería necesario modificar la ley para que se pueda renovar la parte relativa a los jueces aunque el turno de juristas esté atascado en el Parlamento y para que pueda funcionar el órgano solo con ellos. De hecho, la norma actual ya permite que el CGPJ pueda echar a andar aunque alguna de las Cámaras no haya procedido aún a la renovación de los vocales que le corresponden.

2– Una dimisión en bloque que todos rechazan

Tras la renuncia de Carlos Lesmes, todos los ojos se situaron sobre el resto de miembros del Tribunal Supremo. En manos de los vocales estaba entonces –igual que lo está ahora– la supervivencia o desaparición del actual órgano. Al fin y al cabo, una dimisión en bloque impediría que el Consejo General del Poder Judicial pudiera seguir funcionando, provocando así su descomposición y forzando a los partidos a negociar cuanto antes una renovación. De hecho, eso fue justamente lo que se pidió desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cuando Lesmes abandonó el barco: "No había ni hay otra salida, como ya hemos expresado en reiteradas ocasiones. (...) No se comprenderá que mantengan cautivo al Consejo General del Poder Judicial de unos intereses que no son los de la justicia".

Tras la dimisión del jefe, la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto, el órgano de gobierno de los jueces está en estos momentos compuesto por el presidente sustituto –Rafael Mozo– y otros diecisiete vocales. Y puede seguir funcionando sin problema siempre y cuándo estén ocupadas diez sillas más la del presidente, que es el mínimo necesario para constituir de forma válida el Pleno.

Ahora mismo, la gran mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se plantean abandonar sus puestos. Y la prueba más clara de todo ello es que en el seno del órgano de gobierno de los jueces se esté trabajando ahora mismo en un plan a dos años que les permita mantener la actividad ante las pocas expectativas de que se lleve a cabo una renovación en el corto plazo.

Los vocales no están por la labor de provocar un vacío de poder. Y no lo están por las consecuencias que esto podría tener. Porque, como se encargan de recordar, la función de este órgano constitucional no se limita a los nombramientos de la cúpula judicial. Entre sus funciones, el CGPJ tiene otorgada, por ejemplo, la competencia de inspección y vigilancia de todos los juzgados y tribunales para comprobar y controlar cómo funciona la Administración de Justicia, así como para acordar los refuerzos que considera necesarios. También se encarga, entre otras cuestiones, de la Escuela Judicial, del régimen disciplinario o de la tramitación de bajas y permisos.

3– Un cambio de modelo que no toque las mayorías

Otra opción que ponen sobre la mesa algunos juristas pasaría por un cambio en el método de elección de los vocales jueces que no solo no tocase las mayorías cualificadas, sino que directamente sacase a este cupo del ámbito de designación parlamentaria. De esta manera, la docena del turno judicial podría ser nombrada sin riesgo al bloqueo político, mientras que los ocho restantes tendrían que pasar por las Cámaras. Ahora bien, ¿bajo qué fórmula? En este sentido existen muchos modelos a imitar. La elección pueden llevarla a cabo los propios jueces con el sistema de votación que se decida, lo que llevaría a España cumplir con las exigencias de Bruselas. O puede plantearse, por ejemplo, una suerte de concurso público en el que se prioricen los méritos de los candidatos, algo similar a lo que hacen en Reino Unido para la elección de doce de los quince miembros de la Comisión de Nombramientos Judiciales.

El problema, de nuevo, es que la parte que tendría que pasar por el Parlamento correría el riesgo de ser bloqueada. "Son la minoría y no son necesarios para hacer quórum", desliza alguno de los juristas consultados. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial parece pensada para que siempre haya una veintena de vocales sentados en la mesa del órgano de gobierno de los jueces. Es lo que se deduce tanto del establecimiento de mecanismos de sustitución automática en caso de cese anticipado como del hecho de que se fije que cuando Congreso o Senado no nombren a los suyos a tiempo el CGPJ podrá echar a andar con los que han sido designados más los vocales salientes de la Cámara que haya incumplido el plazo. Por eso, cualquier cambio en esta línea haría necesario introducir otras modificaciones en la norma, igual que ocurre con la reforma de mayorías planteada por Unidas Podemos.

Dentro de las fórmulas europeas hay, incluso, modelos en los que no es necesario que ninguno de los integrantes de los órganos judiciales tengan que recibir el respaldo del Parlamento. La Danish Court Administration, por ejemplo, está compuesta por ocho miembros de cortes que se eligen entre sus pares, un abogado que designa el Colegio de Abogados y dos miembros que eligen el Consejo de Empleo y el Colegio de Directores, si bien no tiene el mismo peso y las mismas funciones que el CGPJ español. Sin embargo, cualquier intento de sacar totalmente al Parlamento de la fórmula plantea dos problemas. Primero, que es necesaria una reforma constitucional para la que no hay números. Y segundo, que vaciar totalmente de competencias a las Cortes en este sentido podría entrar en contradicción con el primer artículo de la Constitución, que deja claro que los poderes del estado emanan del pueblo español, que es donde reside la soberanía nacional, siendo el Parlamento quien representa al soberano.

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