Ceuta muestra las grietas de décadas de externalización de las fronteras

En 1996, 103 personas migrantes fueron narcotizadas, maniatadas y vendadas en Melilla para ser transportadas en aviones militares a distintos países de África. Pese a su ilegalidad, el entonces presidente, José María Aznar, afirmó: “Había un problema y se ha solucionado”. La Fundación porCausa, en su informe Externalización, denuncia que, lejos de ser un hecho aislado, esta medida sentó un precedente en España con la ayuda de la Unión Europea.

En Ceuta, la actual gestión de la crisis humanitaria, en la que al menos 141 personas han fallecido, también ha sido tildada de ilegal por parte de asociaciones y ONG de defensa de los derechos humanos. Pese a la atención mediática, movimientos como No Name Kitchen o la Asociación Elín han denunciado violencia, expulsiones automáticas (conocidas como devoluciones en caliente) y abandono institucional por parte del Gobierno de España. 

En otras fronteras más invisibilizadas y alejadas del foco mediático, las asociaciones humanitarias también denuncian vulneraciones similares de los derechos humanos, y califican las medidas que se están adoptando como “necropolítica”. La externalización de fronteras por parte de España y la Unión Europea (UE) a terceros países implica que las garantías jurídicas de las personas migrantes son las que corresponden a esas naciones: “Nos hemos puesto en manos de países que no comparten ni nuestros criterios de derechos humanos ni nuestros sistemas de gobierno. No son países democráticos”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de porCausa.

Las subvenciones a países no democráticos

Las negociaciones y nuevos acuerdos entre Europa y terceros países producen un cambio constante en las rutas migratorias: “El número de países con los que la Unión Europea tiene acuerdos es infinito”, asegura Rodríguez-Alarcón. 

Es el caso de Libia, país subvencionado por la UE para realizar este control fronterizo, donde se han documentado secuestros, detenciones, torturas, violaciones e, incluso, trabajos forzados y tráfico de personas. “Una persona que inicia un periplo migratorio desde el sur de África cuenta con pasar dos años en una cárcel libia. Forma parte de la asunción del riesgo”, explica Rodríguez-Alarcón.

Otro de los países encargados de aplicar restricciones contra las personas migrantes que se dirigen a Europa es Mauritania. Financiado por el Gobierno español, se hicieron públicas dos cárceles para migrantes construidas en el país por la agencia de cooperación española FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En ellas, tal y como publicó El Salto, se privaría de libertad a menores, incluidos bebés en edad lactante, un extremo prohibido en España.

Estos acuerdos “refuerzan la gran bajada de personas que han llegado por la ruta canaria” en embarcaciones, asegura Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. De 30.000 personas en 2024 a menos de 15.000 este año. 

Robles afirma que el CNI hizo su labor en Ceuta y la compartió con las fuerzas de seguridad y el Gobierno

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Junto a Mauritania, el país más activo en cuanto a acuerdos de este tipo con España es Senegal, que precisamente hace frontera al sur de ese Estado africano. “Hace años las salidas eran desde Marruecos y el Sáhara, cuando se firman los acuerdos con Marruecos se baja a Mauritania, cuando se firman los acuerdos con Mauritania se baja a Gambia… ahora mismo se están produciendo incluso desde Guinea”, explica López.

Estos acuerdos aumentan el número de kilómetros necesarios para recorrer la ruta canaria, lo que multiplica las posibilidades de mortalidad para las personas migrantes. Según cifras de la organización Caminando Fronteras, esta ruta es ya la más mortífera de la frontera española, con cifras que aumentan cada año. En 2026, una de cada cinco personas ha muerto intentando realizarla.

Rodríguez-Alarcón asegura que la opacidad de las operaciones comerciales impide saber qué empresas y personas se benefician económicamente de estos acuerdos: “Es muy difícil porque muchas de las cosas están bajo la bandera de seguridad nacional. Hay muchísima información a la que nadie tiene acceso”.