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La Comunidad de Madrid borró de su web miles de acuerdos del Gobierno autonómico

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, durante la primera reunión del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición del PP y Ciudadanos.

Miles de acuerdos adoptados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han desaparecido literalmente de su web tras un borrado masivo de información. El enlace desde el que se accedía al "Repertorio de Acuerdos de Gobierno", puerta de entrada a todas las sesiones celebradas desde el 29 de enero de 2004 y herramienta esencial para conocer los pasos administrativos y políticos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y los de la primera etapa de Cristina Cifuentes, puede ser localizado aún pero ya no conduce a ningún sitio. Ha sido sustituido por otro que solo ofrece información hasta enero de 2016. [El enlace de Repertorio ya ha sido eliminado este miércoles].

Tras las preguntas formuladas este martes por infoLibre, cuyos pantallazos recopilados acreditan que cualquier intento de búsqueda desde la antigua web resulta inútil y se traduce en un aviso de "error interno", portavoces del equipo de Isabel Díaz Ayuso anunciaron a este periódico que ya se está trabajando para que "en las próximas semanas" vuelvan a estar disponibles los datos. Su pérdida –aseguran las fuentes utilizando la expresión informática de que esos datos "no se cargaron"– se produjo con el "rediseño de la web" efectuado en julio de 2018 "bajo la presidencia de Ángel Garrido". Nadie, ni el PP ni Ciudadanos, con cuyas siglas ostenta ahora el expopular Garrido una Consejería, la de Transportes, ha explicado quién y por qué decidió convertirse en un eraser de la información institucional acumulada desde la llegada de Aguirre al poder.

 

La página que permitía acceder a todos los acuerdos del Consejo de Gobierno hasta 2004

 

La actual página no permite acceder a los acuerdos adoptados antes de 2016.

No obstante la fecha señalada como la del "rediseño" del borrado, la página desde la que, con el dominio madrid.org, podía elegirse la sesión del Consejo de Gobierno a consultar muestra casi en el encabezamiento un día muy posterior a julio de 2018: exactamente, 7 de junio de 2019. La web actual opera bajo el dominio comunidad.madrid, aunque remite a la antigua madrid.org y a su contenido almacenado en algunas áreas de información.

Tres meses antes de julio de 2018, Cristina Cifuentes había dimitido como presidenta en medio del escándalo del máster y tras difundirse un vídeo sobre un hurto de 2011 en un supermercado. Tanto ella como sus dos antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, están ahora imputados en Púnica por la financiación del PPPúnica. Una de las presuntas conductas delictivas que el juez atribuye a cada uno de ellos fue la utilización de contratos de publicidad adjudicados por el Gobierno de Madrid y que en realidad escondían pagos por trabajos electorales para el partido. O por donaciones a Fundescam, la fundación del PP que asumió costes de la formación política.

Silencio en Ciudadanos

Este periódico requirió la versión de Garrido, breve sucesor de Cristina Cifuentes y ahora consejero de Transportes en representación de Ciudadanos tras su turbulenta marcha del PP.  Al cierre de esta información no se había recibido ninguna respuesta aunque otras fuentes de la Comunidad de Madrid sugirieron que los acuerdos de los sucesivos Consejos de Gobierno "siguen siendo públicos porque se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)".

infoLibre preguntó asimismo por el asunto a la Vicepresidencia del Ejecutivo madrileño, cuyo titular es Ignacio Aguado, líder de la formación naranja en Madrid y entre cuyas competencias destaca Transparencia. El equipo del también portavoz evitó hablar en nombre de Garrido, remarcó que la Vicepresidencia es ajena a lo sucedido y subrayó que su preocupación por garantizar el acceso a la información pública es tal que este mismo martes ha nombrado a una nueva directora general de Transparencia, Ana Lorenzo, procedente de Ikea.

La norma general seguida en España consiste en publicar en la web de cada Administración desde mucho antes de la Ley de Transparencia de 2013 los acuerdos de los gobiernos que se han ido sucediendo. Por ejemplo, la web del Gobierno central, en manos del PSOE, enlaza con todos los Consejos de Ministros celebrados desde octubre de 1996. En la de la Junta de Andalucía, controlada ahora por el PP y Ciudadanos, la secuencia llega a 1997. Y en la de la Xunta de Galicia, por citar una comunidad donde el poder lleva las siglas del PP en solitario, pueden consultarse las referencias de los Consejos hasta 2007.

¿Regula la Ley de Transparencia la obligatoriedad de preservar en las webs institucionales los acuerdos que cada semana van adoptando los Gobiernos? No, responde Beltrán Gambier, de Transparencia Internacional. Pero -argumenta Gambier- porque resulta innecesario que lo haga. "Se da por sobrentendido que los acuerdos gubernamentales deben ser fácilmente accesibles para los ciudadanos".

¿Por qué ha borrado el Gobierno de Madrid las referencias de 11 años a cada consejo semanal, donde suelen aprobarse no menos de cuatro acuerdos por sesión? Este periódico no ha logrado que nadie facilite una explicación. A la pregunta de por qué fueron eliminados los acuerdos previos a 2016 nadie ha ofrecido respuesta. Los portavoces de Díaz Ayuso se limitaron a remachar que "fue el Gobierno durante la anterior legislatura el que tomó la decisión sobre el contenido de la nueva web" y que "el actual ha decidido incluir los acuerdos del Consejo de Gobierno anteriores a 2016 para completar la información institucional de la web".

Su respuesta inicial, más extensa, iba en la misma línea: "El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando ya para que, en las próximas semanas, estén disponibles y accesibles para el público en su web oficial los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años anteriores a 2016. El rediseño de la web de la Comunidad de Madrid se estrenó en julio de 2018, durante la anterior legislatura, bajo la presidencia de Ángel Garrido. Con este cambio no se cargaron los acuerdos del Consejos de Gobierno anteriores a 2016".

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Las mismas fuentes aportaron los siguientes datos: que "el diseño, mantenimiento y producción de la web lo hizo Everis, el prototipo Indra y el mantenimiento actual lo lleva a cargo Altia".

Sobre Indra, el mayor grupo tecnológico de capital español, pesa ahora una imputación como persona jurídica en Púnica por la financiación del PP. Según el juez, los indicios recabados revelan que Indra participó en el pago de facturas falsas en beneficio del PP.  Su expresidente y ahora presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, figura asimismo entre las personas físicas investigadas en la causa.

 

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