Los vecinos de Ceuta exigen al Gobierno recolocar a los migrantes lejos de colegios: "La gente está sobrepasada"
El martes 25 de agosto fue un antes y un después para Nieves Contreras, presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada de La Libertad, anteriormente conocida como Varela-Valiño. Pero no por el nombramiento del ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único con poder de coordinación sobre 11 ministerios para dar solución a la crisis generada por la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio. Lo que ha cambiado las cosas es que, casi un mes después del acontecimiento que conmocionó su ciudad, sus habitantes estallaron y organizaron, sin el permiso preceptivo de la Delegación del Gobierno, una manifestación espontánea que, en algunos momentos, tuvo que ser reprimida por la policía. “La gente está sobrepasada y hay riesgo de que pase algo”, dice.
Uno de los motivos de esta pequeña rebelión –que los ceutíes planean repetir mientras las cosas no cambien– fue, precisamente, el real decreto que declaró “situación de interés para la seguridad nacional” la crisis de Ceuta y que el ministro Torres trajo a la ciudad autónoma bajo el brazo. En él se establecían una serie de terrenos tanto pertenecientes al Estado como al Gobierno ceutí que podrían ponerse a disposición para alojar a los extranjeros que permanecen en la ciudad desde hace 25 días. Centenares de ellos han acampado con tiendas rudimentarias de cañas y telas viejas en la playa del Trampolín, camino de la frontera de Benzú, que limita con la localidad marroquí de Belyounech (Beliones, en español). Ayer, muchos de ellos se afanaban en repararlas o levantar nuevos habitáculos por los destrozos del viento de poniente.
El nuevo mando único, el ministro Torres, mantuvo el martes una reunión a la que asistió también el presidente ceutí Juan Jesús Vivas y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad. El presidente trasladó su visión y la de los vecinos de que muchos de los emplazamientos que recogía el decreto como posibles lugares de acogida contaban con la oposición de gran parte de la población que se ha tenido que acostumbrar por la fuerza a convivir con una gran masa de indigentes que necesita ayuda urgente.
Algunas de las disposiciones de ese decreto son las que hicieron estallar la indignación que derivó en la manifestación espontánea en la que se produjeron incidentes violentos. Como las del acuartelamiento Coronel Fiscer, perteneciente al Ministerio de Defensa. Los vecinos se quejan de que la instalación se encuentra junto a un colegio de educación infantil y primaria. Lo mismo que el Hospital Militar, cedido por el Estado a la ciudad, o la nave de la fábrica de harinas, también propiedad de Defensa, situada muy cerca de otros tres centros educativos, así como de una zona comercial muy concurrida. La crisis se ha producido en plenas vacaciones de verano, pero el curso empezará en dos semanas y las familias temen por la seguridad de sus hijos.
Otros emplazamientos recogidos en el decreto también generaron una enorme oposición, como los polideportivos dependientes del Gobierno de Vivas. Ceuta, como explican los vecinos, es un espacio muy pequeño donde el deporte es una válvula de escape que practica mucha gente. La población no quiere que esas infraestructuras se cierren al ejercicio físico para convertirlas en centros de acogida, aunque sean temporales. Este miércoles a mediodía, con calor y un día soleado, las playas del sur de la ciudad estaban perfectamente preparadas para recibir a los bañistas con la arena limpia y peinada y los socorristas en sus puestos, pero apenas había familias que hubieran acudido a darse un chapuzón. Grupos de migrantes, muchos de ellos chicos jóvenes, aprovechaban los chamizos y palapas para pasar el tiempo protegiéndose del sol.
Consciente de la indignación ciudadana que había producido la inclusión de esas instalaciones como posibles lugares de acogida, el ministro Torres se apresuró a última hora del martes, después su primera reunión con Vivas tras su designación como mando único, a aclarar que los lugares donde se construyan los campamentos temporales se decidirán por consenso entre el Gobierno central y el ceutí, y que las infraestructuras contenidas en la norma eran, en realidad, "una propuesta de máximos modificable y flexible". Los polideportivos, explicó su departamento, solo se utilizarían en caso de situación extrema. Vivas, sin embargo, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo recurrirá el reglamento para que se eliminen esas instalaciones. "Se agradece que el ministro se comprometa verbalmente, pero tenemos que hacer constar de una manera expresa su exclusión", aseguraron fuentes del Gobierno de la ciudad.
La idea es que, mientras dure la crisis, esas instalaciones de acogida se desplieguen en las afueras de la ciudad, explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Francisco García. En la Hípica, por ejemplo, junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ya se han iniciado los trabajos, aunque alguien ha colocado una pancarta en la entrada para quejarse. El Gobierno local ofrece dos terrenos en el paraje de Calamocarro, en la costa norte, cerca del paso cerrado de Benzú, a una hora a pie del centro. También se ve con buenos ojos el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y no hay inconveniente en que se siga usando el embolsamiento de Loma Colmenar, un enorme aparcamiento junto al hospital cercano a la frontera del Tarajal. Así, el Gobierno de Ceuta ha remitido este miércoles al ministro Torres una propuesta inicial de espacios que permitiría habilitar unas 11.300 plazas para acoger a adultos y menores migrantes.
La mayoría de los ceutíes es consciente de la tragedia humanitaria y cree que los miles de migrantes que aún quedan necesitan ayuda, pero no quiere que la ciudad entera se convierta en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que les impida volver a su vida. Piden una solución porque temen que las pésimas condiciones en las que vive la mayor parte de esta población irregular y el hartazgo de muchos locales puedan conducir a una mayor conflictividad. Las convocatorias de nuevas manifestaciones siguen corriendo por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería y, según los colectivos vecinales, todo ello moviliza a los más exaltados y da pábulo a una conflictividad que a toda costa quieren evitar.
