Iniciativa política: de Suárez y González a Sánchez y Feijóo

Hace 50 años, el 11 de agosto de 1976, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde el mes anterior, se reunió con Felipe González, secretario general del PSOE. Aquel encuentro (uno entre los muchos de aquel hervidero de relaciones entre contrarios) muestra la importancia de la iniciativa política para marcar el curso de los acontecimientos o ser arrastrados por la corriente. Sobre todo en las situaciones críticas, en los tiempos convulsos e inciertos, cuando el liderazgo se mide por la capacidad de dirigir las filas propias e influir en las ajenas.

Aquellos lo eran.

El régimen franquista había perdido la iniciativa desde 1973, cuando la crisis económica agudizó su descomposición política. El año 1975 evidenció que su pervivencia solo podría imponerse a través de la represión, el control de la calle y la violencia.

La sucesión en la jefatura del Estado —de un dictador a un rey, en una España que no se sentía monárquica— era un problema y también una oportunidad, no resolubles en un acto.

El primer Gobierno de Juan Carlos I (un intento de retomar la iniciativa perdida) había sido tumbado; pero el rey seguía siendo el único pivote sobre el que intentar agrupar a las diversas familias del régimen.

Juan Carlos I, esta vez a través de Suárez, tenía que intentar de nuevo tomar la iniciativa.

Era más difícil que en diciembre de 1975.

Ahora, enfrente, había una alternativa pacífica en ciernes: la lábil alianza plasmada en Coordinación Democrática (CD), resultante de la fusión a comienzos de abril entre la Junta (debida a la iniciativa del PCE en 1974) y la PCD (debida a la iniciativa del PSOE, en 1975).

Además, a Suárez, presidente desde el 3 de julio, no se le dio tregua alguna. La iniciativa cívica de movilizaciones en la “Semana por la Amnistía” (del 5 al 11 de julio) exigía una que fuera completa; cuya conquista conllevaría, de hecho, el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y asociación.

Consecuencia de aquello fue el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre Amnistía. Sus preceptos legales no contenían la exigida por las movilizaciones, aunque su preámbulo presentaba a la corona como símbolo de reconciliación; y las medidas de gracia como una muestra de que España se dirigía “a una plena normalidad democrática”.

Coordinación Democrática valoró ese real decreto-ley en su comunicado del 7 de agosto, destacando que “a pesar de sus limitaciones, algunas graves, es un hecho importante en el camino a la distensión política nacional”; después señalaba que el éxito cuantitativo de las movilizaciones, su actitud pacífica, el apoyo mayoritario de la prensa, de la Iglesia y de la opinión internacional habían sido los factores “determinantes para que este Gobierno, a diferencia del anterior, y a pesar de algunas resistencias internas, haya asumido la importancia política de esta reclamación popular, aunque sin llevarla a sus plenas consecuencias”. Finalmente, CD se atribuía “la autoridad que le confería ser la expresión de las fuerzas democráticas mayoritarias en el Estado”, anunciaba la continuidad de la movilización por la amnistía total y por la libertad para todos los partidos políticos sin exclusiones, e invitaba a los organismos unitarios de nacionalidades y regiones, a hacer efectiva su articulación.

Esa era la coyuntura en que se produjo el encuentro del 11 de agosto entre el presidente y el líder de un partido, tolerado en precario, pero aún ilegal.

Antes, a finales de julio, había habido otro, que no se dio a luz pública. Una entrevista, realizada en la sede oficial de la presidencia del Gobierno, que necesitaba tener un sentido justificado. El real decreto-ley y el comunicado citados se lo daban.

Suárez no era el líder de ninguna de las familias del Régimen. Era el hombre del Rey y de su preceptor, Torcuato Fernández Miranda, franquista desde la sublevación militar; este, en su toma de posesión de la presidencia de las Cortes, discurseó: “Me siento absolutamente responsable de todo mi pasado. Soy fiel a él. Pero no me ata, porque el servicio a la patria y al rey es una empresa de futuro. La clave de mi comportamiento será servir a España en la persona del rey”.

Servir al rey sin atarse al pasado: ese era el eje de la estrategia. Todo lo que hacen Suárez y su Gobierno solo cuenta, en principio, con la fuerza de ese origen y esa vocación. Ni siquiera dispone aún de la Ley para la Reforma Política que le dé la iniciativa legal y vis atractiva para reagrupar filas y marcar curso.

González es el secretario general de un PSOE que solo ha empezado a remontar el vuelo desde Suresnes, 1974. Allí se ha roto el veto a mantener relaciones con el PCE porque desde esa posición no puede disputarle la hegemonía, alcanzada por este en el largo movimiento general contra la dictadura; ni tampoco reagrupar a los socialistas dispersos en numerosos embriones de partido que aspiran a federarse al margen del PSOE. La iniciativa de formar la PCD, con demócratas-cristianos y liberales (base política plural que sustenta la CEE) incorpora a ORT y al MCE, que han roto el monopolio de representación política de la clase obrera movilizada, que se venía arrogando en exclusiva El Partido. Finalmente, ante la creciente movilización obrera y cívica, González se aviene a la fusión de JDE y PCD (donde se encuentra con el PCE) que surge como un factor de presión sobre el Gobierno y como un embrión de posible alternativa.

Suárez, para ganar iniciativa, tiene que empezar malogrando el desarrollo de ese embrión, consiguiendo que las evidentes diferencias políticas entre sus integrantes les lleven a una respuesta distinta ante las acciones de su Gobierno. También necesita mostrar que, aunque la monarquía se va a mantener, de todas todas habrá elecciones que no serán las de la “democracia orgánica" del Régimen sino las de una democracia liberal que dé cabida en su representatividad no solo a sus familias políticas y a su base sociológica. Unas elecciones tales pueden ser el espacio sobre el que proyectar la iniciativa de Suárez y la de González.

Porque el PSOE también necesita elecciones. Su partido lo fue de Gobierno en la II República y tiene que mostrar que va a serlo en la democracia por llegar. Pero aún no tiene la hegemonía en las izquierdas, en las bases sociales que las sustentan. Unas elecciones en que pueda contender es el camino más factible a su alcance para conseguirla; y a partir de ahí, pugnar por la hegemonía en España. Para ello necesita que esa hegemonía en la izquierda se la otorgue la voluntad de esas bases, expresada en votos libres, no la condescendencia, el “favor” del poder establecido en unas elecciones con resultados “prefabricados” como se hacía en la restauración canovista. Fraga antes —siendo vicepresidente y ministro de Gobernación— ya se lo ofreció a González —sin éxito— en la entrevista, si no secreta sí algo más que discreta.

De la reunión del 11 de agosto no consta ningún acuerdo concreto.

Nos queda el escueto y ambiguo comunicado de la secretaría de prensa del PSOE: discrepamos del método para llegar a la democracia, mantendremos el diálogo. El comportamiento que González tuvo a partir de aquel encuentro lo esclarecen mejor las palabras que mucho más tarde dijo en un acto conmemorativo de Suárez, 2024, décimo aniversario de su fallecimiento: “Esperaba encontrarme con un hombre del aparato franquista y descubrí un político decidido a cambiar el sistema. Me sorprendió”.

De aquella reunión se ha contado con verosimilitud que Suárez le preguntó sobre la actitud del PSOE ante unas elecciones sin legalización previa del PCE. Así que, en aquella entrevista, hubo un convidado de piedra, Santiago Carrillo, que desde febrero de 1976 había concentrado la actividad de su partido en conseguir su legalización, visto que la de los partidos a su derecha, incluido el PSOE, parecía prácticamente cantada, mientras la del suyo era una línea roja infranqueable, sin torcer antes la voluntad del generalato franco-juancarlista y todo lo más una promesa de futuro a la que, por corto que fuera el plazo, contestaba “para largo me lo fiáis”. Ese zorro no iba a retirarse del empeño diciéndose que las uvas de su legalización “no están maduras”.

Es verosímil que la respuesta de González, maestro de la ambigüedad calculada, hiciera depender su actitud de las circunstancias venideras.

En síntesis: ambos, Suárez y González, no tenían aún una capacidad de iniciativa propia que pudiera marcar decisivamente el curso de los acontecimientos, pero junto a la clara voluntad de desplegarla veían la oportunidad de aumentarla confluyendo progresivamente. Uno para lograr convocar unas elecciones que ganara el partido del gobierno, aún por formar. El otro para ganar la hegemonía en el seno de la izquierda en esas elecciones, requisito imprescindible para lograr después la hegemonía en España. Sus respectivas capacidades de iniciativa no eran contrarias; incluso puede decirse que se interaccionaban positivamente. El peso, la responsabilidad principal, la asumía el presidente del Gobierno y González la aceptaba, chupaba rueda, siempre que pudiera justificar que se avanzaba en la conquista de “parcelas de libertad”. Cuando llegaran las elecciones podría decirle a millones de votantes: "La libertad está en tus manos”. Sería su lema.

El peso, la responsabilidad principal, la asumía el presidente del Gobierno y González la aceptaba, chupaba rueda, siempre que pudiera justificar que se avanzaba en la conquista de “parcelas de libertad”

De casi todo hace 50 años. Fue el tiempo de la Transición política, referente histórico de nuestra actual democracia. Los líderes de hoy pueden sacar lecciones de ese pasado que tanto invocan; y que aunque es tan diferente al actual, cursaba también marcado por el signo de la confrontación, incluso con sangre en las calles y torturas en las comisarías.

Le planteo al lector: ¿Es necesaria (para la distensión política) y posible una entrevista en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder del partido mayoritario en el Congreso y el Senado en el comienzo de este curso político —que será el último, y breve, de la presente legislatura—?

La necesidad me parece evidente. Se puede expresar con las dos palabras que han marcado este verano: incendios y Ceuta. Mientras el Senado (supuesta cámara territorial) se ha convertido en el flagelo de Sánchez con comisiones de investigación que no descubren ni el Mediterráneo, más de 290.000 hectáreas quemadas por fuegos que las Comunidades Autónomas tendrían que prevenir y extinguir, con la colaboración del Gobierno de España, dado que la crisis climática está agravando todas las dificultades para hacerles frente. En Ceuta, Trump y Netanyahu juegan sucio contra España contando con la colaboración de Marruecos, ¿socio fiable? En todo caso, vecino inevitable. Un verano más largo y tórrido volverá el próximo año y Marruecos y Ceuta seguirán también ahí tras las próximas elecciones.

Además, hay una creciente preocupación ciudadana —aunque sofocada en las redes— que demanda mayor colaboración entre el PP y el PSOE, entre el Gobierno y la oposición.

Sin embargo la posibilidad de ese eventual encuentro parece negada por algunas evidencias.

Feijóo llegó a la presidencia del PP con aires de moderación, pero se ha ido entrelazando cada vez más en la estrategia de deslegitimación de Sánchez, que nació de la iniciativa de Vox.

¿Va a renunciar a esa estrategia cuando tantas encuestas le dicen que junto a Vox contará con mayoría absoluta tras las ya próximas elecciones? ¿Ahora cuando los escándalos de corrupción que afectan al PSOE dan cobertura a esa estrategia radicalmente deslegitimadora? ¿Se atreverá siquiera a ir a Moncloa, temiendo perder votos ante Vox?

Sin embargo, hay un factor que debiera hacerle pensar. Su pérdida de iniciativa ante este partido es cada vez mayor. En su intento de investidura apeló a la Transición (“lo mejor que hicimos, fue porque lo hicimos juntos”), se mostró pactista con el PSOE (“no vengo como líder de ningún bloque “, "iniciemos un diálogo esta tarde... Lo haré desde el Gobierno o la oposición") y afirmó que por sus 33 votos Vox “no exige estar en el Gobierno”. Fallido su intento de investidura, en la de Sánchez dijo “nace de un fraude”, a cuenta de la Amnistía, una medida de distensión política en Cataluña convertida en causa de confrontación en toda España y de distorsión en las relaciones entre los poderes del Estado.

Ahora, ante el proceso electoral que se avecina, dirá lo que quiera pero sabe que Vox no solo le podrá exigir formar parte de ese gobierno, sino que, a instancias del amigo americano, le empujará en la escalada de tensión geopolítica en la que se degradan las democracias europeas.

¿Y Sánchez?

Su ya larga permanencia en el gobierno ha tenido que enfrentarse con situaciones gravísimas (pandemia, guerra en Ucrania y creciente dinámica belicista, Gaza, Irán...). Crisis que demandaban una estrategia de ampliar la gobernabilidad, implicando a la oposición en una colaboración sin incluirse en el Gobierno ni declinar su control al mismo.

Sánchez no quiso, no supo o no pudo. Por eso en las elecciones de julio de 2023 perdió la hegemonía electoral ante el PP. A pesar de lo cual desplegó una iniciativa para volver a formar gobierno mediante una amnistía que era posible y conveniente, aunque negada antes. El modo en que ganó la investidura creaba una base inestable que amenazaba desde su inicio con una progresiva pérdida de iniciativa transformadora, pues el “bloque de la investidura” ni existía ni se haría a lo largo de la investidura.

Así ha ocurrido: aunque un Gobierno y su presidente siempre conservan reductos de capacidad de iniciativa, creando circunstancias, episodios que puedan ser punto de inflexión en la posición de los otros en el curso de los acontecimientos.

¿Llamará Sánchez a La Moncloa a Feijóo para hablar en serio ya que tan difícil resulta hacerlo en el Congreso? Ahora podría interpretarse como un gesto de debilidad, pero también puede ser interpretado como gesto de responsabilidad.

La cuestión a la que ambos se enfrentan es la de si saben descubrir un espacio común para aumentar su capacidad de iniciativa.

No es imaginable ni necesario que de esa eventual reunión surgieran acuerdos concretos. Bastaría con que comenzara a cambiar dos diagnósticos: uno falso (vivimos bajo la dictadura sanchista); y otro erróneo (tenemos una democracia plena que funciona). Si se produjera en ella habría un convidado de piedra: Abascal.

Ayer la disyuntiva era si el curso de los acontecimientos llevaría a la conquista de la democracia o se descontrolaría hasta la violencia del ¡pártalo Dios! Hoy es si nos lleva a una degradación incontrolable de la democracia existente en un escenario geopolítico de guerras.

Quizá ante esa disyuntiva pudieran encontrar ambos un espacio común en el que cada cual podría recuperar su propia iniciativa. No parece posible ese hallazgo si no hablan en serio en la sede oficial de la presidencia.

Tantas veces se ha invocado, venga a cuento o no venga a cuento, "el pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”, que también podría acabar este artículo con esa tesis gramsiana.

Prefiero hoy la frase final del prólogo de urgencia del último libro, La vacuna contra la estupidez, de José Antonio Marina: “El pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece”.

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José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).