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Manifestaciones

Conductores y coches de VTC marchan por la Castellana de Madrid en contra del Decreto de Fomento

Cientos de conductores de VTC, congregados por la Asociación de Autónomos, UGT y el Sindicato Libre de Transporte, protestan en el Paseo de la Castellana de Madrid.

infoLibre

Unos cuarenta coches y 200 conductores del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) han cortado los seis carriles centrales del Paseo de la Castellana de Madrid a la altura de la plaza de Cuzco, en protesta por la regulación sobre el sector que el Ministerio de Fomento aprobará previsiblemente este viernes por Decreto en Consejo de Ministros.

Los manifestantes, ataviados con la habitual camisa y corbata con las que prestan servicio, portaban pancartas en las que se podían leer lemas como 'Por el derecho a trabajar', 'Por nuestros 70.000 puestos de trabajo' y 'Pedro mal... muy mal'. Y al grito de "no rompemos coches" y "queremos trabajar", y con los pitidos de los coches de fondo.

Al comienzo de la manifestación, el presidente de Unauto, la patronal de VTC, Eduardo Martín, ha reprochado al Gobierno que no les haya consultado sobre el borrador del Decreto que pretende aprobar para habilitar que las comunidades autónomas pasen a regular el sector y no querer sentarse a negociar con el colectivo. "¿Eso es una política de consenso? ¿Dónde está el diálogo? Solo tenemos el dictado del sector del taxi", consideró el presidente de la patronal.

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El Consejo de Ministros previsiblemente aprobará este viernes abrir la puerta para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman la gestión y regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios.

La medida supondrá un nuevo hito en la "guerra" abierta desde hace años entre este nuevo modo de transporte urbano surgido al calor de las nuevas tecnologías y el tradicional sector del taxi.

La iniciativa ha sido demandada y aplaudida por los taxistas, pero el gremio considera excesivo el plazo de varios años que, según indican a Europa Press fuentes del sector, el texto dará a las regiones para adecuar su normativa a la regulación de las VTC. Este plazo o moratoria superaría el máximo de tres años que el taxi considera razonable para que sea efectiva.

De su lado, las VTC rechazan de plano la medida al considerar que conllevará restricciones a su actividad mediante la obligación de solicitar segundas licencias para operar en determinadas ciudades, como la que Barcelona quiso articular el pasado verano.

Asimismo, tampoco cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estiman que sólo supondrá traspasar un problema o "multiplicarlo por 17".

De su lado, el Ministerio de Fomento considera razonable que, como transporte urbano, las VTC sean gestionadas por las administraciones autonómicas y locales al igual que el taxi y el resto de los transportes públicos de sus territorios.

También apunta que la medida, anunciada por el titular del Departamento, José Luis Ábalos, en medio de los paros que los taxistas de las principales ciudades secundaron a comienzos de agosto, será de carácter voluntario para los gobiernos autonómicos, además de articular el referido "periodo de adaptación" de varios años.

Por contra, y según las mismas fuentes, la norma no contempla expropiaciones de licencias, pero introducirá una nueva tipificación de sanción de carácter muy grave por la que se retirará la autorización a un VTC o un taxi cuando acumulen un determinado número de infracciones graves.

La nueva medida que el Gobierno aprueba mañana mediante Real Decreto Ley se suma a las articuladas por los dos anteriores gobiernos, ambos del PP, en su afán de facilitar la coexistencia del taxi y los VTC.

El conflicto entre los dos sectores surge de la expansión del número de licencias de VTC por encima de la proporción que la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) establece para dar autorizaciones a estos transportes, que fija conceder una a VTC por cada treinta del taxi.

No obstante, según datos de Fomento, a cierre de agosto existían en España 11.200 VTC, volumen que quintuplica el máximo de 2.184 que debería tener por ley en función de los 65.539 coches que suma el taxi, y que arroja un ratio de una licencia de VTC por cada seis taxis.

Esta proporción es aún menor, de uno a tres, en Madrid, la ciudad que más coches como Uber y Cabify tiene, con unos 5.280. Además, se estrechará aún más en los próximos años por las 9.000 autorizaciones que aún están pendientes de conceder los tribunales.

A su vez, este aluvión de licencias VTC por vía judicial es fruto del vacío legal que el sector registró entre 2009, cuando el entonces Gobierno del PSOE lo liberalizó, y 2015, cuanto el posterior Ejecutivo del PP efectivamente volvió a regularlo con la imposición del uno a treinta.

Piden a Fomento que "no regule por la vía de urgencia"

La patronal de empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC) Unauto ha pedido al Ministerio de Fomento que "no se deje presionar por el sector de taxi" y "evite regular por vía de urgencia cuestiones complejas sin analizar de forma pormenorizada la situación y las consecuencias", en relación a la normativa sobre el sector que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros.

Así lo indica en el manifiesto que el presidente de Unauto, Eduardo Marín, ha entregado en el Ministerio tras participar en la marcha de trabajadores de VTC convocada y organizada por la asociación de autónomos AVTC.

En el manifiesto, que asegura está firmado por 15.000 trabajadores y 50.000 pasajeros, Unauto también reclama "que no se expropien derechos reconocidos por los tribunales", en referencia a las licencias de VTC, que "permita al colectivo de 15.000 trabajadores seguir prestando un servicio de calidad", y que "acepten los cambios y oportunidades que brinda la tecnología para aumentar el bienestar de todos".

"No salimos a la calle a colapsar las ciudades para reivindicar unos derechos que como trabajadores nos corresponden", asegura el manifiesto entregado tras la marcha. "Nuestro objetivo es respetar al ciudadano", asegura Unauto.

Asimismo, indica que el sector de las VTC "no es Uber y Cabify, sino un colectivo de empresas y autónomos que actúan con sometimiento a la ley", que "respeta la normativa del sector" y que "sólo quieren ganarse la vida" al tiempo que dan un servicio "de alta calidad y precio competitivos" a los usuarios.

Baleares deniega 200 licencias por "incumplimiento" sobre pólizas de seguros

El Gobierno de Baleares ha denegado otorgar licencias para 200 vehículos de alquiler con conductor (VTC) solicitadas por la empresa Ares Capital por el incumplimiento de las exigencias sobre pólizas de seguro que establece la normativa correspondiente, según informó la consellería de Movilidad y Transportes.

El rechazo también responde al hecho de que la documentación completa de la solicitud se presentó fuera del plazo legalmente fijado por parte de la empresa solicitante.

La resolución denegatoria de las licencias se produce después del análisis de la documentación presentada por la empresa Ares Capital, que la entregó en el proceso de alegaciones abierto después de la primera propuesta de denegación notificada por la Dirección General de Movilidad y Transportes, también por problemas con los seguros. Ya en la propuesta de denegación del mes de agosto se advertía a la empresa que no había acreditado tener cubierta, mediante uno o varios seguros, la eventual responsabilidad civil por los daños que pudieran sufrir los pasajeros de acuerdo con la normativa.

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Durante el proceso de alegaciones, la empresa ha sido requerida en varias ocasiones sobre la incorrección de la documentación que iba presentando, pero aunque ha corregido alguna de las carencias advertidas no cumple con todos los requisitos exigibles.

Por este motivo, el director general de Movilidad ha resuelto, siguiendo el criterio de la jefa del Servicio Jurídico de la Consejería, la denegación de las licencias de VTC; aunque no es una resolución firme.

Las pólizas aportadas por Ares no cumplen todos los requisitos porque excluyen a los ocupantes y a la carga del vehículo, hecho que deja fuera los daños que puedan sufrir a los pasajeros, tal como exige la normativa. Además, en las pólizas consta que quien toma el seguro es una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, no Ares, y que su conductor tiene que ser autorizado por esta empresa.

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